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condenan a jefe paramilitar


Se trata de primera condena contra un máximo jefe del desarticulado grupo ultraderechista, en el marco de la denominada “ley de justicia y paz”, que otorgó el beneficio de una máxima pena de 8 años a cambio de la confesión de delitos y crímenes, así como de la reparación económica a las víctimas.


Colombia. Un tribunal de Bogotá condenó este viernes a 8 años de cárcel a Freddy Rendón, alias “El Alemán”, un ex jefe del desarticulado grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por liderar el reclutamiento de 309 menores de edad, entre otros delitos, informó la Fiscalía.
Se trata de primera condena contra un máximo jefe del desarticulado grupo ultraderechista, en el marco de la denominada “ley de justicia y paz”, que otorgó el beneficio de una máxima pena de 8 años a cambio de la confesión de delitos y crímenes, así como de la reparación económica a las víctimas.
Rendón, desmovilizado ex comandante del bloque Elmer Cárdenas de las AUC, fue hallado culpable de liderar el “reclutamiento entre 1997 y 2002 en los departamentos de Chocó (oeste) y Antioquia (noroeste)”, precisó el ente investigador en un comunicado.
Asimismo, fue condenado por delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, utilización indebida de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas militares, y por el secuestro de Rigoberto Castro Mora, ex alcalde del municipio de Unguía en 2000.
La magistrada Teresa Jiménez López, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó que “El Alemán” cumpla con su condena en la cárcel de máxima seguridad en el municipio de Itaguí (400 km al noroeste de Bogotá), donde ha estado recluido desde hace más de cuatro años.
Rendón, junto con alrededor de 700 paramilitares bajo su mando, realizó un proceso de entrega de armas y sometimiento a la justicia en agosto de 2006, cuando se acogió a la “ley de justicia y paz”.
Entre 2003 y 2006, el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) lideró la progresiva desmovilización de más 32 mil miembros de las AUC, quienes se sometieron a tribunales especiales para acceder al beneficio de cumplir máximo de ocho años en prisión, sin ser condenados por tribunales ordinarios con penas que se extenderían hasta 45 años.
Según la Fiscalía, sobre Rendón se adelantan además 23 procesos por delitos relacionados con masacres, secuestros, extorsiones y narcotráfico que están en etapa de investigación; otros tres están en juicio, en tanto en cuatro más ya se profirieron condenas.
17 de diciembre de 2011
16 de diciembre de 2011
©la nación 

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montoya y sus nexos con paramilitares


Citan a ex jefe de ejército colombiano por complicidad con paramilitares, ejecuciones extrajudiciales por lucro, corrupción y narcotráfico.


Colombia. Montoya fue citado a declarar sobre la operación que lideró en octubre de 2002 en una localidad marginal de Medellín (400 kms al noroeste de Bogotá), que tuvo como objetivo la expulsión de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ex comandante del Ejército de Colombia, general retirado Mario Montoya, fue citado a declarar el próximo lunes en el marco de una investigación sobre presunto apoyo recibido de paramilitares durante una operación militar de 2002, informó el miércoles una fuente judicial.
“El lunes rendirá versión libre (declaración espontánea sin ser vinculado directamente a la pesquisa) ante la Coste Suprema de Justicia por la “Operación Orión”. Después de esto, la Fiscalía evaluará si existen méritos para vincularlo formalmente a la investigación y poder esclarecer este caso”, dijo a la AFP un vocero de Fiscalía.
Montoya fue citado a declarar sobre la operación que lideró en octubre de 2002 en una localidad marginal de Medellín (400 kms al noroeste de Bogotá), que tuvo como objetivo la expulsión de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El llamado a testificar surge después varias denuncias de paramilitares desmovilizados, entre ellas la de un extraditado jefe de las desarticuladas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien aseguró que la “Operación Orión” fue respaldada por un grupo de paramilitares de ultraderecha.
El hoy militar en retiro fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército durante el desarrollo de este operativo, en su momento calificado como exitoso por el gobierno del presidente de Álvaro Uribe (2002-2010).
Montoya, quien fue comandante general del Ejército entre 2006 y 2008, renunció a su actividad militar en medio del llamado escándalo de los "falsos positivos", en el que una docena de jóvenes fueron desaparecidos por efectivos de la localidad de Soacha, contigua a Bogotá, y posteriormente presentados por militares cómplices como guerrilleros abatidos en combate.
El alto oficial fue convocado por sus presuntos nexos con narcotraficantes, así como por supuestas falsas desmovilizaciones de paramilitares y guerrilleros durante su administración.
Montoya, quien renunció en pasado agosto como embajador de República Dominicana, lideró la "Operación Jaque", que en julio de 2008 permitió el rescate de la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes que estaban en manos de la guerrilla de FARC.
15 de diciembre de 2011
©la nación

ley de víctimas amenazada


"A la Ley de Víctimas no la amenaza una, sino dos manos negras".


