pandillas enturbian américa central
[Indira A.R. Lakshmanan] Los problemas se asocian a deportados por Estados Unidos.
San Salvador, El Salvador. Diez años después de que un cambio en las leyes de inmigración estadounidenses allanaran el camino para las deportaciones masivas, países clave de América Central dicen que no pueden hacer frente al caos criminal provocado por decenas de miles de pandilleros que han sido enviados de vuelta a sus países natales.
Entre 1998 y 2004 Estados Unidos ha deportado a más de 34 mil delincuentes a El Salvador, Guatemala y Honduras, de acuerdo a estadísticas del Departamento de Seguridad Interior. Otros miles de deportados eran sospechosos de ser pandilleros, pero no fueron nunca condenados.
Hoy, las ‘maras’ o pandillas juveniles callejeras, se jactan de contar con 100 mil miembros en América Central, según cálculos conservadores. Se les acusa de gran parte de los delitos violentos que asolan esta región -desde homicidios y violaciones a tráfico de seres humanos, contrabando, tráfico de drogas, allanamientos de morada, extorsión y secuestro.
Las maras tienen vínculos con unos ocho mil a diez mil miembros en más de 30 estados estadounidenses, incluyendo Massachusetts, de acuerdo al FBI. Con su papel en el tráfico de gente, drogas ilícitas y armas en Estados Unidos, las maras representan una amenaza transnacional que las aparta de las pandillas callejeras normales.
Estados Unidos persigue agresivamente a las maras usando leyes contra la extorsión que se emplearon en el pasado contra la mafia. Pero los gobiernos de América Central han luchado con toda una gama de tácticas de mano dura que han fracasado a la hora de reducir el problema.
"No es suficiente con enviar a los pandilleros a la cárcel", dice Alice Fisher, una fiscal general estadounidense que estuvo este mes en El Salvador para una cumbre regional sobre las pandillas. Los gobiernos que se han concentrado en políticas de tolerancia cero también necesitan desbandar a las pandillas por medio de "prevención y educación", dice.
En el centro de la crisis están El Salvador, Guatemala y Honduras. Sociedades brutalizadas durante décadas por guerras civiles y pobreza, son ahora patria de grandes concentraciones de ‘mareros’, o pandilleros, y de la tasa de homicidios más alta del mundo -hasta diez veces más alta que en Estados Unidos.
Este año los tres países se han volcado hacia los soldados para reforzar las operaciones contra las pandillas, elevando los temores de depender de militares culpables de atrocidades contra los derechos humanos durante las guerras. A principios de mes un batallón de soldados en uniformes verde oliva empezaron a patrullar las calles de Ciudad de Guatemala.
De acuerdo a la mayoría de las versiones, las maras, cuyo nombre se refiere a una mortífera especie de hormigas, surgieron en Los Angeles. Mara 18 empezó como la pandilla de la calle 18 en los años sesenta, que aceptaba a inmigrantes hispanos excluidos de las pandillas mexicanas. Mara Salvatrucha, o MS-13, fue fundada por centroamericanos que huyeron de las guerras en casa en los años ochenta, y se instalaron en guetos estadounidenses sin trabajo ni protección contra las pandillas existentes.
En los últimos años las dos importantes pandillas se han convertido en mucho más violentas y sofisticadas, formando en las prisiones alianzas con el crimen organizado y trasladando operativos entre Estados Unidos y sus países natales. Sus características decapitaciones, mutilaciones y asesinatos con tortura de pandilleros rivales, informantes y otras víctimas las han convertido en un importante prioridad de la rama de empresas criminales del FBI.
En América Central los gobiernos han experimentado con leyes duras, sólo para ver cómo la delincuencia se hace todavía peor con los años. La violencia y extorsiones -desde pequeños ‘impuestos’ cargados a choferes de autobuses y tenderos, a decenas de miles de dólares exigidos a una importante compañía de soda en El Salvador- han alejado a los inversionistas, reduciendo el producto interno bruto en casi un 25 por ciento, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo.
