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a un año de los primeros falsos positivos


A un año de conocerse los primeros casos, aunque las ejecuciones arbitrarias de civiles empezaron en 2003. Familiares de víctimas de falsos positivos exigen justicia al gobierno colombiano.
Colombia. Las ejecuciones extrajudiciales han enlutado a miles de familias colombianas a lo largo y ancho del territorio, mientras tanto, el gobierno del presidente Álvaro Uribe no se muestra muy interesado en ayudar a los afectados. Más de mil 600 casos de falsos positivos se registran en diversos departamentos de Colombia y las víctimas piden que la justicia llegue de la mano del restablecimiento del buen nombre de sus hijos.
Hasta el momento se conocen más de mil 600 casos de falsos positivos que afectan a familias a lo largo y ancho del territorio colombiano.
La muerte de un hijo es una de las experiencias más duras, difíciles y dolorosas que puede sufrir un ser humano. Los padres se sienten responsables de la protección de sus hijos y esta pérdida suele vivirse como un fracaso por el resto de la vida. ¿Qué hicimos mal? ¿En qué nos habremos sobrepasado? ¿Por qué a nosotros? Suelen ser las interrogantes que acompañan a quienes han sufrido en carne propia el asesinato de un ser querido.
"Nos han quitado un pedazo de vida", es la frase que se escucha de los familiares de las víctimas de asesinatos perpetrados a lo largo y ancho del territorio colombiano desde que en el año 2008 se destaparan los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidos también como falsos positivos, que involucran a funcionarios del Ejército de esta nación suramericana.
Las ejecuciones extrajudiciales, consisten en asesinar campesinos, o jóvenes, civiles, que son ajusticiados y que posteriormente, con la finalidad de ocultar el delito y obtener méritos, las tropas colombianas difunden que resultaron "caídos" durante enfrentamientos.
La desaparición de 16 jóvenes en el municipio colombiano de Soacha (centro) y cinco en el municipio Aguachicas (norte), en septiembre de 2008, desató el escándalo producido por los también llamados falsos positivos. Los jóvenes fueron encontrados asesinados en el departamento del Norte de Santander y fueron presentados por el Ejército de Colombia como guerrilleros muertos en combate. Algunos habían muerto tras 24 horas de desaparecidos y otros luego de dos o tres días.
Al conocerse los casos de Soacha y Aguachicas fue cuando la secretaria de gobierno de Bogotá Clara López Obregón advirtió que éstos podrían tratarse de "una desaparición forzada con fines de homicidio" y que no era lógico que los jóvenes se convirtieran en combatientes a sólo un día de haber sido reclutados. Ante esto, personal militar de alto mando en el Ejército colombiano negó la suposición de López y confirmó la teoría de que se trataba de personas que habían sido reclutadas por la guerrilla y se habían enfrentado al Ejército.
Han sido muchas las denuncias planteadas sobre el tema de los falsos positivos en todo el territorio colombiano, destacándose algunos casos presentados en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Sucre, las cuales se han incrementado después que salieron a la luz pública los primeros casos de las ejecuciones extrajudiciales. De hecho, actualmente existen alrededor de mil 600 casos investigados en los últimos seis años por la fiscalía que involucran a tres mil 546 integrantes del Ejército colombiano. De ellos, apenas 426 uniformados están detenidos pero sólo a 50 se les ha dado sentencia condenatoria.
El pasado mes de junio, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán señaló que más de mil casos de homicidios, bajo la figura de falsos positivos, han sido presuntamente perpetrados por funcionarios de la fuerza pública en Colombia.
Esta es una situación importante de impunidad que resalta por la trascendencia de los casos ya que se habla del asesinato de jóvenes en pro de la eficacia de un plan para eliminar la guerrilla colombiana
Durante la presentación de un informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Philip Alston, denunció que la ejecución extrajudicial de miles de civiles por parte del Ejército colombiano fue una práctica que se llevó a acabo de manera sistemática en ese país suramericano.
En entrevista exclusiva para la página web de teleSUR, Zoraida Hernández, miembro de la mesa de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, señaló que actualmente existe un número de militares detenidos de los diferentes casos pero éstos no llegan a ser los responsables directos de los más de mil 600 casos de falsos positivos que se han registrado en el país.
"Estamos hablando de unos casos supremamente emblemáticos que fueron los que pusieron a la comunidad nacional e internacional en la expectativa de lo que estaba sucediendo en el país con respecto a las ejecuciones extrajudiciales (...) Sin embargo, en  el caso de Soacha, aún no se ha proferido condena y en el caso de los jóvenes de Aguachicas ni siquiera se ha abierto investigación formal. Y de esto ha pasado más de un año", expresó.
Hernández plantea que esta es una situación importante de impunidad que resalta por la trascendencia de los casos ya que se habla del asesinato de jóvenes en pro de la eficacia de un plan para eliminar la guerrilla colombiana.
"En estos momentos estamos planteando que los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad, porque se han cometido de manera general en el país y ha sido a lo largo de muchos años. (...) Han habido, incluso, asesinato de algunos de los testigos de los casos  que en algún momento se atrevieron a denunciar estos homicidios ante las diversas instancias del Estado", señaló la miembro de la mesa de ejecuciones extrajudiciales.
No obstante, Zoraida Hernández aclaró que no sólo se han presentado estos casos de Soacha y Aguachicas ante las autoridades colombianas; éstos fueron "la gota que derramó el vaso; pues fue tal su magnitud que no se podían tapar, porque fueron cometidas en masa" y añadió que las investigaciones han demostrado que esta práctica se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo en el país suramericano.