Colombia. Carmen Palencia, presidenta de la Asociación Tierra y Vida, que agrupa a víctimas que buscan la restitución de sus tierras, asegura que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda están intentando poner en jaque la puesta en marcha de la ley.
Carmen Palencia se ha convertido en una de las voces más importantes de las víctimas que buscan la restitución de tierras. Ella es la presidenta de la Asociación Tierra y Vida (de Urabá) y fue una de las personas que se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para hablar de los obstáculos a la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
“No es solo una mano negra, son dos. Y nosotros, los que hacemos parte del movimiento nacional de víctimas, podemos dar fe de la forma cómo están actuando”, dice Carmen, quien se alista para viajar a Bruselas (Bélgica) para hablar justamente de tierras.
“No podré decir allá nada diferente de lo que está pasando en este momento en el país. Hemos documentado y denunciado que hay grupos, algunos de la extrema derecha y otros de la extrema izquierda, que están tratando de hacer cualquier cosa para que la ley fracase”, dice Palencia. 
Ella habla de “unos” que “están comprando falsos testigos, preparando pruebas falsas (... ) testaferros que quieren hacerse pasar por personas de buena fe para no devolver las tierras, ahí están comerciantes, palmeros”. 
También menciona a los “otros” que, según ella, “están metiéndole en la cabeza a los campesinos la idea de que la Ley de Víctimas no va funcionar y que lo único que va a pasar es que perderán lo poco que les queda. Son esos los que quieren que en realidad sea un fracaso para seguir justificando su lucha armada”. 
Pero el riesgo, dice Carmen, no viene solo de esos grupos. Ella cuenta que una de las peticiones que hicieron las organizaciones de víctimas al presidente Santos en la reunión del pasado domingo fue pedir prudencia a sus funcionarios. 
“El movimiento de víctimas en el país se está viendo afectado por apreciaciones apresuradas, que lo único que hacen es colgarles una lápida en el pecho a las víctimas”, dice Palencia, que cita como ejemplo las recientes declaraciones de la fiscal Viviane Morales sobre el caso de Las Pavas (Sur de Bolívar). 
“No puedo decir que fue mal intencionado, pero uno esperaría que ese tipo de pronunciamientos se hagan luego de una investigación exhaustiva, profunda. Ojalá eso sirva de alerta para mostrar la fragilidad que existe en el sistema, sobre todo ahora que estamos cerca de que empiece la Ley de Víctimas”, advierte Palencia. 
Según ella, los líderes pidieron al gobierno que cada vez que se haga una denuncia de ese tipo se le dé celeridad a las investigaciones y si es el caso se llegue a judicializaciones, para que así “no terminen pagando todas las víctimas por lo que hacen algunos malintencionados”. 
Palencia es enfática en decir que para que el gobierno logre enfrentarse a los que se están oponiendo a la Ley de Víctimas, es necesario que se reciba el apoyo de las organizaciones que, según ella, “sí están interesadas” en la restitución. 
Esta líder del Urabá antioqueño menciona también una movilización de campesinos en todo el país y unas pruebas piloto de la Ley de Víctimas en zonas con alto índice de conflicto para ver “cuáles son los principales riesgos y de qué forma pueden solucionarse”. 
Para Carmen Palencia es tan importante la unión entre el Gobierno y las organizaciones de líderes como lograr que la justicia actúe a la par de esta nueva ley. “Si no hay celeridad en los procesos judiciales por casos de líderes asesinados o si no se investigan en realidad a las presuntas falsas víctimas que han ido apareciendo, el desafío para el Estado con la implementación de la Ley de Víctimas será mucho mayor”, advierte.
13 de diciembre de 2011
7 de diciembre de 2011
©semana
vía cc verdad abierta

primera condena por delitos sexuales


El Tribunal de Justicia y Paz condenó 8 años a alias ‘Lucho’, ex paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca, por la violación de dos menores de edad en Tame, Arauca.