Aunque otros delincuentes ciertamente tienen algo que ver con el aumento de la violencia, las pandillas se han convertido en una corroyente preocupación de la opinión pública y de los políticos aquí. La policía y los sistemas judiciales están mal equipados para hacer frente a las redes criminales, las prisiones están hacinadas y los presupuestos de los servicios sociales son demasiado pequeños como para ofrecer alternativas atractivas a la juventud ociosa.
El presidente salvadoreño Tony Saca fue elegido en 2004 con un programa de ley y orden que proclamaba aplicar "mano super dura" a las pandillas, incluyendo una ley que hacía posible detener a jóvenes por lucir tatuajes o ropas al estilo de las pandillas (una medida que fue declarada inconstitucional posteriormente). Más de 16 mil sospechosos han sido detenidos desde el verano de 2004; uno de cada cuatro de esos han terminado en la cárcel, dicen funcionarios.
Pero los gángsteres se han adaptado, dice Óscar Bonilla, presidente del Consejo Nacional de Seguridad de El Salvador. "Han reducido sus tatuajes, cambiado su estilo de vestir y tienen menos enfrentamientos abiertos con otras pandillas", al mismo tiempo que conservan sus actividades criminales.
Un funcionario estadounidense que trabaja en los programas regionales contra las pandillas, que habló a condición de conservar el anonimato, dijo que las políticas de man dura eran "inefectivas", afirmando que tenía un "efecto cucaracha", haciendo que los gángsteres se dispersaran como cucarachas para volver a aparecer cuando las autoridades no estaban mirando.
Medidas de detención duras "han sobrecargado al sistema judicial... y creado una puerta giratoria", dijo el funcionario estadounidense. "Esto ha dado a los pandilleros un sentimiento de omnipotencia, porque estuvieron tres días en la cárcel y al salir empezaron a tomar represalias contra todos los que se les opusieron".
El descaradp desprecio de la autoridad de parte de los endurecidos gángsteres es asombroso; este mes en Ciudad de Guatemala tres acusados de la MS-13 enjuiciados por una masacre en la cárcel apuñalaron a gángsteres rivales de la Mara 18 frente a los alguaciles y al juez, utilizando cuchillos que habían ingresado subrepticiamente al tribunal.
Repitiendo una queja común de funcionarios de la región, el nuevo jefe de policía de El Salvador, Rodrigo Ávila, dijo que la avalancha de delincuentes deportados por Estados Unidos está simplemente agobiando las estructuras policiales locales.
"Más de la mitad de los tipos con antecedentes criminales deportados de Estados Unidos también cometen delitos aquí", dijo. Nueve de los 13 pandilleros arrestados hace poco en conexión con la violación y robó de más de 20 personas habían sido deportados de Estados Unidos, de acuerdo a Ávila. Funcionarios salvadoreños están negociando con Estados Unidos para idear un sistema según el cual los deportados condenados podrán cumplir sus sentencia en El Salvador, antes de que lleguen al país como hombres libres.
Desde la implementación de la mano dura en 2003, bajo el régimen del predecesor de Saca, la tasa de homicidio de El Salvador ha crecido firmemente. Miguel Cruz, director del Instituto de la Opinión Pública de la Universidad de América Central en El Salvador, cree que una vez que los gángsteres fueron "arrojados a la cárcel sin rehabilitación, establecieron redes que nunca tuvieron y vínculos con el crimen organizado".
En Honduras las leyes duras que permiten condenar a 30 años por ser miembro de una pandilla, han hecho poco para reducir los delitos violentos. El presidente Manuel Zelaya fue elegido en noviembre pasado parcialmente con la promesa de rehabilitar a los gángsteres y su gobierno anunció recientemente que estaba negociando con las principales pandillas del país. Al día siguiente, sin embargo, se ordenó a la policía continuar las campañas contra las pandillas después del asesinato por venganza de un agente de policía.
En Guatemala, el presidente Óscar Berger propuso una mezcla de prevención de la violencia, rehabilitación y persecución, pero el despegue de un esfuerzo coordinado ha sido lento.
