armas que no carga el diablo
[Darío Aranda] Ataque contra campesinos en Santiago del Estero. Civiles armados atacaron a dirigentes del Mocase y a un delegado internacional de derechos humanos. Acusan a terratenientes.
Un grupo de civiles armados atacó y persiguió a integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y a un delegado internacional de derechos humanos que, justamente, visitaba el país para evaluar la situación en los sectores rurales. "Son matones al servicio de una empresa que, desde hace tiempo, quiere hacerse de tierras de habitantes ancestrales de la localidad de Pinto", denunciaron desde el Mocase. Horas antes del ataque, la organización campesina había remarcado en los medios locales el papel de la empresa y sus presuntos negocios con una fundación donde tiene participación el ex intendente de la zona y actual vicegobernador, Emilio Rached. La empresa niega toda vinculación con el ataque.
"Una camioneta verde oscuro, sin patentes, con ocho encapuchados, con cinco de ellos armados apuntando, se nos adelantó. Nos hicieron señales de parar el auto, en una carretera oscura, de noche, encañonándonos con sus armas y apuntando a la cabeza", denunció el delegado de la Fundación Internacional Olof Palme y miembro de la Cátedra de Unesco en la Universidad Politécnica de Catalunya, Javier Álvarez: "Parecía que volvíamos a los años de la dictadura", dijo.
El hecho sucedió el jueves pasado, en la localidad santiagueña de Pinto (al sur de la provincia), cuando el delegado internacional visitaba la zona en conflicto, donde desde hace tres años la empresa de agronegocios Afagro proclama la titularidad de 40.000 hectáreas, muchas de ellas habitadas desde principios del siglo pasado por campesinos. En el vehículo del Mocase, además de Javier Álvarez, circulaban el dirigente campesino Ángel Strappazzon y tres estudiantes universitarios.
El Mocase está integrado por 9000 familias rurales que viven de lo que producen y resisten el modelo de monocultivo sojero. Desde fines de los '80, y más fuertemente en la década pasada, sufrieron intentos de desalojo por parte de empresarios asociados al poder político local. Desde la organización, los campesinos resistieron ocupaciones y hasta lograron recuperar tierras que habían perdido en manos de empresas. Durante los '90 e inicios de 2000, cuando gobernaba Carlos Juárez, la organización fue el blanco de represión, que incluyó desde golpizas hasta asesinatos. "Las figuritas cambian, pero los aprietes son los mismos", resumió Strappazzon a Página/12, en referencia a las embestidas que sufrían durante el juarismo de parte de las denominadas ‘guardias blancas', grupo de choque de los terratenientes de la provincia.
El jueves a la mañana, Álvarez y Strappazon habían estado en el canal de televisión local, donde advirtieron sobre cuestionados proyectos de cooperación internacional entre el ayuntamiento de Pinto (al sur de Madrid, en España) y la localidad del mismo nombre, pero de Santiago del Estero (gestiones iniciadas cuando el municipio español estaba a cargo de Antonio Fernández, y el Pinto argentino bajo la tutela del hoy vicegobernador, Emilio Rached). Según Álvarez, que investiga el caso desde hace tres años, en concepto de cooperación internacional y con el fin de crear obras para sectores populares, se giraron en dos años 1,7 millón de euros, pero sólo se realizaron dieciocho viviendas. El destino, señala, fue la Fundación Pinares o Pin.Ar.Es (que toma sus siglas de: Pinto-Argentina-España), cuya comisión directiva estaba y está integrada por ambos ex intendentes: Antonio Fernández y Emilio Rached. Según las investigaciones del Mocase y Álvarez, Pinares estaría vinculada con Afagro. Incluso advierten que la empresa está gerenciada por testaferros y señalan que los verdaderos dueños serían Fernández y Rached.
"En Santiago es un secreto a voces que se financió la campaña a vicegobernador, en 2005, con ese dinero de cooperación", acusaron desde el Mocase. Además, en la recorrida por la localidad santiagueña, el veedor español confirmó que no se realizó ninguna de las obras comprometidas. "Se hicieron viviendas que fueron vendidas a la clase media acomodada, no para los sectores más excluidos. No se realizó nada de lo estipulado en el convenio de cooperación", denunció Álvarez.
Al salir del canal de televisión, Álvarez y Strappazon visitaron comunidades campesinas de la zona. En la recorrida por un camino vecinal los esperó una camioneta verde oscura, sin patente, con ocho personas armadas con fusiles y pistolas. Se identificaron como guardias de la empresa Afagro y pidieron documentos a los militantes. Una hora más tarde, en el centro urbano de Pinto, dos policías sin identificación volvieron a solicitar documentos y los papeles del auto. Dos horas después, al salir a la ruta, ya rumbo a Quimilí (sede de una de las históricas centrales del Mocase), los cruzó otra camioneta, de la misma marca, modelo y color que la vista en el camino vecinal. También con ocho personas armadas, pero está vez encapuchadas.
