colombia

nueva investigación sobre las pavas

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Vivian Morales dijo que con este nuevo proceso se busca determinar la veracidad de las denuncias sobre el desplazamiento forzado de 123 familias en 2003.

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Colombia. Luego de realizar una reunión en la que participó la fiscal general, Viviane Morales, la fiscal especializada de Cartagena autora de la polémica decisión, Miriam Martínez Palomino y un equipo de asesores, la Fiscalía General tomó la decisión de abrir una investigación para esclarecer la versión de las supuestas falsas víctimas en los procesos de restitución de los derechos de 123 familias campesinas que alegan haber sido desplazadas en 2003.
A pesar de que la fiscal Morales aceptó que la decisión de su funcionaria fue adoptada con base en el testimonio de Pedro Moreno, miembro de Asocab que denunció el desplazamiento en 2009 y que luego se retractó de su versión inicial, aseguró que es un caso que amerita una "atención personalizada y una revisión profunda".
"He decidido abrir investigación de los hechos que sucedieron antes de 2006 y personalmente viajaré a Las Pavas y al municipio de Buenos Aires", afirmó la Fiscal quien en sus primeras intervenciones sobre el caso, respaldó la versión de su funcionaria. Aunque no existe una denuncia formal del desplazamiento en 2003 por parte de las víctimas, la Fiscal junto con el jefe de la Unidad de Desplazamiento revisará de forma minuciosa el caso tomando en cuenta las versiones de los directamente afectados.
La Fiscal afirmó que "es necesario mirar un poco más hacia atrás" debido a que sus pasadas declaraciones en las que respaldó la versión del falso desplazamiento se referían a hechos presentados en 2009, mientras que organizaciones internacionales, ong y los campesinos hablan de presiones y hechos violentos que se presentaron en 2003 y que no fueron tomados en cuenta por la fiscal de Cartagena.
Esta decisión es resultado también de reuniones con el padre Francisco de Roux, prior de la comunidad de los jesuitas,y con el decano de Derecho de la Universidad Javeriana, responsables de las organizaciones que venían adelantando los procesos de asesoría y acompañamiento a las 123 familias denunciantes que buscan una titulación de los predios en los que hoy funciona un cultivo de palma africana.
La Fiscal Morales ratificó la continuidad de la compulsa de copias contra las organizaciones que apoyaron los procesos de las víctimas de Las Pavas mientras se realiza la visita al terreno. Sin embargo, las organizaciones respondieron que no es pertinente abrir una investigación de tal envergadura a partir del testimonio de un campesino que ahora trabaja para la empresa palmicultora que se instaló en el terreno que los campesinos reclaman.
"Aunque se compruebe que no hubo desplazamiento, el proceso por extinción de dominio podría seguir su curso dependiendo de las pruebas sobre la inexplotación y la apropiación real de los campesinos", aclaró la Fiscal General, quien también aseguró que de encontrarse pruebas de falsas víctimas, estas personas serían procesadas por fraude procesal y falsa denuncia. Contrario a algunas versiones, estas tierras no tienen nada que ver con la familia de Pablo Escobar, dijo la Fiscal.
El debate sobre este caso comenzó con la decisión de una fiscal de Cartagena que archivó el proceso que se adelantaba por el desplazamiento de 123 familias en Las Pavas, una hacienda ubicada en el sur de Bolívar. A partir del testimonio de un campesino y de una persona que había servido de intermediaria en la venta de la hacienda, la Fiscalía concluyó que se trataba de un falso desplazamiento y ordenó abrir investigación contra otros campesinos por el presunto delito de rebelión.
Luego de que las víctimas, ongs y organizaciones internacionales expresaron su descontento y preocupación frente a las afirmaciones de la Fiscal de Cartagena y luego de la Fiscal General, el caso deberá ser esclarecido para rectificar la situación de las víctimas y de los procesos de restitución de sus derechos.
7 de diciembre de 2011
5 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

mancuso señala a del río y carranza

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Mancuso señaló a general del Río y a Víctor Carranza. En una versión libre que busca esclarecer la masacre de Mapiripán, Salvatore Mancuso habló sobre los nexos con militares y empresarios para entrar a los Llanos Orientales.

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Colombia. Aunque aclaró que los Llanos Orientales no fueron zona de su injerencia, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo que sí estuvo en una reunión realizada a finales de 1996 o principios de 1997, en la que participaron varios jefes paramilitares y el esmeraldero Víctor Carranza para planear la entrada de las Auc a esta región del país. En su relato dijo que contaron con el apoyo de dos altos mandos del Ejército en el Urabá, entre ellos, el general (r) Rito Alejo del Río.
Mancuso ya había hecho estas confesiones en Justicia y Paz, pero el lunes 5 de diciembre de 2011 contó más detalles a la Fiscal 30, que desde hace varios meses reconstruye la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997 y que desde hace un mes se volvió un tema polémico después de que el organismo investigador encontró que ocho víctimas beneficiadas con el fallo de la Corte Interamericana no fueron asesinadas o desaparecidas en esa masacre.
Desde una cárcel en Washington, Estados Unidos, a donde fue extraditado en mayo de 2008 por cargos de narcotráfico, Mancuso contó que la reunión para planear la incursión a los Llanos fue en el Urabá, en un sitio conocido como La Rula, y en la que participaron los máximos jefes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, Carlos y Vicente Castaño, así como el entonces entrenador de las autodefensas Carlos Mauricio García alias ‘Rodrigo Doble Cero’, el empresario de las esmeraldas Víctor Carranza y él como jefe militar de las Accu.
"Esa fue una reunión citada por Castaño. Carranza tenía autodefensas en el norte del país y la idea era expandirlas hacia el sur, y unificar las reglas para combatir la subversión. Carranza llegó en un helicóptero hasta La Rula, una zona montañosa del Urabá. Ya había unos grupos de autodefensa que controlaban el sur de Bolívar y Atlántico, principalmente sobre la Troncal del Caribe, donde se paraba a toda la gente para saber si tenían vínculos o no con la guerrilla. Hablamos de que se necesitaban autodefensas en los Llanos porque la guerrilla estaba enviando refuerzos a esa zona para recuperar terreno", dijo Mancuso.

-"¿Qué sabe usted de Los Carranceros?", le había preguntado la Fiscal 30 al comienzo de la versión.
-"Esa es una pregunta bastante complicada", respondió el ex jefe paramilitar.

Al comienzo de su relato, Mancuso dijo que Los Carranceros eran los paramilitares de Víctor Carranza y que el empresario era representado principalmente por Humberto Castro, Juan de Jesús Pimiento alias ‘Juancho Diablo’ y Pablo Elías Delgadillo alias ‘Ulises Mendoza’. "En la reunión que se hizo en La Rula, Carranza nos dijo que nos apoyaba en la incursión pero que nos entendiéramos con sus representantes. Luego se fue en el helicóptero", dijo Mancuso.
El ex jefe paramilitar agregó que otro de los cómplices de Carranza era José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’, ex jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, que en que la zona son conocidas popularmente como Los Carranceros.

"La Incursión No Iba para Mapiripán"
En su relato, Mancuso dijo que el pueblo de Mapiripán, Meta, no estuvo inicialmente dentro de los planes de incursión de la Casa Castaño. "Se habló de Caño Jabón y Puerto Alvira, en Meta, y de Barranco de Minas, en Guainía", dijo el ex jefe paramilitar.
Según Mancuso, la Casa Castaño les ordenó a varios de los jefes paramilitares seleccionar a los mejores hombres de sus filas. Es decir, a aquellos que llevaran varios años en combate. "A mí me pidieron diez". El ex jefe paramilitar contó que algunos fueron llevados a La 35 y Las Tangas, dos fincas de entrenamiento de los Castaño, y que luego se los enviaron al Urabá a Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’. "La idea era que recibieran entrenamiento en una zona difícil donde hubiera combates con la guerrilla, porque eso en los Llanos iba a estar difícil", dijo Mancuso.
Hasbún, un ex empresario bananero, fue el jefe del Frente Árlex Hurtado del Bloque Bananero en el Urabá, que delinquió en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá.
Antes de la incursión a los Llanos, en julio de 1997, Mancuso contó que los hermanos Castaño enviaron a la región a Arnoldo Vergara Trespalacios alias ‘Bola de Cacao’ para que hiciera inteligencia. "Él fue el encargado de abrir zona. Lo enviaron como si fuera un comprador de cocaína y así fue como ‘Bola de Cacao’ hizo los contactos", dijo el ex jefe paramilitar.
Además de la información daba el espía, Mancuso dijo que en los Llanos contaron con la complicidad de un ex militar conocido entre los paramilitares como el ‘capitán Victoria’, que había delinquido en zona urbana de Montería. "Él era el encargado de hacer las coordinaciones con el Ejército y la Policía, y en una reunión escuché que le estaba dando un reporte a Carlos Castaño de los contactos que había en la zona. Él fue un tipo muy importante para conformar el grupo en los Llanos", señaló el ex jefe paramilitar.
Con la información y la coordinación con los militares, Mancuso contó que los Castaño contrataron dos avionetas que iban a despegar desde Necoclí, en el Urabá antioqueño. Pero debido a lo corta que era la pista, solo una de las aeronaves partió desde allí con las armas, y la otra desde una pista en San José de Apartadó con los paramilitares abordo. El ex jefe paramilitar recordó que uno de esos aviones transportó dinero en efectivo "no recuerdo si eran $400 millones o más, no estoy seguro de la cifra" para comprar coca en la zona.
"Tengo entendido que alias ‘Rodrigo Doble Cero’ se encargó de la parte logística, mientras Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, de las armas", dijo Mancuso.

