¿servicio útil o delincuencia encubierta?
columna de mérici
Desde hace algunos años han aparecido en las calles de las grandes ciudades del país grupos de menesterosos que, según dicen algunos, se han apropiado del espacio público para extorsionar y robar a los conductores que estacionan sus coches en sus territorios. Originalmente una actividad ilegal, estos grupos -usualmente de hombres- han sido legalizados en algunas ciudades y trabajan hoy, como en Viña del Mar, como acomodadores de autos, gestionando el espacio de aparcamiento en las calles con autorización de las autoridades municipales. Cobran según tarifa establecida y entregan una boleta.
Pero la legalización de estos trabajadores no ha significado el fin de los problemas que se asociaban originalmente con sus actividades ilegales. En torno a los empleados reconocidos -que usan uniforme- se han formado mafias que muy frecuentemente trabajan junto con los empleados oficiales. En muchos casos, después del horario oficial -normalmente después de las nueve de la noche- aparecen nutridos grupos de falsos acomodadores que llegan a operar, en las calles de Viña, incluso hasta las tres de la mañana. Estos acomodadores ilegales pueden romper o dañar los coches si no se les paga, aunque no es tan frecuente que ocurra como se supone.
También los fines de semana -o el domingo-, que es un día de estacionamiento libre, aparecen estas mafias.
Pese a la irritación que ocasionan, sin embargo, creo que la mejor estrategia sería legalizar u oficializar estos nuevos oficios. No sólo se integraría un numeroso grupo a la economía formal, sino además los fondos que fluirían hacia las municipalidades se podrían también utilizar para mantener en funcionamiento el sistema.
La verdad es que los servicios que prestan son útiles. Es común ver en las calles, dentro o fuera de horario, a personas que se dedican al lavado de coches. Pero su principal función es la protección de los vehículos: impedir que sean robados, o impedir que se sustraigan objetos desde su interior, o que borrachos o vándalos o jóvenes parranderos los dañen y estropeen.
Esta es una función útil y que debe ser sometida a reglas. Normalmente los ‘falsos acomodadores' (los que aparecen después de horarios y los domingos) no explicitan a los conductores cuál es exactamente su servicio. Y muchos conductores reaccionan pues enfadados cuando se acercan estos acomodadores por su paga. Es verdad que el ‘falso acomodador' no explicita su trabajo porque teme ser rechazado y también porque tiene la esperanza de que el usuario no se entere realmente de que es ilegal. Pero esta es una estrategia que finalmente es contraproducente.
Si el acomodador preguntase claramente si el conductor desea que su vehículo sea protegido, habría un acuerdo explícito que puede ser sometido a reglas, y en primer lugar a una tarifa. Y por ese servicio el acomodador, además, debería entregar una boleta.
Al mismo tiempo, en cualquier caso de robo de vehículo, o sustracción de objetos desde el interior, o destrozos, el conductor perjudicado y las autoridades sabrían quién es responsable y podrían consecuentemente exigir por vía administrativa o judicial las reparaciones correspondientes. En este esquema, los acomodadores se lo pensarían dos veces antes de hacer algo ilegal o de permitir algún acto ilegal, por la simple razón de que serían responsables de lo que ocurre en sus calles. Y, además, podrían quedarse sin pan ni pedazo.
Esta función de protección es, sin lugar a dudas, necesaria. Conviene a los conductores y conviene también a las ciudades, que podrían así incorporar a más gente pobre a la economía formal y ayudarles a salir de la miseria.
Además, muchos cuidadores son personas que difícilmente podrían funcionar en otras áreas normales de la economía o incluso de la sociedad. No es mala idea tenderles una mano. Muchos de ellos, como decimos, vienen de vuelta. Muchos ex presidiarios podrían encontrar en estos nuevos oficios una función útil que les permitiría reinsertarse.
Mi propuesta sería pues legalizar a los cuidadores de autos. Se los podría incorporar a algún servicio municipal o a algún plan de empleo, podrían ser mejor adiestrados para sus labores -particularmente en relación con la policía- y deberían trabajar entregando boletas.
Sin embargo, persiste un problema adicional: los acomodadores oficiales a menudo no entregan boleta y se guardan el dinero en sus bolsillos. Las municipalidades pierden con esta práctica millones de pesos al día. Antes de destinar recursos a un control más eficiente de estas prácticas, quizás se pueda contemplar fijar un ingreso promedio que deban entregar por períodos, so pena de cancelar su licencia. Es un poco bobo que las autoridades municipales no quieran saber cuánto dinero se recauda en promedio en las calles de su ciudad. Estableciendo ese promedio, sería más fácil negociar e impedir los abusos y las prácticas ilegales.
En muchos casos, la práctica de no entregar la boleta la solicita el propio conductor, que quiere así evitar pagar el monto total del tiempo tarifado. Será difícil poner fin a esta práctica, pero debe ser combatida tenazmente. Al exigir pagar menos, el conductor humilla al acomodador y lo rebaja en su condición de trabajador, devolviéndolo a la condición de miserable que depende de su propina y su buena voluntad.
Pagando la tarifa oficial y exigiendo la boleta, la relación entre cuidador o acomodador y usuario se convierte en una relación formal de trabajo o servicio donde la idea de pagar mediante una dádiva realmente está fuera de lugar. En estos casos, también podría el acomodador -que corre el riesgo de perder su empleo si accede- apuntar la matrícula del coche y denunciar el caso a las autoridades. El delito se soborno felizmente existe en nuestro país; por su conducta frente al intento de soborno son nuestros carabineros famosos en el mundo. ¿Por qué no extender la práctica a los acomodadores?
