chile tendrá prensa independiente
[Boris Bezama] Fallo adverso al Estado de Chile permitirá financiar el mítico diario. La inminente reaparición de ‘Clarín'.
Santiago, Chile. Todas las luces están encendidas. En cuestión de meses se daría a conocer el dictamen del tribunal del Ciadi que obligará al Estado de Chile a pagar parte de los 515 millones de dólares por los que Víctor Pey está demandando, junto a la Fundación Española Presidente Allende, por la expropiación del matutino en 1973.
La última vez que se le vio en público fue en los funerales de la autora de ‘Los zarpazos del Puma', Patricia Verdugo. Compungido, Víctor Pey el hombre que llegó a Chile en 1939 a bordo del ‘Winnipeg', cuando apenas tenía 25 años quiso despedir a la Premio Nacional de Periodismo, su gran amiga y por la que sentía gran admiración profesional. Y aunque ese martes 15 de enero estuvo rodeado de muchos periodistas que se hicieron presentes en la parroquia San José Patrono de La Reina, a ninguno le transmitió ni una sola palabra del optimismo que lo embarga frente al inminente dictamen de un tribunal internacional que obligará al Estado de Chile a devolver parte de los 515 millones de dólares por la restitución de los bienes confiscados al diario ‘Clarín' en 1973.
El mutismo de Pey frente a este tema que ha tenido a los gobiernos de la Concertación en la encrucijada de acoger una demanda que para los sectores de izquierda es legítima, pero que significará un gran desembolso de dinero por la expropiación indebida realizada en la dictadura de Pinochet se extiende en España al abogado Joan Garcés quien es su representante legal y de la Fundación española Presidente Allende, y a la que Pey cedió el 90% de sus derechos en las empresas confiscadas.
Al parecer, el fallo está a punto de hacerse público. Sería el fin de un pleito que ha durado más de diez años, a cargo en estos momentos del profesor suizo Pierre Lalive, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) organismo dependiente del Banco Mundial , y que ha significado gastos por cerca de cinco millones de dólares para las partes.
Todos quienes conocen el caso aseguran que será muy difícil que Lalive quien ya falló en contra del Estado de Chile en 2005 vaya a modificar el criterio establecido en el borrador de la sentencia en la que acogió la admisibilidad de la demanda.
Además, el 3 de octubre de 2007, el tribunal del Ciadi pidió a las partes informar de sus gastos en abogados, y les dio un plazo de cinco semanas para el trámite correspondiente, con lo que envió una potente señal de que todo el proceso estaría concluido y no habría espacio para nuevas diligencias.
Pero la mayor preocupación de La Moneda se debe a que, en noviembre de 2007, el tribunal dio a conocer a las partes un borrador del fallo en el que la sentencia preliminar era adversa para Chile. De ahí entonces que el gobierno esté alerta frente al impacto político que traería consigo un dictamen adverso, y solicitó la asesoría comunicacional del ex ministro y actual presidente de Imaginaccion Consultores, Enrique Correa. El cientista social, quien llegó la semana pasada de Bolivia donde se encargó de preparar la visita a ese país del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, acudió a La Moneda el jueves pasado para entrevistarse con su amigo el ministro José Antonio Viera-Gallo, con quien habría abordado este tema.
Adversario de la Concertación
El plan diseñado por La Moneda se centrará en transmitir a la opinión pública que los gobiernos de la Concertación han hecho una defensa profesional y esmerada para evitar pagar nuevamente por un caso que considera resuelto desde 2000; que Joan Garcés ha sido siempre crítico de las cuatro administraciones, por lo que mal podría haber complicidad con la contraparte para cancelar la abultada indemnización por los bienes confiscados y el lucro cesante (las ganancias que se podrían haber obtenido si hubiese seguido funcionando el diario), que será uno de los argumentos que utilizará la derecha para atacar la gestión gubernamental.
Sin embargo, no se descarta que, una vez que el fallo se haga público, sectores de la izquierda concertacionista aplaudan el dictamen, lo que la oposición podría usar para tratar de probar cierta concomitancia entre el gobierno y Pey.