Gobierno Entorpece Investigaciones
Al hablar de las acciones que ha tomado el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez respecto a estos crímenes que han enlutado a tantas familias colombianas, Hernández, integrante de la mesa de ejecuciones extrajudiciales, insiste en que ha habido una intencionalidad directa por parte de las autoridades gubernamentales no sólo de entorpecer las acciones de los cuerpos de derechos humanos, sino también de entorpecer las investigaciones que existen en contra de las fuerzas militares por su responsabilidad directa en estas ejecuciones extrajudiciales.
Explicó Hernández que hace muy pocos días, justamente el presidente Uribe dio la orden al ministerio de Defensa nacional para que, a través de este ministerio, se destinara del presupuesto nacional los recursos necesarios para defender a los militares que están implicados en estos hechos, en lugar de ayudar a las víctimas a buscar la verdad, la justicia y la reparación de estos hechos.
"Vemos aquí que la balanza se ha inclinado a favor, directamente, de quienes han violado los derechos fundamentales de la población en Colombia, tratándose de ejecuciones extrajudiciales", apuntó.
El reciente nombramiento de Camilo Ospina como candidato a nuevo fiscal general colombiano ha traído reacciones negativas por parte de los afectados por las ejecuciones extrajudiciales quienes, según informó Zoraida Hernández, catalogan la acción como un error del gobierno colombiano, reconocido por todas las organizaciones de derechos humanos, pues  alegan que Ospina ha sido el responsable directo de una de las directivas que promovió el acometimiento de ejecuciones extrajudiciales en el país al ofrecer estímulos a las unidades del ejercito que presentaran estas muertes como "positivos".

Las Muertes No Se Olvidan
A un año de los asesinatos ocurridos en Soacha y Aguachicas, territorio colombiano, los familiares de las víctimas de los llamados falsos positivos aún esperan la condena de los responsables intelectuales de estos casos que han estremecido al pueblo colombiano de norte a sur y de este a oeste.
Aun cuando se han reportado nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, principalmente en el Meta (centro) y en el departamento de Nariño (sudoeste), los organismos defensores de derechos humanos siguen en pie de lucha para investigar a fondo estas muertes que incrementan el dolor del pueblo colombiano, tan azotado por la inseguridad; ante un gobierno que no le da la importancia debida a estos hechos.
El aniversario de estas ejecuciones servirá de marco a una peregrinación que realizarán los familiares de las víctimas de falsos positivos desde cada una de sus localidades de residencia hasta la ciudad de Ocaña (noroccidente), donde pedirán solidaridad ante su dolor y la búsqueda de la verdad, justicia y reparación; para que este tipo de crímenes tenga la sanción debida hacia los responsables y evitar que esta situación se siga viviendo en la nación suramericana.
Hasta el momento no se conoce que en estos casos de ejecuciones extrajudiciales, o falsos positivos, haya habido más sentencias, ni avance de las investigaciones preliminares de las muertes ocurridas hace un año; mientras tanto, los familiares esperan que la justicia llegue de la mano del restablecimiento del buen nombre de sus víctimas; quienes, luego de sus muertes, siguen siendo señalados como delincuentes y guerrilleros.

9 de noviembre de 2009
©telesur 
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