detienen a ex auditor militar
Caso Berríos: Juez Madrid procesa a general (R) Torres Silva por asociación ilícita.
El ex auditor general (R) Fernando Torres Silva, y el coronel (R) Enrique Ibarra, junto a otros dos funcionarios del Ejército, fueron sometidos hoy a proceso por su responsabilidad el secuestro y homicidio del bioquímico y ex agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo.
El ministro en visita Alejandro Madrid imputó a Torres y a Ibarra su autoría en el delito de asociación ilícita; y acreditó el compromiso de Marcelo Sandoval Duran (suboficial en servicio activo) y del suboficial (R) Nelson Romas Vargas, por asociación ilícita y secuestro calificado. Estos dos últimos fueron los custodios del químico en Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría de Canelones para denunciar que estaba cautivo.
El malogrado agente que trabajó en las aplicaciones del gas sarín como arma bacteriológica, fue entregado por los policías a unos militares que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en la playa El Pinar, cercana a Montevideo.
Torres Silva e Ibarra Chaparro fueron notificados de sus encargatorias de reo en dependencias de los juzgados de Avenida España. Ambos quedaron presos en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén.
De acuerdo a los antecedentes del expediente y sus cuadernos secretos, el otrora auditor fue uno de los miembros del Alto Mando de la citada rama castrense que participó en la reunión en que el general (r) Augusto Pinochet ordenó al jefe de la DINE, Hernán Ramírez Rurange, sacar de Chile a Berríos Sagredo, por el riesgo y peligro que significaba para la institución su eventual colaboración con la justicia.
Incluso el relato de abogados vinculados a la causa da cuenta que el jubilado general fue una de las personas que participó en la fiesta de despedida que le organizaron representantes de estamentos judiciales del Ejército al bioquímico, semanas después de que fuera requerido por el ministro instructor Adolfo Bañados para que declarara en el juicio por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.
Los testimonios de militares implicados en este proceso ha sido determinante en los pasos dados por el juez Madrid, quien hace un año encausó a quien estuvo a cargo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), mayor (r) Manuel Provis.
De acuerdo a sus declaraciones, fue quien recibió las órdenes de sus superiores para planificar la salida de Berríos desde Chile a Uruguay.
Provis, además, se encuentra procesado por asociación ilícita en el marco de la investigación el homicidio del ex jefe de adquisiciones de FAMAE, coronel Gerardo Huber Olivares (1992).
El procesamiento de Torres Silva, quien durante su mando fue sindicado como uno de los artífices de los planes para obstruir la acción de la justicia en los distintos casos por atropellos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, se suma a los ex directores de la DINE generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias; el mayor (r) Arturo Silva; los capitanes (r) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez; el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez; el capitán (r) Manuel Pérez y el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brigadier (R) Manuel Provis.
Se agregan al listado los oficiales uruguayos extraditados a Chile en abril del año pasado, Wellington Sarli, Eduardo Radaelli y Tomás Casella, entre otros.
Se espera que durante la jornada Madrid también dicte otros procesamientos (diez ex militares y cuatro médicos) por el homicidio del ex agente de la DINA, cabo Manuel Jesús Leyton Robles, quien pereció en 1977, luego de ser descubierto su papel de integrante del organismo represor al robar una Renoleta por orden del fallecido coronel Germán Barriga, en ese entonces jefe de Brigada Purén.
El ministro en visita Alejandro Madrid imputó a Torres y a Ibarra su autoría en el delito de asociación ilícita; y acreditó el compromiso de Marcelo Sandoval Duran (suboficial en servicio activo) y del suboficial (R) Nelson Romas Vargas, por asociación ilícita y secuestro calificado. Estos dos últimos fueron los custodios del químico en Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría de Canelones para denunciar que estaba cautivo.
El malogrado agente que trabajó en las aplicaciones del gas sarín como arma bacteriológica, fue entregado por los policías a unos militares que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en la playa El Pinar, cercana a Montevideo.
Torres Silva e Ibarra Chaparro fueron notificados de sus encargatorias de reo en dependencias de los juzgados de Avenida España. Ambos quedaron presos en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén.
De acuerdo a los antecedentes del expediente y sus cuadernos secretos, el otrora auditor fue uno de los miembros del Alto Mando de la citada rama castrense que participó en la reunión en que el general (r) Augusto Pinochet ordenó al jefe de la DINE, Hernán Ramírez Rurange, sacar de Chile a Berríos Sagredo, por el riesgo y peligro que significaba para la institución su eventual colaboración con la justicia.
Incluso el relato de abogados vinculados a la causa da cuenta que el jubilado general fue una de las personas que participó en la fiesta de despedida que le organizaron representantes de estamentos judiciales del Ejército al bioquímico, semanas después de que fuera requerido por el ministro instructor Adolfo Bañados para que declarara en el juicio por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.
Los testimonios de militares implicados en este proceso ha sido determinante en los pasos dados por el juez Madrid, quien hace un año encausó a quien estuvo a cargo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), mayor (r) Manuel Provis.
De acuerdo a sus declaraciones, fue quien recibió las órdenes de sus superiores para planificar la salida de Berríos desde Chile a Uruguay.
Provis, además, se encuentra procesado por asociación ilícita en el marco de la investigación el homicidio del ex jefe de adquisiciones de FAMAE, coronel Gerardo Huber Olivares (1992).
El procesamiento de Torres Silva, quien durante su mando fue sindicado como uno de los artífices de los planes para obstruir la acción de la justicia en los distintos casos por atropellos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, se suma a los ex directores de la DINE generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias; el mayor (r) Arturo Silva; los capitanes (r) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez; el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez; el capitán (r) Manuel Pérez y el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brigadier (R) Manuel Provis.
Se agregan al listado los oficiales uruguayos extraditados a Chile en abril del año pasado, Wellington Sarli, Eduardo Radaelli y Tomás Casella, entre otros.
Se espera que durante la jornada Madrid también dicte otros procesamientos (diez ex militares y cuatro médicos) por el homicidio del ex agente de la DINA, cabo Manuel Jesús Leyton Robles, quien pereció en 1977, luego de ser descubierto su papel de integrante del organismo represor al robar una Renoleta por orden del fallecido coronel Germán Barriga, en ese entonces jefe de Brigada Purén.
23 de julio de 2007
©la tercera
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