habla irene khan
9 de noviembre de 2008
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Es la primera mujer musulmana y asiática que dirige Amnistía Internacional (AI). La organización tiene sede en Londres, pero ella viaja incansablemente por el mundo para algún día desalambrar las velas encendidas, símbolo de la organización humanitaria.
Irene Khan, secretaria general de AI, originaria de Bangladesh, estudió derecho en las universidades de Manchester y Harvard, en Estados Unidos. El destino quiso que el primer día que se instaló en su oficina fuera el 11 de septiembre de 2001, fecha de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York. En viaje de trabajo por Santiago, conversó con LND.
¿Cuál es el desafío actual en materia de derechos humanos para América Latina?
El principal desafío hoy para los derechos humanos en América Latina, cuando ya no hay dictaduras militares, es cómo los gobiernos democráticos van a respetar los derechos de todos los ciudadanos, que en algunos aspectos se siguen violando.
¿Cómo se siguen violando?
Con los pueblos indígenas, los inmigrantes, los derechos de las mujeres. Todavía está pendiente este terreno. Es cierto que hoy en América Latina existe mayor respeto a los derechos civiles y políticos, pero todavía las policías ejercen una represión desmedida, sobre todo con los más pobres.
¿Cuál es la responsabilidad que, especialmente en los países subdesarrollados, tienen los centros de poder económico en las violaciones de los derechos humanos?
En la actual globalización los actores económicos internacionales son muy poderosos: bancos, multinacionales, etc. Y ellos pueden llevar a los gobiernos democráticos hacia una posición muy difícil. A través de acuerdos comerciales, inversiones o desinversiones, afectan directamente la economía de un país, pero no se hacen responsables de esto.
¿Cómo inciden esos actores económicos en la transgresión de los derechos esenciales de las personas?
Son ellos los que determinan las desigualdades económicas, donde una minoría se hace más rica y la mayoría se empobrece o es marginada. Y eso genera tensiones y conflictos en las sociedades y afecta la seguridad de los estados. Los actores económicos ayudan a violar los derechos humanos. Los gobiernos dicen que no pueden hacer nada porque se trata del ámbito privado donde no pueden intervenir. O sea, ni los gobiernos se hacen responsables ni los actores económicos tampoco, y entonces es la mayoría de la gente la que sufre estas desigualdades.
¿Cuál es la solución?
La solución es el control, la fiscalización, que existan leyes que obliguen a los actores económicos a hacerse responsables de lo que ellos generan y que, al fin de cuentas, conduce a que se violen distintos derechos de las personas. Los estados tienen que actuar para regular y obligar a estos actores a hacerse responsables.
¿Cómo evalúa la situación de los derechos humanos en Chile bajo la democracia?
Los distintos gobiernos, después de la dictadura, han tenido fuertes compromisos para respetar los derechos humanos, y éstos no son sólo los que se violan por los crímenes en una dictadura militar. Pero esos compromisos deben ser traducidos en una institución que proteja estos derechos. Mi recomendación clave para la presidenta Bachelet fue que desarrolle rápido esa institución y un plan de protección de estos derechos.
¿A qué tipo de institución se refiere?
A un organismo nacional que se preocupe de esta materia. Chile es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta con esa institución ni un plan a desarrollar para proteger los derechos humanos. Incluso ese plan debe ser monitoreado para ver si realmente se cumple.
Además de la carencia de esa institución, ¿cómo aprecia la situación actual del respeto a los derechos en Chile?
Estamos preocupados por lo que ocurre con los derechos económicos y sociales. Chile ha mostrado un rápido crecimiento, pero también existe marginalidad y desigualdad y hay una brecha grande entre ricos y pobres. También estamos preocupados por la situación de los derechos de los pueblos indígenas, los mapuches y los del norte del país. Además hay conflictos en el respeto del derecho a vivir en un ambiente sin contaminación y para ello hay que proteger el medioambiente.
¿Y en cuánto a las mujeres?
Sabemos que la violencia contra las mujeres es muy alta en Chile, una de cada dos mujeres son víctimas de la violencia intrafamiliar, y eso es el 50% de ellas. Ese es otro desafío para los gobiernos democráticos.
¿Cómo evalúa lo que Chile ha hecho para lograr verdad, justicia y reparación de los crímenes cometidos bajo la dictadura?
Creo que se ha hecho algo, pero todavía no es suficiente. Familiares de víctimas me han dicho que todavía no han obtenido verdad, justicia y reparación. La Ley de Amnistía a los militares todavía está vigente. Creo que Chile ha tenido de alguna manera una forma de conveniencia política para enfrentar este conflicto.
¿Cómo cree que se ha resuelto en Chile el conocimiento de la verdad y la plena identidad de todos quienes cometieron los crímenes bajo el régimen de opresión?
En esto creo que en Chile aún existe denegación de la verdad porque se han clasificado archivos que no se abrirán hasta en 50 años más. Por ejemplo, en los archivos de Comisión Valech sabemos que hay muchos nombres de militares hasta ahora no conocidos públicamente que cometieron tortura u otros delitos, y eso es denegación de verdad porque no se conocerán hasta en 50 años.
¿Qué le parece que Chile aún no ratifique el tratado que creó el Tribunal Penal Internacional y otras convenciones que protegen los derechos humanos?
Esa es otra muestra de la ambivalencia que todavía existe en el Estado chileno en esta materia.
¿Cuál cree que es la causa de esta ambivalencia?
Por un lado hay quienes quieren olvidar para seguir adelante negando ese pasado. Por otro lado, no ha habido la debida decisión del Estado para enfrentar todo este pasado. Y si ese pasado se niega o se olvida, se compromete el futuro de una sociedad.
¿Qué va a pedir AI en materia de derechos humanos al nuevo Presidente de Estados Unidos?
Ya le hemos pedido que cree una comisión independiente que investigue las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares estadounidenses en Irak y la lucha contra el terrorismo, para que se haga justicia. Le pedimos que cierre la prisión militar de Guantánamo, y que Estados Unidos se comprometa a respetar los estándares internacionales que protegen los derechos humanos y que su gobierno ratifique finalmente la Corte Penal Internacional.
©la nación 
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