último naufragio de la armada
[Antonio Valencia] Caso Palamara: adiós a la justicia militar para civiles. Corte Interamericana de Derechos Humanos promulgó dura condena de Chile.
Lunes 7 de agosto de 2006. Avisos clasificados de La Nación. "En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara, se publica el capítulo relativo a...". En minúscula letra, el encabezado es seguido de tres páginas con el contenido del fallo que por segunda vez condenó al Estado chileno en materias de libertad de expresión. La primera fue 'La última tentación de Cristo', historia zanjada en 2001.
No era todo. Tres días después, las primeras cinco páginas del Diario Oficial daban cuenta del mismo hecho, del mismo fallo, de las mismas violaciones al derecho internacional cometidas por Chile. La resolución es tan contundente que obliga al Estado a dar íntegra publicidad al texto legal que, además de brindar un nuevo triunfo a la libertad de opinión, cambiará la justicia militar tal como se conoce hasta ahora.
La historia suma años de litigios, injusticias y calvarios. Trece años después del incidente inicial, Chile fue castigado por arrollar los estándares internacionales sobre libertad de expresión y por violar los derechos de un civil sometido a la maquinaria institucional de la Armada y al peso de la poco independiente justicia militar. Todo por querer lanzar el libro ‘Ética y servicios de inteligencia'.
Todo comenzó el verano de 1993, cuando Humberto Palamara, ingeniero naval mecánico, ex oficial de Marina entre 1973 y 1992, y a la fecha funcionario "civil a contrata" de la Armada en Punta Arenas, mandó a imprimir mil ejemplares del texto cuyo último capítulo, ‘Guerra sucia', desató la censura previa del alto mando. Allí, sin nombres ni casos precisos, cuestionó la tortura, el secuestro y el asesinato con fines de ‘inteligencia'.
"Nunca imaginé que podía pasar todo lo que vino después", comenta hoy Palamara. El primer obstáculo fue la Ordenanza de la Armada, que prohíbe publicar sin autorización textos que critiquen a la institución o develen asuntos secretos. De eso, el funcionario civil supo una vez que le comentó la idea a su jefe.
Y entonces, conducto regular de por medio, Palamara repartió cuatro de las copias y pidió la obvia autorización. El ‘no' fue rotundo, pues el alto mando estimó que el libro comprometía la seguridad nacional. Como no estuvo de acuerdo, insistió en publicar. Y peor le fue. No pasó un día y le ordenaron entregar los libros impresos. Y como Palamara contó esto a la prensa, la Armada lo acusó de "quebrantar solemne juramento", instruyó un sumario, inició un proceso por desobediencia y otro por incumplimiento de deberes militares. Nada menos.
En un mes, Palamara pasó de manifestar su intención de publicar a estar procesado en un tribunal militar por varios delitos. Y más. Allanaron la imprenta y su casa, decomisaron un diskette con el original del libro, se llevaron la matricería, borraron el disco duro del computador, decretaron orden de arraigo y hasta lo detuvieron (15 de marzo de 1993) sin notificarle motivo ni cargos.
Y no era todo. A fines de marzo, la enfurecida Armada dio curso a otro proceso por desobediencia cuando Palamara opinó en ‘La Prensa Austral' que le parecía "increíble" que la Corte de Apelaciones –argumentando que "no era de su incumbencia"– haya rechazado un recurso de protección por vulnerar garantías constitucionales. Dicho fallo dejó huérfano al civil Palamara. A entera disposición de la justicia militar.
Y claro, más procesos le cayeron. En abril, dos peritos de la Armada confirmaron que el libro ni revelaba secretos militares ni comprometía la seguridad nacional. Además parecía normal que su superior directo fuera comandante en jefe de la III Zona y además juez naval de Magallanes. Juez y parte.