Fueron seguidos durante diez minutos. Cuando estuvieron alejados del pueblo, y ya no había otros vehículos en la ruta, se cruzó en el camino y, amenazando con disparar, trataron de detener el auto de Strappazzon y Álvarez. El paso de un camión les permitió girar, tomar una bifurcación y dejar atrás a los guardias armados, que igualmente los persiguieron durante 30 kilómetros, hasta el ingreso a un pueblo cercano.
Desde la gobernación no respondieron los llamados de este diario. En tanto, el apoderado de Afagro, Alberto Llaryora (hijo), tuvo una versión totalmente opuesta: remarcó que no cuentan con guardias armados, que es una empresa familiar con 24 años de trayectoria, negó cualquier vinculación con Fundación Pinares y con el vicegobernador. Sí reconoció que el ex alcalde de Pinto (España) Antonio Fernández se alojó en la casa familiar. Además, señaló que "existen personas que dicen ser del Mocase, yo no creo que lo sean, entran en nuestras tierras y producen disturbios". Llaryora también aseguró desconocer a Strappazzon y Álvarez, ofreció entrevistarse con ellos y exhibir las escrituras de sus tierras, y remarcó que a las cinco familias que vivieron desde siempre en las tierras de su empresa "se les regalaron, a cada una, entre 50 y 200 hectáreas".
El ex alcalde de Pinto (España) Fernández renunció en 2005 a su cargo, en gran parte por un escándalo mediático que lo envolvió en Europa: la oposición política lo vinculó a paramilitares que atacaban campesinos, se lo acusó de utilizar fondos públicos para hacer campaña proselitista por el actual gobernador de Santiago, fue duramente cuestionado por el uso que les dio a los recursos municipales destinados a cooperación internacional y hasta llegaron a señalarlo como un nuevo terrateniente santiagueño. El 28 de marzo de este año, en conferencia de prensa en Madrid, el polémico Fernández se refirió al Mocase: "Son 30 activistas ligados a grupos terroristas como Sendero Luminoso, movimientos antiglobalización y ETA", dijo. Amnistía Internacional y otras ONG europeas repudiaron sus dichos.
Un grupo de civiles armados atacó y persiguió a integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y a un delegado internacional de derechos humanos que, justamente, visitaba el país para evaluar la situación en los sectores rurales. "Son matones al servicio de una empresa que, desde hace tiempo, quiere hacerse de tierras de habitantes ancestrales de la localidad de Pinto", denunciaron desde el Mocase. Horas antes del ataque, la organización campesina había remarcado en los medios locales el papel de la empresa y sus presuntos negocios con una fundación donde tiene participación el ex intendente de la zona y actual vicegobernador, Emilio Rached. La empresa niega toda vinculación con el ataque."Una camioneta verde oscuro, sin patentes, con ocho encapuchados, con cinco de ellos armados apuntando, se nos adelantó. Nos hicieron señales de parar el auto, en una carretera oscura, de noche, encañonándonos con sus armas y apuntando a la cabeza", denunció el delegado de la Fundación Internacional Olof Palme y miembro de la Cátedra de Unesco en la Universidad Politécnica de Catalunya, Javier Álvarez: "Parecía que volvíamos a los años de la dictadura", dijo.
El hecho sucedió el jueves pasado, en la localidad santiagueña de Pinto (al sur de la provincia), cuando el delegado internacional visitaba la zona en conflicto, donde desde hace tres años la empresa de agronegocios Afagro proclama la titularidad de 40.000 hectáreas, muchas de ellas habitadas desde principios del siglo pasado por campesinos. En el vehículo del Mocase, además de Javier Álvarez, circulaban el dirigente campesino Ángel Strappazzon y tres estudiantes universitarios.
El Mocase está integrado por 9000 familias rurales que viven de lo que producen y resisten el modelo de monocultivo sojero. Desde fines de los '80, y más fuertemente en la década pasada, sufrieron intentos de desalojo por parte de empresarios asociados al poder político local. Desde la organización, los campesinos resistieron ocupaciones y hasta lograron recuperar tierras que habían perdido en manos de empresas. Durante los '90 e inicios de 2000, cuando gobernaba Carlos Juárez, la organización fue el blanco de represión, que incluyó desde golpizas hasta asesinatos. "Las figuritas cambian, pero los aprietes son los mismos", resumió Strappazzon a Página/12, en referencia a las embestidas que sufrían durante el juarismo de parte de las denominadas ‘guardias blancas', grupo de choque de los terratenientes de la provincia.
