las otras víctimas
columna de mérici
La ministra María Estela Elgarrista, que lleva la causa, ha mencionado unos veinte casos. Los autores han de buscarse en Carabineros, en la época, y el Regimiento de Infantería de San Bernardo (La Nación).
El comentario más extenso del día siguiente, el diez de abril, califica el caso como "inédito" (La Nación).
Parece ser la primera pesquisa de este tipo, con víctimas no políticas de la dictadura, aunque todos deberíamos saber que las hubo, y muchas. Yo conozco dos casos de personas cuyo asesinato hizo estremecer a los vecinos de dos barrios. El lustrabotas lisiado que trabajaba en la esquina de Irarrázaval con Vicuña Mackenna, en Santiago, fue encontrado muerto, por bala, en su esquina. La sospecha extendida entonces en el barrio era que lo habían matado justamente por su invalidez. Otra lustrabotas lisiado de los alrededores de Echaurren sufrió el mismo destino. También creían los vecinos que fue asesinado debido a su incapacidad.
Es posible. En estos regímenes que celebran la fuerza bruta, habitualmente se castiga y persigue hasta su exterminio a todos los que se desvían de una norma, sea en el terreno de la orientación sexual como en el de la fisionomía, las moralidades, las ideologías políticas, la clase social, la ropa e incluso la anatomía.
Hay muchos que no aceptan la idea de que la dictadura chilena fue una dictadura de clase, que es lo que en realidad fue. Prueba de ello son las innumerables víctimas que fueron torturadas y asesinadas salvajemente por el mero hecho de ser pobres, andar andrajosas, tener pelo o cara de indio o vivir en un campamento. Hay ciertas cosas que los chilenos todavía no se atreven a recordar. Ni a formular.
Con que fue una dictadura de clase se quiere entender también que consideraba sus enemigos a todos los chilenos, ya que la mayoría de estos, que habían elegido al presidente socialista, pertenecían, y pertenecen, justamente a las clases que consideraba malas -las populosas clases medias y bajas.
La violencia que ejerció la dictadura, la ejerció contra todos los chilenos, de diferentes maneras y en diferente ámbitos. En los primeros días del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, aparecieron en las calles de Chile decenas de cadáveres, ejecutados por las tropas renegadas. Algunos de ellos eran militantes de izquierdas. No sabemos mucho sobre esos casos. Ni por qué los cabecillas militares habrían dado esas órdenes. Se puede suponer que querían impresionar y aterrorizar a los ciudadanos dejando las calles sembradas de cadáveres. Estaban diciendo, en realidad, que estaban eliminando a los enemigos, y al mismo tiempo demostrándonos qué ocurría a los que tenían la mala fortuna de ser considerados sus enemigos. Era una amenaza. Así se explicarían muchos de esos crímenes de ciudadanos no conocidos por sus actividades políticas.
Las fuerzas armadas necesitaban muertos en las calles y los iban a colocar ahí costara lo que costara. Tenían que engañar y convencer a los chilenos, y sobre todo al mundo, que aquí había efectivamente una guerra.
La jefatura militar, de admitida simpatía por los nazis, probablemente ordenó fusilar a homosexuales, inválidos, personas con el síndrome de Down, extranjeros considerados inferiores y judíos -para nombrar sólo algunas de las categorías de personas más odiadas por la extrema derecha.
Mataban dos pájaros de un tiro: mostraban una abundancia de enemigos muertos, lo que probaba a su vez la ferocidad de los combates imaginarios, y por tanto, la urgencia de su intervención salvadora, y, luego, se deshacían de los ciudadanos que entorpecían el camino de las clases ricas y el paisaje social y humano en el que estas querían dirigir el destino de Chile.
Hay al menos dos otros casos conocidos de personas que fueron fusiladas o torturadas independientemente de su ideología o preferencias políticas. El primero es el caso de los fusilados del Puente Bulnes. Un grupo de feriantes de Puente Alto se había reunido en una quinta para reunir fondos y sepultar a uno de ellos, Carlos Duque Duque, que había sido detenido y ejecutado el primer día de la sublevación militar.
El 13 de octubre Carabineros irrumpió en la quinta, deteniéndolos y conduciéndolos a la 4a Comisaría de Santiago. Algunos fueron liberados. Los otros -quince, en total- fueron trasladados al Puente Bulnes, sobre el Mapocho, en Santiago, que entonces estaba siendo utilizado como paredón. Según se desprende del relato del único sobreviviente, Luis Abraham González Plaza, no fueron interrogados. Pero sí vejados y torturados.
El relato de González Plaza es escalofriante. En la morgue, "los tenían en fila", escribe, "todos los cuerpos abiertos. Había niños, mujeres, ancianos. Al fondo, un alto de ataúdes. Junto a Luis Verdejo estaba el cuerpo de la niña embarazada [que fue violada por carabineros en múltiples ocasiones antes de su ejecución], Leonilda Díaz. Tenía el vientre abierto y su guagua estaba al lado, todavía con el cordón umbilical. La criatura también tenía heridas de balas".