La prensa se convirtió en el único refugio de Palamara, que a esa altura era objeto de seguimientos y amenazas veladas. "El miedo me llevó a hacer todo público", declara. El tercer proceso por desobediencia comenzó cuando el 5 de mayo de 1993 dio una entrevista en Radio Nacional de Punta Arenas. Le habían ordenado guardar silencio.
La bola de nieve parecía imparable. El civil Palamara fue encarcelado de nuevo y el tribunal militar impuso férreo secreto de sumario. Fue tanto el celo, que sólo después de un año y siete meses la defensa logró ver, por primera vez, el expediente de su defendido.
Pero faltaba más. También en mayo de 1993 lo habían procesado por desacato luego de que convocara una rueda de prensa para denunciar que la libertad de expresión estaba siendo reprimida y que tenía razones para suponer que se habían adulterado documentos y mentido a la Corte de Apelaciones para evitar un fallo adverso.
Ahí vino otra amarga sorpresa. Palamara llegó a ser absuelto del desacato, pero los acusadores acudieron a una instancia superior, la Corte Marcial, y el ente, que revocó la absolución, condenó a 61 días de reclusión y lo multó con 11 sueldos vitales. Ya en el suelo, en julio de 1995 un recurso de queja en la Corte Suprema pareció ser la salvación. Pero otra vez la justicia ordinaria le dio la espalda a Palamara: recurso rechazado.
Y peor. En junio de 1996 le impusieron 61 días de reclusión por incumplimiento de deberes militares, 540 días por desobediencia y otros 61 días nuevamente por desobediencia.
Pero no todo parecía perdido. En enero de 1997, el fiscal de la Corte Suprema acogió el recurso de casación y señaló que no correspondía someter a civiles a tribunales militares. Sólo era un espejismo. Seis meses después, la bofetada de la Suprema fue demoledora. Rechazaron el recurso de casación. "Perdí 6-0, fallo en que votó el auditor general del Ejército", recuerda. La indefensión era total.
A la Deriva
Tras años de diversos procesos, Palamara no sólo transitó el tormento castrense. Las esquirlas lo dañaron por todos lados. En mayo de 1993 lo despidieron del trabajo y, tras 19 años de vinculación, le impidieron completar los 20 años necesarios para recibir una pensión.
Sin trabajo y profesionalmente vetado en la Armada, Palamara tuvo que dejar a su esposa y sus tres hijos en Punta Arenas para trasladarse a Valparaíso. Pero en Viña la ‘familia naval' lo aisló. Relacionarse social y laboralmente con el ‘traidor', como le enrostraban a sus hijos en Punta Arenas, era mal visto y hasta peligroso. Nadie confiaba en él. Palamara se convirtió en un paria. Sólo una persona le dio una mano: Manuel Losada –el mismo de la Operación Océano– había comprado unos barcos rusos en una ganga y buscaba un ingeniero naval en mecánica. El vínculo duró poco.
Su esposa y dos de sus hijos se alejaron de la pesadilla y se fueron a España. Adiós matrimonio. Adiós familia. Todo estaba perdido. En Chile no había nada más que hacer. Pero la batalla podía cruzar fronteras.
Bendita Corte
"Yo no tenía idea que existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos", confiesa hoy Palamara. Fue un joven abogado el que lo ubicó. "Yo tenía 24 años. No me acuerdo cómo conseguí su teléfono, pero lo contacté y fui a verlo", cuenta, diez años más tarde, Nicolás Espejo.
El recién egresado trabajaba como ayudante en una investigación de la U. Diego Portales sobre libertad de expresión y no en cualquier contexto: el 21 de agosto de 1990, Chile reconoció la competencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese día, el país no sólo globalizó su economía. También el derecho.
Las primeras diligencias se iniciaron en 1996. El caso lo tomaron Mauricio Duce y luego Francisco Cox, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En octubre de 2001 la causa fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instó a las partes para buscar una salida amistosa. Pero Chile ni asomó.
