chile exige una constitución democrática
2 de octubre de 2009
Piñera objeta cambiar la Constitución impuesta en 1980, y emanada de una comisión designada a dedo, con exclusión de todos los sectores democráticos, objetos de persecución y exclusión. Su argumento es el mismo de Pinochet para mantener el poder: al pueblo no le interesan las elecciones ni la democracia, sólo el empleo y la seguridad. Obvio. Edwards asimila todos los procesos constitucionales a Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ignora que las constituciones de Colombia de 1991; Brasil de 1988; Paraguay de 1992; y Perú de 1979 fueron obras de asambleas constituyentes democráticas. La añorada Carta del Perú tuvo que ser abrogada por Fujimori en 1992 para imponer una útil a sus propósitos liberticidas y criminales, y que la derecha peruana se niega a derogar. Los pueblos colombiano, paraguayo y brasileño son tan orgullosos de sus constituciones como ecuatorianos, venezolanos y bolivianos, y como lo fue el peruano hasta Fujimori.
Esas naciones asumieron postulados de los revolucionarios franceses de 1793, que rigieron en Chile hasta la asonada de 1973. En su "Catecismo de los patriotas", de 1813, fray Camilo Henríquez escribía que "el pueblo tiene siempre derecho de rever y reformar su Constitución. Una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras".
Todo lo contrario a la lógica de la dictadura: Jaime Guzmán sostenía que la Constitución que se redactaba debería prever que "si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario". Esto es lo que defienden Edwards y Piñera.
Para Edwards, modificar el binominal o reconocer el derecho a voto de los chilenos expatriados serían reformas "limitadas". No lo son tanto si los seguidores de la dictadura se niegan a modificarlos, amparándose en los absurdos quórum que los benefician y que constituyen el núcleo duro del espacio reducido de la cancha a que aludía Guzmán.
Preocupa a Edwards que se proponga reconocer los derechos sociales (seguridad alimentaria, seguridad social; salud gratuita a los mayores de edad). Pero ellos están reconocidos en todas las constituciones modernas, salvo en la de Pinochet. Su reconocimiento, en contra de lo sostenido por Pinochet y Piñera, sí interesa a la gente, que tiene claro que la carta impuesta por Pinochet es la base de sus carencias.
Comparto con Edwards una crítica a Frei: no definir cómo hacerlo para vencer la obstinación de su sector. Veinte años de transición demuestran que los herederos de la dictadura no aceptan cambios democratizadores de fondo; la carta sólo permitió los plebiscitos que interesaban a Pinochet; y no contempla la iniciativa ciudadana. Y nadie quiere que un Presidente elegido se transforme en un Fujimori.
Nuestro movimiento tiene una propuesta que sigue el proceso colombiano, que en 1990 utilizó el sistema electoral para agregar a las seis papeletas previstas una séptima que pedía asamblea constituyente. La población acogió arrolladoramente la proposición, y el establecimiento político no tuvo más alternativas que convocar a la asamblea.
En Chile es legal que el ciudadano, junto con marcar su preferencia, escriba en el voto su deseo de tener una Constitución democrática. Los únicos votos nulos son aquellos en que el elector marque más de una preferencia.
©la nación
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