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yo llevé a hoenigsberg a ralito


De cómo las autodefensas penetraron en Barranquilla. Desde el exterior, Carlos Mario García revela parte de sus secretos ilegales.
Colombia. Desde hace cinco años vive en el exterior, pendiente de que su situación jurídica le permita su reinserción y contar lo que sabe. Se llama Carlos Mario García Ávila, nació en Sincelejo, se graduó como médico en Barranquilla, pero su vocación por la política lo llevó a un escenario inesperado: las autodefensas de Carlos Castaño. Luego creció en la organización ilegal hasta convertirse en el jefe político del extraditado comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
En el mundo ilegal fue conocido con el alias de Gonzalo y como jefe político de Jorge 40 cumplió tareas que la justicia no ha investigado hasta la saciedad. Por ejemplo, la participación de las autodefensas en la discusión de la Ley de Justicia y Paz. En diálogo con El Espectador, habla sobre uno de los temas que lideró personalmente antes de su desmovilización: la penetración del paramilitarismo en el departamento del Atlántico y especialmente en su capital Barranquilla.

¿Cómo se da la alianza paramilitar con la política en Atlántico y Barranquilla?
El tema de la parapolítica en referencia al frente José Pablo Díaz y la alcaldía de Guillermo Hoenigsberg data de mediados de 2003. El antecedente para apoyar esa candidatura fue una conversación con Jorge Gerlein Otálora, quien aspiraba a una curul en el Concejo de Barranquilla. Sin pertenecer a las autodefensas todavía, lo acompañaba en su campaña, pues me gustaba su propuesta. En una de sus reuniones proselitistas llegó el tema del paramilitarismo en Barranquilla. Cabe aclarar que antes de la llegada de Antonio Édgar Fierro Flórez, ya estaban las autodefensas en la ciudad. Entonces le comenté a Gerlein que yo conocía a paramilitares de la Sierra Nevada, pues alguna vez en Santa Marta me había topado con ellos en un evento que se hizo en Buritaca con congresistas, diputados, alcaldes y concejales del Magdalena. Ese día conocí a Hernán Giraldo, a José Gelvez Albarracín, alias El Canoso; a Nodier Giraldo, alias El Cabezón, y a doña Sonia, directora de todo el evento. Fue algo parecido a un festival de orquestas. Las Auc manejaban el evento.

¿Usted ya hacía parte de las autodefensas?
Yo era un estudiante de medicina de 26 años. Estaba en mi año de internado. Vivía tranquilo, pero me gustaba la política. Ese día hice amistad con los Giraldo y después ellos llegaron a Barranquilla y me ubicaron. Así comenzamos a ser amigos, pero para rumbear. Es más, yo les preguntaba por el comandante de Atlántico y ellos me decían que acababan de nombrar a uno nuevo. Ellos iban mucho a Barranquilla y siempre se reportaban.

¿Cómo llega entonces la conexión entre autodefensas y la campaña de Hoenigsberg?
Cuando Gerlein me comenta de su preocupación por la candidatura de Hoenigsberg, pues pensaba que si quedaba elegido no le iba a cumplir a la familia. Yo le dije que conocía a unos amigos que a lo mejor les interesaba invertir en la campaña y podían conseguir que se respaldara su apoyo a Hoenigsberg, para que respetara los acuerdos. Él me dice que me lleva a donde el personaje que está poniendo billete para la campaña y me lo presenta. Entonces hablo con Eduardo Losada (q.e.p.d.) y ahí empieza el tema de Hoenigsberg. A Losada no le gustaba salir de su casa y estaba obsesionado por su empresa Métodos y Sistemas. Él fue quien me dijo: "Médico, busque el respaldo de las autodefensas y nos ganamos de una vez esta alcaldía".

¿Con quién habló?
Con El Canoso y me dijo que ellos tenían un asesor en temas ambientales y propuestas de negocios para la campaña de Francisco Zúñiga a la Alcaldía de Santa Marta, que se llamaba Roberto Castillejo (q.e.p.d.). Yo le contesté: perfecto, mientras más seguro, para mí mejor. Así concretamos una reunión en Barranquilla entre El Canoso (político del frente Resistencia Tayrona), Roberto Castillejo y yo. Les conté sobre Eduardo y la candidatura de Guillermo, las garantías que ellos pedían. Roberto comentó que él tenía entrada con Hoenigsberg. Me imagino que lo hizo para demostrarles a los Giraldo que él tenía relaciones. Fue así como Roberto nos avisó que la reunión era en la casa de su amigo José Pérez Orozco. A los dos días se realizó la reunión. Antes me dijo El Canoso que iba a llevar a su jefe Nodier Giraldo, alias El Cabezón. Así se realizó la primera reunión en casa de José Pérez, en Villa Campestre.

¿Quiénes fueron?
José Pérez, que era el anfitrión; Roberto Castillejo, que fue el contacto con José Pérez para la reunión con Hoenigsberg; José Gelvez, alias El Canoso; Jorge Gerlein, Guillermo Hoenigsberg y mi persona.

¿Qué se habló en esa reunión?
En esa reunión se acordó apoyo económico por parte del Resistencia Tayrona a Hoenigsberg, respaldo a Jorge Gerlein para que él hablara con su familia y comentara que había garantías para que apoyaran a Hoenigsberg. Se quedó en volvernos a reunir en unos pocos días.

¿Y en la reunión en Magdalena de la que usted habló al comienzo quiénes estaban?
En esa época no los conocía a todos, pero estaban los de la parapolítica, más los alcaldes de Magdalena, que creo que eran todos, y varios diputados. Había mucha gente, dos mil personas creo, con Trino Luna a la cabeza.

¿Por qué esas alianzas o acuerdos se dieron tan fácilmente?
Nadie escapaba a la cultura pendeja de creer que las cosas se estaban haciendo bien y que lo malo no era la rosca, sino estar fuera de ella.

