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los asesinos son los mismos


"Los asesinos de mi padre y de Frei Montalva son los mismos". Tucapel Jiménez, a 27 años de la muerte del dirigente sindical. El diputado PPD lanza su tesis más arriesgada: el nexo entre el asesinato del líder sindical y la extraña muerte del ex presidente DC. También denuncia una red que protege desde el Congreso a los represores de la dictadura.
[Libio Pérez] Santiago, Chile. El dirigente sindical Tucapel Jiménez fue asesinado el 25 de febrero de 1982; menos de un mes antes, el 22 de enero, murió el ex presidente Eduardo Frei Montalva, cuyo caso está a punto de ser caratulado como homicidio. El diputado Tucapel Jiménez, hijo del sindicalista, está convencido de que en ambas muertes hay un nexo. Ese verano de 1982, desaparecían dos de los más importantes líderes opositores, en el momento en que se desataba una de las mayores crisis económicas y en que comenzaban a asomar las primeras manifestaciones de protesta popular.
El caso del crimen de Tucapel Jiménez está resuelto judicialmente y hace una semana, uno de los autores materiales del asesinato, el ex oficial de Ejército, Carlos Herrera Jiménez, dijo a LND, que en 1982 había una lista de dirigentes sindicales que estaban señalados para ser "eliminados". ‘Bocaccio’, como también era conocido el ex agente de la represión, dijo que en la nómina estaban Rodolfo Seguel, Manuel Bustos y ‘Don Tuca’, como los trabajadores llamaban al asesinado sindicalista. Nunca antes había hablado de eso. El diputado Tucapel Jiménez sostiene que el ex represor "de seguro dispone de más información, así como ha entregado en el pasado lo hará con alguna no declarada intención en el futuro".
El parlamentario también cree que en el Congreso hay una red de protección a los ex represores. Así como también acusa que el Parlamento ha sido territorio para la realización de operaciones de inteligencia. Mientras el camino de la justicia sigue su curso, el parlamentario PPD se apresta a trabajar en la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a quien apoya "incondicionalmente", tanto que fue el primer parlamentario PPD en proclamarlo.

¿Cómo recibió las declaraciones de Herrera Jiménez?
Hubo en el pasado otros episodios más sensibles, como cuando nos pidió perdón; eso fue emocionalmente complicado para nosotros. Creo que mantiene una intención de arrepentimiento. Pero la mejor señal de que su arrepentimiento es verdadero es -más que pedirnos perdón, con lo que no vamos a recuperar a nuestro padre- que entregue la información que tiene y que podría ayudar a otras familias a conocer la verdad y a hacer justicia, de manera especial a la familia Frei, con lo que daría tranquilidad espiritual a esa familia y al país. A la familia Frei y a la mía nos une el tremendo dolor por la pérdida de nuestros padres en circunstancias tan dolorosas y deplorables.

¿Información sobre qué casos?
Soy un convencido de que él maneja información sobre la muerte del ex presidente Frei Montalva. No deja de asombrar que después de tantos años Herrera salga con nueva información. En la última entrevista habló de una lista de dirigentes sindicales señalados para morir, entre los que estaba mi padre. Si fue así, también pudo existir una lista de dirigentes políticos. El Ejército, desde el alto mando hacia abajo, a través del DINE, estaba involucrado en el asesinato de mi padre, son los mismos que están detrás de la muerte de Frei Montalva. Los asesinos de mi padre y de Frei Montalva son los mismos. Los dos enemigos principales de Pinochet en 1982 eran, en lo político, Frei Montalva y, en lo social, mi papá. En un mes, los dos fueron asesinados por las mismas manos. Eso no fue coincidencia. Herrera en un momento quiso cooperar con la justicia, pero el Ejército se lo impedía. Ya en los ‘90 lo enviaron a Uruguay a custodiar a Eugenio Berríos (químico de la DINA), que también mostraba señales de arrepentimiento y de querer cooperar con la justicia. Creo que el Ejército quiso asesinar a los dos, pero por algún motivo Herrera huyó a Argentina, donde después cayó preso y desde ahí fue extraditado a Chile. Acá llegó con intenciones de cooperar, pero el Ejército volvió a darlo vuelta y a impedirlo. Todos sabemos que Berríos terminó asesinado en Uruguay, por la información que tenía sobre algunos crímenes, entre ellos el de Frei Montalva. Herrera y Berríos estuvieron juntos. Aunque Herrera no haya participado en el crimen de Frei Montalva, seguramente debe tener antecedentes.