-"¿Y cómo hicieron con los permisos para la salida de los aviones?", preguntó la Fiscal 30.
- "En los aeropuertos hay autoridades y eso se tuvo que coordinar para que no nos fueran a requisar, capturar y quitar las armas. En los sitios donde había fuerza pública siempre se coordinaba. De pronto el encargado de hacer eso fue Carlos Vásquez alias ‘Cepillo Negro’, que hizo el contacto con el general Rito Alejo del Río", respondió el ex jefe paramilitar.

-"¿Y qué relación tenían con el general Del Río?", interrogó la fiscal.
-"Rito Alejo era muy amigo de nosotros. Él entraba vestido de militar a donde estuviéramos. Cuando necesitamos hacer operativos coordinábamos y él nos bloqueaba o nos despejaba las zonas", dijo Salvatore Mancuso.

-"¿Y usted alguna vez entró a la Brigada 17 del Ejército?", preguntó al Fiscal teniendo en cuenta que Del Río fue comandante de esa brigada, con sede en Carepa, entre 1995 y 1997.
-"Sí, yo entré varias veces", dijo el ex jefe paramilitar.

-¿Desde cuándo conocía usted al general?, insistió la Fiscal.
-"Yo lo conocía en la Primera División del Ejército en Santa Marta", respondió Mancuso.

En la versión libre, Mancuso señaló que para la incursión a los Llanos contaron con el apoyo del coronel Jorge Eliécer Plazas, llamado por las Auc como alias ‘Don Diego’, quien para entonces era subalterno del general Del Río como Jefe de Inteligencia de la Brigada 17. En la actualidad, Del Río es investigado por el asesinato del campesino Marino López Mena, ocurrido en febrero de 1997. El coronel Plazas, quien fue condenado a 40 años por el secuestro y asesinato del industrial israelí Benjamín Khoudari en 1998, se fugó de la Escuela de Artillería en 2003.

"Hubo Discusiones"
Según Mancuso, los aviones cargados con paramilitares y armas llegaron hasta San José del Guaviare. Sin embargo, dijo que poco supo de los detalles de la incursión porque los Llanos no eran su zona pero que escuchó una conversación entre Carlos Castaño y ‘Rodrigo Doble Cero’.
"Recuerdo que escuché una discusión. Que Castaño le decía que por qué había tantos muertos, si eso no era lo que se había planeado, que los medios de comunicación estaban hablando de más de 40 muertos. Pero ‘Rodrigo Doble Cero’ le decía que eso no era así, que eran menos", contó Mancuso, explicando que no puede saber cuántas víctimas dejó la masacre de Mapiripán.

-"¿Y por qué cometieron la masacre en Mapiripán si nos dijo antes que ese lugar no había sido mencionado en la reunión", preguntó la Fiscal 30.
-"No sé bien. Pero creo que a los lugares que tenían planeado llegar, que era Caño Jabón, en Meta, o Barranco Minas, Guanía, la guerrilla estaba avisada y cambiaron de ruta", dijo Mancuso.

Por videoconferencia, varias víctimas le preguntaron desde Villavicencio a Mancuso sobre las razones y los detalles de la masacre, pero el ex jefe paramilitar respondió que no sabía y pidió perdón en nombre de las Auc y del Estado, por los crímenes cometidos. "Haré todo lo posible por recordar los nombres de los militares de las Fuerza Área que participaron. Es muy difícil recordar en este exilio forzado de mi extradición, sin los medios técnicos y estando lejos de las personas que estuvieron en la zona y conocen los detalles", dijo.
Sin embargo, afirmó que el grupo de paramilitares provenientes en aviones desde el Urabá, contó en el Meta con el apoyo de Los Carranceros, el grupo de ‘Guillermo Torres’, y con los ‘Buitragueños’, el grupo de Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’.

Arroyave, el Músculo Financiero
Durante la versión libre, la Fiscalía le preguntó a Mancuso sobre Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’, quien a partir de 2001 fue el jefe del Bloque Centauros, como se le conoció posteriormente al grupo de las Auc que delinquió en los Llanos Orientales.
Según Mancuso, entre Arroyave y los hermanos Castaño existía una vieja amistad "porque creo que Miguel nació en Amalfi, Antioquia, o por esa zona de donde eran ellos", dijo. El ex jefe paramilitar contó que después de salir de la cárcel Modelo de Bogotá, Arroyave buscó a los Castaño y les dijo que él quería hacer parte del grupo de las Auc que había en los Llanos.
"Él conocía muy bien esa zona del país y era además conocido por comercializar los insumos con que se procesa la cocaína. Tenía mucho dinero y se convirtió en el músculo financiero del bloque", dijo Mancuso asegurando que "Arroyave no compró el grupo paramilitar".
La confesión de Mancuso hace parte del trabajo de investigación que hace la Fiscalía sobre la masacre de Mapiripán. La versión libre continuará el 6 de diciembre de 2011.
[*La versión libre es una etapa inicial del proceso de Justicia y Paz, en el que la Fiscalía indaga por hechos y los desmovilizados confiesan los crímenes. Es una etapa preliminar de investigación antes de empezar la fase de juicio ante los Tribunales.]
7 de diciembre de 2011
5 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

masacre o genocidio en la esperanza

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Un magistrado de Justicia y Paz pidió a la Fiscalía que aclare si los asesinatos ordenados por Ramón Isaza en la vereda La Esperanza fueron una masacre o una persecución contra todo un pueblo.

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Colombia. Por los actos criminales cometidos por el grupo armado ilegal en La Esperanza, la Fiscalía acusó al ex jefe paramilitar Ramón Isaza, alias ’El Viejo’, por los delitos de desaparición forzada y homicidio.
Durante la Formulación de cargos contra Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Accm), un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le pidió a la Fiscalía definir si la serie de homicidios y desapariciones cometidos entre abril y diciembre de 1996 en la vereda La Esperanza, del Carmen de Viboral, Antioquía, fue una masacre o un genocidio
Los hechos aludidos por el magistrado comenzaron el 3 de abril de 1996 cuando un grupo de paramilitares conocido como ’Los Halcones’, que hacían parte de las Accm, secuestró y desapareció en esa vereda a un joven campesino y a un menor de 14 años que lo acompañaba.
Con esta desaparición forzada ,’Los Halcones’ iniciaron un serie de incursiones contra la población civil de La Esperanza, a la que atacaron de manera sistemática e indiscriminada hasta el 27 de diciembre de ese mismo año, tras considerar que sus pobladores eran, supuestamente, "amigos" de la guerrilla.
Según la Fiscalía de Justicia y Paz, varias de las víctimas fueron menores de edad, entre ellas documentaron la historia de un bebe de dos meses, quien había sido abandonado luego de que ese grupo armado ilegal se había llevado a sus padres, y tiempo después correría la misma suerte cuando ’Los Halcones’ lo secuestraron con un vecino de la población, que lo tenía bajo su custodia.
Frente a este hecho existen testimonios encontrados. De un lado, pobladores que fueron testigos de estos hechos dicen que los padres del bebé habían llegado a la población 15 días antes de ser secuestrados, y que en ese momento el niño fue abandonado. De otro, los paramilitares sostienen que el menor era hijo de uno de sus hombres que había desertado de la guerrilla, a quien su mujer le había quitado el niño, y que las incursiones habían sido cometidas para rescatar el bebé y dejarlo con su padre. En un testimonio dado en 1997, Ramón Isaza aseguró que el niño no fue secuestrado y que, para ese momento, se encontraba bien y estaba con su padre, un integrante de las Auc.
En desarrollo de los operativos contra los pobladores de la Esperanza fue asesinado Helí Gomez Osorio, Personero de El Carmen de Viboral. Los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 1996 cuando iba de su oficina a su casa. La Fiscalía estableció que este asesinato fue una retaliación por un informe que entregó el agente del Ministerio Público al alcalde de la localidad en el que dejó constancia de la colaboración entre militares y paramilitares en la incursión a la vereda La Esperanza.
En esa ocasión, el Personero denunció la desaparición de 17 personas, entre ellas la del promotor de salud del centro de salud de la vereda, quien fue secuestrado el 7 de julio mientras asistía a una reunión en la capilla del lugar; también informó de las amenazas contra el secretario de la inspección de policía del caserío.
Según pudo reconstruir la Fiscalía, esta serie de homicidios y desapariciones comenzó luego de que Carlos Castaño le avisara a Ramón Isaza sobre la presencia de una supuesta patrulla de guerrilleros del Epl, proveniente del Urabá antioqueño que se había asentado en la zona de La Esperanza.
En un informe del personero de Cocorná, Antioquía, está consignado que los asesinatos y desapariciones perpetrados en esta vereda tuvieron relación con un acto de retaliación de las Acmm por el secuestro del ganadero Alberto Ramírez, presunto jefe paramilitar del Magdalena Medio.
En la entrevista referida de 1997, Isaza dijo: "todos tienen que sacar la cara y que el pueblo no se puede quedar quieto, la región no se puede quedar quieta, todos los ganaderos han pedido a las Fuerzas Armadas que les colabore en el problema de los secuestros de los ganaderos y los comerciantes. Desconozco que haya habido desapariciones de campesinos, porque lo que sucede es que las autoridades identifican con esa palabra a los guerrilleros. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, Derechos Internacionales y la Cruz Roja defienden a los guerrilleros y a nosotros, como autodefensas, nadie nos defiende."
Durante el mismo periodo, la Fiscalía documentó que en Carmen de Viboral y Cocorná, una patrulla del Ejército realizó operativos contra pobladores de la región. Según el ente acusador, existen varios testigos que señalan a posibles integrantes de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, como colaboradores de los paramilitares en los hechos ocurridos en La Esperanza. Para esa época, el comandante de esa guarnición militar era el general Alfonso Manosalva Flórez.
Por existir el señalamiento de "guerrilleros" en contra todos los pobladores de la vereda La Esperanza por parte de los paramilitares, el magistrado puso en duda que este hecho fuera una masacre, y lo calificó de posible genocidio y argumentó que los asesinatos y desapariciones fueron de manera repetida, sistemática y en un amplio periodo contra un grupo específico de la población nacional (todos los habitantes de la vereda), por lo que debía tratarse como este tipo de delito. Aunque la Fiscalía no se mostró de acuerdo con el magistrado, aceptó investigar a los posibles cómplices de estos crímenes, que no eran parte de las autodefensas.
Por los actos criminales cometidos por el grupo armado ilegal en La Esperanza, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Justicia y Paz, acusó al exjefe paramilitar por los delitos de desaparición forzada y homicidio.