Para ello, sin embargo, La Moneda cuenta con un as que será difícil de neutralizar. Desde hace cinco años, el coordinador de la defensa del Estado frente al Ciadi ha sido el abogado Jorge Carey, socio principal de uno de los principales estudios jurídicos del país e integrante, además, de la comisión política de Renovación Nacional. Fue el ex Presidente Ricardo Lagos quien le solicitó que se hiciera cargo de esa difícil misión, algo que Carey aceptó con gusto y ha realizado el trabajo ad honorem . Y hoy, pese a que reconoce que es difícil que el Estado de Chile gane, no pierde las esperanzas.
Su estrategia, en caso de confirmarse el fallo adverso, será presentar un recurso de nulidad ante el tribunal internacional, lo que permitiría extender la tramitación del caso a lo menos dos años más. Para eso advierte un cercano al abogado, Carey primero debe revisar en profundidad el dictamen. Lo que nunca se le ha pasado por la mente ni a él ni al gobierno, aseguran, es que Chile no acate la resolución, pues el país es signatario del Ciadi y dicha actitud, que significaría ponerse al margen de las leyes internacionales, dañaría severamente la confianza-país.
Según sus cercanos, el abogado sabe que si el fallo es adverso surgirá un vendaval de críticas desde la derecha, y se le criticará el que, por el hecho de no haber recibido honorarios, la energía puesta en este caso no habría sido la suficiente. Cree también que los cuestionamientos vendrían principalmente de la Democracia Cristiana, donde consideran que la inyección financiera que permitiría el relanzamiento de ‘Clarín' sería, a la vez, una inyección de recursos a personajes más afines a la izquierda de la Concertación.
Tenemos un Plan
Hasta ahora no está claro quién en el gobierno se hará cargo de enfrentar públicamente el dictamen y responder a los cuestionamientos de la derecha si éste es adverso. Si bien hasta el año pasado fue el ex ministro de Economía Alejandro Ferreiro quien ofició de portavoz oficial en este caso, hoy ello aún no está resuelto, aunque lo más probable es que sea el propio ministro Francisco Vidal quien tome las riendas del asunto. La actuación de Ferreiro, quien varias veces dijo públicamente que no estaba "en nuestra disposición negociar", fue bien evaluada.
El ex ministro también dejó sentada una especie de doctrina oficial respecto al desenlace del pleito, señalando que "si Chile llegara a perder este caso no va a ser ni por falta de razones en derecho ni por falta de defensa adecuada, sino porque prevalecieron consideraciones de tipo político por sobre las estrictamente jurídicas que debieran presidir cualquier decisión de un tribunal en derecho".
Las consideraciones a las que hacía mención Ferreiro se refieren, según la opinión de la defensa del Estado de Chile, a la solidaridad internacional que despierta en el tribunal Joan Garcés. El abogado y amigo de Salvador Allende tiene un alto prestigio internacional como defensor de los derechos humanos, especialmente luego de que logró detener a Augusto Pinochet en Londres y después consiguió un acuerdo con el Riggs Bank, que pagó nueve millones de dólares a cambio de que Garcés retirara la querella que había interpuesto en España en contra de esa institución financiera, acusándola de haber escondido los bienes de Pinochet de la investigación instruida por el juez Baltasar Garzón durante la detención del ex dictador en Londres.
Tales antecedentes habrían influido especialmente en uno de los integrantes del panel de jueces, el abogado argelino Mohammed Chemloul, quien sería un acérrimo antipinochetista y cuyo país tuvo vínculos históricos con los perseguidos con la dictadura militar.
Por todo aquello, para el nuevo ministro de Economía, Hugo Lavados, el escenario de un dictamen adverso a Chile está considerado dentro de las alternativas. Y aunque sólo dijo que "nos vamos a preocupar del tema cuando ocurra", también admitió que el gobierno ya tenía un plan en caso de que el fallo sea desfavorable. "Pero ése se conocerá en su momento", afirmó.
Compromiso de Pey
Luego de varios intentos por entrevistar al hombre que podría materializar el sueño de lanzar en el mercado un diario independiente, Víctor Pey accedió a hablar con LND. Dejó en claro que está ahora en un período de silencio y que sus abogados le han recomendado a él y a Joan Garcés no hacer declaraciones que pudieran influir en la decisión final del tribunal del Ciadi.