Colombia. Los magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca condenaron a tres desmovilizados del Bloque vencedores de Arauca a 8 años de cárcel por los delitos de homicidio, desaparición, secuestro, tortura y abuso sexual, entre otros. Es la primera vez, que se dicta sentencia contra un desmovilizado por haber asaltado sexualmente a dos niñas.
José Rubén Peña Tobón, alias ‘Lucho’, violó a las dos menores el 7 de marzo del 2003, en el corregimiento el Caracol, del municipio de Tame, Arauca, quien junto a  alias ‘Tom’, dos mandos medios del Bloque Vencedores de Arauca obligaron a las jóvenes a tener relaciones sexuales con ellos, diciéndoles que si no accedían, sus compañeros sentimentales iban a ser asesinados.  
En una versión libre, en septiembre de 2009, alias ‘Lucho’, quien fue ex sargento del Ejército y comandó el grupo Centauros del Bloque Vencedores de Arauca, confesó como se violaron a dos mujeres que fueron a ver que les había pasado a sus compañeros sentimentales, después de la incursión paramilitar en la vereda Corocito.
En ese entonces, según lo aseguró el mismo paramilitar,  después de torturar y asesinar a varias personas, acusadas de pertenecer al ELN, los paramilitares de ’Lucho’ llamaron a las esposas de dos de las víctimas para que recogieran los cadáveres. Las mujeres llegaron al lugar, pero antes de entregarles los cuerpos de sus familiares las violaron.
El hecho ocurrió en el puesto de salud del corregimiento el Caramelo, en donde para la fecha las parejas de las jóvenes y cinco personas más fueron retenidos, asesinados y posteriormente, desaparecidos. 
En la decisión, el tribunal advirtió que si el desmovilizado incumple con algunas de sus responsabilidades dentro del proceso de Justicia y Paz, debería pagar una condena en la justicia ordinaria de 40 años de cárcel.  
Además decidió que se repararan  a las víctimas, una de las cuales aún está afectada sicológicamente, con la suma de cuarenta y dos millones de pesos para resarcir el daño moral causado por los paramilitares. 
Actualmente, ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran denunciados 727 casos de abuso sexual cometidos por paramilitares. Y sólo hasta ahora, después de seis años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz se emite la primera sentencia que condena a  los responsables de delitos sexuales. 
Alias ‘Lucho’, y otros dos desmovilizados del Bloque Vencederos de Arauca, José Manuel Hernández Calderas, alias ’Platino’; y Wilmer Morelo Castro, alias ’Boqui’, también pagaran una condena de ocho años, por las masacres de Corocito y Flor amarillo, ocurridas el 8 de febrero y el 23 y 27 de noviembre del 2003 y que dejaron un total de 12 y 15 personas muertas. 
A principios del próximo año, La Fiscalía formulará cargos por abuso sexual y otros delitos contra Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ´el Mellizo´, quien también tiene responsabilidad por línea de mando en la violación de estas dos mujeres.
13 de diciembre de 2011
7 de diciembre de 2011
cc verdad abierta
 

el capitán victoria


El enlace de los Castaño. Jorge Victoria fue cómplice de los Castaño en masacres en el Urabá y los Llanos. Esto fue lo que contó en su primera versión en Justicia y Paz sobre los nexos entre ’paras’ y militares.


Colombia. Del paradero de Jorge Humberto Victoria Oliveros no se sabía nada. Solo que el 3 de septiembre de septiembre de 2005 había hecho parte de la lista presentada por el Bloque Centauros, el grupo paramilitar que delinquió en los Llanos Orientales, para desmovilizarse junto con otros 1.134 hombres en la finca Corinto, en Yopal, Casanare.
La Fiscalía lo había citado a versiones libres pero nunca asistió. Estuvo prófugo hasta el pasado martes de 6 de diciembre de 2011, cuando se entregó ante agentes del CTI en Antioquia. Para la Unidad de Justicia y Paz había quedado clara la importancia de que Victoria Oliveros confesara sus crímenes porque durante la más reciente versión libre de Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar dijo que el ‘Capitán Victoria’, como los paramilitares lo conocían, había sido una pieza clave en la incursión de las Auc a los Llanos Orientales en 1997.
Durante la versión libre, la Fiscal 5 de Justicia y Paz le preguntó a Victoria Oliveros alias ‘Capitán Victoria’ o ‘Raúl’ sobre sus nexos con los hermanos Castaño y cómo delinquió con las Auc en el Urabá y Los Llanos Orientales, donde fue testigo y cómplice de las masacres de Pueblo Bello, Antioquia, en enero de 1990, y en Mapiripán, Meta, en julio de 1997.

Desde ‘Los Tangueros’
Victoria Oliveros hizo parte del Ejército desde 1974 hasta 1987, período en el que alcanzó el rango de capitán. Según le dijo a la Fiscalía, empezó a delinquir con los hermanos Castaño porque se motivó por los pagos y porque sabía que podía cumplir con la función que le encargaron. Su tarea desde entonces fue ser el enlace de las Auc con los militares en aquellas zonas de interés de expansión de los paramilitares.
Fue precisamente a principios de 1990 que Fidel Castaño creó ‘Los Tangueros’, un grupo paramilitar que delinquía desde la finca Las Tangas, en Córdoba, con el pretexto de defenderse de los secuestros y extorsiones de la guerrilla. Una de las masacres cometidas por este grupo fue la de Pueblo Bello, Antioquia, en enero de 1990. “Fui testigo de la forma tan atroz como asesinaron a esas personas”, dijo el ex paramilitar.
Tras la muerte de Fidel Castaño en 1994, alias el ‘Capitán Victoria’ dijo que fue enviado al Valle del Cauca donde estuvo durante cuatro meses con el grupo a cargo de alias ‘El Alacrán’. Después de que el ‘Alacrán’ se entregó a las autoridades, fue enviado a Montería, Córdoba, como escolta de Sor Teresa Gómez, una mujer cercana a los hermanos Castaño, condenada por el asesinato de la reclamante de tierras Yolanda Izquierdo e involucrada en despojos y delitos relacionados con el narcotráfico.
Después de un tiempo, dijo, Vicente Castaño que para entonces era el jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, lo rebautizó con el alias de ‘Raúl’, apodo con el que empezó a ser conocido cuando la Casa Castaño le designó una nueva misión: ser el enlace para incursionar los Llanos Orientales en 1997.