La Posible Participación del Ejército
La Fiscalía explicó que, para la misma época de los crímenes cometidos por los paramilitares, tropas del Ejército que patrullaban en Cocorná y El Carmen de Viboral intimidaron y torturaron a varios campesinos de la región, a quienes señalaron de guerrilleros.
Según testimonios de los labriegos, las personas que los atacaron eran integrantes de una patrulla del Ejército a la que identificaron cómo ’Águilas’, que llevaban un distintivo que decía ’Barbacoas’. Uno de los testigos aseguró en entrevista ante la Fiscalía que estas personas violaron a una de sus primas. Otros le aseguraron a los investigadores que después de los malos tratos, los integrantes de esta patrulla los obligaron a firmar unas declaraciones de buen trato, y les tomaron las huellas dactilares.
Una de las pruebas que presentó la Fiscalía fue un reporte fechado el 28 de junio de 1996 en el que se establece que el Ejército efectivamente sostuvo combates con la guerrilla del Epl. En este enfrentamiento encontraron a una mujer, a quien identificaron como guerrillera. Según se confirmó en el informe de la época, ella sí había pertenecido a ese grupo insurgente, pero fue expulsada luego de quedar embarazada y para el momento temía por su vida. El Ejército entonces se la llevó para protegerla.
Testigos del suceso dicen que luego de capturar a la mujer, el Ejército la vistió con prendas similares a las que utiliza la guerrilla y luego se la llevaron, y no se le volvió a ver y a saber de ella.
En otros casos existen varios testimonios de familiares de una de las personas desaparecidas de la vereda La Esperanza, en los que relacionan el crimen con un hecho acontecido antes de la llegada de los paramilitares, en el que hombres del Ejército entraron a su casa y la destruyeron.
"También tenemos la entrevista del padre de una de las víctimas, quien expuso que los responsables de la destrucción de su vivienda fueron integrantes del Ejército Nacional, que incluso uno de los soldados que participo en el hecho le comentó discretamente que denunciara ante la cuarta Brigada", expuso la Fiscal durante la audiencia.
Cuando los miembros de esta familia amenazaron a los integrantes del Ejército con denunciarlos, la respuesta que recibieron fue: "que lo hicieran, que ellos eran los que perdían". Días después del incidente, la víctima fue secuestrada por los paramilitares. A su vez, se reveló que en el informe presentado por el Personero de Carmen de Viboral se consignó que cuando los militares eran identificados como presuntos responsables de hechos criminales en coordinación con las Accm eran trasladados a otras guarniciones militares fuera de la región.
Los defensores de las víctimas pidieron a la Fiscalía iniciar una investigación en contra de los miembros del Ejercito que presuntamente están involucrados en esta cadena de actos criminales.
7 de diciembre de 2011
6 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

perdón y reconciliación

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‘V-ida’: el perdón y la reconciliación de las víctimas de Ramón Isaza. Un grupo de víctimas del Magdalena Medio muestran en un documental que la reconciliación es posible. Ramón Isaza y sus hombres pidieron perdón y prometieron no repetir el horror del conflicto en Puerto Nare, Antioquia.

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Colombia. "V-ida" es un documental de José Luis Rodriguez Maldonado con el apoyo del despacho segundo de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y el grupo de Memoria Histórica de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.     
A través del documental "V-ida" de José Luis Rodriguez Maldonado, el despacho segundo de Justicia y Paz de la Fiscalía y el grupo de Memoria Histórica de la Unidad Nacional de Justicia y Paz mostraron cómo ha sido la reconciliación de familiares de los desaparecidos por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en Puerto Nare, Antioquia, con sus victimarios.
Carlos Gordillo Lombana, Fiscal segundo de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, dio a conocer el documental durante la audiencia de legalización de cargos contra los ex jefes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’, Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘Macguiver’, Walter Ochoa Guisao, alias ‘Gurre’ y John Freddy Gallo Bedoya, alias ‘Pájaro’.
Bajo el mando de Ramón Isaza Arango, este grupo de autodefensas que se desmovilizó en febrero de 2006 como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), delinquió durante un cuarto de siglo de historia en esa región que colinda con los dos lados del río, desde el oriente de Antioquia (San Luís, Puerto Triunfo, Puerto Nare) hasta Boyacá, Cundinamarca y Santander.
Durante el tiempo que la población de Puerto Nare estuvo bajo el control de las autodefensas de Ramón Isaza fue testigo de cómo los paramilitares arrojaron al río Magdalena los cuerpos de sus víctimas desde un puente conocido en la región como Puente de la AIA.
            
Primera Parte del Documental V-ida
A las autoridades de esta población les tocaba recoger los cuerpos de las víctimas que salían a flote. Según cuentan las víctimas en el documental, uno de los alcaldes de Puerto Nare buscando disminuir los costos que representaba esta labor, compró una vara de 5 metros de largo para empujar los cadáveres que llegaban a la orilla nuevamente al centro del río. Por este hecho el magistrado de Justicia y Paz ordenó durante la audiencia que se compulsaran copias contra dicho alcalde, y se diera inicio a una investigación por estos hechos.
Junto a estos videos la Fiscalía presentó también unos videoclips a través de los cuales Oliverio Isaza, Luis Eduardo Zuluaga, Walter Ochoa y John Freddy Gallo Bedoya pidieron perdón a todas sus víctimas y reafirmaron su compromiso de no reincidir en la guerra.
6 de diciembre de 2011
1 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

nos vamos a someter

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"Nos vamos a someter": alias ’Caracho’. SEMANA entrevistó en exclusiva a José López, alias Caracho, el hombre que quedó al frente del ejército criminal de Cuchillo, una de las bandas más grandes y violentas del país. Dice que ya está todo decidido para la entrega.

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Colombia. El nombre de José Eberto López Montero no le dice nada a la mayoría de los colombianos. Algunos pocos tal vez lo conocen por su alias, ’Caracho’. De lo que no hay duda es que muchos sí han oído hablar de la organización criminal que comanda: el llamado Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), una de las más grandes bandas criminales (bacrim) que hay en el país, que actúa en Guaviare, Vichada y una pequeña parte del sur del Meta.
El Erpac se hizo tristemente célebre gracias a Pedro Oliverio Guerrero, alias ’Cuchillo’, conocido por las autoridades como "el asesino de asesinos", quien por años comandó este grupo. Cuchillo fue un paramilitar especial: no solo ordenó asesinar a otro de los jefes de las AUC (a Miguel Arroyave, en una salida que hizo de Santa Fe de Ralito a los Llanos), sino que a pesar de que se desmovilizó en 2006 con el bloque Guaviare no acató la orden de reclusión y escapó. Para ese momento ya había formado el Erpac.
En diciembre de 2010, ’Cuchillo’ murió tras una operación de la Policía y así ’Caracho’ quedó al frente de este grupo que, según las autoridades, había dejado una estela de más de 1.200 asesinatos en tres departamentos.
’Caracho’ es un hombre de 40 años, de origen campesino y con más de la mitad de su vida en la guerra. Prestó servicio militar y durante un par de años fue soldado profesional. De allí saltó a las filas de los paramilitares. Fornido, con la piel quemada por el sol, es un hombre de muy pocas palabras al frente de cerca de medio millar de combatientes.
Las autoridades le pusieron precio a su cabeza a comienzo de este año: 1.750 millones de pesos. Al fin y al cabo, maneja una de las zonas más estratégicas en el oriente del país, en donde están sembradas miles de hectáreas de hoja de coca, se procesan toneladas del alcaloide y salen de allí mismo al exterior.
En el primer semestre de este año, monseñor Julio César Vidal anunció que grupos de bacrim como Los Rastrojos, Los Paisas, Los Urabeños y Las Águilas Negras estaban en plan de desmovilizarse. A finales de agosto se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para explicar el tema, y el mandatario dijo: "La Iglesia, al igual que el Estado, continúa explorando vías y caminos para la paz. Y tengan la seguridad de que cuando veamos que las circunstancias sean propicias, los llamaremos para que nos ayuden a conseguir ese anhelado objetivo".
Tras múltiples especulaciones, los anuncios de entrega se congelaron ante la falta de claridad jurídica, especialmente. Con el paso del tiempo algunos capos y jefes de esos grupos optaron por buscar una vía alterna y varios de ellos empezaron hace algunos meses acercamientos con Estados Unidos para entregarse a las autoridades de ese país.
SEMANA habló en exclusiva con ’Caracho’. Es la primera vez que pone la cara, pues ni las autoridades conocían su rostro. Él y su grupo han sido los únicos que han continuado con la intención de entregarse al gobierno. Aunque tiene varias órdenes de captura en el país no está solicitado en extradición, a diferencia de la mayoría de los jefes de bacrim. En la entrevista confirmó que está listo para someterse en las próximas semanas. Se trataría de la primera entrega masiva de esta nueva generación de paramilitares.

