delincuencia y reincidencia en chile
Un fantasma recorre El Mercurio. Interesante editorial sobre delincuencia y reincidencia en Chile.
Chile. Las cifras de desconocimiento y desaprobación por parte de la ciudadanía de las políticas gubernamentales contra la delincuencia reveladas por la reciente encuesta El Mercurio-Opina requieren un análisis separado, pero, en general, reconfirman la inquietud ante la realidad de que ella ha venido aumentando en cantidad y en violencia hace ya casi dos décadas, sin que los innumerables anuncios oficiales se hayan traducido en una reversión de esa tendencia. Frente a esto, muchas voces propician ‘mano dura': casi 67 por ciento de los encuestados preferiría que quien ha robado "vaya a la cárcel, independientemente de lo que ocurra con ella". En suma, se pide, genéricamente, "más cárcel". Eso es comprensible, pero el problema va mucho más allá de tales fórmulas simples. Ya antes de la reforma procesal penal se registraban altas tasas de crecimiento de la población reclusa, el que se aceleró con la puesta en marcha de aquélla: entre 1996 y 2006, el número de reclusos creció 67 por ciento. Actualmente, bordean los 43 mil. De hecho, Chile cuenta con una de las tasas de reclusión más altas del mundo (256 reclusos por cada 100 mil habitantes).
Pero las estadísticas nacionales sobre delincuencia muestran que este crecimiento no ha sido acompañado por una disminución en los delitos, y las encuestas nacionales de victimización confirman que Chile tiene un problema delictivo específicamente relacionado con delitos contra la propiedad: los delitos violentos no son tan frecuentes comparativamente, pero los hurtos y robos tienen una incidencia igual o superior a países de la región, y varias veces superior a la de países desarrollados.
Esta aparente contradicción —más cárcel, pero más delincuencia— se explica porque nada reduce el flujo de personas que ingresan a la actividad delictiva si no hay cambios sistémicos sustanciales que incidan en los factores de riesgo para los niños y jóvenes de los sectores más desaventajados de nuestra sociedad, en las potenciales opciones legales disponibles para ellos y en las probabilidades de ser condenados por cometer un delito. Además, el sistema de imposición de sanciones, en particular el carcelario, no entrega las condiciones y los servicios requeridos para reducir las tasas de reincidencia. Ni siquiera existen estudios periódicos que midan la reincidencia con metodologías mundialmente aceptadas. Según Gendarmería, ella asciende a alrededor de 50 por ciento.
Hoy existe una sobrepoblación carcelaria promedio de 50 por ciento, situación que, dados los ingresos, no se revertirá con el actual programa de concesión de cárceles. Y si bien la infraestructura de los nuevos penales es adecuada e implica un gasto por recluso sustancialmente mayor, el grueso de la población carcelaria se encuentra recluida en los recintos antiguos, en malas condiciones. Por eso existen dentro de ellos problemas de seguridad, prácticas abusivas y situaciones de corrupción.
Se suma a lo anterior el que la cobertura y la calidad de los programas de rehabilitación y reinserción actualmente en operación son deficientes. Por ejemplo, existen sólo 300 cupos para la rehabilitación de la dependencia a las drogas en todo el sistema, y el egreso a la comunidad ocurre sin el indispensable acompañamiento especializado.
En este contexto, la magnitud del incremento en dotación y equipamiento de Gendarmería (más de mil plazas) y su composición (254 serán destinadas al área de reinserción social) contemplados en la Ley de Presupuestos 2008 son señales positivas. Sin embargo, ese gasto adicional de seis mil 300 millones de pesos no tendrá efecto alguno en la reincidencia ni en el problema delictivo del país si no se traduce en cambios radicales en la cantidad y calidad de los programas dentro de las cárceles.
Lo anterior requiere aprender de experiencias exitosas nacionales y extranjeras; trabajar sostenida y rigurosamente en el desarrollo de contenidos y en la ejecución de los programas, e insertar este trabajo en una verdadera política de sanciones, hasta ahora ausente. La Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana consigna algunas nociones de esto, pero existe una brecha entre su texto y su implementación que, desgraciadamente, no parece salvable con los actuales equipos y medios técnicos disponibles por los ministerios del Interior y de Justicia.