¿Por qué usted, un médico y líder estudiantil, termina promoviendo acuerdos de las Auc con los políticos?
Yo siempre he sido de relaciones. Era líder estudiantil y me gustaba mucho la política. Así conocí la otra parte de la vida. No todo lo que brilla es oro. Pero hay que aprender de las experiencias malas y buenas.

¿Pasa la reunión en la casa de Pérez y qué sigue después?
A los dos días me reuní con Eduardo Losada en su casa, le comenté de la reunión donde José Pérez y me dijo que si Hoenigsberg aceptaba el apoyo, las cosas iban a salir mejor de lo previsto.

¿Y hubo otra reunión?
Se hizo una semana después. Yo llegué primero a la casa de Eduardo, pues la reunión se hizo en la oficina de José Pérez Orozco en la calle 54 con 94 esquina. Al lado de un negocio de comidas rápidas que se llamaba Vacas Place. Primero me reuní con Eduardo. Él me dijo que quería gestionar un préstamo con los Giraldo por $2.500 millones para invertirlos en la campaña y que él tenía $2.500 millones más que ya estaban agotados.

¿Cómo es la entrega del dinero?
Eduardo me entregó los $500 millones en una caja para llevárselos a Hoenigsberg, con el mensaje claro de que eran de las autodefensas porque en el fondo tenía desconfianza con Guillermo y no se equivocaba. Luego hablé por celular con El Canoso y se alegró muchísimo. Hoenigsberg recibió la platica. Y quedó definido que José Pérez iba para un cargo en la administración y Roberto Castillejo para una entidad que manejara políticas ambientales. El énfasis fue que Eduardo era el dueño del 40% de la administración.

¿Qué pasó luego?
A los pocos días, El Canoso me dijo que había una reunión con el comandante de Atlántico, que había que reportarle las reuniones. Entonces llamamos a José Pérez, nos fuimos hasta su casa en Villa Campestre y allí llegó por primera vez Édgar Fierro Flórez, conocido con el alias de Antonio.

Ya usted empieza a ser importante en las autodefensas.
Mi importancia radicaba entonces en juntar cabezas y hacer que las cosas se nivelaran en la confianza. Las autodefensas ya estaban en Atlántico, pero no con fuerza en la política. Existían relaciones con empresarios y políticos, pero cuando llegó don Antonio arrancó con pie derecho.

¿Qué pasó en la nueva reunión?
Antonio dejó muy claro que el departamento le pertenecía a él, al frente José Pablo Díaz. Y que de ese día en adelante no se hacía nada sin su anuencia. El Canoso y El Cabezón asintieron. Desde entonces comienza la relación Antonio-Losada-El Médico. Todos los días, a la hora que tocara. Después me enteré de que Antonio ya estaba adelantado en Soledad, donde había presencia militar y política, así como acompañamiento de buena parte de la sociedad civil.

¿Soledad fue un fortín de las autodefensas?
A diferencia de Barranquilla, allí cobran mucha importancia nombres como Mario Marenco, alias El Rey; Jesús Vergara, alias Julio, y Hernán Navarro, alias Rubén. Pero bueno, ese es otro capítulo, como el de Santa Marta, el del Magdalena, el de los negocios directos con el comandante Jorge 40, el de las reuniones en Bogotá con los congresistas afines al bloque Norte, el de la financiación del grupo en Bogotá a manos de empresarios... hay demasiados temas por aclarar.

¿Qué ocurrió en Santa Marta y en Magdalena?
Ese es un capítulo muy extenso. Sólo puedo decir por ahora que hubo muchos negocios del bloque Norte en la gobernación de Trino Luna y con los llamados Conejos de Santa Marta (Álvaro y Luis Miguel), el primero de ellos padre del actual gobernador de Magdalena. Ya lo dijo una vez un fiscal: las autodefensas no infiltraron la política, los políticos infiltraron las autodefensas.

¿Y Bogotá?
En Bogotá hay todo tipo de financiadores de las autodefensas. Y todos fueron personas que se beneficiaron donde tenían obras para que la delincuencia no les robara maquinarias o les mataran empleados. Son grandes empresarios, ya contaré en detalle quiénes son. Hay de todo, no creo que vivan muy tranquilos.

Volvamos a Barranquilla.
Las reuniones donde Eduardo Losada eran todos los días. Ese señor se convirtió en el brazo financiero del frente y lo que se necesitaba él lo colocaba: sitios, plata, reuniones con empresarios. Recuerdo que para esa época José Pérez me dijo que El Negro, como llamaba despectivamente a Édgar Perea, se estaba montando mucho en las encuestas y necesitábamos hacer algo para evitarlo. Propuso que lo forzáramos a que declinara su aspiración, pero nos negamos rotundamente, porque Antonio y yo no comulgábamos con esa política de los candidatos únicos. Hubo reuniones para hablar de la campaña y en cada una se le entregó dinero a Hoenigsberg. Siempre con la garantía de las autodefensas y de Losada. Fue así como llegaron las elecciones, ganó Hoenigsberg y se fortalecieron las autodefensas en Barranquilla. El nombre de Eduardo Losada también se fortaleció mucho. Es más, las dos oficinas de las Auc en Barranquilla eran de propiedad suya. Una en el piso cuarto de Métodos y Sistemas y otra a la vuelta del DAS en Barranquilla. Las proyecciones financieras eran espectaculares y Antonio le reportaba a Jorge 40. Así fue como se habló de Transmetro, Tránsito, Damab, Valorización, entre otros. Todo muy bien. Eduardo era mi fortaleza y la de Antonio para mostrar una buena gestión frente a Jorge 40.

¿Usted que llegó a ser?
Fui coordinador político. Los políticos de los frentes fuimos eso: relacionistas. No manejábamos nóminas, no teníamos gente a cargo, Lo que tocaba era reportar negocios que eran la base de la economía de guerra de uno de los actores del conflicto armado.

