histórico mea culpa de fuerza aérea argentina
Instituto castrense reconoció por primera vez violaciones de los derechos humanos durante última dictadura. Rama de las fuerzas armadas trasandinas fue la menos involucrada durante la ‘guerra sucia’ y la que montó la menor cantidad de centros de concentración clandestinos. Sin embargo, bajo su órbita estuvo uno de los mayores centros de detención y torturas: la Mansión Seré.
Por primera vez desde el regreso de la democracia en 1983, la fuerza aérea argentina reconoció que durante la última dictadura funcionarios de esa institución cometieron violaciones de los derechos humanos.
"La Fuerza Aérea que hoy me toca conducir, asume la obligación moral ante la nación de reconocer los hechos contra la dignidad del hombre cometidos por integrantes de nuestra institución en aquellos días", dijo ayer el comandante de ese instituto castrense, brigadier Eduardo Schiaffino, durante la ceremonia de inicio del año militar.
La fuerza aérea era la única rama de las fuerzas armadas trasandinas que hasta ahora no había reconocido su participación en la llamada ‘guerra sucia’: la eliminación sistemática de militantes izquierdistas opositores.
En 1995, el entonces jefe del ejército, general Martín Balza, sorprendió con una sentida autocrítica. En marzo de 2004, el almirante Jorge Godoy, hizo lo propio con la Armada, la institución castrense más comprometida con la represión ilegal y la más renuente a aceptar los crímenes comprobados por la justicia.
Cuando faltan poco más de dos semanas para que se cumpla el trigésimo aniversario del golpe militar que el 24 de marzo de 1976 dio paso al régimen de facto, Schiaffino llamó a los integrantes de la fuerza aérea a "reflexionar sobre el respeto a la ley" y expresó su deseo de que se alcance "el reencuentro, la concordia y la hermandad entre los argentinos".
El jefe de la fuerza aérea ofreció su ‘mea culpa’ ante la presencia de la ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, una reconocida militante de la izquierda peronista durante la década del setenta.
La ministra trasandina se declaró "muy satisfecha" con la autocrítica realizada por Schiaffino, pues la consideró "fundamental" para "consolidar" la etapa de "reeencuentro" de las fuerzas armadas con la sociedad.
Durante su discurso, Schiaffino dijo que las nuevas generaciones no deben cargar sobre sus espaldas con "los errores del pasado" y "entender que no hay solidaridad con el delito, ni con la tortura ni con la cobardía". Garré coincidió en que 95% de los cuadros de la fuerza aérea "ni siquiera estaba en funciones" durante la última dictadura y "quiere acercarse a la sociedad, asumir la responsabilidad, hacer su autocrítica y mirar hacia adelante en una etapa de reencuentro con los argentinos".
Durante la dictadura militar argentina, la fuerza aérea fue el servicio armado menos involucrado en el terrorismo de estado y que menos centros de concentración clandestinos montó bajo su jurisdicción. Sin embargo, bajo su órbita uno de los mayores centros de detención y torturas: la Mansión Seré.
Tras el golpe de 1976, la antigua propiedad de dos pisos de estilo europeo ubicada en la localidad de Morón, en las afueras de Buenos Aires, fue convertida en prisión clandestina. Hasta 1978, la casona, que en su jerga los militares llamaban "Atila" o "La Mansión", albergó a detenidos políticos. Pese a la estricta vigilancia a la que eran sometidos los prisioneros, el 24 de marzo de 1978 -exactamente dos años después del golpe- cuatro detenidos lograron fugarse, descolgándose desnudos y esposados desde una ventana del primer piso. Hundida en el escarnio público provocado por la fuga, la fuerza aérea decidió dinamitar la casona pocos días más tarde.
De acuerdo con las denuncias de grupos de derechos humanos argentinos, 30.000 personas fueron muertas, secuestradas o ‘desaparecidas’, entre ellas sindicalistas, activistas políticos de izquierda, periodistas e intelectuales, durante la ‘guerra sucia’. Los informes oficiales, sin embargo, sólo dan cuenta de 13.000 casos.Astiz Se Negó A Declarar Por Delitos En la ESMA
El ex marino Alfredo Astiz se negó ayer a declarar ante la justicia argentina por el caso que lleva el juez Sergio Torres en el marco de la investigación contra la violación de los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros ilegales de detención de la dictadura militar (1976-1983).
El apodado ‘ángel de la muerte’ rehusó responder cualquier pregunta del magistrado, sobre los hechos que tuvieron como principales víctimas a cuatro detenidos en la ESMA.
Luego de estar en los tribunales de Buenos Aires, el destituido capitán de la Armada argentina fue trasladado a la base naval donde cumple prisión preventiva, por medio de un gran despliegue de seguridad.
Jueces de España, Francia, Italia y Suecia han pedido la extradición de Astiz a sus países para poder juzgarlo por los cientos de detenidos en la ESMA. Además, el ex marino es acusado de la desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon y de la joven sueca Dagmar Hagelin, entre otros delitos.