Chile. Las cifras de desconocimiento y desaprobación por parte de la ciudadanía de las políticas gubernamentales contra la delincuencia reveladas por la reciente encuesta El Mercurio-Opina requieren un análisis separado, pero, en general, reconfirman la inquietud ante la realidad de que ella ha venido aumentando en cantidad y en violencia hace ya casi dos décadas, sin que los innumerables anuncios oficiales se hayan traducido en una reversión de esa tendencia. Frente a esto, muchas voces propician ‘mano dura': casi 67 por ciento de los encuestados preferiría que quien ha robado "vaya a la cárcel, independientemente de lo que ocurra con ella". En suma, se pide, genéricamente, "más cárcel". Eso es comprensible, pero el problema va mucho más allá de tales fórmulas simples. Ya antes de la reforma procesal penal se registraban altas tasas de crecimiento de la población reclusa, el que se aceleró con la puesta en marcha de aquélla: entre 1996 y 2006, el número de reclusos creció 67 por ciento. Actualmente, bordean los 43 mil. De hecho, Chile cuenta con una de las tasas de reclusión más altas del mundo (256 reclusos por cada 100 mil habitantes).Pero las estadísticas nacionales sobre delincuencia muestran que este crecimiento no ha sido acompañado por una disminución en los delitos, y las encuestas nacionales de victimización confirman que Chile tiene un problema delictivo específicamente relacionado con delitos contra la propiedad: los delitos violentos no son tan frecuentes comparativamente, pero los hurtos y robos tienen una incidencia igual o superior a países de la región, y varias veces superior a la de países desarrollados.
Esta aparente contradicción —más cárcel, pero más delincuencia— se explica porque nada reduce el flujo de personas que ingresan a la actividad delictiva si no hay cambios sistémicos sustanciales que incidan en los factores de riesgo para los niños y jóvenes de los sectores más desaventajados de nuestra sociedad, en las potenciales opciones legales disponibles para ellos y en las probabilidades de ser condenados por cometer un delito. Además, el sistema de imposición de sanciones, en particular el carcelario, no entrega las condiciones y los servicios requeridos para reducir las tasas de reincidencia. Ni siquiera existen estudios periódicos que midan la reincidencia con metodologías mundialmente aceptadas. Según Gendarmería, ella asciende a alrededor de 50 por ciento.
Hoy existe una sobrepoblación carcelaria promedio de 50 por ciento, situación que, dados los ingresos, no se revertirá con el actual programa de concesión de cárceles. Y si bien la infraestructura de los nuevos penales es adecuada e implica un gasto por recluso sustancialmente mayor, el grueso de la población carcelaria se encuentra recluida en los recintos antiguos, en malas condiciones. Por eso existen dentro de ellos problemas de seguridad, prácticas abusivas y situaciones de corrupción.
Se suma a lo anterior el que la cobertura y la calidad de los programas de rehabilitación y reinserción actualmente en operación son deficientes. Por ejemplo, existen sólo 300 cupos para la rehabilitación de la dependencia a las drogas en todo el sistema, y el egreso a la comunidad ocurre sin el indispensable acompañamiento especializado.
En este contexto, la magnitud del incremento en dotación y equipamiento de Gendarmería (más de mil plazas) y su composición (254 serán destinadas al área de reinserción social) contemplados en la Ley de Presupuestos 2008 son señales positivas. Sin embargo, ese gasto adicional de seis mil 300 millones de pesos no tendrá efecto alguno en la reincidencia ni en el problema delictivo del país si no se traduce en cambios radicales en la cantidad y calidad de los programas dentro de las cárceles.
Lo anterior requiere aprender de experiencias exitosas nacionales y extranjeras; trabajar sostenida y rigurosamente en el desarrollo de contenidos y en la ejecución de los programas, e insertar este trabajo en una verdadera política de sanciones, hasta ahora ausente. La Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana consigna algunas nociones de esto, pero existe una brecha entre su texto y su implementación que, desgraciadamente, no parece salvable con los actuales equipos y medios técnicos disponibles por los ministerios del Interior y de Justicia.
17 de octubre de 2007
©el mercurio 
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