¿Por qué pone la cara en este momento?
Porque quiero acabar con el Erpac, porque me cansé de la guerra y porque me di cuenta de que este es un conflicto que no tiene vencedores ni vencidos.

¿Cuándo tomó la decisión?
El 28 de diciembre se conoció la muerte de ’Cuchillo’. Hubo una reunión de todos los comandantes y me designaron como jefe. Y en esa misma reunión se tomó la decisión de someternos.

¿Y por qué en ese momento y no antes?
Porque yo no era el jefe. El jefe era ’Cuchillo’.

¿O será que usted se va a someter porque las operaciones policiales los tienen corriendo y acorralados y saben que en cualquier enfrentamiento pueden caer?
Al Estado se le reconoce que ha sido exitoso operacionalmente. Yo tomé las armas para enfrentar a la guerrilla. Nunca me ha pasado por la mente usar las armas contra el Estado porque yo, cuando presté servicio, hice parte de él. Esto va en serio y de eso pueden dar fe las mismas comunidades que ya están notificadas.

¿Cómo así?
Por intermedio de las juntas de acción comunal, ya se les informó del retiro de nosotros de las zonas. En el momento en que la Fiscalía nos notifique la fecha de entrega, esas regiones serán responsabilidad del Estado.

¿Cuánto lleva usted en la guerra?
Siendo menor de edad, tuve que coger una escopeta para defenderme de la guerrilla. Cuando fui mayor de edad, presté servicio y combatí a la guerrilla con las armas del Estado. Y viendo las necesidades de mi familia y que el Estado no hacía presencia, volví a tomar las armas.

¿Y no será que lo de ahora es igual a cuando ’Cuchillo’ se ’desmovilizó’ en Ralito y que resultó siendo una trampa porque en un abrir y cerrar de ojos creó el Erpac?
Vuelvo y le digo, el jefe en ese entonces era ’Cuchillo’ y las órdenes se cumplían o uno se atenía a las consecuencias.

¿Cómo qué consecuencias?
Como la muerte.

¿Por qué hay que creerle a usted?
Porque yo creo que con el gobierno del presidente Santos y la actual Fiscalía y Procuraduría hay garantías para un proceso de sometimiento.

Con el gobierno de Álvaro Uribe también tuvieron muchas garantías y todo el proceso de desmovilización terminó en un engaño y en el nacimiento de las bacrim.
En ese entonces ofrecieron muchas cosas y no cumplieron. El presidente Santos ha dado muestras de que tiene voluntad de paz y no creo que nos vaya a poner conejo.

Pero si usted habla de ’poner conejo’, esto al fin qué es: ¿una negociación o un sometimiento?
Esto no es ni negociación ni desmovilización. Es sometimiento. Esto es un sometimiento sujeto a la normatividad vigente. Estamos dispuestos a pagar por lo que hemos hecho pero no por lo que no hicimos.

¿Eso implica que está dispuesto a delatar a sus socios?
Primero, no tengo socios. Y segundo, mi gente y yo vamos a pagar por nuestras malas acciones según lo que diga la justicia. Yo no voy de sapo.

¿Va a negar que los laboratorios de coca que las autoridades han encontrado en la zona donde opera su grupo sean de ustedes?
Eso es totalmente falso. Yo sí quiero que la Fiscalía investigue realmente de quién son los laboratorios, porque nosotros como Erpac no tenemos ni manejamos laboratorios.

¿Va a negar que tienen negocios de narcotráfico?
Nosotros nos financiamos del gramaje, lo que para nadie es un secreto, y de un impuesto a los insumos.

¿También va a negar entonces que el Erpac tiene negocios con narcos reconocidos como Daniel ’el Loco’ Barrera?
No tengo ningún tipo de negocio con él y personalmente no lo conozco. Como ya le dije, yo acepto que se paga un gramaje, pero lo único que me importa es que me paguen y no me importa quién es el que paga.

Pero está probado que él tenía negocios con ’Cuchillo’ y el Erpac…
Otra vez le insisto: yo no soy ’Cuchillo’.

El Erpac tiene negocios de narcotráfico con guerrilleros de las Farc como Jhon 40, del frente 43, y con los frentes 16, 39 y 44 de esa guerrilla…
La única relación con ellos es darles plomo, y hasta el día de mi sometimiento así será.

Cuando usted dice pagar, ¿también incluye reparar víctimas?
Lo mío es un sometimiento. Y la reparación de las víctimas del Erpac quedó truncada con la muerte de ’Cuchillo’.

Usted niega todo. ¿También va a negar que el Erpac está involucrado en asesinatos, masacres y desplazamientos?
Yo respondo desde el momento que asumí el mando. Pueden investigar por donde sea, y el único muerto que me han atribuido es Germán Ramírez, Vaca Fiada, y usted mismo lo está viendo ahí, vivito y coleando. Como ese ’muerto’, me han querido atribuir muchos más.

¿En concreto, entonces, qué implica el sometimiento del Erpac?
La entrega de mis hombres y de las armas.

¿Cuántos serían?
Podrían llegar a ser alrededor de 500 hombres con sus armas.

Pero las cifras oficiales dicen que el ’sometimiento’ es otra vez una estrategia para esconder gente y montar otra banda criminal.
Vuelvo y le digo: yo no soy ’Cuchillo’. El sometimiento es totalmente transparente y pedimos que ese proceso tenga verificación nacional e internacional para que compruebe que no quedará nada del Erpac.

Pero paramilitares como ’Don Berna’ también tuvieron verificación y eso no evitó que la desmovilización de su gente fuera una farsa…
No sé qué fue lo que pasó con ’Don Berna’, y esto es una cosa totalmente diferente.

¿Cómo garantiza que sus hombres no regresen a las armas y creen mañana otro nuevo Erpac u otra nueva bacrim?
Eso es responsabilidad del Estado.

¿Han tenido contactos con la Fiscalía?
Sí, por intermedio de mis abogados.

¿Y qué le ha pedido a la Fiscalía?
Que coordine con el Ejército la seguridad para la entrega y la de las áreas que quedan desprotegidas, y que coordine también con los organismos del Estado pertinentes la logística que eso implica.

¿Con qué otras entidades han tenido contacto o cuáles más saben de su sometimiento?
Con la Cruz Roja, con la Iglesia, con la Defensoría y con la ONU.

Hace algunos meses, monseñor Julio César Vidal dijo que varios grupos, entre ellos Rastrojos y los Urabeños, estaban en planes de desmovilizarse. ¿El Erpac hacía parte de esa negociación?
Me enteré de eso, pero nunca he hablado con monseñor.

El Erpac -de acuerdo con los organigramas de inteligencia- está conformado por los bloques Meta, Vichada, Guaviare, Guainía y Casanare. ¿Todos van a someterse?
Quiero dejarle en claro una cosa sobre el Erpac que los organismos de inteligencia no conocen. Desde su desmovilización, el bloque Meta ha sido totalmente independiente y nada tiene que ver con el Erpac. Los demás sí y hacen parte del sometimiento.

¿Cómo dice que el bloque Meta no tiene nada que ver con ustedes si este año la fuerza pública ha capturado jefes del Erpac en zonas del Meta?
Los organismos del Estado y los medios de comunicación los han presentado como integrantes del Erpac, pero no tienen que ver. El único municipio de ese departamento donde tenemos presencia es Mapiripán.

¿Este sometimiento no es una estrategia para ganar tiempo y ’vender’ el bloque a Los Rastrojos por 40 millones de dólares, como han dicho?
Ese es un comentario malintencionado que salió en un medio de comunicación con la intención de torpedear este proceso de sometimiento. Eso es absurdo e ilógico.