El ‘ángel de la muerte’ es uno de los 13 acusados en la causa sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en la ESMA que fueron citados a declarar por el juez Torres, quien también libró órdenes de captura contra otros cuatro imputados.
Por primera vez desde el regreso de la democracia en 1983, la fuerza aérea argentina reconoció que durante la última dictadura funcionarios de esa institución cometieron violaciones de los derechos humanos."La Fuerza Aérea que hoy me toca conducir, asume la obligación moral ante la nación de reconocer los hechos contra la dignidad del hombre cometidos por integrantes de nuestra institución en aquellos días", dijo ayer el comandante de ese instituto castrense, brigadier Eduardo Schiaffino, durante la ceremonia de inicio del año militar.
La fuerza aérea era la única rama de las fuerzas armadas trasandinas que hasta ahora no había reconocido su participación en la llamada ‘guerra sucia’: la eliminación sistemática de militantes izquierdistas opositores.
En 1995, el entonces jefe del ejército, general Martín Balza, sorprendió con una sentida autocrítica. En marzo de 2004, el almirante Jorge Godoy, hizo lo propio con la Armada, la institución castrense más comprometida con la represión ilegal y la más renuente a aceptar los crímenes comprobados por la justicia.
Cuando faltan poco más de dos semanas para que se cumpla el trigésimo aniversario del golpe militar que el 24 de marzo de 1976 dio paso al régimen de facto, Schiaffino llamó a los integrantes de la fuerza aérea a "reflexionar sobre el respeto a la ley" y expresó su deseo de que se alcance "el reencuentro, la concordia y la hermandad entre los argentinos".
El jefe de la fuerza aérea ofreció su ‘mea culpa’ ante la presencia de la ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, una reconocida militante de la izquierda peronista durante la década del setenta.
La ministra trasandina se declaró "muy satisfecha" con la autocrítica realizada por Schiaffino, pues la consideró "fundamental" para "consolidar" la etapa de "reeencuentro" de las fuerzas armadas con la sociedad.
Durante su discurso, Schiaffino dijo que las nuevas generaciones no deben cargar sobre sus espaldas con "los errores del pasado" y "entender que no hay solidaridad con el delito, ni con la tortura ni con la cobardía". Garré coincidió en que 95% de los cuadros de la fuerza aérea "ni siquiera estaba en funciones" durante la última dictadura y "quiere acercarse a la sociedad, asumir la responsabilidad, hacer su autocrítica y mirar hacia adelante en una etapa de reencuentro con los argentinos".
Durante la dictadura militar argentina, la fuerza aérea fue el servicio armado menos involucrado en el terrorismo de estado y que menos centros de concentración clandestinos montó bajo su jurisdicción. Sin embargo, bajo su órbita uno de los mayores centros de detención y torturas: la Mansión Seré.
Tras el golpe de 1976, la antigua propiedad de dos pisos de estilo europeo ubicada en la localidad de Morón, en las afueras de Buenos Aires, fue convertida en prisión clandestina. Hasta 1978, la casona, que en su jerga los militares llamaban "Atila" o "La Mansión", albergó a detenidos políticos. Pese a la estricta vigilancia a la que eran sometidos los prisioneros, el 24 de marzo de 1978 -exactamente dos años después del golpe- cuatro detenidos lograron fugarse, descolgándose desnudos y esposados desde una ventana del primer piso. Hundida en el escarnio público provocado por la fuga, la fuerza aérea decidió dinamitar la casona pocos días más tarde.
De acuerdo con las denuncias de grupos de derechos humanos argentinos, 30.000 personas fueron muertas, secuestradas o ‘desaparecidas’, entre ellas sindicalistas, activistas políticos de izquierda, periodistas e intelectuales, durante la ‘guerra sucia’. Los informes oficiales, sin embargo, sólo dan cuenta de 13.000 casos.Astiz Se Negó A Declarar Por Delitos En la ESMA
El ex marino Alfredo Astiz se negó ayer a declarar ante la justicia argentina por el caso que lleva el juez Sergio Torres en el marco de la investigación contra la violación de los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros ilegales de detención de la dictadura militar (1976-1983).
El apodado ‘ángel de la muerte’ rehusó responder cualquier pregunta del magistrado, sobre los hechos que tuvieron como principales víctimas a cuatro detenidos en la ESMA.
Luego de estar en los tribunales de Buenos Aires, el destituido capitán de la Armada argentina fue trasladado a la base naval donde cumple prisión preventiva, por medio de un gran despliegue de seguridad.
Jueces de España, Francia, Italia y Suecia han pedido la extradición de Astiz a sus países para poder juzgarlo por los cientos de detenidos en la ESMA. Además, el ex marino es acusado de la desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon y de la joven sueca Dagmar Hagelin, entre otros delitos.
El ‘ángel de la muerte’ es uno de los 13 acusados en la causa sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en la ESMA que fueron citados a declarar por el juez Torres, quien también libró órdenes de captura contra otros cuatro imputados.
10 de marzo de 2006
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