Ya en 2003 la Comisión había recomendado restituir al ex marino sus derechos vulnerados, reintegrar los libros, reparar los daños e impulsar una legislación interna acorde al derecho internacional en materia de libertad de expresión y competencia de la justicia militar. Pero nada. Ni una respuesta del Estado.
Chile solicitó tres prórrogas, pero nunca presentó sus observaciones. El plazo venció en abril de 2004 y entonces la Comisión Interamericana demandó al Estado chileno en la Corte Interamericana. Dos años y medio después, la democracia chilena fue condenada por violar nada menos que cinco derechos básicos: libertad de pensamiento, propiedad privada, garantías judiciales, protección judicial y libertad personal. Palamara, por fin, respiró aliviado.
El fallo obliga a permitir la publicación del libro, a restituir el material incautado, a indemnizar con casi 50 mil dólares al afectado, a anular las tres sentencias condenatorias de la justicia militar y a darle publicidad al fallo en el "Diario Oficial" y en un diario de circulación nacional. Pero más importante aún –apuntan Espejo y Cox–, el fallo le dice a Chile que debe modificar en un plazo razonable la normativa interna para hacerla compatible con los estándares internacionales.
"Este fallo firmó el acta de defunción de la justicia militar en Chile", concuerdan Espejo y Cox. No sólo porque nunca más un civil puede ser juzgado por militares –"lo que incluye el maltrato de obra a carabineros e incluso lleva a tribunales ordinarios las muertes ocurridas en los cuarteles", ejemplifican–, sino que convierte al Código de Justicia Militar casi en una normativa disciplinaria.
Humberto Palamara vive en casa de su madre en Viña del Mar y se las arregla explotando un pequeño bosque de eucaliptus de su padre. También administra un pub y de pronto hace clases de ciencias políticas. Pero aún no le devuelven los libros ni la matricería. Tampoco ha recibido un peso de la indemnización y sus papeles siguen manchados. Pero ahora piensa que es cosa de tiempo. También sabe que ya no está solo. Sabe que por fin ganó.
Lunes 7 de agosto de 2006. Avisos clasificados de La Nación. "En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara, se publica el capítulo relativo a...". En minúscula letra, el encabezado es seguido de tres páginas con el contenido del fallo que por segunda vez condenó al Estado chileno en materias de libertad de expresión. La primera fue 'La última tentación de Cristo', historia zanjada en 2001.No era todo. Tres días después, las primeras cinco páginas del Diario Oficial daban cuenta del mismo hecho, del mismo fallo, de las mismas violaciones al derecho internacional cometidas por Chile. La resolución es tan contundente que obliga al Estado a dar íntegra publicidad al texto legal que, además de brindar un nuevo triunfo a la libertad de opinión, cambiará la justicia militar tal como se conoce hasta ahora.
La historia suma años de litigios, injusticias y calvarios. Trece años después del incidente inicial, Chile fue castigado por arrollar los estándares internacionales sobre libertad de expresión y por violar los derechos de un civil sometido a la maquinaria institucional de la Armada y al peso de la poco independiente justicia militar. Todo por querer lanzar el libro ‘Ética y servicios de inteligencia'.
Todo comenzó el verano de 1993, cuando Humberto Palamara, ingeniero naval mecánico, ex oficial de Marina entre 1973 y 1992, y a la fecha funcionario "civil a contrata" de la Armada en Punta Arenas, mandó a imprimir mil ejemplares del texto cuyo último capítulo, ‘Guerra sucia', desató la censura previa del alto mando. Allí, sin nombres ni casos precisos, cuestionó la tortura, el secuestro y el asesinato con fines de ‘inteligencia'.
"Nunca imaginé que podía pasar todo lo que vino después", comenta hoy Palamara. El primer obstáculo fue la Ordenanza de la Armada, que prohíbe publicar sin autorización textos que critiquen a la institución o develen asuntos secretos. De eso, el funcionario civil supo una vez que le comentó la idea a su jefe.