El ex jefe de policía guatemalteco, Mario René Cifuentes, estima que un dólar gastado en prevención es equivalente a cinco dólares de represión. "Pero la prevención cuesta un montón de dinero... y requiere un montón de coordinación".
En los vecinos Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde hay menos pandilleros y menos violencia, las autoridades se han concentrado en programas de prevención del crimen dentro de familias, escuelas y barriadas. Los grupos de defensa, incluyendo la Oficina sobre América Latina de Washington, han citado el proyecto de Boston sobre la violencia juvenil, ‘Operación Cese el Fuego’ -que se dirige a delincuentes recalcitrantes, al mismo tiempo que trata de reducir la participación de miembros periféricos- como un modelo exitoso que podría ser imitado en América Central.
En un programa de rehabilitación en un barrio obrero de Ciudad de Guatemala, una docena de ex pandilleros tatuados aprenden a leer y escribir, a manejar ordenadores y habilidades técnicas en una casa no marcada, anodina, financiada con fondos gubernamentales estadounidenses.
Byron, un joven de 18, de voz suave, que se unió a Mara 18 cuando tenía 12, fue absuelto de homicidio doble y robo, pero pasó dos años en un reformatorio juvenil y dos años más haciendo trabajo comunitario por delitos menores. El año pasado, dejó la pandilla por consejos de un pastor, y ahora pasa sus días siguiendo clases equivalentes a las secundarias y trabajando en una panadería.
En julio los miembros de su antigua pandilla, que estaban furiosos de que Byron los hubiera abandonado, le dispararon en la pierna y abdomen. Se recuperó, pero desde entonces no ha vuelto a casa.
"La gente se mete a las pandillas porque en ellas encuentran una familia", dice Byron, que dice que sus padres lo abandonaron al nacer. "Finalmente me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo era malo... pero la policía todavía me quiere matar, porque no entienden que yo haya dejado la pandilla".
Byron sueña con empezar una nueva vida, pero sospecha que su vieja vida lo volverá a alcanzar. "Quizás me maten, los de la pandilla o la policía. Aquí nadie tiene una segunda oportunidad".
San Salvador, El Salvador. Diez años después de que un cambio en las leyes de inmigración estadounidenses allanaran el camino para las deportaciones masivas, países clave de América Central dicen que no pueden hacer frente al caos criminal provocado por decenas de miles de pandilleros que han sido enviados de vuelta a sus países natales.Entre 1998 y 2004 Estados Unidos ha deportado a más de 34 mil delincuentes a El Salvador, Guatemala y Honduras, de acuerdo a estadísticas del Departamento de Seguridad Interior. Otros miles de deportados eran sospechosos de ser pandilleros, pero no fueron nunca condenados.
Hoy, las ‘maras’ o pandillas juveniles callejeras, se jactan de contar con 100 mil miembros en América Central, según cálculos conservadores. Se les acusa de gran parte de los delitos violentos que asolan esta región -desde homicidios y violaciones a tráfico de seres humanos, contrabando, tráfico de drogas, allanamientos de morada, extorsión y secuestro.
Las maras tienen vínculos con unos ocho mil a diez mil miembros en más de 30 estados estadounidenses, incluyendo Massachusetts, de acuerdo al FBI. Con su papel en el tráfico de gente, drogas ilícitas y armas en Estados Unidos, las maras representan una amenaza transnacional que las aparta de las pandillas callejeras normales.
Estados Unidos persigue agresivamente a las maras usando leyes contra la extorsión que se emplearon en el pasado contra la mafia. Pero los gobiernos de América Central han luchado con toda una gama de tácticas de mano dura que han fracasado a la hora de reducir el problema.
"No es suficiente con enviar a los pandilleros a la cárcel", dice Alice Fisher, una fiscal general estadounidense que estuvo este mes en El Salvador para una cumbre regional sobre las pandillas. Los gobiernos que se han concentrado en políticas de tolerancia cero también necesitan desbandar a las pandillas por medio de "prevención y educación", dice.