¿Y por qué se quedó en las autodefensas?
Por las relaciones. Ver que mucha gente de la política regional comulgaba con ellos, que ellos eran el verdadero poder, que nada pasaba en su contra, que aquel que no estaba con ellos estaba por fuera. ¿Cuántos hubieran querido mi puesto? Es la cultura estúpida del poder mafioso. Y la inexperiencia. Fui hasta ingenuo en muchos casos porque pude haberle sacado más provecho a la situación. Yo era profesional. Hablaba bien y tenía buenas relaciones. Pero cumplí. El que no cumplió fue él (Jorge 40).

¿Cuándo conoció a ‘Jorge 40’?
Unos meses después de la elección, Jorge 40 me citó en Ralito. Me fui con Antonio e hice mi presentación formal. Quedé con el alias de El Médico. Me felicitó por el tema de Guillermo, me dio correo, número de teléfono y me autorizó para todo lo concerniente a lo político. Eso sí, me hizo énfasis especial en que no quería verme reunido con militares ni financieros, que lo mío era un tema político exclusivamente y lo trataríamos de manejar lo más directo posible. Así quedamos y me dijo que la próxima reunión le llevara a Hoenigsberg.

¿Le llevó a Hoenigsberg?
Sí. Un mes después le llevé a Guillermo. Lo llevé a Ralito y le pagamos desde los tiquetes de avión hasta el hotel y Antonio y yo personalmente lo entramos a Ralito en 2004. En ese paseo también llevamos a José Pérez, que era nuestra cuota. Los llevamos, nos reunimos y se quedaron con la bendición de Jorge 40. Roberto Castillejo se ubicó privadamente para organizar negocios. Era experto en esa materia.

¿Por qué dice que Pérez era su cuota?
Lo sabía, pero después de la desmovilización fue de los primeros que se sacudieron y, al enterarse de que entraba un comandante militar nuevo, alcanzó a amenazarme. Esa nueva estructura alcanzó a declararme objetivo militar. Por eso lo denuncié en todos lados. Como yo empecé a manejar proyectos productivos del bloque Norte, caí en la cuenta de que en Barranquilla me iban a asesinar. Ya iban varios de la estructura anterior. Estoy seguro de que Antonio se salvó porque cayó preso. La nueva estructura quería congraciarse con los políticos con que nosotros habíamos hecho alianzas. Por eso, ya desmovilizado, decidí irme del país.

¿Qué sucedió con Eduardo Losada?
En 2004 lo mataron. Casi me asesinan ese mismo día. Íbamos para una reunión en Métodos y Sistemas con Guillermo Hoenigsberg. Salimos juntos con la plata que se le había entregado para el pago de los concejales del tema de valorización. La esposa de Eduardo puede dar fe de eso. Yo estaba en el semáforo esperando el cambio para llegar cuando empezó la balacera. Antonio estaba llegando cuando escuchó las detonaciones. Entonces activó vía avantel a la red urbana de Barranquilla y ellos los capturaron en el restaurante Medio Oriente de la carrera 43 con 85. Tocó entregárselos a la Policía. Quedamos desorientados. Hasta hace poco me he venido enterando cómo fueron las cosas. Eso habla de la porquería de organización donde estuve.

Una Carta al Consejero para la Reintegración
Dice que es la octava carta que le escribe al Estado colombiano para que revisen su caso. Esta vez lo hizo al director de la Agencia Nacional para la Reintegración, Alejandro Éder, para expresar que se desmovilizó en agosto de 2005 con el bloque Centauros, luego colaboró con la entrega de Jorge 40 en marzo de 2006, pero hoy no sabe qué hacer.
Dice que contactó importantes empresas de Estados Unidos para apoyar el proceso de paz, pero luego percibió un ambiente hostil de anteriores estructuras, que denunció ante las autoridades, y que como nadie lo atendió, salió del país. Lo que aguarda es saber si puede acceder a los beneficios del Decreto 1424.
Y lo hace porque ya tiene dos órdenes de captura en su contra. Una en Sincelejo y otra en Bogotá. Pero que no piensa regresar al país para quedar preso. Además, sostiene que en Venezuela, Ecuador o Panamá hay gente en las mismas condiciones, dispuestos a colaborar con la justicia pero no a pagar largas condenas.
1 de diciembre de 2011
26 de noviembre
©el espectador
vía cc verdad abierta

testigo contra pinedo no aparece


Una líder de la Sierra Nevada de Santa Marta, testigo contra Miguel Pinedo, no compareció al llamado que le hizo la Corte Suprema. El político dijo en el inicio de su juicio que no hizo pactos con ’paras’.
Colombia. Aunque hoy se esperaba que Magaly Patricia Ortiz, líder comunitaria desplazada de la Sierra Nevada de Santa Marta, y una de las testigos principales del juicio contra el ex senador Miguel Pinedo Vidal, rindiera su testimonio, la secretaria de la sala penal de la Corte Suprema dijo que no se presentaría porque se desconoce de su paradero.
Se conoció durante el juicio que la líder comunitaria solicitó medidas de seguridad al Programa de Protección de testigos de la Fiscalía General de La Nación y según lo notificó el DAS estaría fuera del país.
Magaly Patricia denunció, en los juicios contra los ex senadores Mauricio Pimiento y Luis Eduardo Vives y el ex gobernador de Magdalena Trino Luna, la presión que ejercieron los paramilitares sobre los campesinos de la Sierra para que votaran por diferentes candidatos al congreso entre ellos Miguel Pinedo Vidal.
En una de sus comparecencias ante la justicia la líder señaló: "Eran ellos, los paramilitares, ‘Hernán Giraldo Serna’ y "Jorge 40", quienes decidían qué personas de la región tenían derecho a aspiraciones políticas, fuera locales o regionales. Sin su aval, no era posible el proselitismo y de eso, también estaban al tanto los políticos, era forzoso que se reunieran con Girando Serna en la parte alta de la Sierra Nevada, en "Machete Pelao" o "Quebrada del Sol", como lo hicieron "Lucho Vives, Miguel Pinedo, Edgardo Vives, José Francisco Zúñiga".
Lo dicho por Ortiz fue ratificado por Hernán Giraldo Serna, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira, en una versión libre ante los fiscales de Justicia y Paz en la que también mencionó que había tenido nexos con el político Pinedo Vidal.
"Hicimos reuniones en Guachaca y Buritaca", declaró refiriéndose a 13 políticos que apoyó en ese departamento. Giraldo enfatizó que se había reunido en varias ocasiones con el senador Pinedo y la última vez que lo vio fue en febrero de 2005, el día de la desmovilización del bloque.
"Hicimos una reunión arriba en la finca mía, a la orilla del río Buritaca, duramos un tiempo sin vernos (con Miguel Pinedo) hasta el momento de la desmovilización", aseguró el ex paramilitar.