González Plaza cuenta también que cuando fue atendido en un hospital, días después de su milagrosa supervivencia y fuga de la masacre del Puente Bulnes, el médico que lo atendió le contó que los carabineros "me querían poner una inyección pero que él lo impidió". Se refiere a una inyección eutanásica.
Los feriantes se habían reunido para recolectar fondos para el funeral y sepultura de un colega que había sido detenido y ejecutado el 11 de septiembre. Pero no se puede deducir de esto que los que se encontraban ese día en la quinta fuesen partidarios del gobierno socialista. Tal como estaban las cosas entonces, probablemente la mitad de ellos favorecía la intervención militar.
Probablemente la muerte de los feriantes de Puente Alto era necesaria, según los militares, para sembrar el terror en la población; la mera mención de esta táctica deja en claro que las fuerzas armadas veían entonces a todos los chilenos, o la mayoría de los chilenos, como enemigos, a quienes culpaban de que las clases altas estuviesen perdiendo sus privilegios sociales, políticos y económicos. Los chilenos debían ser castigados.
También lo exigían el presidente Nixon y su ministro de Exteriores, Henry Kissinger, que pese al acuerdo con la democracia cristiana, ya habían decidido que la dictadura chilena sería larga. Si faltaban muertos de izquierda, pues otros también servían a la causa. Como hacen hoy los militares del presidente Uribe, de Colombia, a los civiles asesinados se los convertía en terroristas muertos en combate.
El segundo caso de violencias policiales ejercidas contra la población en general tomó lugar en 1974 y 1975. Los generales renegados idearon un plan que se aplicó en todo el país, que consistía en torturar a personas detenidas durante el toque de queda para un presunto control de identidad y acusándolas luego de las cosas más inverosímiles y absurdas. Detenidas a partir del toque de queda, tras ser torturadas esas personas eran dejadas en libertad, sin explicación, sin cargos, pero con vida. Se dictaron cuotas que debían alcanzar las guarniciones de las diferentes ciudades del país, siguiendo la práctica de Stalin. Si no bastaba con los infractores del toque de queda, se hacían allanamientos de poblaciones, deteniendo a hombres hasta cumplir con la cuota.
Se calcula que fueron torturadas así entre ciento cincuenta mil y doscientos mil personas. Nuevamente, sin ser sometidas a interrogatorios políticos ni remotamente justificados, estas personas no eran únicamente partidarias del gobierno socialista. Podían ser incluso, y muchas probablemente lo eran, partidarias de la dictadura.
¿Qué quiere decir que las fuerzas armadas quisieran castigar a los chilenos e infundir terror en la población mediante ejecuciones y torturas repartidas arbitrariamente? La respuesta habitual es, naturalmente, atemorizar a la población. A la población en general, para contenerla en las poblaciones y en sus lugares de trabajo. Se perseguía a políticos con nombre y apellido, pero sobre todo a la gran masa anónima de pobres del campo y la ciudad que habían soñado con la idea de un Chile diferente. Se buscó eliminar a los dirigentes sindicales y sociales que habían adoptado la causa socialista.
Es quizás el carácter de clase de la dictadura lo que permitiría luego que algunos prohombres que se opusieron a Pinochet sellaran acuerdos con los militares para la actual transición hacia el tipo de democracia autocrática que sufrimos hoy. Pareciera que algunos pecadillos de familia son posibles de olvidar y hasta de perdonar, cuando se pertenece a las familias correctas. Y la democracia cocinada de Chile es probablemente fruto de esas obscenidades sociológicas.
Las clases altas chilenas tienen una sola ideología, que es la defensa de su codicia. La adopción de una estrategia aparentemente irracional se ajustaba bien en sus planes de terror. No importaba que grandes grupos de las clases trabajadoras apoyaran la dictadura, o fuesen de derechas. Para las clases ricas es irrelevante, o simplemente improcedente, que gente de origen humilde sea de derechas. Lo que pasa como ideología de derechas es simplemente el barniz con que se cubre la apología del robo y la codicia. Las clases trabajadoras son, para esa ideología, por definición, enemigas del capital que las somete y explota y mata. Para los ricos es incomprensible que haya pobres derechistas. No se iban pues a fijar en detalles. Había que castigar a todos los chilenos. Había que demostrarles que las cosas volverían a su esquema habitual y que en el país simplemente mandaban las clases parásitas.
Los pobres de Chile no fueron nunca perdonados y viven hoy en la miseria y abyección con la que había terminado el gobierno de Salvador Allende.
Hay siempre aspectos sorprendentes en la historia de la dictadura. ¿Quién ordenó asesinar a homosexuales y delincuentes? ¿Qué general permitió que carabineros y militares violaran y mataran a las detenidas? ¿Fue Contreras el que ideó el plan de torturar masivamente a los chilenos?
La investigación sobre la muerte de veinte de esas otras víctimas de la dictadura -minorías sexuales y personas con antecedentes penales- es algo que la ciudadanía estaba esperando desde hacía tiempo y es destacable que la juez Elgarrista haya decidido iniciarla de oficio. Quizás es un indicio de que en algún futuro no muy lejano, estas categorías de personas recobren su derecho a la protección del estado.
[mérici]
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