Pero está claro que el amigo personal del Presidente Allende respira optimismo y por ello accedió a reiterar su decisión de que sacará nuevamente a circulación el mítico matutino, que en sus tiempos de gloria ó a vender más de 200 ejemplares al día. "Le reitero mi compromiso de reeditar Clarín ", dijo.
Con esta luz verde, el relanzamiento de ‘Clarín' parece ser más que un sueño o una idea sin fundamentos. Queda ver si la apuesta de Pey podrá revolucionar el mercado de los medios escritos, como lo hizo su antecesor, o será solamente una nueva aventura que se sumará a otras que han quedado en el camino, fundamentalmente por sus fallas de gestión. Con todo, la pregunta ahora es definir quiénes se harán cargo del proyecto, tanto en lo administrativo como en lo periodístico. Porque, aunque Pey no haya querido referirse al tema, el próximo director de ‘Clarín' podría haber estado junto a él en los funerales de Patricia Verdugo.
Cronología
1972: Víctor Pey asegura haber comprado acciones de CPP (Consorcio Publicitario y Periodístico S.A.) a Darío Sainte-Marie por un 1,28 millones de dólares. La transacción se habría realizado en septiembre del 72, cuando ambos se reunieron en Suiza. El vendedor entregó las acciones y los traspasos firmados en blanco.
-1973 (11 de septiembre): Confiscación física por las Fuerzas Armadas de las acciones de CPP S.A. y de otros bienes muebles e inmuebles.
-1990: Joan Garcés y Víctor Pey crean la Fundación Presidente Allende en Madrid. Pey dona el 90% de su patrimonio de ‘Clarín' a la fundación, conviniendo que reeditarán el diario.
-1995 (29 de mayo): El 8º Juzgado del Crimen de Santiago acoge la petición de Pey, en la que solicita la devolución de las 40 mil acciones confiscadas el 11 de septiembre del 73, amparándose en la calidad de poseedor de ellas al momento de ser éstas confiscadas.
-1995 (6 de septiembre): Requerimiento notarial de Víctor Pey al Presidente Eduardo Frei pidiendo la restitución de los bienes confiscados.
-1997 (3 de noviembre): Víctor Pey y Fundación Presidente Allende interponen solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
-2000 (28 de abril): La División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales notifica que se pagarán nueve millones de dólares a los dueños del diario ‘Clarín'. Los nombres de los beneficiados se extraen de una ficha estadística en la Superintendencia de Compañías de Seguros, en la que figuran Emilio González, Jorge Venegas, Ramón Carrasco, ex abogado de ‘Clarín', y los hijos de Sainte-Marie, como dueños del total accionario de la empresa.
-2001 (5 de marzo): El tribunal del Ciadi, presidido por el ex canciller de Brasil Francisco Rezek, resolvió por dos votos contra uno que el tribunal era incompetente para zanjar esta diferencia, dando la razón a Chile.
-2001 (10 de marzo): La contraparte de Chile solicitó la renuncia del presidente del tribunal porque de lo contrario lo recusaría. Rezek presentó su renuncia indeclinable al cargo.
El tribunal queda descabezado y se impide firmar acuerdo. El nuevo presidente del tribunal, el suizo Pierre Lalive, resolvió no certificar el estado del proceso arbitral en el momento en que él asumía su cargo, como lo exigía Chile insistentemente.
-2002: Ricardo Lagos puso a la cabeza del staff de abogados a Jorge Carey. Con ello se buscó aplacar las acusaciones de que el gobierno estaría por entregarle las platas a Pey para hacer el ‘Clarín'.
-Agosto de 2006: La Moneda presenta la recusación en contra de los magistrados del tribunal y el proceso es suspendido. El juez escogido por el gobierno para integrar el tribunal, el ex canciller ecuatoriano Galo Leoro, presenta su renuncia por haber perdido la confianza de las partes.
-Noviembre de 2007: El tribunal da a conocer un borrador de fallo en el que la sentencia preliminar era adversa a Chile.