La Defensa de Pinedo
Durante la intervención ante los magistrados, Pinedo Vidal dijo que en 1984 se encontró casualmente con ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, cuando subió a la Sierra Nevada de Santa Marta con el líder comunal Raymundo Arrieta. Sin embargo aclaró que después de ese encuentro nunca volvió a ver al jefe paramilitar.
"Yo subí con Raimundo Arrieta, el único presidente de una junta de acción comunal en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el 1984. Esa vez me encontré con Giraldo y fuimos allá porque los campesinos querían que se construyera arriba de la Sierra un puente. Yo iba con Arrieta y con un ingeniero…Jamás tuve la oportunidad de hablar con Giraldo, yo solo hacía política, política de la sana", dijo el ex presidente del senado.

La Carrera Política de Pinedo Vidal
Miguel Pinedo Vidal, nació en el mes de febrero de 1943, en Riohacha. Es hijo del ex senador Miguel Pinedo Barros y abogado de la Universidad Externado de Colombia. A sus 68 años, Pinedo Vidal se ha desempeñado en varios cargos públicos, desde 1968, año en el cual tuvo a su cargo el Juzgado Promiscuo Municipal del Piñón y posteriormente el de Fundación, ambos municipios del departamento de Magdalena.
Entre 1972 y 1973 ostenta los cargos de vicepresidente y presidente de la Asamblea Departamental de Magdalena y posteriormente es elegido como representante a la Cámara por el partido Liberal, cargo que ocupa por tres periodos consecutivos.
En 1986 se convierte en senador de la república y en 1991, es elegido como gobernador del departamento de Magdalena hasta 1994. En 1998 vuelve a ser senador de la república hasta septiembre de 2008, año en el que renuncia a al fuero parlamentario, por la investigaciones abiertas en su contra por parapolítica. Para el periodo 99-2000 es presidente del congreso.
En marzo de 2008, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al Miguel Pinedo Vidal por sus presuntos vínculos con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna alias ‘El Patrón’.
El ex congresista de Cambio Radical había empezado a ser investigado por la Corte desde octubre de 2007. El 31 de marzo de 2008 se le dictó medida de aseguramiento luego de la declaración de la testigo, Magaly Patricia Ortiz.
Cuando Pinedo renunció a su fuero, el proceso fue asumido por la Fiscalía. En julio de 2009, el vice fiscal Guillermo Mendoza Diago ordenó la libertad del ex congresista al considerar que se le había violado el derecho al debido proceso dentro de la investigación.
En septiembre de 2009, la Corte Suprema reasumió los casos de ‘parapolítica’ de aquellos congresistas que habían renunciado a su curul y el caso de Pinedo volvió a activarse. Desde el 23 de marzo Pinedo Vidal, se encuentra recluido en la cárcel de máxima de La Picota.
1 de diciembre de 2011
23 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

los señalados en justicia y paz


VerdadAbierta.com cruzó la lista de miembros de la fuerza pública que Justicia y Paz envió a la justicia ordinaria para investigar, con la de los investigados por la Procuraduría por delitos asociados con el paramilitarismo y con la que surge de los relatos periodísticos. Encontró que no coinciden en casi nada.
Colombia. A finales de agosto de 2011, luego de más de seis años de funcionamiento, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía reportaba un total de 495 casos contra miembros de fuerza pública que envió a la justicia ordinaria para que los investigara. Estos surgieron como producto de la información aportada por los desmovilizados durante sus versiones libres. Esta cifra es ligeramente superior a los 466 casos de políticos que esta Unidad envió a distintas dependencias de la justicia.
En la mayoría de estos casos, los desmovilizados mencionan a oficiales de fuerza pública, en particular de Ejército y Policía, y los señalan de haber sido sus colaboradores o cómplices. Tan sólo para el primer semestre de este año, se reportaban 162 casos que refieren a oficiales del Ejército y otros 89 que vinculan a oficiales de la Policía, 59 correspondían a suboficiales del Ejército y 97 a suboficiales de la Policía. Existen 6 casos más que fueron compulsados con relación a oficiales de la Armada, mientras que de Fuerza Aérea se había reportado sólo un caso.
El Catatumbo registra el mayor número de casos. Los fiscales de Justicia y Paz han enviado a sus pares de la justicia ordinaria alrededor de 70 casos contra miembros de fuerza pública relacionados con acciones del bloque paramilitar de esa región nortesantandereana. Después le siguen el Bloque Calima (Valle) y el Bananero (Urabá). En estos los fiscales enviaron un promedio de 50 casos por bloque solicitando a la justicia ordinaria que investigara militares por diversos delitos asociados al paramilitarismo.
Estos datos parecen revelar que hubo zonas del país en donde los paramilitares que han confesado sus delitos a la justicia percibían de manera más evidente lazos entre ellos y los miembros de la fuerza pública. Sin embargo, con la avalancha de procesos que le ha llegado a la justicia ordinaria, ésta puede demorarse demasiado en separar culpables de inocentes, antes de que se venzan los tiempos legales de juzgamiento.
A mayo de 2011, la Fiscalía y la justicia penal militar sumadas llevaban casi 2000 casos penales contra militares por posibles violaciones a los derechos humanos, eso sin distinguir si los casos involucran posible complicidad por acción u omisión con el paramilitarismo. La Fiscalía sólo ha dictado sentencia condenatoria en 82 casos.