Con los cuidadores oficiales ciertamente disminuiría el robo de vehículos que, aunque no alcanza todavía los niveles de epidemia que en otros países, es cada vez más frecuente.
Una fuente sobre el tema, aquí .
[mérici]
Pero la legalización de estos trabajadores no ha significado el fin de los problemas que se asociaban originalmente con sus actividades ilegales. En torno a los empleados reconocidos -que usan uniforme- se han formado mafias que muy frecuentemente trabajan junto con los empleados oficiales. En muchos casos, después del horario oficial -normalmente después de las nueve de la noche- aparecen nutridos grupos de falsos acomodadores que llegan a operar, en las calles de Viña, incluso hasta las tres de la mañana. Estos acomodadores ilegales pueden romper o dañar los coches si no se les paga, aunque no es tan frecuente que ocurra como se supone.
También los fines de semana -o el domingo-, que es un día de estacionamiento libre, aparecen estas mafias.
Pese a la irritación que ocasionan, sin embargo, creo que la mejor estrategia sería legalizar u oficializar estos nuevos oficios. No sólo se integraría un numeroso grupo a la economía formal, sino además los fondos que fluirían hacia las municipalidades se podrían también utilizar para mantener en funcionamiento el sistema.
La verdad es que los servicios que prestan son útiles. Es común ver en las calles, dentro o fuera de horario, a personas que se dedican al lavado de coches. Pero su principal función es la protección de los vehículos: impedir que sean robados, o impedir que se sustraigan objetos desde su interior, o que borrachos o vándalos o jóvenes parranderos los dañen y estropeen.
Esta es una función útil y que debe ser sometida a reglas. Normalmente los ‘falsos acomodadores' (los que aparecen después de horarios y los domingos) no explicitan a los conductores cuál es exactamente su servicio. Y muchos conductores reaccionan pues enfadados cuando se acercan estos acomodadores por su paga. Es verdad que el ‘falso acomodador' no explicita su trabajo porque teme ser rechazado y también porque tiene la esperanza de que el usuario no se entere realmente de que es ilegal. Pero esta es una estrategia que finalmente es contraproducente.
Si el acomodador preguntase claramente si el conductor desea que su vehículo sea protegido, habría un acuerdo explícito que puede ser sometido a reglas, y en primer lugar a una tarifa. Y por ese servicio el acomodador, además, debería entregar una boleta.
Al mismo tiempo, en cualquier caso de robo de vehículo, o sustracción de objetos desde el interior, o destrozos, el conductor perjudicado y las autoridades sabrían quién es responsable y podrían consecuentemente exigir por vía administrativa o judicial las reparaciones correspondientes. En este esquema, los acomodadores se lo pensarían dos veces antes de hacer algo ilegal o de permitir algún acto ilegal, por la simple razón de que serían responsables de lo que ocurre en sus calles. Y, además, podrían quedarse sin pan ni pedazo.
Esta función de protección es, sin lugar a dudas, necesaria. Conviene a los conductores y conviene también a las ciudades, que podrían así incorporar a más gente pobre a la economía formal y ayudarles a salir de la miseria.
Además, muchos cuidadores son personas que difícilmente podrían funcionar en otras áreas normales de la economía o incluso de la sociedad. No es mala idea tenderles una mano. Muchos de ellos, como decimos, vienen de vuelta. Muchos ex presidiarios podrían encontrar en estos nuevos oficios una función útil que les permitiría reinsertarse.
Mi propuesta sería pues legalizar a los cuidadores de autos. Se los podría incorporar a algún servicio municipal o a algún plan de empleo, podrían ser mejor adiestrados para sus labores -particularmente en relación con la policía- y deberían trabajar entregando boletas.
Sin embargo, persiste un problema adicional: los acomodadores oficiales a menudo no entregan boleta y se guardan el dinero en sus bolsillos. Las municipalidades pierden con esta práctica millones de pesos al día. Antes de destinar recursos a un control más eficiente de estas prácticas, quizás se pueda contemplar fijar un ingreso promedio que deban entregar por períodos, so pena de cancelar su licencia. Es un poco bobo que las autoridades municipales no quieran saber cuánto dinero se recauda en promedio en las calles de su ciudad. Estableciendo ese promedio, sería más fácil negociar e impedir los abusos y las prácticas ilegales.
En muchos casos, la práctica de no entregar la boleta la solicita el propio conductor, que quiere así evitar pagar el monto total del tiempo tarifado. Será difícil poner fin a esta práctica, pero debe ser combatida tenazmente. Al exigir pagar menos, el conductor humilla al acomodador y lo rebaja en su condición de trabajador, devolviéndolo a la condición de miserable que depende de su propina y su buena voluntad.
Pagando la tarifa oficial y exigiendo la boleta, la relación entre cuidador o acomodador y usuario se convierte en una relación formal de trabajo o servicio donde la idea de pagar mediante una dádiva realmente está fuera de lugar. En estos casos, también podría el acomodador -que corre el riesgo de perder su empleo si accede- apuntar la matrícula del coche y denunciar el caso a las autoridades. El delito se soborno felizmente existe en nuestro país; por su conducta frente al intento de soborno son nuestros carabineros famosos en el mundo. ¿Por qué no extender la práctica a los acomodadores?
Con los cuidadores oficiales ciertamente disminuiría el robo de vehículos que, aunque no alcanza todavía los niveles de epidemia que en otros países, es cada vez más frecuente.
Una fuente sobre el tema, aquí .
[mérici]
0 comentarios