Los Aviones y la ‘Logística’
Alias el ‘Capitán Victoria’ o ‘Raúl’ confirmó lo que de forma reciente contó el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en versión libre. Según Mancuso, el ex capitán era cercano a los Castaño y fue enviado con anticipación a los Llanos Orientales para hacer contacto con los militares y ayudarles en la ‘logística’ para exportar las Auc a esta zona del país. Mancuso dijo además que contaron con el apoyo del empresario de las esmeraldas Víctor Carranza.
Alias ‘Raúl’ dijo en versión libre que llegó a San José del Guaviare, Guaviare, entre febrero y marzo de 1997 junto a Darío Antonio Úsuga David alias ‘Mauricio’, encargado este último como jefe militar de la incursión de los Llanos. Ambos, explicó, se contactaron con dos hombres, entre ellos, con ‘Juancho Pimiento’.
Mancuso dijo en versión libre que Juan de Jesús Pimiento alias ‘Juancho Diablo’ era el representante y enviado de Víctor Carranza para participar en la planeación.
Según alias ‘Raúl’, se reunieron con ‘Juancho Pimiento’ para analizar cuál era la mejor ruta para llegar a la zona. “Vicente me dijo que tenía que hablar con esos dos hombres pero no sabía sus antecedentes. Pensé que eran comerciantes cercanos a Víctor Carranza. ‘Juancho Pimiento’ nos sugirió que hiciéramos un reconocimiento aéreo”, dijo.
El ex paramilitar contó que fue hasta Puerto López, Meta, donde los hombres de Carranza le entregaron una avioneta con la que hizo el sobrevuelo junto a alias ‘Mauricio’. Luego, dijo, se contactó con Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, jefe de las Autodefensas del Casanare.
“Hicimos una buena amistad y Héctor nos ofreció un lugar para ubicar los aviones (los dos que tenían planeado despegar desde el Urabá y aterrizar en Los Llanos), pero rechacé ese sector porque no era un sitio adecuado. Los aviones eran grandes y no había seguridad”, dijo ‘Raúl’.
En la versión libre, contó que su siguiente contacto fue con el coronel Lino Sánchez, entonces coordinador operativo de la Brigada Móvil 2 con jurisdicción en Meta. “Yo conocía a Lino desde Montería, cuando él era oficial de inteligencia. Había mucha confianza entre nosotros y él estaba dispuesto a colaborar”, contó el ex paramilitar. El coronel Sánchez, quien está muerto, fue condenado 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán.
En su relato, alias ‘Raúl’ recordó que el coronel Sánchez le ofreció apoyo en cualquier desplazamiento de tropa que necesitara en Meta.
“Con Lino se planeó el esquema de maniobra para poner a los paramilitares en Caño Jabón. Para Lino el río Guaviare era la vía más libre para la movilización de la tropa pero le dije que eso era riesgoso porque era una zona de guerrilla y los paramilitares tenían que pasar por enfrente de la Base de Barrancón (base militar estadounidense en San José del Guaviare) y ahí no teníamos a nadie”, dijo alias ‘Raúl’.
Así, alias ‘Raúl’ contó que decidieron que tras la llegada de los paramilitares en los dos aviones a San José del Guaviare, la movilización no iba a ser por río sino por carretera.
“Contamos con dos camiones, uno blanco y uno rojo, que fueron contratados con dinero de Jaime Parra, un ganadero que tenía fincas en el Guaviare”, contó.
Al momento de la incursión, en julio de 1997, “decidimos que los paramilitares iban en los camiones por una trocha que bordea al río, y mandamos dos lanchas vacías para que los recogieran más adelante cuando ya pasaran Barrancón”, contó.
En la narración, alias ‘Raúl’ recordó que se perdió la comunicación entre las lanchas y los camiones y que las lanchas se regresaron. Igual que en el relato del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, alias ‘Raúl’ dijo que la incursión, planeada inicialmente hacia Caño Jabón se desvió por orden de Vicente Castaño, y que no supo de los detalles de cómo ocurrió la masacre de Mapiripán.
“Sé que Vicente desvió la incursión porque en Caño Jabón disque había como 40 guerrilleros y por eso se movieron hasta Mapiripán. De la masacre no supe. Luego tuve contacto con alias ‘Mauricio’ y los muchachos (paramilitares) que estaban por los lados de Puerto López llegaron hasta el río Manacacías donde les di provisiones (alimentos)”, dijo el ex paramilitar.
Cuando la Fiscalía le preguntó si tuvo nexos con Víctor Carranza, alias ‘Raúl’ dijo que una vez se reunió en la casa del esmeraldero con José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’, entonces jefe de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, y con Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Jorge Pirata’, jefe de las Autodefensas de San Martín, Meta.
“No recibí cinco centavos de Carranza pero él sabía que yo hacía parte de la estructura (Auc)”, dijo.
Cuando la Fiscalía le preguntó sobre si hubo participación de otros militares en las incursiones de las Auc, mencionando al general (r) Rito Alejo del Río, alias ‘Raúl’ no respondió con claridad y terminó refiriéndose al general (r) Jaime Humberto Uscátegui, entonces comandante de la VII Brigada y condenado por la masacre de Mapiripán por omisión.
“Rito Alejo sabía que yo era miembro de la estructura. Vicente me había enviado a hablar con militares que le habían colaborado a los Castaño… A mí lo que me causó sorpresa es lo que del general Uscátegui. Por qué lo vinculan con las Auc si nunca me reuní con él. Lo conocí en Santa Marta pero sé que nunca estuvo enredado”, dijo alias ‘Raúl’ o el ‘Capitán Victoria’.
La versión libre* continuará el lunes de septiembre de 2011 en el búnker de Bogotá.
*La versión libre es una etapa inicial del proceso de Justicia y Paz, en el que la Fiscalía indaga por hechos y los desmovilizados confiesan los crímenes. Es una etapa preliminar de investigación antes de empezar la fase de juicio ante los Tribunales.
13 de diciembre de 2011
9 de diciembre de 2011
7 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