Santiago, Chile. Todas las luces están encendidas. En cuestión de meses se daría a conocer el dictamen del tribunal del Ciadi que obligará al Estado de Chile a pagar parte de los 515 millones de dólares por los que Víctor Pey está demandando, junto a la Fundación Española Presidente Allende, por la expropiación del matutino en 1973.La última vez que se le vio en público fue en los funerales de la autora de ‘Los zarpazos del Puma', Patricia Verdugo. Compungido, Víctor Pey el hombre que llegó a Chile en 1939 a bordo del ‘Winnipeg', cuando apenas tenía 25 años quiso despedir a la Premio Nacional de Periodismo, su gran amiga y por la que sentía gran admiración profesional. Y aunque ese martes 15 de enero estuvo rodeado de muchos periodistas que se hicieron presentes en la parroquia San José Patrono de La Reina, a ninguno le transmitió ni una sola palabra del optimismo que lo embarga frente al inminente dictamen de un tribunal internacional que obligará al Estado de Chile a devolver parte de los 515 millones de dólares por la restitución de los bienes confiscados al diario ‘Clarín' en 1973.
El mutismo de Pey frente a este tema que ha tenido a los gobiernos de la Concertación en la encrucijada de acoger una demanda que para los sectores de izquierda es legítima, pero que significará un gran desembolso de dinero por la expropiación indebida realizada en la dictadura de Pinochet se extiende en España al abogado Joan Garcés quien es su representante legal y de la Fundación española Presidente Allende, y a la que Pey cedió el 90% de sus derechos en las empresas confiscadas.
Al parecer, el fallo está a punto de hacerse público. Sería el fin de un pleito que ha durado más de diez años, a cargo en estos momentos del profesor suizo Pierre Lalive, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) organismo dependiente del Banco Mundial , y que ha significado gastos por cerca de cinco millones de dólares para las partes.
Todos quienes conocen el caso aseguran que será muy difícil que Lalive quien ya falló en contra del Estado de Chile en 2005 vaya a modificar el criterio establecido en el borrador de la sentencia en la que acogió la admisibilidad de la demanda.
Además, el 3 de octubre de 2007, el tribunal del Ciadi pidió a las partes informar de sus gastos en abogados, y les dio un plazo de cinco semanas para el trámite correspondiente, con lo que envió una potente señal de que todo el proceso estaría concluido y no habría espacio para nuevas diligencias.
Pero la mayor preocupación de La Moneda se debe a que, en noviembre de 2007, el tribunal dio a conocer a las partes un borrador del fallo en el que la sentencia preliminar era adversa para Chile. De ahí entonces que el gobierno esté alerta frente al impacto político que traería consigo un dictamen adverso, y solicitó la asesoría comunicacional del ex ministro y actual presidente de Imaginaccion Consultores, Enrique Correa. El cientista social, quien llegó la semana pasada de Bolivia donde se encargó de preparar la visita a ese país del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, acudió a La Moneda el jueves pasado para entrevistarse con su amigo el ministro José Antonio Viera-Gallo, con quien habría abordado este tema.
Adversario de la Concertación
El plan diseñado por La Moneda se centrará en transmitir a la opinión pública que los gobiernos de la Concertación han hecho una defensa profesional y esmerada para evitar pagar nuevamente por un caso que considera resuelto desde 2000; que Joan Garcés ha sido siempre crítico de las cuatro administraciones, por lo que mal podría haber complicidad con la contraparte para cancelar la abultada indemnización por los bienes confiscados y el lucro cesante (las ganancias que se podrían haber obtenido si hubiese seguido funcionando el diario), que será uno de los argumentos que utilizará la derecha para atacar la gestión gubernamental.
Sin embargo, no se descarta que, una vez que el fallo se haga público, sectores de la izquierda concertacionista aplaudan el dictamen, lo que la oposición podría usar para tratar de probar cierta concomitancia entre el gobierno y Pey.
