acciones contra falso desaparecido
3 de diciembre de 2008
Santiago, Chile. El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Mackenney, aseguró hoy que una vez que se remita la totalidad de los antecedentes referentes al caso del ‘falso desaparecido’ Germán René Cofré Martínez (65), se van a adoptar las acciones legales y sanciones que correspondan.
Cofré regresó al país donde figuraba como víctima del régimen militar de Augusto Pinochet luego de haber vivido 35 años en la ciudad argentina de Mendoza.
En relación a lo anterior, Mackenney sostuvo que "estamos esperando que se nos remita la totalidad de los antecedentes, este es un hecho que tiene un par de semanas o tres semanas de desarrollo, y en cuanto recibamos esos antecedentes vamos a (adoptar las medidas pertinentes)".
Confesó que "yo ya hice algo al respecto con el Comité Penal del Consejo que está analizando información pública que ha salido respecto del tema, pero además vamos a esperar la concreción de los informes específicos de los distintos servicios públicos".
Por otra parte, la autoridad afirmó que en la decisión adoptada por el CDE en el caso del secuestrado y asesinado periodista José Carrasco Tapia a manos de agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) responde a una gestión de conciliación hecha por las respectivas salas de la Corte Suprema.
Tras esto, calificó el dictamen del Tribunal de alzada, el cual determinó el pago de una indemnización por $780 millones de pesos a cuatro familias de militantes de izquierda como una "gestión exitosa donde se fueron acercando las posiciones".
"Esto (la resolución) corresponde a una sentencia de segunda instancia que había acogido la demanda y en consecuencia yo percibo como ’muy conveniente’ habiendo acogido el llamado a conciliación hayamos logrado con nuestras contrapartes en el juicio civil un acuerdo conveniente".
Añadió que "creemos que esto (los $780 millones) cubre más allá de las alegaciones concretas que hizo el CDE en el transcurso del juicio. Las transacciones y las conciliaciones responden efectivamente a una renuncia de las posiciones y se ha logrado arribar a este acuerdo", dijo.
Según se informó, el Estado deberá pagar $270 millones a la familia de Abraham Muskatblit; a la familia de Felipe Rivera $90 millones de pesos; a los familiares de Gastón Vidaurrázaga la suma de $210 millones, mientras que para la familia del periodista José Carrasco Tapia el monto asciende a $210 millones.
En tanto, al ser consultado respecto si el CDE formará parte de las acciones legales en contra de los funcionarios involucrados en la desbaratada red de corrupción de la Policía De Investigaciones (PDI), el presidente del órgano del Estado manifestó que sus abogados se encuentran trabajando en la recopilación de datos y antecedentes a fin de determinar si es posible llevar a cabo un proceso judicial.
"Nuestros abogados están trabajando en eso, yo no puedo conocer el detalle de la totalidad de las causas del Consejo, pero sí entiendo que hay abogados asignados que tendrán que hacer llegar al Comité Penal la respectiva estrategia sugerida para que adoptemos la decisión", sentenció.
©la tercera 
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