Pero no es tan absurdo. Muchos jefes paramilitares hicieron eso y vendieron su franquicia a narcos…
Los tiempos han cambiado y el mismo Estado sabe que hoy no es posible hacerlo.

¿Pero usted conoce y tiene negocios con Los Rastrojos?
No los conozco.

Usted le echa toda la responsabilidad a su exjefe ’Cuchillo’. ¿Se lava las manos con un muerto? ¿Ahora resulta que usted es ’san Caracho’?
No soy ’san Caracho’, pero al frente de la organización llevo diez meses. Y el resto de años, el comandante fue ’Cuchillo’.

¿Qué piensa hacer cuando se someta?
A partir de mi sometimiento, quedo a disposición de los organismos del Estado, y ojalá eso se dé lo más pronto posible.
5 de diciembre de 2011
19 de noviembre de 2011
©semana
vía verdad abierta
 

nariño convulsiona

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Las comunidades indígenas en Nariño tienen limitaciones para moverse en su territorio, donde sobreviven entre grupos armados y minas antipersonales.

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¿Y ustedes por qué no pidieron permiso?, pregunta el guerrillero.
Porque este es nuestro territorio y tenemos nuestra propia autoridad, le responde el indígena.

La escena ocurrió sobre el Mira, un río que bordea la frontera colombo-ecuatoriana, delimitado por una selva espesa, que luego se junta con el río San Juan. Cinco horas en canoa sobre su cauce es el camino más rápido para llegar a Hojal La Turbia, uno de los 41 resguardos del pueblo indígena Awá que habita en Nariño. Caminando y con suerte, alguien puede tardar más de 15 horas para llegar hasta este poblado de 300 familias.
Ese día, en la mañana del sábado 26 de noviembre de 2011, diez guerrilleros de la compañía Daniel Aldana, del Bloque Conjunto Occidental de las Farc, detuvieron las canoas en las que se movilizaban la guardia indígena Awá y un grupo de periodistas que seguían el río para llegar al resguardo. "No pueden pasar. Lo hacen bajo su riesgo", dijo el jefe guerrillero, un hombre de tez negra, alto y delgado, que al igual que sus subalternos portaba camuflado y fusiles nuevos.
Aunque desde 20 años la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, asegura que perdieron la tranquilidad por la presencia de los grupos armados ilegales, desde hace dos la situación se recrudeció. Entre 2009 y 2011, 80 indígenas de esta etnia han sido asesinados, 750 desplazados, nueve han sido víctimas de minas antipersonal, cinco están desaparecidos, cinco niños fueron reclutados y las organizaciones indígenas han recibido seis amenazas. Así lo advirtió Acnur, la agencia de la ONU para los Refugiados, en un informe presentado al Consejo de Estado.
La tragedia del pueblo Awá llegó en 2009 a oídos de los magistrados, que el 26 de enero de ese año concluyeron que esta comunidad estaba en riesgo de extinción y ordenó al Gobierno crear un Plan de Salvaguarda Indígena.
Las denuncias llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que en abril de 2010 emitió medidas de protección para esta comunidad. En agosto de 2011 el Consejo de Estado se volvió a pronunciar y le dio un ultimátum de seis meses al Ministerio del Interior y de Justicia para que cumpla con proteger a los Awá.
Mientras el gobierno volcaba la mirada al suroccidente del país, en 2008 ocurrieron los primeros asesinatos en el resguardo Ñambí Piedra Verde, comunidad El Gualte, ubicado en vía que de Junín comunica con Barbacoas. Por miedo los indígenas se desplazaron y en mayo de 2009, con el pueblo casi fantasma, la escuela cerró también por falta de profesores.
Pese a las alertas de riesgo que emitió la Defensoría Regional, vinieron las masacres. El 4 de febrero de 2009 la columna Mariscal Sucre, de las Farc, llegó hasta el resguardo Tortugaña- Telembí, ubicado entre los municipios de Barbacoas y Samaniego. Acusándolos de ser colaboradores del Ejército, los guerrilleros desaparecieron a tres Awá y a asesinaron con machetes y cuchillos a otros ocho indígenas, entre ellos, dos mujeres que estaban por dar a luz.
Seis meses después ocurrió la otra masacre, esta vez, en el resguardo Gran Rosario, en jurisdicción del municipio de Tumaco. A las cinco de la mañana del 26 de agosto de 2009, un grupo de hombres armados entró a las viviendas y asesinó a 12 Awá mientras dormían, la mitad de ellos menores de edad, y dejó heridos a otros tres indígenas.

Fuego Cruzado
En Nariño el pueblo Awá está integrado por 41 resguardos, de los cuales cinco están todavía en proceso de constitución, con 30 mil indígenas en esta región. Del total, 30 resguardos corresponden a la Unipa y 11 al Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, conocido como Camawari.
Desde hace dos décadas esta etnia perdió la tranquilidad con la presencia de los grupos armados.
Awá significa "gente de la montaña" y desde entonces no pueden transitar libremente por su territorio, con restricciones para navegar los ríos, que son sitios clave para curar el "chinú" o enfermedad, o realizar los ritos para enterrar a sus muertos, interrumpidos porque los armados no les permiten llegar hasta los sitios para recuperar los cuerpos. Esto porque muchos ya no mueren de forma natural sino por minas antipersona o por balas de fusil.
"No podemos ejercer nuestro propio gobierno y por la violencia muchos Awá han salido desplazados, buscando refugio en las ciudades", dijo Álex Guanga, presidente de la Unipa.
La Oficina de Paz de la Gobernación de Nariño y organismos internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Wola, advirtieron que el conflicto se recrudeció con la coca.
"Hay un aumento visible de los cultivos de uso ilícito llegando a 50 mil hectáreas sembradas actualmente, 25% del total de sembradas en el país", dijo la Oficina de Paz.
Tumaco es una de las tres zonas del Plan de Consolidación, como se conocía antes al Plan Colombia, un programa estadounidense que da recursos económicos y apoyo militar para combatir las zonas cultivadas con coca y retornar la seguridad a estos lugares. Los otros sitios son La Macarena, en Meta, y los Montes de María, una región entre Sucre y Bolívar.
Pero pese a los recursos, en Tumaco, este puerto del Pacífico que tiene 180 mil habitantes, según Wola se disputa durante los últimos años el primer y segundo lugar del municipio con mayor área sembrada de coca y unas de las tasas de homicidios más altas del país, con 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, además de una fuerte presencia de grupos armados ilegales.
La explicación de la llegada de la coca a esta esquina del país ocurrió después de 2000, cuando el Plan Colombia invirtió 1.300 millones de dólares, dinero con el que fumigó a Putumayo, entonces el mayor productor de coca. Los cultivadores se movieron al occidente pasándose al vecino departamento, a tal punto que Llorente, cerca de Tumaco, es conocido localmente como Putumayito por la cantidad de habitantes que viven allí procedentes de la otra región.
Desde 2007, cuando llegó el Plan de Consolidación, Nariño pasó de tener un batallón a contar con dos brigadas y seis batallones aumentando de 6 mil a 14 mil la cantidad de miembros de la fuerza pública, y proyectando un aumento en 40 mil hombres de las fuerzas militares en cinco años.
Pese al aumento de pie de fuerza, la producción de cocaína es una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales, que cobran ‘impuestos’ al gramaje y controlan las rutas del narcotráfico principalmente en su salida hacia el Océano Pacífico.
En informes la Vicepresidencia de la República y la Oficina de Paz de la Gobernación de Nariño señalaron que en el departamento delinquen las Farc, el Eln y después de la desmovilización de los paramilitares, las llamadas bandas emergentes como Águilas Negras, Nueva Generación y Rastrojos.
Según la Oficina de Paz en el departamento delinquen por los menos 1.500 guerrilleros con el Frente 29 de las Farc, que tiene dos columnas en esta región. La Mariscal Sucre que está en el occidente de Nariño y la vía al mar principalmente en los municipios de Samaniego, Santa Cruz-Guachavés, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé. Mientras la columna Daniel Aldana lo hace en la frontera con Ecuador en Tumaco, Ricaurte, Cuaspud Carlosama, Cumbal e Ipiales.
De las bandas emergentes, el gobierno calcula que la región delinquen por lo menos 2.500 personas. "En el departamento hay presencia de los denominados Nueva Generación en la cordillera norte y la parte noroccidental de la costa pacífica nariñense; Los Rastrojos quienes en alianza con el Eln y sectores del Ejército, vienen desde el Cauca en un proceso de exterminación de la Nueva Generación y Águilas Negras, pretendiendo monopolizar el negocio de narcotráfico y dominar los corredores de armas y coca en Barbacoas, la cordillera norte y todo el litoral del pacífico", señaló e informe de la Gobernación.
Por los enfrentamientos entre los grupos armados, el gobierno local denunció que desde 2003 a la fecha Nariño tiene por lo menos 150 mil víctimas de desplazamiento, 400 víctimas por minas antipersonales desde 2001, 20 desaparecidos en los últimos de dos años, 30 líderes sociales y políticos asesinados en los últimos cuatro años, 25 secuestros en 2008, 18 ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ en 2008, y una pobreza de 90% en varios municipios de la Costa Pacífica.
Solo en el caso de Los Awá, por ejemplo, tras las masacres ocurridas en febrero y agosto de 2009 por lo menos 500 indígenas de los resguardos Tortugaña- Telembí y Gran Rosario, de forma respectiva, salieron huyendo y buscaron refugio en la vereda La Guayacana. En octubre de 2009, mientras asistían al velorio de otro indígena asesinado, un grupo de hombres armados asesinó en este lugar a otros tres Awá.
Según el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre 1990 y 2010 en Nariño 522 personas han sido víctimas de minas antipersonal. Los Awá están dentro de ese grupo y de forma reciente cuando el 31 de enero de 2011 en el resguardo Hojal La Turbia un niño de 14 años pisó una mina y murió por las heridas. Su padre, de 51 años, quedó herido.
La historia se repitió en menos de 15 días, el 7 de febrero, en el mismo resguardo cuando una mina causó heridas a otros tres indígenas. Luego, e l 20 de febrero, en el resguardo Tortugaña-Telembí otra mina le quitó la vida a un joven indígena de 25 años y dejó herida a una mujer.

