todavía espera justicia
8 de julio de 2008
[Paulo Alvarado H.] Calama, Chile. El 17 de diciembre de 1994 el joven loíno recién licenciado de enseñanza media, José Miguel Larenas, que tenía entonces 18 años de edad, sufrió la destrucción casi completa de su brazo izquierdo por la explosión de un proyectil de artillería, elemento que se encontraba bajo la camioneta en la que transitaba en el sector Valle de la Luna. En ese instante avanzó hasta el lugar para auxiliar a otro vehículo volcado a un costado del camino, a menos de 30 metros de un letrero que indicaba ‘Santuario de la Naturaleza’.
Luego de sus 14 primeras intervenciones quirúrgicas, su padre, el médico loíno Enrique Larenas, inició las acciones legales tendientes a establecer responsabilidades del Ejército de Chile y por tanto, del Estado de Chile en los hechos.
"Cuesta creer en la irresponsabilidad criminal de dejar abandonado en un lugar de acceso público un explosivo militar de alto poder, en la falta de advertencias en el lugar, en la carencia absoluta de medidas de protección sobre la población civil", expresa el profesional.
Pasa el Tiempo
A pesar de la trascendencia pública y del impacto que provocó el hecho en la comunidad, los organismos de justicia nunca se han pronunciado respecto a las responsabilidades que caben en el hecho a organismos del Estado. Para Larenas, esta situación le llama profundamente la atención, porque a pesar de las múltiples e irrebatibles pruebas encontradas en el lugar mismo de la explosión (donde José Miguel Larenas salvó la vida por milagro), no se ha logrado nada en incesantes años de lucha judicial.
"Diversos tribunales han obligado a más y más trámites, investigaciones y peritajes repetidos ya muchas veces, declaraciones de testigos que ya se cansan de declarar una y otra vez sobre el mismo asunto. Todas las pruebas son concluyentes en indicar que se trato de un proyectil militar abandonado en el lugar, lo que no sólo ha causado el accidente de José Miguel, sino de muchos otros loínos, algunos de ellos mutilados y otros muertos por esta misma causa en otros lugares y tiempos, sin lograr jamás que su desgracia haya sido reconocida", formula el galeno.
Caso
Actualmente el caso espera sentencia en un Tribunal de Antofagasta, donde se aguarda que finalmente se emita un pronunciamiento bien fundado sobre una larga historia que carga con un proceso que ya dura 14 largos años. "El Estado de Chile en realidad sólo se preocupa de proteger su burocracia y sus intereses, no los de los ciudadanos, que, como mi hijo, han sido directamente dañados por la negligencia del aparato estatal", sentencia.
El Afectado
José Miguel Larenas, actualmente radicado en la Quinta Región, más que hablar de su condición producto de la amputación de uno de sus brazos, se refiere a lo que ha significado el proceso judicial y el manejo del tema de las minas antipersonales, antitanques, proyectiles y material de guerra diseminado en nuestro país.
¿Cómo ha sobrellevado la vida sin una de sus extremidades. Nuestro país ha tomado en cuenta a las víctimas de las minas antipersonales?
No ha sido fácil, pero más que concentrarme en lo que me ocurrió, me centro en lo que nos ha ocurrido a muchos chilenos que producto del manejo negligente de explosivos sufrimos daños irreparables tanto física como emocionalmente, que se ve incrementado cuando la justicia parece ser esquiva y privilegio de algunos pocos.
¿Con tanta demora judicial, se siente frustrado, se pierde la confianza en el sistema?
Como manifestara el Presidente Ricardo Lagos, "la justicia que tarda no es justicia". Luego de casi 14 años de proceso en que el Consejo de Defensa del Estado ha utilizado cuanta artimaña legal existe para dilatar el juicio, no tengo ninguna confianza en la operación del sistema judicial, que permite estos prolongados procesos que se tornan en una eterna lucha entre David y Goliat. El CDE tiene recursos económicos y de capital humano ilimitados, configurados de esta manera se transforman en despiadados verdugos de las personas naturales, con recursos limitados o ninguno, que demandan justicia en un país que poco sabe de ella. Estoy seguro que la principal estrategia del CDE es prolongar ad eternum las causas de manera de liquidar emocionalmente a sus contendores con los evidentes perjuicios económicos.
¿Los organismos dedicados a la causa antiminas, son respetados en nuestro país?
El papel da para mucho, pero en la realidad, lo que los organismos internacionales opinen o lo que Chile suscriba, en lo que a víctimas de minas antipersonales o municiones de guerra se refiere, no es materia relevante para el Estado de Chile. Penoso ejemplo de lo anterior es lo que sucede con la implementación de la Convención de Ottawa de la que Chile es Estado Parte, aquí, uno de los pronunciamientos dice relación con la asistencia a víctimas de minas antipersonales, hasta hoy, no han recibido ayuda alguna para paliar al menos en parte el daño infligido, de manera que los hijos de la Patria que derramaron su sangre sin haber estado en guerra alguna, continúan en abandono y permanecerán en el olvido.
©mercurio de calama 
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