Faltas Disciplinarias
Para verificar si las cifras de investigaciones disciplinarias en la Procuraduría relacionadas con conformación o cooperación con grupos paramilitares, participación en homicidios o inactividad y omisión frente a actividades de grupos paramilitares coinciden con las que reflejan los casos enviados por Justicia y Paz a la justicia ordinaria, VerdadAbierta.com envió un derecho de petición a esta entidad. Según la respuesta del Ministerio Público, entre 1990 y 2009 abrió investigaciones contra 283 militares por faltas asociadas a posible complicidad con el paramilitarismo. La cifra, como se ve es menor que los 495 casos que Justicia y Paz ha enviado a la justicia regular para investigar.
De acuerdo con los datos de Procuraduría, de los 283 casos reportados, 144 fueron archivados, 125 fueron remitidos a otras instancias judiciales (remisión por competencia), 11 están pendientes de fallo y sobre dos se adelantaban investigaciones simultáneas.
Tampoco coincide la prevalencia regional. La mayoría de casos registrados por la Procuraduría ocurrieron en los departamentos de Antioquia (36 casos), Santander (31 casos), Valle del Cauca (15 casos), Guajira (13 casos), Norte de Santander (11 casos), y Magdalena (10 casos).
En cuanto a la distribución por fuerzas, la lista reporta un total de 132 procesos contra miembros del Ejército, 137 de Policía Nacional, 5 de Fuerza Aérea, 4 de la Armada y 4 del DAS. Particularmente, los casos en los que miembros de Fuerza Aérea y Armada resultaron involucrados con paramilitares tenían relación con el tráfico de estupefacientes, mientras que los de otras fuerzas se relacionan con homicidios, apoyo y cooperación con paramilitares. Respecto a su distribución por rangos, la lista es encabezada por un general, 39 coroneles, 31 tenientes coronel, 54 mayores, 22 capitanes y 17 tenientes.
Como tercera fuente para buscar cuántos militares pudieron haber estado involucrados con el paramilitarismo, se revisó el archivo periodístico de VerdadAbierta.com y otras fuentes mediáticas desde octubre de 2008 y surgió una lista de 111 militares y miembros de Policía mencionados en relación con los delitos del paramilitarismo. De esta lista hubo señalamientos contra 13 ex generales de Ejército y Policía y 34 coroneles de todas las fuerzas, que operaron en departamentos como Antioquia, Tolima, Meta y la región del Catatumbo.
Al cruzar las listas de las fuentes periodísticas y la de Procuraduría, apenas tres nombres coincidieron: teniente coronel del Ejército Lino Hernando Sánchez Prado (mencionado por Mancuso en sus versiones libres), coronel del Ejército Víctor Matamoros Rodríguez (mencionado por Mancuso y ‘El Iguano’ y sobre quién al parecer la Fiscalía precluyó una investigación en 2010) y el mayor de la Policía José Luís Palomino (mencionado por ‘Don Mario’). Estos militares y policías a la vez que han sido mencionados por los desmovilizados ante justicia paz, se les adelantó una investigación disciplinaria que según la Procuraduría fue remitida finalmente a otras instancias judiciales. Quizás son a estos miembros de la fuerza pública a los que la justicia ordinaria debería tener como prioridad en sus investigaciones.
En esta cuidadosa revisión releva además que la mayoría de las acusaciones contra miembros de fuerza pública están relacionadas con tres tipos de delitos: omisión para detener masacres o su participación activa en estas; respaldo a incursiones paramilitares; y darles apoyo logístico y suministrarles material bélico.
Es un número reducido de ex jefes paramilitares los que han denunciado los posibles nexos entre militares y paramilitares. Entre los jefes que han hablado de cómo les colaboró la fuerza pública en su expansión de sangre y fuego, están Salvatore Mancuso, Éver Veloza alias ‘H.H’, Jorge Iván Laverde, ‘El Iguano’, Freddy Rendón Herrera ‘El Alemán’ y su hermano Daniel Rendón Herrera ‘Don Mario’. La magnitud de esta colaboración también se ha conocido por las confesiones de paramilitares que fueron militares, como Luis Alexander Gutiérrez ‘Capi’ ex miembro del Bloque Libertadores del Sur, José Bernardo Lozada ‘Mauro’, desmovilizado del Bloque Catatumbo, y el asesinado Diego José Martínez ‘Daniel’, ex miembro del Bloque Tolima de las AUC.
1 de diciembre de 2011
24 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