La Fiebre del Oro
La economía de Nariño se basa principalmente en el monocultivo de la palma africana, para la producción de biocombustibles, y la minería con la explotación de oro, níquel, platino y materiales de construcción. Sin embargo, un informe de la Secretaría de Gobierno señaló que 60% de las 30 mil hectáreas que abarcaba el cultivo en la región estaba afectado por la pudrición del cogollo.
"Mucha gente que trabajaba en las plantaciones recogiendo el fruto quedó con los brazos cruzados. La gente es muy pobre", dijo una persona que vive en la zona, y que prefiere reservar su nombre por razones de seguridad. A lado y lado de la carretera, en una vía que de Tumaco conduce al río Mira, se ven los chamizos de las plantas secas donde solo están en pie los troncos.
Así la minería cobró el primer lugar de la economía y la fiebre empezó a sentirse en el territorio. El Observatorio Pacífico y Territorio, financiado por organismos internacionales, señaló que de los 64 municipios de Nariño, 52 están siendo solicitados para la exploración y la explotación minera.
El Observatorio de Gran Minería, de la Universidad de Nariño, integrado por economistas y sociólogos, advirtió que de los 1.890 títulos de explotación minera que el gobierno otorgó en el país durante los últimos seis años, 169 títulos están activos en Nariño, principalmente de oro.
Del 18 al 20 de julio de 2010 en el departamento se realizó el Foro del Agua y la Minería y 500 delegados de comunidades campesinas, negras e indígenas concluyeron que "la gran minería se da conjuntamente con la presencia de actores armados que traen atropellos, violación de derechos humanos, amenazas a líderes, despojo de tierras, muerte y desplazamiento".
Un documento de la Procuraduría señaló que según el Catastro Minero Colombiano, en Nariño existen títulos mineros vigentes en Tumaco, Magüí, Barbacoas, La Llanada, Los Andes, Samaniego, Santa Bárbara, El Charco, Linares, Pasto, Buesaco, Chachagüí, San Lorenzo, Arboleda, Aldana, San Bernardo, Córdoba, Puerres, Santacruz, Mallama, Sapuyes, Ospina y Sandoná.
Según la Subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño, el departamento se rige por distritos mineros: el del Pacífico Sur, integrado por Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, Santa Bárbara de Iscuandé; y el distrito de Cordillera de Los Andes compuesto por Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Santa Cruz, Mallama y parte de Ricaurte.
"Prácticamente los más afectados son los municipios de la costa pacífica porque se ha determinado que en esta zona las reservas auríferas son muy altas, ya probadas por empresas internacionales que la exploraron en su tiempo…. Además la zona está llena de grupos al margen de la Ley. Lo que hacen los explotadores es entrar a negociar con estos grupos armados para que les brinden protección…", señaló la Subsecretaría en un informe.
Quizá el caso más crítico es el del municipio de Magüí. Según el registro más actualizado de Ingeominas, el de 2009, ese año la mayoría de las concesiones para la explotación de oro fueron otorgadas para ese municipio. Aunque el Registro Único de Población Desplazada, Rupd, de Acción Social, registró la expulsión 3.401 personas entre 1997 y agosto de 2010, el Observatorio de Gran Minería de la Universidad de Nariño cree que los datos están errados.
"En este momento Magüí es el municipio con el mayor desplazamiento del departamento, 83% de las personas expulsadas provienen de esa zona. La mayoría de la gente no ha podido retornar", señaló un funcionario del Observatorio de la Universidad de Nariño, quien explicó que durante el trabajo de campo los grupos armados ilegales han solicitado los carné de la Universidad, tratando de identificar quiénes hacen investigación sobre el conflicto armado y la minería en la zona.
Un documento de la Procuraduría concluyó que "la ubicación de los megaproyectos auríferos y palmíferos en la zona de la costa, coincide con cuadros de desplazamiento forzado de la población". Así revisando los registros de desplazamiento de Acción Social, los municipios más críticos son Tumaco con 38.741 personas expulsadas desde 1997 a agosto de 2010; El Charco, con 25.683 expulsiones; Barbacoas con 13.929 casos y Policarpa con 10.088 víctimas.
El pueblo Awá tampoco es ajeno a esta situación. Este año sin consultarles siquiera, un minero llegó hasta el resguardo Hojal La Turbia y con diez máquinas abrió camino para explotar una reserva de oro. "La mina está dentro del resguardo y trabajan ahí como 100 personas ajenas a nuestro territorio. Le preguntamos que por qué hacía eso y nos dijo que a cambio nos iba a limpiar unos caminos y a construir una escuela… Pero nada compensa el daño a nuestra tierra que es sagrada", dijo el líder Álex Guanga, presidente de la Unipa.
Según la guardia indígena, el río está siendo afectado con los químicos. "La mina saca agua para lavar y secar el metal precioso y la devuelve al río, que está cambiando de color", contó Guanga.
Pero las preocupaciones de los Awá van aumentando. Primero las masacres, luego las minas antipersonal, ahora una mina que saca oro de uno de los resguardos. Es una etnia recolectora y ya no pueden salir a cazar conejos, armadillos ni perezosos porque los grupos armados que rondan por la zona les prohíben andar libremente por el territorio y caminar a ciertas horas.
El ejemplo más claro ocurrió hace un par de días, cuando 10 guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc les impidieron el paso en canoa. Qué más que no poder ir a su casa.
"A los actores armados y al gobierno nacional les pedimos que respeten la vida y la integridad de las personas que vivimos en los resguardos. Que nos dejen ejercer nuestro gobierno y caminar libre en nuestro territorio", dijo Guanga, haciendo eco de la convulsión que vive Nariño en un departamento donde, según datos de la Gobernación, la inversión local anual por asignación nacional no supera los $25 mil millones de pesos, y donde 27% de la población vive en la miseria y 57% en la pobreza, según datos de Fundesuma.
5 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

en las pavas sí hay víctimas

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Varios conocedores del caso de Las Pavas aseguran que, contrario a la versión de la Fiscalía, sí hubo intimidación armada a campesinos que cultivaban esas tierras. Aparentemente se intenta manipular a los testigos para restarle legitimidad a su reclamo