Para ello, sin embargo, La Moneda cuenta con un as que será difícil de neutralizar. Desde hace cinco años, el coordinador de la defensa del Estado frente al Ciadi ha sido el abogado Jorge Carey, socio principal de uno de los principales estudios jurídicos del país e integrante, además, de la comisión política de Renovación Nacional. Fue el ex Presidente Ricardo Lagos quien le solicitó que se hiciera cargo de esa difícil misión, algo que Carey aceptó con gusto y ha realizado el trabajo ad honorem . Y hoy, pese a que reconoce que es difícil que el Estado de Chile gane, no pierde las esperanzas.
Su estrategia, en caso de confirmarse el fallo adverso, será presentar un recurso de nulidad ante el tribunal internacional, lo que permitiría extender la tramitación del caso a lo menos dos años más. Para eso advierte un cercano al abogado, Carey primero debe revisar en profundidad el dictamen. Lo que nunca se le ha pasado por la mente ni a él ni al gobierno, aseguran, es que Chile no acate la resolución, pues el país es signatario del Ciadi y dicha actitud, que significaría ponerse al margen de las leyes internacionales, dañaría severamente la confianza-país.
Según sus cercanos, el abogado sabe que si el fallo es adverso surgirá un vendaval de críticas desde la derecha, y se le criticará el que, por el hecho de no haber recibido honorarios, la energía puesta en este caso no habría sido la suficiente. Cree también que los cuestionamientos vendrían principalmente de la Democracia Cristiana, donde consideran que la inyección financiera que permitiría el relanzamiento de ‘Clarín' sería, a la vez, una inyección de recursos a personajes más afines a la izquierda de la Concertación.
Tenemos un Plan
Hasta ahora no está claro quién en el gobierno se hará cargo de enfrentar públicamente el dictamen y responder a los cuestionamientos de la derecha si éste es adverso. Si bien hasta el año pasado fue el ex ministro de Economía Alejandro Ferreiro quien ofició de portavoz oficial en este caso, hoy ello aún no está resuelto, aunque lo más probable es que sea el propio ministro Francisco Vidal quien tome las riendas del asunto. La actuación de Ferreiro, quien varias veces dijo públicamente que no estaba "en nuestra disposición negociar", fue bien evaluada.
El ex ministro también dejó sentada una especie de doctrina oficial respecto al desenlace del pleito, señalando que "si Chile llegara a perder este caso no va a ser ni por falta de razones en derecho ni por falta de defensa adecuada, sino porque prevalecieron consideraciones de tipo político por sobre las estrictamente jurídicas que debieran presidir cualquier decisión de un tribunal en derecho".
Las consideraciones a las que hacía mención Ferreiro se refieren, según la opinión de la defensa del Estado de Chile, a la solidaridad internacional que despierta en el tribunal Joan Garcés. El abogado y amigo de Salvador Allende tiene un alto prestigio internacional como defensor de los derechos humanos, especialmente luego de que logró detener a Augusto Pinochet en Londres y después consiguió un acuerdo con el Riggs Bank, que pagó nueve millones de dólares a cambio de que Garcés retirara la querella que había interpuesto en España en contra de esa institución financiera, acusándola de haber escondido los bienes de Pinochet de la investigación instruida por el juez Baltasar Garzón durante la detención del ex dictador en Londres.
Tales antecedentes habrían influido especialmente en uno de los integrantes del panel de jueces, el abogado argelino Mohammed Chemloul, quien sería un acérrimo antipinochetista y cuyo país tuvo vínculos históricos con los perseguidos con la dictadura militar.
Por todo aquello, para el nuevo ministro de Economía, Hugo Lavados, el escenario de un dictamen adverso a Chile está considerado dentro de las alternativas. Y aunque sólo dijo que "nos vamos a preocupar del tema cuando ocurra", también admitió que el gobierno ya tenía un plan en caso de que el fallo sea desfavorable. "Pero ése se conocerá en su momento", afirmó.
Compromiso de PeyLuego de varios intentos por entrevistar al hombre que podría materializar el sueño de lanzar en el mercado un diario independiente, Víctor Pey accedió a hablar con LND. Dejó en claro que está ahora en un período de silencio y que sus abogados le han recomendado a él y a Joan Garcés no hacer declaraciones que pudieran influir en la decisión final del tribunal del Ciadi.