Y entonces, conducto regular de por medio, Palamara repartió cuatro de las copias y pidió la obvia autorización. El ‘no' fue rotundo, pues el alto mando estimó que el libro comprometía la seguridad nacional. Como no estuvo de acuerdo, insistió en publicar. Y peor le fue. No pasó un día y le ordenaron entregar los libros impresos. Y como Palamara contó esto a la prensa, la Armada lo acusó de "quebrantar solemne juramento", instruyó un sumario, inició un proceso por desobediencia y otro por incumplimiento de deberes militares. Nada menos.
En un mes, Palamara pasó de manifestar su intención de publicar a estar procesado en un tribunal militar por varios delitos. Y más. Allanaron la imprenta y su casa, decomisaron un diskette con el original del libro, se llevaron la matricería, borraron el disco duro del computador, decretaron orden de arraigo y hasta lo detuvieron (15 de marzo de 1993) sin notificarle motivo ni cargos.
Y no era todo. A fines de marzo, la enfurecida Armada dio curso a otro proceso por desobediencia cuando Palamara opinó en ‘La Prensa Austral' que le parecía "increíble" que la Corte de Apelaciones –argumentando que "no era de su incumbencia"– haya rechazado un recurso de protección por vulnerar garantías constitucionales. Dicho fallo dejó huérfano al civil Palamara. A entera disposición de la justicia militar.
Y claro, más procesos le cayeron. En abril, dos peritos de la Armada confirmaron que el libro ni revelaba secretos militares ni comprometía la seguridad nacional. Además parecía normal que su superior directo fuera comandante en jefe de la III Zona y además juez naval de Magallanes. Juez y parte.
La prensa se convirtió en el único refugio de Palamara, que a esa altura era objeto de seguimientos y amenazas veladas. "El miedo me llevó a hacer todo público", declara. El tercer proceso por desobediencia comenzó cuando el 5 de mayo de 1993 dio una entrevista en Radio Nacional de Punta Arenas. Le habían ordenado guardar silencio.
La bola de nieve parecía imparable. El civil Palamara fue encarcelado de nuevo y el tribunal militar impuso férreo secreto de sumario. Fue tanto el celo, que sólo después de un año y siete meses la defensa logró ver, por primera vez, el expediente de su defendido.
Pero faltaba más. También en mayo de 1993 lo habían procesado por desacato luego de que convocara una rueda de prensa para denunciar que la libertad de expresión estaba siendo reprimida y que tenía razones para suponer que se habían adulterado documentos y mentido a la Corte de Apelaciones para evitar un fallo adverso.
Ahí vino otra amarga sorpresa. Palamara llegó a ser absuelto del desacato, pero los acusadores acudieron a una instancia superior, la Corte Marcial, y el ente, que revocó la absolución, condenó a 61 días de reclusión y lo multó con 11 sueldos vitales. Ya en el suelo, en julio de 1995 un recurso de queja en la Corte Suprema pareció ser la salvación. Pero otra vez la justicia ordinaria le dio la espalda a Palamara: recurso rechazado.
Y peor. En junio de 1996 le impusieron 61 días de reclusión por incumplimiento de deberes militares, 540 días por desobediencia y otros 61 días nuevamente por desobediencia.
Pero no todo parecía perdido. En enero de 1997, el fiscal de la Corte Suprema acogió el recurso de casación y señaló que no correspondía someter a civiles a tribunales militares. Sólo era un espejismo. Seis meses después, la bofetada de la Suprema fue demoledora. Rechazaron el recurso de casación. "Perdí 6-0, fallo en que votó el auditor general del Ejército", recuerda. La indefensión era total.
A la Deriva
Tras años de diversos procesos, Palamara no sólo transitó el tormento castrense. Las esquirlas lo dañaron por todos lados. En mayo de 1993 lo despidieron del trabajo y, tras 19 años de vinculación, le impidieron completar los 20 años necesarios para recibir una pensión.
