la conspiración del caso soria
27 de julio de 2008
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La investigación del crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, amnistiada en 1996, podría revivir en manos del ministro Alejandro Madrid. Si bien el proceso abierto por su homicidio cometido por la DINA en 1976 fue cerrado por la justicia militar y la Corte Suprema, que le aplicó la ley de amnistía y el principio de la ‘cosa juzgada’, el caso podría reactivarse desde otro ámbito judicial.
Se trata de una operación concertada, a partir de 1993, entre la inteligencia del Ejército de la época y la justicia militar, orientada a provocar una serie de acciones para entrabar la investigación, presionar al principal testigo y generar declaraciones procesales que, según estableció ahora el juez Madrid, fueron inducidas bajo amenaza y prebendas, e incluso configurarían el delito de falsificación de instrumento público.
Por ello el magistrado tendrá que pronunciarse acerca del eventual procesamiento del ex fiscal militar Sergio Cea Cienfuegos y algunos de sus colaboradores en la fiscalía militar en la época de 1993-1994, y de los coautores del crimen que libraron sin condena gracias a la amnistía, como el brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, y el teniente coronel (R) Patricio Quilhot Palma. Los encausamientos le serán solicitados a Madrid en los próximos días por la parte querellante, y se espera que el juez resuelva positivamente algunos de ellos.
No obstante, el gran obstáculo para que a partir de este nuevo escenario se pueda reabrir la investigación judicial respecto del homicidio de Carmelo Soria, cometido por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA el 14 de julio de 1976, es la ‘cosa juzgada’. Esta última se genera como resultado de la sentencia de última instancia con la que la Sala Penal de la Corte Suprema amnistió definitivamente la causa el 24 de agosto de 1996.
Los Hilos de la Conjura
La trama que sirve de fundamento a la investigación del ministro Madrid está llena de oscuridad. Un integrante hasta ahora desconocido de la Brigada Mulchén, Jorge Hernán Vial Collao, negó ante el magistrado una serie de antecedentes que, según la justicia militar, habría declarado cuando la investigación estuvo a cargo de esta judicatura castrense, a comienzos de la década de los noventa.
Estos hechos tienen relación con el descargo de culpas en las acciones criminales de la citada brigada, sobre todo respecto del asesinato de Carmelo Soria, y forman parte de la operación de ‘limpieza’ que se realizó a favor de algunos agentes, especialmente del brigadier Jaime Lepe, por esos años secretario del dictador Augusto Pinochet.
Por ello, la parte querellante sostiene que en las contradicciones se constituiría el delito de ‘falsificación de instrumento público’ por parte de las autoridades judiciales militares de entonces.
Pero la historia es más amplia. El principal testigo del crimen de Soria, el ex agente y suboficial (R) de las fuerzas de elite José Ríos San Martín, reconoció ante el juez Madrid que en 1993, mientras la investigación todavía estaba abierta, agentes de la inteligencia del Ejército lo presionaron, hasta amenazarlo de muerte, si no se desdecía del reconocimiento que había hecho ante la ministra Violeta Guzmán, entonces a cargo de la indagatoria.
Ríos San Martín fue el único de los autores del homicidio que, a comienzos de la década pasada, admitió que éste había sido cometido por la Brigada Mulchén.
Las presiones, lideradas por Lepe desde la Comandancia en Jefe del Ejército y coordinadas entre él y el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), órgano operativo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), tuvieron un ‘final feliz’ en agosto de 1993.
Una noche de aquel mes, Lepe y Quilhot ‘invitaron’ a comer a Ríos San Martín al restaurante Casas Viejas, en la calle Chile-España, Ñuñoa. El perímetro externo del local fue custodiado discretamente por un grupo de agentes del BIE. Antes de pedir la carta, le hicieron la siguente advertencia: "Mira huevón, te vai’ a desdecir de lo que le dijiste a la vieja Guzmán. Si lo hacís, te vamos a regalar una camioneta. Si no, ya sabís dónde apretamos nosotros".
Y Ríos San Martín se desdijo. Cuando después lo carearon con Lepe y otros ex agentes de la Mulchén, para respaldar en el proceso el cambio de sus declaraciones, el comando dijo: "A estos distinguidos señores aquí presentes no los conozco, su señoría".
Con dos millones y medio en dinero efectivo, otro agente del BIE, Leonardo Quilodrán, salió a comprar la camioneta y se la entregó a Ríos. Ninguno de estos antecedentes fue conocido por la Corte Suprema cuando amnistió el crimen de Soria, en 1996.
Sin embargo, para los querellantes que están tras quienes movieron los hilos de esta conspiración, Lepe y compañía no habrían cometido sólo el delito de inducción al falso testimonio, sino también constituyeron una asociación ilícita para delinquir.
El juez Madrid debe resolver además qué participación pudo caber en esta intriga al ex fiscal y auditor del Ejército, general Fernando Torres Silva, y a su brazo derecho, el coronel de justicia Enrique Ibarra.
Un Nuevo Actor en Escena
La aparición de Jorge Vial Collao en la escena aporta novedades. El hombre es otro comando de elite y estuvo adscrito a las operaciones más riesgosas incluso antes de llegar a la Brigada Mulchén, a comienzos de 1976. El 4 de octubre de 1974, por ejemplo, integró el grupo que, liderado por Armando Fernández Larios, secuestró desde la Penitenciaría de Santiago al ingeniero y ex gerente general de Cobre Chuqui, David Silberman. Su participación en este secuestro, hasta ahora desconocida públicamente, la relató Carlos Labarca Sanhueza, otro ex agente y comando de elite que también formó parte del grupo secuestrador.
El mismo Vial detalló ante el magistrado cómo la brigada a la que estaba adscrito
desembarcó en el siniestro cuartel de la avenida Simón Bolívar, en La Reina, donde la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín se dedicaron a exterminar a la dirigencia clandestina del Partido Comunista a partir de 1975.
"La Mulchén era la brigada antiterrorista, que después [en 1977, luego del fin de la DINA] derivó en la brigada llamada J-7, cuyo mando directo lo asumió el director de la CNI, general Odlanier Mena. La J-7 se mantuvo hasta mediados de 1990", declaró Vial, que también pasó por Brasil en 1974, para recibir adiestramiento en tareas de inteligencia por agentes de la dictadura de ese país.
©la nación 
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