¿En las investigaciones judiciales hay indicios que crucen los casos de su padre y el de Frei Montalva?
Sí, aunque no conozco el proceso. Muchas veces lo hemos conversado con el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y los nexos son clarísimos. El juez Madrid sabe que la DINE estuvo involucrada en la muerte de Frei Montalva y la DINE asesinó a mi padre. Tengo la convicción absoluta, como seguramente la tiene la familia Frei, que el Ejército está detrás de estos crímenes; judicialmente está comprobado que a mi padre lo asesinó la DINE y seguro que la justicia se encaminará en ese sentido.

¿Hay alguna forma de conseguir que Herrera entregue esa información?
Creo que es difícil, ya no lo hizo. Hace un año, para el aniversario de la muerte de mi papá, hice una propuesta que suponía entregar beneficios penitenciarios a cómplices y encubridores de estos crímenes para que entreguen información, para que otras familias tengan tranquilidad al conocer la verdad sobre qué pasó con sus seres queridos. Nosotros, como familia, estábamos dispuestos a que se le entregaran beneficios a Herrera como salidas dominicales a cambio de información fidedigna sobre otros procesos, sobre todo para el caso del presidente Frei Montalva. Conozco a la familia Frei y sé, que aunque las heridas no se cierran, que tendrá tranquilidad cuando conozca la verdad y haya justicia; eso es lo que nos pasó a nosotros. Pero, además, como Frei Montalva fue presidente de Chile, el país merece conocer la verdad.

¿Qué pasó con esa propuesta?
Es muy complejo, la conversé con mucha gente, con las agrupaciones y con parlamentarios, y no ha sido posible avanzar. Esto requiere tiempo y que la justicia siga avanzando. En el Congreso también es difícil encontrar apoyo para estas iniciativas de derechos humanos, porque la derecha siempre las bloquea.

El episodio creado por la diputada RN Karla Rubilar muestra lo complejo que es para la derecha tratar los problemas de derechos humanos.
Tengo una buena opinión de ella, pero cometió errores imperdonables. Esto partió con las denuncias de falsos exonerados y como esto da frutos mediáticamente la derecha quiso hacer lo mismo con los detenidos desaparecidos. Cuando alguien entra en ese terreno es muy delicado, porque toca una fibra muy sensible. Es distinto denunciar casos de falsos exonerados a casos de supuestos falsos detenidos desaparecidos. Ella sufrió de ansiedad mediática y actuó con irresponsabilidad; causó mucho dolor.

Ella hizo esto con información del general Manuel Contreras, que siempre ha sostenido que los detenidos desaparecidos no existen.
Ella dice que no sabía que Javier Gómez era abogado de Contreras. Manifesté que nos asistía la duda de que todo esto fuera parte de una operación de inteligencia, porque Gómez es asesor del ex jefe de la DINA. Ella dice desconocer ese vínculo. Yo escuché en una entrevista a Gómez decir que no consideró relevante decirle a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que él es asesor del mayor criminal de Chile.

Pero no sólo es el abogado de Contreras, sino que le entrega información a la diputada que proviene del ex jefe de la DINA.
Lo que no me cuadra es por qué Karla Rubilar no lo denunció; no basta con decir "Javier Gómez no es mi asesor"; ella debió hacer una denuncia pública, reconociendo que detrás de esto había una operación de inteligencia, porque estaban las huellas del general Contreras, quien utilizaba a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para insistir en su tesis de que en Chile no hay detenidos desaparecidos. Si ella no se prestó para esto, cosa que yo creo, al menos entonces fue utilizada, pero tampoco lo denuncia. Tampoco reconoce que ella y su cargo fueron utilizados para una operación de inteligencia. Lo que me parece inaceptable es que Contreras, desde su cárcel de cinco estrellas, siga manejando sus redes de inteligencia.