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Colombia. Una fiscal de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, es la autora de una inusitada versión del caso de la finca Las Pavas, ubicada en San Martín de Loba en el Sur de Bolívar. Los nuevos argumentos de la fiscal ponen en entredicho la decisión de la Corte Constitucional en la que ya se había dictaminado que se debía reabrir la investigación para extinguir el dominio y titular  la tierra a 123 familias víctimas del conflicto.
Como primera medida, la fiscal Martínez estudió la denuncia de desplazamiento sobre hechos ocurridos el 14 de julio de 2009, cuando los palmeros con el apoyo de un inspector de policía de El Peñón, Bolívar, intentaron desalojar a los campesinos de las tierras que reclamaban como suyas.
La fiscal no analizó las denuncias de desplazamiento hechas por los labriegos en 2003 y 2006 cuando fueron desplazados por paramilitares del Bloque Central Bolívar y decidió precluir la investigación sobre el desplazamiento de estas personas.
La funcionaria asegura que, analizando solo el caso de 2009, en esa zona ningún campesino fue desplazado y que por ende no hay víctimas.
Lo insólito de esta decisión es que se tomó contando a penas con la declaración de un campesino que se retractó de su versión original del desplazamiento y con la versión de un intermediario entre la empresa palmera que hoy tiene la propiedad de las tierras y Jesús Emilio Escobar, dueño original de los predios. La fiscal llegó a la apresurada conclusión de que no hubo desplazamiento, que los campesinos reclamantes deben ser investigados por guerrilleros, y los más inaudito, que es necesario esclarecer quién es un intelectual "llamado  ‘Francisco’ o ‘Pacho’". No sabía la señora fiscal que el ‘Pacho’ que nombra en las versiones el intermediario de la empresa, es el hoy líder de los Jesuitas, Francisco de Roux.
La decisión de la fiscal Martínez terminó volviéndose un escándalo nacional porque fue respaldada públicamente por la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales. Sin embargo, la controversia nace porque el dictamen se basa en un solo testimonio, el del campesino Pedro Moreno, miembro de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, Asocab, quien en 2009 había denunciado el desplazamiento de esas familias pero que ahora, dos años después, se retracta afirmando que todo hacía parte de un montaje.  
Lo sospechoso es que Moreno, quien hoy trabaja para una palmicultora, no se echó para atrás cuando lo indagó la fiscal, sino que por voluntad propia acudió a la notaría única del municipio de El Peñón, en el centro de Bolívar, y a través de una declaración testificó lo siguiente: "Me siento arrepentido de haber denunciado a esas 131 (sic) familias como desplazadas de la finca Las Pavas, cuando eso era una farsa, guardé silencio durante muchos años, pero no resistí el temor y la mentira, pidiendo perdón porque incurrí en un falso testimonio, que nunca hubo ese desplazamiento como tampoco hubo ese asentamiento en la finca".
La fiscal de Cartagena también le da credibilidad a Rafael de Jesús Cárcamo García, quien fue intermediario de la venta de Las Pavas al grupo Daabon, dueño de una empresa palmicultura. Cárcamo señaló a varios campesinos y al mismo padre Francisco de Roux de guerrilleros. Por eso la funcionaria ordenó abrir investigaciones por el delito de rebelión contra ellos.
Además, según informó la abogada del Programa de Desarrollo y Paz, Jiseth Estrada, es que cuando los campesinos y ella misma intentaron participar de la investigación judicial, la fiscal les negó ese derecho y solo tuvo en cuenta la versión de otros tres labriegos a quienes descalificó en el proceso.
"Dentro de las presentes diligencias encontramos memorial suscrito por la doctora Estrada obrando como apoderada de Asocab para que a sus miembros se les tenga como víctimas dentro de esta encuesta criminal, pero es el caso que es improcedente su petición si tenemos en cuenta que nos encontramos ante la etapa de indagación y solo se ejerce dicha postulación ante el juez de conocimiento".
Por otra parte, lo que afirmó Cárcamo y que fue apoyado por las fiscales, va en contravía de años de denuncias e investigaciones sobre este caso del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y de la Clínica de Juristas de la Universidad Javeriana.
Martínez intenta desmentir el hecho documentado y comprobado por los mismos testimonios de los paramilitares que afirman que el Bloque Central Bolívar nació en Sur de Bolívar e intimidó con armas a los campesinos que tenían sus cultivos en Las Pavas en dos ocasiones en 2003 y en 2006. Hay más de cien campesinos que así lo atestiguan.
Dice la fiscal: "Se le investigará por su relación y vínculos con las guerrillas colombianas en especial al señor Etni Torres Moreno quien en sus reuniones asistía vestido de uniforme camuflado… de la misma manera se indagará quien es ese (sic) intelectual llamado Francisco conocido dentro de los miembros de Asocab como ‘Pacho’ según informaciones de Cárcamo García, en el mismo sentido al profesor Eliud (sic) Alvear Cumplido si tenemos en cuenta que existen señalamientos de sus vínculos con la guerrilla".
Además asegura que "ninguna de las familias del corregimiento de Buenos Aires han sido objeto de actos violentos como producto del conflicto armado en esta zona, que haya permitido el trasteo o desplazamiento de sus respectivas residencias".
La fiscal Martínez concluye, después de entrevistar a una decena de personas, que los campesinos nunca han tenido la calidad de desplazados, "como tampoco han recibido ayudas humanitarias de las que han recibido los directivos de Asocab" y para coronar su argumento asegura que la finca Las Pavas "nunca quedó abandonada por su antiguo dueño Jesús Emilio Escobar Fernández porque cuando la guerrilla le robó mil quinientas cabezas de ganado ... lo que hizo fue dejar a su administrador y demás trabajadores."
Esta parte de la decisión de la Fiscal lo que pretende demostrar es que los campesinos invadieron una tierra que no estaba abandonada, principal argumento que dio la Corte Constitucional para ordenar al Incoder iniciar de nuevo el proceso de extinción de domino por abandono. Además que nunca habitaron las tierras como insiste el campesino que se retractó.
Con todos estos antecedentes, la Fiscal general salió a defender públicamente la decisión de su funcionaria y decretar tajantemente que en Las Pavas no hubo víctimas de desplazamiento ni del conflicto armado, afirmación paradójica si se tiene en cuenta que esta finca se encuentra en una de las zonas más violentas del país como lo es el Magdalena Medio.
Estas afirmaciones provocaron la reacción las organizaciones nacionales e internacionales que han acompañado las solicitudes de los campesinos que reclamaban la titulación de Las Pavas, tierra que habían trabajado durante años.
El director del Incoder, Juan Manuel Ospina, le dijo a VerdadAbierta.com que, independiente de este ruido que se ha creado alrededor de si hubo o no desplazamiento en Las Pavas ellos seguirán con el proceso de extinción de dominio del predio y la titulación a los campesinos que piden la propiedad sobre la finca.

Las Víctimas
Pero contrario a lo que sostiene la Fiscalía, 122 familias campesinas y las organizaciones sociales que las han acompañado, incluyendo el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y abogados de la Clínica de Juristas de la Universidad Javeriana, aseguran que en Las Pavas sí hay familias víctimas de la violencia, que el desplazamiento fue real y que por tanto, los predios deben ser adjudicados a las familias que los reclaman y que tienen un litigio con empresas palmeras por la titularidad de esas tierras.
Para las organizaciones las afirmaciones de la Fiscalía contradicen a lo que se ha documentado que en esta zona delinquió el Bloque Central Bolívar, el grupo paramilitar de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’ y que precisamente fue allí donde crearon sus primeras bases de autodefensas en el sur de de este departamento.
Los abogados de las víctimas aseguran que en el corregimiento de Papayal, en San Martín de Loba, donde está la finca de las Pavas, los paramilitares instalaron una base.
El abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana y apoderado de las víctimas de Las Pavas, Roberto Vidal, le dijo a VerdadAbierta.com que la retractación del campesino Moreno "puede ser una estrategia para frenar las restituciones de tierras a las víctimas de la violencia".
"No se puede afirmar que no hubo presencia de paramilitares en la zona, lo cual contradice todo el trabajo que ha hecho Justicia y Paz hasta el momento… Tenemos información que certifica que hubo un hecho de desplazamiento conocido públicamente por toda la región del sur de Bolívar. Los ex jefes paramilitares han confesado hasta el cansancio que tenían un completo control de la zona", agregó Vidal.
José Augusto Páez, asesor regional de paz del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, dijo que es insólito que la Fiscalía diga que no hubo conflicto en esta región del país. "Cuando hicimos trabajo comunitario en la zona, fuimos testigos de cómo los grupos armados ilegales quemaron caseríos enteros. Nosotros no lo leímos en informes, sino que lo vivimos", dijo Páez.
Mientras la Fiscalía insiste en que el caso de Las Pavas es un montaje y el ministro del Interior, Germán Vargas, asegura a la radio "que se están prefabricando víctimas del desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones al Estado", las organizaciones de víctimas y organismos internacionales expresaron preocupación por la postura del Gobierno.
El abogado Vidal dijo que las declaraciones de la Fiscal General ponen en duda la actuación y la credibilidad de las organizaciones más importantes del país.
"Se equivocaron entonces todas las autoridades del Ejecutivo y del legislativo: la Corte Constitucional, la Procuraduría, el Incoder, la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, el Plan de Desarrollo del Magdalena Medio, las Embajadas Británica y Suiza y las ong extranjeras. Según la fiscal, creamos una enorme maquinación para engañar y defraudar a todo el Estado. Eso nos produce mucha preocupación",  agregó Vidal.
Los campesinos, que reclaman más de mil hectáreas de tierras, aseguran que detrás de esta revelación hay un interés de deslegitimar los reclamos de los campesinos que han explotado esas tierras durante más de 15 años.
Una persona que trabaja en la región le dijo a VerdadAbierta.com que las empresas palmeras han ido contratado en sus cultivos a varias de las víctimas de Las Pavas y que con esta investigación que abrió la Fiscalía nadie se va a atrever a reclamar tierras en el país porque los pueden acusar de estar inventando los hechos que padecieron.
Mauricio Valiente, diputado de la Asamblea de Madrid e Integrante de Justicia por Colombia, dijo que el problema real en Colombia en realidad es el de la impunidad y el desplazamiento forzado. "Este caso no debe ser manipulado para estigmatizar a las organizaciones y a las víctimas y deslegitimar el proceso que se ha realizado hasta el momento", dijo Valiente.
En un comunicado, el sacerdote jesuita Francisco de Roux dijo que en 2009 se firmó un convenio gratuito entre la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio - una obra de la Compañía de Jesús- para realizar un análisis académico, técnico y objetivo sobre la situación jurídica de las tierras en esta región.
"La Compañía de Jesús y la Clínica Jurídica se declaran respetuosos de las actuaciones de la Fiscalía y en general de las instituciones públicas porque defendemos la democracia y el estado social de derecho. No obstante, no puede admitirse que la Compañía de Jesús y la Universidad Javeriana actuaron en este asunto de mala fe o promovidos por intereses ilegítimos. Muy por el contrario comprometidos por los más elevados y genuinos valores y principios éticos", dijo de Roux.