En el centro de la crisis están El Salvador, Guatemala y Honduras. Sociedades brutalizadas durante décadas por guerras civiles y pobreza, son ahora patria de grandes concentraciones de ‘mareros’, o pandilleros, y de la tasa de homicidios más alta del mundo -hasta diez veces más alta que en Estados Unidos.
Este año los tres países se han volcado hacia los soldados para reforzar las operaciones contra las pandillas, elevando los temores de depender de militares culpables de atrocidades contra los derechos humanos durante las guerras. A principios de mes un batallón de soldados en uniformes verde oliva empezaron a patrullar las calles de Ciudad de Guatemala.
De acuerdo a la mayoría de las versiones, las maras, cuyo nombre se refiere a una mortífera especie de hormigas, surgieron en Los Angeles. Mara 18 empezó como la pandilla de la calle 18 en los años sesenta, que aceptaba a inmigrantes hispanos excluidos de las pandillas mexicanas. Mara Salvatrucha, o MS-13, fue fundada por centroamericanos que huyeron de las guerras en casa en los años ochenta, y se instalaron en guetos estadounidenses sin trabajo ni protección contra las pandillas existentes.
En los últimos años las dos importantes pandillas se han convertido en mucho más violentas y sofisticadas, formando en las prisiones alianzas con el crimen organizado y trasladando operativos entre Estados Unidos y sus países natales. Sus características decapitaciones, mutilaciones y asesinatos con tortura de pandilleros rivales, informantes y otras víctimas las han convertido en un importante prioridad de la rama de empresas criminales del FBI.
En América Central los gobiernos han experimentado con leyes duras, sólo para ver cómo la delincuencia se hace todavía peor con los años. La violencia y extorsiones -desde pequeños ‘impuestos’ cargados a choferes de autobuses y tenderos, a decenas de miles de dólares exigidos a una importante compañía de soda en El Salvador- han alejado a los inversionistas, reduciendo el producto interno bruto en casi un 25 por ciento, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo.
Aunque otros delincuentes ciertamente tienen algo que ver con el aumento de la violencia, las pandillas se han convertido en una corroyente preocupación de la opinión pública y de los políticos aquí. La policía y los sistemas judiciales están mal equipados para hacer frente a las redes criminales, las prisiones están hacinadas y los presupuestos de los servicios sociales son demasiado pequeños como para ofrecer alternativas atractivas a la juventud ociosa.
El presidente salvadoreño Tony Saca fue elegido en 2004 con un programa de ley y orden que proclamaba aplicar "mano super dura" a las pandillas, incluyendo una ley que hacía posible detener a jóvenes por lucir tatuajes o ropas al estilo de las pandillas (una medida que fue declarada inconstitucional posteriormente). Más de 16 mil sospechosos han sido detenidos desde el verano de 2004; uno de cada cuatro de esos han terminado en la cárcel, dicen funcionarios.
Pero los gángsteres se han adaptado, dice Óscar Bonilla, presidente del Consejo Nacional de Seguridad de El Salvador. "Han reducido sus tatuajes, cambiado su estilo de vestir y tienen menos enfrentamientos abiertos con otras pandillas", al mismo tiempo que conservan sus actividades criminales.
Un funcionario estadounidense que trabaja en los programas regionales contra las pandillas, que habló a condición de conservar el anonimato, dijo que las políticas de man dura eran "inefectivas", afirmando que tenía un "efecto cucaracha", haciendo que los gángsteres se dispersaran como cucarachas para volver a aparecer cuando las autoridades no estaban mirando.
Medidas de detención duras "han sobrecargado al sistema judicial... y creado una puerta giratoria", dijo el funcionario estadounidense. "Esto ha dado a los pandilleros un sentimiento de omnipotencia, porque estuvieron tres días en la cárcel y al salir empezaron a tomar represalias contra todos los que se les opusieron".
El descaradp desprecio de la autoridad de parte de los endurecidos gángsteres es asombroso; este mes en Ciudad de Guatemala tres acusados de la MS-13 enjuiciados por una masacre en la cárcel apuñalaron a gángsteres rivales de la Mara 18 frente a los alguaciles y al juez, utilizando cuchillos que habían ingresado subrepticiamente al tribunal.