Pero está claro que el amigo personal del Presidente Allende respira optimismo y por ello accedió a reiterar su decisión de que sacará nuevamente a circulación el mítico matutino, que en sus tiempos de gloria ó a vender más de 200 ejemplares al día. "Le reitero mi compromiso de reeditar Clarín ", dijo.
Con esta luz verde, el relanzamiento de ‘Clarín' parece ser más que un sueño o una idea sin fundamentos. Queda ver si la apuesta de Pey podrá revolucionar el mercado de los medios escritos, como lo hizo su antecesor, o será solamente una nueva aventura que se sumará a otras que han quedado en el camino, fundamentalmente por sus fallas de gestión. Con todo, la pregunta ahora es definir quiénes se harán cargo del proyecto, tanto en lo administrativo como en lo periodístico. Porque, aunque Pey no haya querido referirse al tema, el próximo director de ‘Clarín' podría haber estado junto a él en los funerales de Patricia Verdugo.
Cronología
1972: Víctor Pey asegura haber comprado acciones de CPP (Consorcio Publicitario y Periodístico S.A.) a Darío Sainte-Marie por un 1,28 millones de dólares. La transacción se habría realizado en septiembre del 72, cuando ambos se reunieron en Suiza. El vendedor entregó las acciones y los traspasos firmados en blanco.
-1973 (11 de septiembre): Confiscación física por las Fuerzas Armadas de las acciones de CPP S.A. y de otros bienes muebles e inmuebles.
-1990: Joan Garcés y Víctor Pey crean la Fundación Presidente Allende en Madrid. Pey dona el 90% de su patrimonio de ‘Clarín' a la fundación, conviniendo que reeditarán el diario.
-1995 (29 de mayo): El 8º Juzgado del Crimen de Santiago acoge la petición de Pey, en la que solicita la devolución de las 40 mil acciones confiscadas el 11 de septiembre del 73, amparándose en la calidad de poseedor de ellas al momento de ser éstas confiscadas.
-1995 (6 de septiembre): Requerimiento notarial de Víctor Pey al Presidente Eduardo Frei pidiendo la restitución de los bienes confiscados.
-1997 (3 de noviembre): Víctor Pey y Fundación Presidente Allende interponen solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
-2000 (28 de abril): La División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales notifica que se pagarán nueve millones de dólares a los dueños del diario ‘Clarín'. Los nombres de los beneficiados se extraen de una ficha estadística en la Superintendencia de Compañías de Seguros, en la que figuran Emilio González, Jorge Venegas, Ramón Carrasco, ex abogado de ‘Clarín', y los hijos de Sainte-Marie, como dueños del total accionario de la empresa.
-2001 (5 de marzo): El tribunal del Ciadi, presidido por el ex canciller de Brasil Francisco Rezek, resolvió por dos votos contra uno que el tribunal era incompetente para zanjar esta diferencia, dando la razón a Chile.
-2001 (10 de marzo): La contraparte de Chile solicitó la renuncia del presidente del tribunal porque de lo contrario lo recusaría. Rezek presentó su renuncia indeclinable al cargo.
El tribunal queda descabezado y se impide firmar acuerdo. El nuevo presidente del tribunal, el suizo Pierre Lalive, resolvió no certificar el estado del proceso arbitral en el momento en que él asumía su cargo, como lo exigía Chile insistentemente.
-2002: Ricardo Lagos puso a la cabeza del staff de abogados a Jorge Carey. Con ello se buscó aplacar las acusaciones de que el gobierno estaría por entregarle las platas a Pey para hacer el ‘Clarín'.
-Agosto de 2006: La Moneda presenta la recusación en contra de los magistrados del tribunal y el proceso es suspendido. El juez escogido por el gobierno para integrar el tribunal, el ex canciller ecuatoriano Galo Leoro, presenta su renuncia por haber perdido la confianza de las partes.
-Noviembre de 2007: El tribunal da a conocer un borrador de fallo en el que la sentencia preliminar era adversa a Chile.
27 de enero de 2008
©la nación 
0 comentarios