Sin trabajo y profesionalmente vetado en la Armada, Palamara tuvo que dejar a su esposa y sus tres hijos en Punta Arenas para trasladarse a Valparaíso. Pero en Viña la ‘familia naval' lo aisló. Relacionarse social y laboralmente con el ‘traidor', como le enrostraban a sus hijos en Punta Arenas, era mal visto y hasta peligroso. Nadie confiaba en él. Palamara se convirtió en un paria. Sólo una persona le dio una mano: Manuel Losada –el mismo de la Operación Océano– había comprado unos barcos rusos en una ganga y buscaba un ingeniero naval en mecánica. El vínculo duró poco.
Su esposa y dos de sus hijos se alejaron de la pesadilla y se fueron a España. Adiós matrimonio. Adiós familia. Todo estaba perdido. En Chile no había nada más que hacer. Pero la batalla podía cruzar fronteras.
Bendita Corte
"Yo no tenía idea que existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos", confiesa hoy Palamara. Fue un joven abogado el que lo ubicó. "Yo tenía 24 años. No me acuerdo cómo conseguí su teléfono, pero lo contacté y fui a verlo", cuenta, diez años más tarde, Nicolás Espejo.
El recién egresado trabajaba como ayudante en una investigación de la U. Diego Portales sobre libertad de expresión y no en cualquier contexto: el 21 de agosto de 1990, Chile reconoció la competencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese día, el país no sólo globalizó su economía. También el derecho.
Las primeras diligencias se iniciaron en 1996. El caso lo tomaron Mauricio Duce y luego Francisco Cox, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En octubre de 2001 la causa fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instó a las partes para buscar una salida amistosa. Pero Chile ni asomó.
Ya en 2003 la Comisión había recomendado restituir al ex marino sus derechos vulnerados, reintegrar los libros, reparar los daños e impulsar una legislación interna acorde al derecho internacional en materia de libertad de expresión y competencia de la justicia militar. Pero nada. Ni una respuesta del Estado.
Chile solicitó tres prórrogas, pero nunca presentó sus observaciones. El plazo venció en abril de 2004 y entonces la Comisión Interamericana demandó al Estado chileno en la Corte Interamericana. Dos años y medio después, la democracia chilena fue condenada por violar nada menos que cinco derechos básicos: libertad de pensamiento, propiedad privada, garantías judiciales, protección judicial y libertad personal. Palamara, por fin, respiró aliviado.
El fallo obliga a permitir la publicación del libro, a restituir el material incautado, a indemnizar con casi 50 mil dólares al afectado, a anular las tres sentencias condenatorias de la justicia militar y a darle publicidad al fallo en el "Diario Oficial" y en un diario de circulación nacional. Pero más importante aún –apuntan Espejo y Cox–, el fallo le dice a Chile que debe modificar en un plazo razonable la normativa interna para hacerla compatible con los estándares internacionales.
"Este fallo firmó el acta de defunción de la justicia militar en Chile", concuerdan Espejo y Cox. No sólo porque nunca más un civil puede ser juzgado por militares –"lo que incluye el maltrato de obra a carabineros e incluso lleva a tribunales ordinarios las muertes ocurridas en los cuarteles", ejemplifican–, sino que convierte al Código de Justicia Militar casi en una normativa disciplinaria.
Humberto Palamara vive en casa de su madre en Viña del Mar y se las arregla explotando un pequeño bosque de eucaliptus de su padre. También administra un pub y de pronto hace clases de ciencias políticas. Pero aún no le devuelven los libros ni la matricería. Tampoco ha recibido un peso de la indemnización y sus papeles siguen manchados. Pero ahora piensa que es cosa de tiempo. También sabe que ya no está solo. Sabe que por fin ganó.
13 de agosto de 2006
©la nación 
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