 

 

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don antonio condenado por 36 masacres


El Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a 8 años de cárcel a Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, por un centenar de homicidios y otros delitos.


Colombia. Edgar Ignacio Fierro Flórez alias ‘Don Antonio’ fue condenado por su responsabilidad en cadena de mando, en 170 hechos, de los cuales 129 fueron homicidios cometidos por los hombres a su mando.
Los magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca condenaron a ‘Don Antonio’, ex jefe paramilitar del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Auc, a 8 años de cárcel, la máxima pena alternativa dentro de Justicia y Paz.
Entre los crímenes aceptados por Fierro Flórez, también se encuentran el concierto para delinquir, casos de desplazamiento, tortura, reclutamiento, secuestro, hurto y un caso de acceso carnal violento.
Según publicó El Heraldo de Barranquilla, al leer el fallo la magistrada Léster María González dijo que “el frente bajo el mando de Fierro tenía una política de homicidios selectivos, con muertes injustas (…). Los homicidios tuvieron desde siempre como objetivo a la población civil y se dieron en actos unilaterales, porque no hay registro de que hayan sido en combate”.
Sobre el delito de terrorismo, la decisión señala que “los actos de ’Don Antonio’ generaban zozobra en la comunidad”.
Al respecto del acceso carnal violento en persona protegida, delito por el cual Fierro es el primer exparamilitar condenado en Justicia y Paz, la Magistrada consideró que “como comandante no ejerció los controles debidos con sus subordinados” para impedir la violación, tortura y asesinato de Cenelia Berrío, en el corregimiento de Palermo.
Al explicar el fallo sobre el crimen de reclutamiento ilícito el Tribunal aseguró que se ha documentado que el José Pablo Díaz enlistó entre sus hombres a seis menores de edad, de los 410 casos registrados en el Bloque Norte de las Auc.
’Don Antonio’ tendría que pagar 40 años de cárcel, pero su participación en Justicia y Paz hace posible que se beneficie con la pena alternativa siempre y cuando siga colaborando con el proceso de desmovilización y reparación integral de las víctimas de los paramilitares.
Con ésta ya son ocho la condenas contra paramilitares en Justicia y Paz. En la decisión también se condenó a Andrés Mauricio Torres León alias Z1, ex patrullero del frente ‘Mártires del Cesar’ del Bloque Norte de las Auc, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien, al igual que Fierro Flórez pagará la pena alternativa de 8 años de cárcel.
‘Z1’, responderá por 8 homicidios, 2 desapariciones forzadas, 1 secuestro, 2 secuestro simples y 1 hurto calificado, todo hechos cometidas en su militancia dentro del Bloque Norte.

¿Quién Es Don Antonio?
El nombre de Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, ex jefe del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, saltó a la luz pública en 2005 porque en su computador medios y autoridades encontraron muchas de las evidencias sobre los detallados informes de ejecuciones y asesinatos a sindicalistas y otros civiles a manos de los paramilitares en el norte del país.
Fierro Flórez, oriundo de Campo Alegre, Huila, fue capitán del Ejército y sub teniente de la Armada nacional hasta el 4 de agosto del 2002, cuando es llamado a calificar servicios. Durante su militancia en la Ejército estudió ciencias militares y de las armas.
‘Don Antonio’ ingresó a las autodefensas en el año 2003 como inspector del frente Mártires del Valle de Upar, sin embargo rápidamente y por su formación militar fue nombrado comandante del Frente José Pablo Díaz hasta la fecha de la desmovilización de la estructura, el 8 de marzo de 2006.
Durante las versiones libre realizadas entre 2007 y 2008, el ex jefe paramilitar reconoció su responsabilidad por cadena de mando, en los crímenes que los hombres a su mando cometieron en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar.
Entre los años 2003 y 2006 el Frente José Pablo Díaz, hizo lo que quiso en varios municipios del Atlántico y algunos del Magdalena. Fierro Flórez fue la cabeza de una estructura militar, política y financiera con una clara y definida división del trabajo mediante la cual asignaba tareas y exigía resultados a sus subalternos para poder financiar las actividades del grupo ilegal armado que dirigía. Para poder llevar adelante sus propósitos, ’Don Antonio’ exigía, de acuerdo con una directiva de ‘Jorge 40’, cobrar a los alcaldes el cinco por todos los contratos que se celebraban.
Y para poder llevar adelante sus propósitos de ‘capturar la administración y sus finanzas’, el exjefe paramilitar tuvo como aliados a quienes se desempeñaron como alcaldes del municipio; la exalcaldesa Rosa Stella Ibáñez Alonso, elegida para el periodo 2004 – 2007, el cual no terminó porque su elección fue declarada nula por el Consejo de Estado en 2006, y Alfredo Arraut Varelo, quien desempeñó sus funciones como primera autoridad municipal entre 2001 y 2003. Tanto Ibáñez como Arraut, dijeron en su defensa que no sólo no habían sido aliados del grupo armado, sino que en algún momento fueron declarados ‘objetivo militar’ de las autodefensas.
En Barranquilla y otros municipios del Atlántico, ‘Don Antonio’ enviaba a sus subalternos a extorsionar a tenderos y comerciantes, tanto así, que el año 2004 se registraron 40 homicidios de personas de este gremio, en 2005, 90 y en el 2006, 7 casos. Asimismo bajo la modalidad de sicarito, que era frecuentemente utilizada por los integrantes del bloque, se ultimaron muchas de las víctimas que se negaban a pagar las extorsiones o que eran exterminando bajo la insignia de la mal llamada ‘limpieza social’.