justicia dispareja


El Estado ha reparado con sumas millonarias a víctimas de soldados y policías, pero muchos de los responsables de las violaciones siguen en la impunidad.
Colombia. A las 4:25 de la tarde del 27 de enero de 1995, Omar Carmona empezaba a rendir testimonio ante un inspector de policía de Tuluá, Valle, cuando un grupo de hombres armados y vestidos de civil, que dijeron ser de la Sijín, irrumpieron en las oficinas de la Estación Tercera de Policía y se lo llevaron a empellones junto con su hermano Henry. Ambos y un amigo común habían sido detenidos en la madrugada por estar involucrados en una pelea callejera. A las siete de la mañana otros dos hermanos de los Carmona, Rodrigo y Herney, también con un amigo, se habían acercado a la Permanencia donde suponían que estaban los detenidos, pero antes de poder encontrarlos fueron metidos a la fuerza en un campero rojo, el mismo que esa tarde se había llevado a los tres detenidos de la inspección de Tuluá.
En los cuatro días siguientes los cuerpos de los cuatro hermanos y sus dos amigos aparecieron destrozados. Mutilados, sin manos, algunos de ellos flotando en el río Cauca, cuyas aguas para entonces hacían de fosa común de los cadáveres de la extendida matanza de Trujillo y de otros episodios violentos del Valle.
En menos de un mes, el Comando de Policía del Valle hizo una investigación de la que sacó unas rápidas conclusiones: ninguna de las víctimas estaba bajo custodia de los agentes, pues los detenidos ya se encontraban con el inspector. En consecuencia cerró cualquier indagación, atribuyéndole la masacre de los hermanos al crimen organizado. Muy a pesar de que los testigos presenciales aseguraban que el carro en el que fueron raptados los muchachos, pertenecía a la Sijín.
La madre de los cuatro jóvenes, otros hermanos y sus hijos, empezaron a trasegar por los tribunales, interponiendo o respondiendo a apelaciones, hasta que 13 años después, la Nación, es decir, la Policía, resultó condenada. En el fallo, el Consejo de Estado no sólo le ordenó al Ministerio de Defensa a pagarle a los familiares por los daños ocasionados, sino que le ordenó a la Policía a pedir perdón públicamente a esta familia, y tomar un conjunto de medidas de justicia restaurativa con la comunidad y de prevención de estos crímenes entre sus agentes.
Para el consejero de Estado Enrique Gil, uno de los autores de la sentencia, esta es histórica porque muestra cómo las altas cortes se han ajustado a los estándares propuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando cada vez más un concepto de reparación integral y no sólo un cheque, que es lo que se suele creer que es la indemnización.
En realidad el caso de los hermanos Carmona fue el segundo de esta naturaleza ante el Consejo de Estado. Un año antes, en 2007, al alto tribunal había llegado el caso de una víctima de la masacre y el desplazamiento masivos de El Aro, en Itüango, Antioquia. Para entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había emitido una condena, y ordenado una reparación integral a las víctimas que habían interpuesto una demanda. Pero el Consejo de Estado tenía en sus manos el caso de una víctima que no había acudido a la justicia internacional, y que merecía, tal como pasó, una reparación en los mismos términos que la ordenada por los jueces internacionales.
Pero tanto en el caso de los hermanos Carmona como en el de Itüango, mientras el Estado ha reconocido, aunque sea tardíamente, su responsabilidad por el daño que sufrieron las personas, y ha ordenado pagarles dinero por ello, además de otras medidas restaurativas, los autores individuales de estas violaciones siguen en la impunidad.
A  muchos juristas les preocupa que el Estado se adapte a la situación de pagar por el daño que han hecho sus funcionarios sin hacer un esfuerzo de igual proporción para aclarar penalmente los casos. Es decir, que el Estado gaste más recursos y energía en defenderse ante el contencioso o en conciliar, mientras que los responsables de estos delitos graves y costosos no resulten castigados por la justicia penal militar ni la ordinaria.
De 13.484 demandas contra el Ministerio de Defensa que había al finalizar 2010, 10.744 buscaban reparación directa. El año pasado el Ministerio resultó condenado en 454 casos asociados a violaciones de derechos humanos, que representan, según el secretario general de esta institución Luis Manuel Neira, el 52 por ciento de los casos. En el resto ha salido exonerado el Estado. Pero no todos los casos llegan hasta la etapa de juicio, ya que hay muchos que se concilian. Es decir, el Ministerio paga un poco más a las víctimas y se ahorra el proceso judicial. No obstante la conciliación es solo económica y en estos casos no se logra una reparación integral ni simbólica.
Más de mil de las demandas que tiene el Ministerio son por presuntos falsos positivos, muertes de civiles, desapariciones y desplazamiento. Sólo el año pasado se pagaron 7.120 millones de pesos por muertes de civiles, 1.087 millones por desaparición forzada, 2.185 millones por muertes en asociadas a la legislación de Derechos Humanos, 2.900 millones por falta de protección a los civiles, 3.800 millones a civiles afectados en enfrentamientos, y 6.900 millones de pesos por muertes presentadas como en combate sin serlo.
Sumados estos pagos, representan casi 24 mil millones de pesos, una suma que, para tener un punto de comparación, duplica los pagos a proveedores que realizó entre enero y septiembre de 2011 el Hospital Militar.

