leyes anti-terroristas amenazan democracia
Según la histórica resolución, leyes anti-terroristas son una peor amenaza para la democracia que el terrorismo mismo.
Es un importante tributo para los sistemas judiciales de Estados Unidos y Gran Bretaña que no hayan seguido a los políticos en su uso de la amenaza del terror como una razón para socavar valores democráticos fundamentales. Primero, la Corte Suprema de Estados Unidos proclamó en junio pasado que la guerra no era "un cheque en blanco para el presidente" y resolvió que a los prisioneros en Bahía Guantánamo debía permitírseles que impugnara su detención ante un tribunal neutral. Ahora el más alto órgano legal de Gran Bretaña, la Cámara de Lores, ha determinado que la ley internacional no permite la detención indefinida de extranjeros sospechosos de terrorismo. Y ha declarado severamente que las leyes que limitan las libertades representan una mayor amenaza para la democracia que el terrorismo mismo.
La ley en cuestión en Gran Bretaña era la Ley de Anti-terrorismo, Crimen y Seguridad aprobada en 2001 en la secuela del 9 de septiembre, que permite al ministerio del Interior detener indefinidamente, sin cargos, a extranjeros sospechosos de actividades terroristas. Nueve musulmanes están detenidos en prisiones de alta seguridad bajo esta ley. Pero una comisión de la Cámara de Lores determinó el jueves por 8 a 1 que la ley violaba la ley internacional, en parte debido a que no había evidencias de que la amenaza "requiriera estrictamente" suspender de este modo las libertades civiles.
La resolución no pone en libertad a los detenidos, pero exige que el gobierno del primer ministro Tony Blair y el Parlamento revalúen la ley. También importante fue el mensaje de la resolución de que la mera existencia de una ley anti-terrorista "draconiana" era una afrenta a la democracia. La indignación más atronadora provino de Lord Hoffmann, que dijo que la ley "pone en cuestión la existencia misma de la antigua libertad de la que esta país se ha enorgullecido: la libertad de ser arrestado y detenido arbitrariamente".
Ese sentimiento es también aplicable a aspectos de la Ley Patriótica, y al desgraciado manejo del Pentágono del campo de detención en Guantánamo.
Después del 11 de septiembre de 2001, estaba claro que las autoridades necesitaban algunos nuevos poderes para combatir al terrorismo más efectivamente. Pero el presidente Bush y Blair se han negado a reconocer que la erosión de las libertades civiles ha sido excesiva y que esta socavación de valores es justamente lo que los terroristas musulmanes quieren destruir. Esperamos que Gran Bretaña sirva de ejemplo para Estados Unidos y siga la sobria admonición de Lord Hoffman de no "dar esa victoria a los terroristas".
19 de diciembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Es un importante tributo para los sistemas judiciales de Estados Unidos y Gran Bretaña que no hayan seguido a los políticos en su uso de la amenaza del terror como una razón para socavar valores democráticos fundamentales. Primero, la Corte Suprema de Estados Unidos proclamó en junio pasado que la guerra no era "un cheque en blanco para el presidente" y resolvió que a los prisioneros en Bahía Guantánamo debía permitírseles que impugnara su detención ante un tribunal neutral. Ahora el más alto órgano legal de Gran Bretaña, la Cámara de Lores, ha determinado que la ley internacional no permite la detención indefinida de extranjeros sospechosos de terrorismo. Y ha declarado severamente que las leyes que limitan las libertades representan una mayor amenaza para la democracia que el terrorismo mismo.La ley en cuestión en Gran Bretaña era la Ley de Anti-terrorismo, Crimen y Seguridad aprobada en 2001 en la secuela del 9 de septiembre, que permite al ministerio del Interior detener indefinidamente, sin cargos, a extranjeros sospechosos de actividades terroristas. Nueve musulmanes están detenidos en prisiones de alta seguridad bajo esta ley. Pero una comisión de la Cámara de Lores determinó el jueves por 8 a 1 que la ley violaba la ley internacional, en parte debido a que no había evidencias de que la amenaza "requiriera estrictamente" suspender de este modo las libertades civiles.
La resolución no pone en libertad a los detenidos, pero exige que el gobierno del primer ministro Tony Blair y el Parlamento revalúen la ley. También importante fue el mensaje de la resolución de que la mera existencia de una ley anti-terrorista "draconiana" era una afrenta a la democracia. La indignación más atronadora provino de Lord Hoffmann, que dijo que la ley "pone en cuestión la existencia misma de la antigua libertad de la que esta país se ha enorgullecido: la libertad de ser arrestado y detenido arbitrariamente".
Ese sentimiento es también aplicable a aspectos de la Ley Patriótica, y al desgraciado manejo del Pentágono del campo de detención en Guantánamo.
Después del 11 de septiembre de 2001, estaba claro que las autoridades necesitaban algunos nuevos poderes para combatir al terrorismo más efectivamente. Pero el presidente Bush y Blair se han negado a reconocer que la erosión de las libertades civiles ha sido excesiva y que esta socavación de valores es justamente lo que los terroristas musulmanes quieren destruir. Esperamos que Gran Bretaña sirva de ejemplo para Estados Unidos y siga la sobria admonición de Lord Hoffman de no "dar esa victoria a los terroristas".
19 de diciembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
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