La Reparación de las Víctimas
Según lo estipulado por el Tribunal, se ordenó reparar a cada una de las víctimas de ´Don Antonio’, con sumas que van desde los 30 SMMLV, para las víctimas de homicidio hasta los 100 SMMLV para las víctimas directas de homicidio.
El Tribunal ordenó la creación de un paseo peatonal con placas que tengan la el nombre de las víctimas asesinadas, en cada uno de los municipios donde residían, como un garantía para la reparación simbólica. Esta orden deberá concertarse entre los gobierno locales, La CNRR y Acción Social y la obra deberá iniciarse a un año de proferida esta sentencia.
Asimismo, como medidas de reparación simbólica el tribunal ordenó: a las autoridades garantizar el regreso a las víctimas que así lo decidan; a las secretarias departamentales hacer jornadas para evaluar las condiciones físicas y sicológicas de las víctimas y otorgarles atención gratuita por el tiempo que sea necesario; a Acción Social diseñar e implementar programa de acompañamiento para las poblaciones afectadas, que traten colectiva e individuales a las víctimas.
También se dispuso difundir la verdad de lo sucedido, lo que incluye la declaración pública de los postulados reconociendo su responsabilidad y pidiendo perdón por lo ocurrido, en un acto público. Estas disculpas serán, como lo ordena la sentencia, publicadas en diario de alta circulación nacional.
Como medidas de reparación simbólica también se ordenó publicar la investigación de la Fiscalía que documenta los procesos de origen, consolidación y accionar de las autodefensas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar, en medio de comunicación de amplia circulación.
Durante las diligencias en Justicia y Paz, al Bloque Norte de las Auc, se le atribuyen 15.700 homicidios, la desaparición de 2.100 personas, el desplazamiento de 81.700 personas, 341 masacres, 410 reclutamientos forzados de menores de edad  y de lo cual resultó un registro de 111.000 víctimas.
13 de diciembre de 2011
10 de diciembre de 2011
9 de diciembre de 2011
cc verdadabierta


en caño jabón participaron militares


El ex jefe paramilitar ratificó en versión libre que los militares también participaron en la masacre de Caño Jabón, Meta, en mayo de 1998.


Colombia. El recorrido criminal de las Auc por el corregimiento de Caño Jabón, Meta, comenzó a la 1:30 de la tarde del 4 de mayo de 1998. Casi un año después de la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997, llegaron en varios camiones hasta el corregimiento de Puerto Alvira donde delinquieron durante dos horas.
“Intimidaron a la población, sacaron a los habitantes de sus casas, saquearon el pueblo y con lista en mano iban señalando quién moriría por ser guerrillero o simpatizante de la insurgencia. A las víctimas las golpearon, las ultrajaron, las degollaron y las dejaron en frente de sus fincas”, narró la Fiscal 30 de Justicia y Paz haciendo una reconstrucción de lo que ha documentado su despacho.
En esta masacre fueron asesinadas 27 personas, entre ellas, una niña indígena de seis años que ese día junto a su padre se movilizaba en una canoa por el río Guaviare. Según Mancuso, al igual que con la masacre de Mapiripán, contaron con la complicidad de militares, entre ellos, el coronel Lino Sánchez, que para esa época  era el coordinador operativo de la Brigada Móvil 2 con jurisdicción en Meta.
Después de contar durante una primera jornada de versión libre, el 5 de diciembre de 2011, cómo se planeó la incursión paramilitar a los Llanos Orientales, durante el segundo día  de confesión reiteró que la entrada de las Auc a la zona contó con el apoyo de los militares pero que solo podrá confesar los nombres cuando pueda reconstruir los hechos con los subalternos que participaron en las masacres de Mapiripán y Caño Jabón.
“Los comandantes ya lo tenían todo coordinado, incluso tenían un total manejo de las torres de control de la aeronáutica y de personas dentro de la Fuerza Aérea”, dijo ex jefe paramilitar.
Durante la versión, Mancuso contó que también hubo una alianza con los militares para cometer ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’. Según la Fiscalía, en los Llanos Orientales hay por lo menos 250 casos de personas presentadas por el Ejército como muertos en combate, cuando en realidad eran personas inocentes o que siendo acusadas por presuntos nexos con la guerrilla eran secuestradas, asesinadas y torturadas por los paramilitares.
“La política de las autodefensas era entregar vivos o muertos a los guerrilleros. Luego, el Ejército era el encargado de legalizarlos en combate ”, dijo el ex jefe paramilitar.