La Justicia Penal
La Fiscalía tenía hasta mayo de este año 1.486 investigaciones relacionados con posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente homicidios fuera de combate, que involucran a 2.701 víctimas. No obstante sólo 82 han tenido sentencia condenatoria, 939 avanzan lentamente en el antiguo sistema penal, y 537 están en indagación preliminar.  Existen casos graves como el de la masacre de La Resbalosa, en San José de Apartadó, donde un oficial, el capitán Armando Gordillo, se acogió a sentencia anticipada después de confesar su participación en el crimen. Aun así no ha sido posible que otros militares que estuvieron en el planeamiento y ejecución de esta operación hayan sido castigados y por el contrario, los 60 que habían sido detenidos quedaron en libertad.
Hasta finales del 2010 la justicia penal militar tenía para esas mismas fechas 480 casos en investigación, lo cual permite inferir que se frenó en seco el traslado de expedientes de casos de derechos humanos a la Fiscalía, contraviniendo las directivas dadas por el propio Ministerio de Defensa, a raíz del escándalo de los "falsos positivos" que estalló al terminar 2008.
Si bien es cierto que una condena ante el contencioso administrativo no significa que automáticamente se tengan las pruebas para condenar penalmente a los responsables de un hecho, algunos fallos administrativos podrían dar luces a jueces y fiscales que les permitirían avanzar sus investigaciones  e identificar a los culpables con mayor eficacia. Y en ocasiones, es el propio Consejo de Estado el que le ha ordenado a la justicia penal hallar a los responsables.
Eso ocurrió por ejemplo en noviembre del año pasado con el caso de Rogelio Aguirre López. Este tendero de Medellín estaba en su casa en la madrugada del 6 de octubre de 1994, cuando un grupo combinado de militares, policías y fiscales llegaron a allanar su casa. Según el testimonio que él mismo le dio a la justicia, los agentes llegaron disparando y en los primeros minutos mataron a Antonia Castaño, esposa de Aguirre, quien salió a proteger a su esposo y sus hijos. Aguirre tenía un arma y al ver a su esposa muerta, también disparó. Pero lo que no esperaba era que un juez sin rostro, con testimonio de todos los uniformados presentes, lo enviara a la cárcel acusado de haber matado a su esposa.
Aguirre permaneció preso durante más de un año, hasta que un tribunal superior lo absolvió del crimen, con una sentencia donde cuestiona duramente el papel de la Fiscalía en su juicio. "La Fiscalía General de la Nación aparece en un maridaje vulgar, dañado y punible, avalando la situación, manteniendo al viudo en la cárcel durante un año (su hogar destruido, sus hijos al garete) y acusándolo en una kilométrica providencia donde sobran las repeticiones y la falta de justicia y el sentido común". Así pues Aguirre recuperó su libertad, pero empezó su batalla en la justicia contenciosa, en búsqueda de una reparación económica. Apelaciones fueron y vinieron durante muchos años hasta que en noviembre de 2010 el Consejo de Estado le dio la razón. Ordenó no sólo la reparación económica y que la Fiscalía le pidiera el perdón, sino que ordena que se busquen y castiguen a los responsables del crimen, la detención y el montaje.
Las sentencias del Consejo de Estado muestran un profundo abismo entre la investigación penal y la administrativa y los alcances que cada una puede tener.  Algunas veces, incluso, éste alto tribunal ha ido más allá de las exigencias de las víctimas.
Es el caso de tres campesinos que fueron desaparecidos también en 1993 cuando viajaban de Villavicencio a Monfort, diez minutos después de haber requisados en un retén militar y policial. En dicho retén los militares habían reportado por radio que un hombre llamado Fidel Ortiz, con orden de captura, viajaba en un campero de servicio público. No obstante no lo detuvieron ni a él ni a los demás. Sólo que un poco más adelante, el carro fue interceptado por otro jeep del que se bajaron varios hombres armados. Apresaron a los tres campesinos y se los llevaron con rumbo desconocido.  Testigos dijeron que habían visto el carro en el que se los llevaron, antes, en el  retén.
La justicia penal militar cerró el caso sin mayores preámbulos con el argumento de que los culpables habían sido paramilitares y no agentes oficiales. Lo mismo hizo la Procuraduría.  No obstante, el Consejo de Estado encontró que las tropas habían cometido si no una acción, lo cual eventualmente se podría probar, sí por lo menos negligencia y omisión suficiente como para resultar condenada la Nación.   Especialmente si se agrega que aunque fueron avisados de la desaparición, las tropas esperaron más de 24 horas para iniciar cualquier acción de búsqueda de los desaparecidos, aduciendo que había una orden superior de no avanzar por la carretera por razones de seguridad.
Lo interesante es que el Consejo de Estado no sólo marca un hito condenando por omisión al Estado, y en este caso al Ministerio de Defensa, sino que ordena a la Fiscalía investigar los hechos sobre los que se tendió un manto de impunidad. Militares que fueron indagados en esa ocasión mantuvieron una carrera ascendente dentro de las Fuerzas Militares hasta hace poco tiempo.
Similar sentencia se profirió en el caso de la muerte de Wilson Duarte, un hombre que fue sacado de su casa por la Policía en Saravena, Arauca. Lo encontraron ejecutado después. En este caso la justicia ordinaria si condenó previamente a dos policías por el homicidio, y después de las medidas de reparación ordenadas por el Consejo de Estado, resultó condenado un tercer responsable del hecho.
Pero el hecho de que el Consejo de Estado haya sintonizado su jurisprudencia no quiere decir que no falte camino por recorrer. A juicio de Federico Andreu, de la Comisión Colombiana de Juristas, hay una gran lentitud en el desarrollo de los casos. De hecho, los casos aquí expuestos son de hace 15 o 20 años, lo cual hace más costoso el proceso no sólo para las víctimas, sino para el propio Estado. Adicionalmente, según una experta en defensa jurídica del Estado, todavía a los gobiernos les preocupa más ahorrarse un poco de dinero en cada proceso,  que asumir la indemnización como parte de la construcción de legitimidad de las instituciones.
Aunque muchos de estos episodios se presentan con menos frecuencia después de que estalló el escándalo de las ejecuciones de civiles en 2008, y su posterior presentación como muertos en combate, hay acumulados tantos casos del pasado que el presupuesto para pagar por ellos podría llegar al billón de pesos por año, dados los estándares que hoy se están aplicando. Para acatar los fallos de la justicia nacional se han presupuestado 260.000 millones y para pagar las condenas de la CIDH, se han reservado 600.000 millones. Y no alcanzan. Si a eso se le suma que ahora el gobierno quiere cargar al presupuesto nacional, y del contribuyente, la defensa de los militares involucrados en estos casos, entonces el costo de las violaciones de derechos humanos será aún mayor.
Que el Consejo de Estado ha venido armonizando su actuación con las cortes internacionales lo demuestra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se condenó al Estado por el asesinato del senador de la UP Manuel Cepeda. En ella, la CIDH reconoce lo actuado en materia de indemnización por el tribunal contencioso colombiano y negó a los hijos del senador la reparación económica por daño material a la que aspiraban.
Pero no todas las víctimas, ni las organizaciones que las representan, trabajan con las dos justicias. William Rozo, del Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep piensa que la búsqueda de los fallos de la justicia administrativa, en lugar de impulsar los procesos penales, los desestimulan. "Al Estado le tiene sin cuidado pagar" dice. Y pone como ejemplo el caso de Mapiripán, donde a su juicio las víctimas han perdido el impulso en sus aspiraciones de justicia después de que se produjeron fallos nacionales e internacionales que ordenaron repararlas.
Menos incentivo tendrán aún, ahora que una investigación de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía descubriera que algunas de las víctimas indemnizadas por esta masacre, en realidad no había sido víctimas y había presentado su caso a la justicia internacional con falsas evidencias. Después del escándalo, es muy probable que haya impunidad para los responsables de las otras víctimas, esas sí reales y ciertas, de la masacre de Mapiripán.
Tanto Rozo, como el padre Javier Giraldo, y otras organizaciones especialmente de abogados que llevan casos emblemáticos, consideran políticamente incorrecto que otras ONG litiguen en pro de indemnizaciones. En el caso de Trujillo, por ejemplo, estas organizaciones lideradas por el padre Giraldo tomaron sólo el caso penal, dejando a discreción de cada víctima si quería o no solicitar una reparación en el contencioso.
Rozo pone como ejemplo de víctimas que no han aceptado ninguna reparación económica hasta que no haya justicia, el de las hermanas García Méndez. Se trata de las cuatro hijas de José Rodrigo García, un diputado del Meta por la UP que fue asesinado en 1992 a unos cuantos metros de una estación de policía y minutos después de que miembros de esa institución le practicaran una requisa. El crimen está en completa impunidad, y prescribe el año próximo.
En la práctica, estos casos emblemáticos terminan en la Corte Interamericana que tiene unos altos estándares de pago por daños materiales e inmateriales. No obstante, si el Consejo de Estado y los tribunales administrativos internos elevan sus estándares, las posibilidades de que estos casos lleguen a los estrados internacionales son menores.
Mientras tanto, la justicia penal siga siendo inoperante. El Estado colombiano sigue encaminando mayores esfuerzos a su defensa y la de sus funcionarios en los tribunales contenciosos, que en encontrar a los culpables de las violaciones y castigarlos. El Estado siempre puede encontrar el dinero para pagar sus daños, pero le queda más difícil reparar el boquete que se le abre a la legitimidad de sus instituciones cada vez que un miembro de la fuerza pública viola los derechos del ciudadano que se supone debe proteger. Y lo mínimo que puede hacer para que este no se agrande es identificar a los responsables de las violaciones y castigarlos. Lo demás es seguirle botando dinero al problema que no ha podido solucionar.
1 de diciembre de 2011
23 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