El jueves a la mañana, Álvarez y Strappazon habían estado en el canal de televisión local, donde advirtieron sobre cuestionados proyectos de cooperación internacional entre el ayuntamiento de Pinto (al sur de Madrid, en España) y la localidad del mismo nombre, pero de Santiago del Estero (gestiones iniciadas cuando el municipio español estaba a cargo de Antonio Fernández, y el Pinto argentino bajo la tutela del hoy vicegobernador, Emilio Rached). Según Álvarez, que investiga el caso desde hace tres años, en concepto de cooperación internacional y con el fin de crear obras para sectores populares, se giraron en dos años 1,7 millón de euros, pero sólo se realizaron dieciocho viviendas. El destino, señala, fue la Fundación Pinares o Pin.Ar.Es (que toma sus siglas de: Pinto-Argentina-España), cuya comisión directiva estaba y está integrada por ambos ex intendentes: Antonio Fernández y Emilio Rached. Según las investigaciones del Mocase y Álvarez, Pinares estaría vinculada con Afagro. Incluso advierten que la empresa está gerenciada por testaferros y señalan que los verdaderos dueños serían Fernández y Rached.
"En Santiago es un secreto a voces que se financió la campaña a vicegobernador, en 2005, con ese dinero de cooperación", acusaron desde el Mocase. Además, en la recorrida por la localidad santiagueña, el veedor español confirmó que no se realizó ninguna de las obras comprometidas. "Se hicieron viviendas que fueron vendidas a la clase media acomodada, no para los sectores más excluidos. No se realizó nada de lo estipulado en el convenio de cooperación", denunció Álvarez.
Al salir del canal de televisión, Álvarez y Strappazon visitaron comunidades campesinas de la zona. En la recorrida por un camino vecinal los esperó una camioneta verde oscura, sin patente, con ocho personas armadas con fusiles y pistolas. Se identificaron como guardias de la empresa Afagro y pidieron documentos a los militantes. Una hora más tarde, en el centro urbano de Pinto, dos policías sin identificación volvieron a solicitar documentos y los papeles del auto. Dos horas después, al salir a la ruta, ya rumbo a Quimilí (sede de una de las históricas centrales del Mocase), los cruzó otra camioneta, de la misma marca, modelo y color que la vista en el camino vecinal. También con ocho personas armadas, pero está vez encapuchadas.
Fueron seguidos durante diez minutos. Cuando estuvieron alejados del pueblo, y ya no había otros vehículos en la ruta, se cruzó en el camino y, amenazando con disparar, trataron de detener el auto de Strappazzon y Álvarez. El paso de un camión les permitió girar, tomar una bifurcación y dejar atrás a los guardias armados, que igualmente los persiguieron durante 30 kilómetros, hasta el ingreso a un pueblo cercano.
Desde la gobernación no respondieron los llamados de este diario. En tanto, el apoderado de Afagro, Alberto Llaryora (hijo), tuvo una versión totalmente opuesta: remarcó que no cuentan con guardias armados, que es una empresa familiar con 24 años de trayectoria, negó cualquier vinculación con Fundación Pinares y con el vicegobernador. Sí reconoció que el ex alcalde de Pinto (España) Antonio Fernández se alojó en la casa familiar. Además, señaló que "existen personas que dicen ser del Mocase, yo no creo que lo sean, entran en nuestras tierras y producen disturbios". Llaryora también aseguró desconocer a Strappazzon y Álvarez, ofreció entrevistarse con ellos y exhibir las escrituras de sus tierras, y remarcó que a las cinco familias que vivieron desde siempre en las tierras de su empresa "se les regalaron, a cada una, entre 50 y 200 hectáreas".
El ex alcalde de Pinto (España) Fernández renunció en 2005 a su cargo, en gran parte por un escándalo mediático que lo envolvió en Europa: la oposición política lo vinculó a paramilitares que atacaban campesinos, se lo acusó de utilizar fondos públicos para hacer campaña proselitista por el actual gobernador de Santiago, fue duramente cuestionado por el uso que les dio a los recursos municipales destinados a cooperación internacional y hasta llegaron a señalarlo como un nuevo terrateniente santiagueño. El 28 de marzo de este año, en conferencia de prensa en Madrid, el polémico Fernández se refirió al Mocase: "Son 30 activistas ligados a grupos terroristas como Sendero Luminoso, movimientos antiglobalización y ETA", dijo. Amnistía Internacional y otras ONG europeas repudiaron sus dichos.
7 de agosto de 2007
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