De Víctima a Victimario<br>La familia de Salvatore Mancuso, de descendencia italiana, tenía  vastas tierras en Córdoba y según el ex jefe paramilitar, por esta razón fueron extorsionados durante varios años por las Farc. “La guerrilla iba y me cobraba extorsiones. Un día pagué la cuota y los guerrilleros que cobraban se volaron con la plata y me tocó pagar otra vez. Me cansé”, dijo.<br>Según le relató a la Fiscalía, buscó al Ejército y los militares le dijeron que esa era una zona roja y que ellos no conocían el terreno. Mancuso, quien para entonces era técnico agropecuario y se dedicaba a la ganadería, se convirtió en informante de los militares que a los pocos días mataron a tres guerrilleros en la región. “Eran cuatro pero el sobreviviente me reconoció y la guerrilla me declaró objetivo militar. El Ejército me dijo que me enseñaba a combatir”, contó.<br>Mancuso recordó que fue por medio de los militares que contactó a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, conocidos en Córdoba como los jefes de ‘Los Tangueros’ haciendo alusión a Las Tangas, la finca desde donde delinquían 40 paramilitares. “Era 1995 y se formaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, con grupos de autodefensas que ya había en la zona como Los Guelengues a cargo de Carlos Correa y el grupo de alias ‘Elías 44’ en San Juan de Urabá y Arboletes, que recibían financiación de ganaderos y narcotraficantes”, dijo.<br>Esta primera fusión de las autodefensas tenía 100 paramilitares en sus filas y recibieron entrenamiento de alias ‘Estopín’, Manuel Arturo Salom Rueda alias ‘JL’, Carlos Mauricio García alias ‘Rodrigo Doble Cero’, así como de un ex comandante de las Farc al que le decían alias ‘Góngora’ y un ex militar amigo de los Castaño conocido como el ‘Capitán Victoria’.<br>“Las autodefensas comenzaron a crecer y a mí me encargaron crear el Bloque Norte con los Frentes Héroes de los Montes de María, La Mojana, Alto Sinú y San Jorge y Catatumbo. Para entonces ya estaban los Bloques Minero y Cacique Nutibara”, contó el ex jefe paramilitar.<br>“Fui víctima y me convertí en victimario. Les pido perdón a las víctimas porque nunca debimos tomar las armas. Eso causó más problemas”, dijo desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, a donde fue extraditado en mayo de 2008 por cargos de narcotráfico.

Las Reuniones de las Auc
Después de participar en la creación de las Accu, Mancuso relató las reuniones en las que integraron con la sigla Auc, Autodefensas Unidas de Colombia, a los grupos paramilitares que delinquían en diferentes regiones del país. La primera, dijo, ocurrió el 18 de abril de 1997 en las que se adhirieron las Autodefensas de Puerto Boyacá de Arnubio Triana Mahecha alias ‘Botalón’ y del Magdalena Medio de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’.
La segunda fue el 16 de mayo de 1998 y en ésta se unieron las Autodefensas del Sur del Cesar, de Juan Francisco Prada alias ‘Juancho Prada’, las Autodefensas Campesinas del Casanare de Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’ y las Autodefensas de Cundinamarca a cargo de Luis Eduardo Cifuentes alias ‘El Águila’.
Durante los dos días de versión libre, Mancuso no hizo referencia a la tercera reunión y pasó a la cuarta contando que fue en 2001 “donde se determinó la dirección político-militar y de control interno de las autodefensas”, dijo.
Según el ex jefe paramilitar en 2002 las Auc empezaron las negociaciones de paz con el Gobierno para la desmovilización y decidieron reducir las masacres “para no afectar la Presidencia de la República”. Ese año Álvaro Uribe Vélez ganó las elecciones.
Mancuso se comprometió con la Fiscalía a entregar todos los documentos de las reuniones de las Auc en los que aparecen el listado de las personas participantes. La confesión de Mancuso hace parte del trabajo de investigación que hace la Fiscalía sobre la masacre de Caño Jabón.
*La versión libre es una etapa inicial del proceso de Justicia y Paz, en el que la Fiscalía indaga por hechos y los desmovilizados confiesan los crímenes. Es una etapa preliminar de investigación antes de empezar la fase de juicio ante los Tribunales.
12 de diciembre de 2011
7 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

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pablo sevillano reconoció 46 asesinatos


Guillermo Pérez Álzate, alias ‘Pablo Sevillano’ aceptó su responsabilidad en ola de homicidios que sacudió a Nariño entre 2001 y 2005.