¿Cuál Es la Historia de Las Pavas?
En 1983 Jesús Emilio Escobar compró varios terrenos que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agrararia, Incora, hoy Incoder, les había adjudicado a campesinos. Se trataba de los predios Si Dios Quiere, No te canses, Las Pavas y Peñaloza, ubicados en los corregimientos Playitas y Papayal, del municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar.
En 1997, Escobar abandonó los predios y 123 familias que vivían en la vereda Buenos Aires empezaron a asentarse en estas tierras, explotándolas con cultivos agrícolas. Se organizaron y se agruparon en la Asociación de Campesinos de Buenos Aries, Asocab.
Según denunciaron a las autoridades, en 2003 un grupo de paramilitares que tenía una base en el corregimiento de Papayal amenazó a las 123 familias campesinas que no tuvieron otra opción que salir de las tierras y abandonar los cultivos. Cuando los ‘paras’ salieron de la zona, las familias retornaron a Las Pavas.  
En 2006, los campesinos le solicitaron al Incoder la extinción de dominio de Las Pavas por abandono. En junio de ese mismo año el Incoder confirmó que esa tierra era explotada desde hacía seis años por 116 campesinos por lo cual dio inicio al proceso solicitado por los campesinos.
Sin embargo, según los campesinos, en el momento en el que Escobar se enteró del proceso, decidió retornar al predio junto a un grupo armado que por segunda vez los amenazó y los expulsó de las tierras.
Luego de lograr el desalojo, en marzo de 2007, Escobar fue hasta la Notaría 9 de Barranquilla y allí registró una compraventa de estas tierras a C.I. Tequendama S.A. y a Aportes San Isidro S.A., la primera filial del polémico grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano, y la segunda de propiedad de José Macías, quien al final le compró 50% a Daabon. La tierra sumó 1.717 hectáreas y fue negociada por mil millones de pesos.
En 2008 los campesinos denunciaron el desplazamiento forzado y ese mismo año el Incoder dictó una resolución para reabrir el proceso de extinción de dominio. Las empresas presentaron una querella por ocupación y la policía ordenó el desalojo de los campesinos. Pese a la tutela que interpusieron las familias, en 2009 la empresa logró que las familias no permanecieran allí. Es decir, que fueron desalojadas a la fuerza por la Policía.
En 2010 el Incoder reabrió la investigación  y en una inspección el Incoder encontró cultivos de palma. Desde ese momento, el Incoder comenzó una investigación contra los empresarios por violación a las normas ambientales porque supuestamente secaron los ríos por los sembradíos. Después de hacer una visita, en mayo de 2011 el Ministerio de Ambiente emitió un concepto sobre el uso ambiental del predio Las Pavas y encontró que: "el desarrollo de cultivos extensivos de palma de aceite en el predio ha generado impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, tanto en el área directa como en el área de influencia, y por lo tanto un deterioro a los ecosistemas", informó el Incoder en un boletín.
Ese mismo mes la Corte Constitucional ordenó reabrir la extinción de dominio que se adelantaba contra el predio Las Pavas por abandono.
De esta forma, la historia documentada de la zona y del caso de Las Pavas contradice las versiones de la fiscal de cartagena que han sido respaldadas por la Fiscal General. Las incoherencias y las acusaciones apresuradas podrían generar un perjuicio irreparable para el proceso adelantado con las víctimas.
5 de diciembre de 2011
1 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

la esperanza, 15 años de recuerdo

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Víctimas de la vereda La Esperanza rindieron un homenaje a la memoria de sus seres queridos asesinados y desaparecidos por paramilitares en 1996.

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Colombia. Bajo la consigna Caminando por la Esperanza, y portando pancartas y retratos, los familiares de las víctimas conmemoraron con una marcha en un tramo de la autopista Medellín – Bogotá el asesinato del Personero Helí Gómez Osorio y la desaparición de varios campesinos, ocurridos en el municipio del Carmen de Viboral, hace quince años.
El año de 1996 marcó a los habitantes de la vereda La Esperanza. A partir de junio y por seis meses más, comenzarían a padecer toda clase de abusos por parte de miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Accm), bajo el mando de Ramón Isaza Arango, alias ‘El Viejo’.
Las incursiones más recordadas las padecieron sus pobladores entre el 21 de junio y el 9 de julio, cuando un grupo paramilitar comandado por Omar Isaza, hijo de alias ‘El Viejo’ hizo presencia en la vereda y después de registrar las casas y maltratar a sus moradores procedieron a identificar a aquellos que, supuestamente, pertenecían a la guerrilla del Epl y a quienes, según ellos, eran sus colaboradores. En esos días desaparecieron a 15 personas, 12 de las cuales eran campesinos de allí y los tres restantes fueron transportadores que viajaban frecuentemente a la zona.
En la vereda comenzó a imperar el miedo entre sus habitantes. "Yo era muy pequeñita, pero me acuerdo que mi mamá lloraba todos los días, teníamos mucho miedo y siempre que aparecía un paramilitar o alguien del Ejército sabíamos que algo malo iba a pasar", recuerda una de las jóvenes que hace parte del movimiento Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad.
Las primeras investigaciones y denuncias públicas sobre las incursiones de los paramilitares en la vereda La Esperanza las adelantó Helí Gómez Osorio, Personero del Carmen de Viboral en ese entonces. Todo indicaba que las Accm habían señalado a estas personas como colaboradores de la guerrilla y con el amparo y la complicidad del Ejército habían desaparecido a los campesinos.
Los familiares de Gómez Osorio aseguran que por haber asumido la denuncia de los asesinatos y la desaparición forzada por parte de estructuras paramilitares y su estrecha relación con miembros del Ejército y de la Fuerza Pública, "se convirtió en una incomodidad para el paramilitarismo en la región, y en blanco de sus ataques".
A Gómez lo mataron la noche del 26 de noviembre de 1996, "pero no lograron silenciarlo porque, tras quince años, sus ideas continúan siendo bálsamo y motivo de resistencia y lucha", dijeron sus familiares enfrente de los asistentes al acto de conmemoración.
En diferentes versiones Ramón Isaza confesó que esta masacre había sido ordenada por el general Alfonso Manosalva Flórez, comandante para la época de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín y con jurisdicción en buena parte del Oriente antioqueño.

Una Historia de Resistencia
"Después de que se los llevaron, quedamos vacíos y muy tristes, pero poco a poco entendimos que no nos podíamos dejar morir y que en honor a todos los muertos y desaparecidos debíamos luchar", afirma una líder del movimiento de víctimas de la vereda La Esperanza explicó su labor comunitaria y quien participó de la marcha.
Esta es la razón que llevó a muchos a integrarse a los grupos que luchaban por rescatar la memoria de los muertos y desaparecidos, los que en un intento de justicia proclaman ser víctimas de los crímenes del Estado y denuncian que eran los mismo soldados los que sacaban a los campesinos para entregárselos a los paramilitares.
El acompañamiento de organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad ha permitido que los habitantes de la vereda La Esperanza tomen la palabra para expresar el dolor y la tristeza que han sufrido a lo largo de estos 15 años. Muestra de ese trabajo fue la exposición de fotografía realizada por los jóvenes de la vereda en la que buscaban rescatar los elementos y las imágenes del conflicto.
Una galería de la memoria que se expuso durante el acto de conmemoración en la que los jóvenes consignaron la vida campesina con fotos que muestran su cotidianidad y sus sueños. "Fue un trabajo que hicimos nosotros para contar nuestra vida antes y después de lo que nos pasó", explicó una de las jóvenes fotógrafas.
Asimismo, los niños compusieron una canción que fue interpretada por uno de los grupos musicales que asistieron al evento y que se ha convertido en el himno de las víctimas de esta vereda.
El Personero Helí Gómez fue recordado con una exposición con fotografías y testimonios recogidos entre las personas que más lo conocieron. Una de ellas fue la de su hermano: Helí era un ‘pelao’ muy generoso, amoroso y servicial. Y cuando entró a la Universidad de Antioquia a estudiar Derecho, terminó de afinar toda esa sensibilidad".
Pero quizá la muestra más grande de la recuperación que ha tenido la población se vio plasmada en la redacción de una agenda para la reparación de las víctimas de La Esperanza. En el documento, presentado por los jóvenes de la vereda, pidieron respeto por su seres queridos, así como también le exigieron al Ejército que no involucrara campesinos inocentes en la lucha por el control de territorio y, especialmente, hicieron un llamado para que Ramón Isaza, ex comandante de las Acmm y hoy postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, confiese dónde están sus familiares desaparecidos.
En un acto simbólico, el sacerdote que presidio la celebración litúrgica roció con agua bendita los retratos de los desaparecidos que habían sido dibujados en lonas con sus respectivos nombres. La idea era simular el entierro de los cuerpos que aún siguen sin aparecer y así garantizarle a las víctimas el ritual cristiano.
"Para nosotros lo más difícil de tener a los familiares desaparecidos es no poderlos enterrar como Dios manda", afirmó una de las familiares de los campesinos desaparecidos. Junto a otros participantes prometieron extender por el tiempo que sea necesario su trabajo de memoria y exigencia, hasta que sean por fin oídos y los cuerpos de sus seres queridos sean encontrados.
4 de diciembre de 2011
1 de diciembre de 2011
cc verdad abierta