Repitiendo una queja común de funcionarios de la región, el nuevo jefe de policía de El Salvador, Rodrigo Ávila, dijo que la avalancha de delincuentes deportados por Estados Unidos está simplemente agobiando las estructuras policiales locales.
"Más de la mitad de los tipos con antecedentes criminales deportados de Estados Unidos también cometen delitos aquí", dijo. Nueve de los 13 pandilleros arrestados hace poco en conexión con la violación y robó de más de 20 personas habían sido deportados de Estados Unidos, de acuerdo a Ávila. Funcionarios salvadoreños están negociando con Estados Unidos para idear un sistema según el cual los deportados condenados podrán cumplir sus sentencia en El Salvador, antes de que lleguen al país como hombres libres.
Desde la implementación de la mano dura en 2003, bajo el régimen del predecesor de Saca, la tasa de homicidio de El Salvador ha crecido firmemente. Miguel Cruz, director del Instituto de la Opinión Pública de la Universidad de América Central en El Salvador, cree que una vez que los gángsteres fueron "arrojados a la cárcel sin rehabilitación, establecieron redes que nunca tuvieron y vínculos con el crimen organizado".
En Honduras las leyes duras que permiten condenar a 30 años por ser miembro de una pandilla, han hecho poco para reducir los delitos violentos. El presidente Manuel Zelaya fue elegido en noviembre pasado parcialmente con la promesa de rehabilitar a los gángsteres y su gobierno anunció recientemente que estaba negociando con las principales pandillas del país. Al día siguiente, sin embargo, se ordenó a la policía continuar las campañas contra las pandillas después del asesinato por venganza de un agente de policía.
En Guatemala, el presidente Óscar Berger propuso una mezcla de prevención de la violencia, rehabilitación y persecución, pero el despegue de un esfuerzo coordinado ha sido lento.
El ex jefe de policía guatemalteco, Mario René Cifuentes, estima que un dólar gastado en prevención es equivalente a cinco dólares de represión. "Pero la prevención cuesta un montón de dinero... y requiere un montón de coordinación".
En los vecinos Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde hay menos pandilleros y menos violencia, las autoridades se han concentrado en programas de prevención del crimen dentro de familias, escuelas y barriadas. Los grupos de defensa, incluyendo la Oficina sobre América Latina de Washington, han citado el proyecto de Boston sobre la violencia juvenil, ‘Operación Cese el Fuego’ -que se dirige a delincuentes recalcitrantes, al mismo tiempo que trata de reducir la participación de miembros periféricos- como un modelo exitoso que podría ser imitado en América Central.
En un programa de rehabilitación en un barrio obrero de Ciudad de Guatemala, una docena de ex pandilleros tatuados aprenden a leer y escribir, a manejar ordenadores y habilidades técnicas en una casa no marcada, anodina, financiada con fondos gubernamentales estadounidenses.
Byron, un joven de 18, de voz suave, que se unió a Mara 18 cuando tenía 12, fue absuelto de homicidio doble y robo, pero pasó dos años en un reformatorio juvenil y dos años más haciendo trabajo comunitario por delitos menores. El año pasado, dejó la pandilla por consejos de un pastor, y ahora pasa sus días siguiendo clases equivalentes a las secundarias y trabajando en una panadería.
En julio los miembros de su antigua pandilla, que estaban furiosos de que Byron los hubiera abandonado, le dispararon en la pierna y abdomen. Se recuperó, pero desde entonces no ha vuelto a casa.
"La gente se mete a las pandillas porque en ellas encuentran una familia", dice Byron, que dice que sus padres lo abandonaron al nacer. "Finalmente me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo era malo... pero la policía todavía me quiere matar, porque no entienden que yo haya dejado la pandilla".
Byron sueña con empezar una nueva vida, pero sospecha que su vieja vida lo volverá a alcanzar. "Quizás me maten, los de la pandilla o la policía. Aquí nadie tiene una segunda oportunidad".
17 de abril de 2006
©boston globe
©traducción mQh
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