Colombia. La Fiscalía acusó a ‘Pablo Sevillano’ por el asesinato de 46 personas, crímenes que fueron aceptados por el paramilitar.
En la investigación realizada por Justicia y Paz, se estableció que, luego de que el Frente Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar de las Auc se expandiera hacia Nariño en 1999 bajo el mando de Guillermo Pérez Alzate, más conocido con el alias de ´´Pedro Sevillano´, este departamento sufrió una ola de violencia para apoderarse de una zona que era del control de la guerrilla.
El ex jefe paramilitar, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, asistió a la imputación por medio de una trasmisión de vídeo desde su centro de reclusión en ese país.
La mayor parte de estas víctimas eran personas del común, menores de edad, mujeres y personas con discapacidad, a los que los paramilitares acusaron de ser colaboradores o integrantes de la guerrilla. También asesinaron bajo la consigna de la mal llamada limpieza social.
Según lo expuso la Fiscalía, al tiempo que negociaban grandes cantidades de droga y protegían los laboratorios de procesamiento de coca, los paramilitares buscaban establecer una base social al eliminar a los consumidores y pequeños vendedores de estupefacientes.
En esta ola criminal fueron asesinados entre otros un concejal de El Charco y su cuñado el 29 de enero de 2002 en Playa del Charco. En versión libre Juan Larrinson Castro alias ‘Matamba’ le confesó a la Fiscalía que por “una información que le llegó a Jhon Jairo Marín alias ‘J’ buscamos al concejal, lo amarramos y lo llevamos a la casa donde permanecían los paramilitares”, dijo.
Contraria a la versión de los paramilitares, la esposa del concejal, en su declaración ante la Fiscalía dijo que ellos eran dueños de una propiedad en El Charco en la cual tenían un hostal, y que para el momento del asesinato de sus parientes, estos se encontraban viajando de Cali al corregimiento para vender la propiedad.
“En 2000, cuando llegaron los paramilitares se les arrendó unas habitaciones, pero nunca pagaron” aseguró en su declaración.
Luego de esto, ella y su esposo fueron desplazados hasta el 2003, cuando las autodefensas salieron por un tiempo de El Charco, ocasión que ella aprovechó para vender la propiedad. Al regresar los paramilitares en el 2004 la amenazaron, por lo que nuevamente se desplazó de este corregimiento.
Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que el Frente Libertadores del Sur llegó a tener grupos dentro de los centros de reclusión en Nariño, quienes tras las rejas seguían delinquiendo. A partir del testimonio del ex paramilitar Mauricio Vargas, la fiscalía determinó estos grupos tenían contacto constante con jefes del frente que se encontraban fuera de las cárceles, con quienes coordinaban sus delitos.
Una de las víctimas de estos grupos dentro de las cárceles fue un interno de la cárcel de Pasto, a quienes los paramilitares asesinaron el 3 de octubre de 2003, por sospecha de que iba a atacarlos. El ex paramilitar Guillermo León Pulgarin alias ‘Alex’ dijo en versión libre que había ordenado su asesinato. 
Mauricio Vargas aseguró a la Fiscalía que “luego de cogerlo (a la víctima), lo sentamos y empezamos a preguntarle. Le hicimos una requisa y se le encontró la lista donde estaban relacionados nombres de miembros de las autodefensas con las celdas donde pernoctaban. En el momento yo le encontré un cuchillo y una granada”, relató Vargas a la Fiscalía.
Luego de recibir la orden desde el exterior de la cárcel de asesinar a esta persona, los paramilitares lo llevaron hasta su celda y lo ahorcaron. Según Vargas, los guardias del Impec fueron testigos y cómplices de este asesinato, ya que, no sólo permitieron que pasara, sino que a la una de la mañana fueron por la víctima y la trasladaron de patio para facilitarles a ellos el acceso él.
Por este hecho la magistrada de Justicia y Paz pidió durante la audiencia que se investigara a los funcionarios del Inpec que prestaban guardia en el momento, al igual que a otros empleados públicos que pudieran colaborar por acción o por omisión.
El Tribunal de Justicia y Paz exhortó a la Fiscalía a llevar un control preciso sobre las investigaciones abiertas fuera de Justicia y Paz contra aquellos que colaboraron con las autodefensas.
Así mismo el abogado de ‘Pablo Sevillano’ resaltó la importancia de la labor investigativa sobre las autoridades locales de los municipios de Nariño donde los paramilitares mantuvieron mayor presencia, ya que en favor de la verdad, dijo, es importante explicar por qué los paramilitares pudieron delinquir con cierto margen de tranquilidad en estos lugares.
La Fiscalía determinó que durante los años en que los paramilitares delinquieron en la región, las investigaciones por las que ahora acusó ahora a ‘Pablo Sevillano’, habían sido suspendidas por las autoridades locales, quedando en la impunidad.
La imputación de cargos es una fase del juicio. Consiste en que la Fiscalía presenta los delitos cometidos por el ex jefe paramilitar ante un magistrado de Justicia y Paz. Después, sigue la formulación y la legalización de cargos antes de que el Tribunal emita una condena contra del ex paramilitar y repare a las víctimas.
12 de diciembre de 2011
9 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

 

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