querella contra periodistas de la dina
3 de julio de 2008
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Por el grado de responsabilidad penal que les pueda corresponder en los delitos de homicidio calificado, torturas y asociación ilícita genocida, los familiares de los seis izquierdistas asesinados en Villa Grimaldi el 18 de noviembre de 1975 (hecho encubierto con un falso enfrentamiento en Rinconada de Maipú) se querellaron en contra de cinco periodistas de los canales 7 y 13 de televisión, donde trabajaban en esa fecha.
La querella patrocinada por el abogado Hugo Gutiérrez afecta a Claudio Sánchez Venegas, Julio López Blanco, Roberto Araya Silva, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán. El primero se desempeñaba entonces en Canal 13 y el resto en Televisión Nacional.
En el escrito se solicitó al ministro Alejandro Solís -que instruye el proceso por Rinconada- que interrogue a los cinco querellados en calidad de inculpados.
Hasta ahora en la causa sólo han declarado López y Araya, sin embargo el primero se excusó en sus dichos procesales de cualquier responsabilidad.
Pero al declarar en la investigación realizada por la fiscal Doris Jiménez para el Tribunal de Ética Metropolitano del Colegio de Periodistas, López admitió que no confirmó la información oficial que le fue entregada por la DINA y que concurrió al lugar de Rinconada junto a Roberto Araya, luego de que agentes de la DINA los pasaron a buscar al canal para llevarlos donde debía filmar el falso enfrentamiento.
Sánchez por su parte aparece en un video que existiría hasta hoy en Canal 13, informando en vivo sobre el mismo montaje.
El video de TVN también muestra a López y Araya comunicando que las víctimas murieron enfrentados a tiros con agentes, y entregando además una serie de detalles para avalar su información, según los datos que les habían sido aportados previamente por el organismo de inteligencia que comandada Manuel Contreras y el dictador Augusto Pinochet.
Los abogados querellantes, entre los que también está Rubén Jerez, sostienen la tesis de que Rinconada no es un hecho aislado en cuanto a la colusión de periodistas con los órganos de seguridad, sino que algunos de ellos trabajaron coordinados con los agentes, o formando parte de la estructura represiva. Al menos así lo reconoció Araya ante la fiscal Jiménez en la indagatoria del Tribunal de Ética.
La acción penal fue interpuesta por Ofelia Moreno, Ester Torres y Aníbal Rodríguez, todos familiares de las víctimas.
Ester Torres relató ayer que fue testigo en Villa Grimaldi la noche en que asesinaron a sus familiares "escuché sus gritos, porque antes de matarlos les tiraron aceite hirviendo. También oí cuando Mónica (Pacheco) les gritaba que no le hicieran daño porque estaba embarazada".
Otros ex prisioneros que han declarado en el proceso también afirman haber sido testigos de los gritos en aquella noche de horror de Villa Grimaldi.
El Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas sancionó a los cinco querellados con expulsión (Araya) y suspensión temporal de la colegiatura y censura pública para los otros cuatro.
Las Seis Víctimas
Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco, Luis Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres, militaban en el Partido Comunista y el MIR.
Testigo presencial del estado de los cuerpos de los prisioneros cuando permanecían en la morgue, fue el sacerdote jesuita José Aldunate. Además de las quemaduras y perforaciones de bala, este pudo comprobar que a Catalina Gallardo le faltaban los ojos.
©la nación 
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