Y tiene terreno fértil donde sembrar sus informaciones y articular sus operaciones.
Claro, en la derecha hay personajes que aún están ligados a la dictadura. Por eso las agrupaciones de derechos humanos presentaron una querella para investigar si Manuel Contreras tiene redes en el Congreso. Hay operaciones de inteligencia. Una de ellas fue la declaración pública que firmaron doce parlamentarios de derecha cuestionando la labor que realiza la jueza del caso del sacerdote Miguel Woodward, asesinado en la Esmeralda. No sólo cuestionaba la labor de la jueza, sino también entrometiéndose en las resoluciones del Poder Judicial. Ese hecho fue gravísimo, porque un poder del Estado no puede entrometerse en otro Poder del Estado. La jueza terminó con protección policial. En un año han sucedido estos dos episodios, por eso hay que investigar qué nexos tienen los aparatos de inteligencia de la dictadura en el Congreso.
Cuando la derecha mutila proyectos como el del instituto de derechos humanos o rechaza los pactos internacionales, como el Tribunal Penal Internacional o la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas, uno podría pensar que están protegiendo a los represores y se está favoreciendo a la impunidad.

Es Más Fácil Aprobar un Tlc Que una Ley de Ddhh
¿Por qué ha sido tan complejo concretar el proyecto de un instituto de derechos humanos?

Una parte de la derecha sigue pegada en el pasado. Cuando se trata de aprobar leyes o ratificar convenios internacionales de derechos humanos, la derecha vota en contra. Cuando llegan al Congreso tratados de libre comercio son aprobados de forma expedita, pero si se trata del Tribunal Penal Internacional o la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas no hay caso, todo se dilata, y la derecha se opone. Es más fácil sacar un TLC que una ley de derechos humanos. Entiendo la importancia de los TLC, porque los países deben desarrollarse en lo económico, pero también en lo humano.

Pero el instituto chocó también con la oposición de las agrupaciones de derechos humanos y con parlamentarios de la Concertación.
Es que el instituto tiene su historia. Este proyecto viene de 2005 y yo lo conocí cuando presidí la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Entonces planteé que había que reactivar el proyecto y a abrirlo a la participación de las organizaciones de derechos humanos. Así se hizo y presentaron indicaciones que fueron en su mayoría acogidas. De ahí salió un proyecto que contaba con el consenso y apoyo de todas las organizaciones de derechos humanos y de los parlamentarios de la Concertación. Así fue aprobado en la sala de diputados y pasó al Senado. Pero ahí se produjo el gran error del ministro José Antonio Viera-Gallo que, por tratar de asegurar su aprobación, se sentó a negociar con los senadores Espina y Chadwick, hicieron cambios en la ley que la entramparon. El proyecto volvió a la Cámara de Diputados y lo rechazamos, por lo que partió a comisión mixta, pero ya estaba totalmente desnaturalizado. En las organizaciones de derechos humanos la negociación con la derecha de un proyecto como éste causó un dolor profundo.

¿Qué tanto cambió el proyecto?
Le quitaron la facultad de querellarse por crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, por ejemplo. Eso se cambió por facultades para "iniciar acciones legales ante la justicia". También se le sacó todo aquello que tenía que ver con organismos internacionales. El instituto debía hacer un informe anual de los derechos humanos que tenía que presentar a todas las autoridades, como también a los organismos internacionales. Todo eso fue sacado. También es impresentable que la actual ley iguale a las víctimas de violencia política con las de particulares. Están mezclando el terrorismo de Estado con los delitos comunes, siendo ambas cosas graves. No es lo mismo que entre a tu casa un hombre civil con un cuchillo y amenace tu vida, a que entre uno que haga lo mismo y luego te enteras que es policía, que además obedecía órdenes de una cadena de mando y que el gobierno estaba enterado que lo hacía. El civil que hace eso comete un delito común, pero el carabinero que lo hace por órdenes del alto mando, con el conocimiento del gobierno, está cometiendo terrorismo de Estado. Por eso, y otros puntos, se desnaturalizó el proyecto y por eso lo rechazamos. Esto no se puede transar con la derecha, por la historia que vivimos y porque en estos proyectos siempre estaremos detrás de lo que digan las agrupaciones de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

25 de enero de 2009
©la nación
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