el pupilo de fidel castaño


Armando Pérez, cuya carrera la Escuela Militar fue patrocinada por el fundador de las autodefensas, entrenó a miles de paramilitares mientras era oficial y después, como jefe ‘para’. Esta es la historia que le contó a la justicia.
Colombia. Armando Alberto Pérez Betancourth se hizo dentro del Ejército al lado de Fidel Castaño, quien le patrocinó la carrera de oficial en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá. Luego de la graduación, en diciembre de 1987, Castaño movió influencias para que lo ubicaran en el Batallón Junín de Montería y de ahí lo trasladaron a la base militar de Tierralta (Córdoba), donde le sirvió de informante y de instructor de "Los Tangueros", autores de las primeras masacres de civiles en las fincas de Honduras y La Negra en Urabá. Este grupo fue la semilla de lo que luego se conocería como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Después de su paso por Tierralta, fue designado a la Brigada Móvil No.1, con sede en Montelíbano (Córdoba), luego trasladado a la Tercera Brigada en Cali con el batallón de contraguerrillas Numanci, con el que ascendió a teniente efectivo. Del Valle del Cauca pasó a Popayán, Rosario (Nariño),al batallón García Rovira en Pamplona (Norte de Santander), a la Escuela de Armas y Servicios en Bogotá, y de ahí fue a Urrao (Antioquia).
Siendo comandante de la base militar de Urrao (Antioquia), en mayo de 1996, fue detenido y conducido al Batallón Girardot de Medellín, donde lo notificaron de la condena a 27 años de prisión por el homicidio del presunto guerrillero de las Farc, Ricardo Alonso Quiroz. Allí alcanzó a estar 18 meses preso, pero se fugó con la ayuda de un enviado de los Castaño. Sabía que además era probable que lo sindicaran también de la muerte del abogado Jesús María Valle Jaramillo, defensor de los derechos humanos asesinado por orden de Carlos Castaño en enero de 1997.
Tras la huída de Medellín, Castaño lo acogió como instructor de la escuela paramilitar La Acuarela en la Vereda La 35 de San Pedro de Urabá, donde también estuvieron Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’ y Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’. ‘Doble Cero’ fue jefe del Bloque Metro en Antioquia y ‘El Iguano’, jefe del frente Fronteras del Bloque Catatumbo en Norte de Santander.
Si ascender en el Ejército le costó años de empeño, dentro del paramilitarismo en cambio, la carrera de Pérez Betancourth fue vertiginosa. Luego de haber entrenado a paramilitares en La Acuarela, a mediados de enero de 1999, fue enviado por los hermanos Castaño al municipio de Acandí (Chocó) para entrenar tropas del Bloque Elmer Cárdenas que mandaba Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. Tres meses después, con más 200 hombres partió de Tierralta (Córdoba) a Norte de Santander, donde terminó asumiendo el mando del frente la Gabarra y posteriormente como jefe del Bloque Catatumbo,
Siendo jefe de este bloque que ensangrentó a Norte de Santander, la Fiscalía libró otra orden de captura en su contra por la desaparición y posterior asesinato del indígena Barí, Obed Dora Cebra, en abril de 2000. Después, el Juez Segundo Penal de Cúcuta, lo condenó a 40 años de prisión por la masacre de 20 personas, el 6 de abril de 2000 en Tibú, Norte de Santander.
El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizó como jefe del Bloque Catatumbo. El ex oficial del Ejército intentó pasar desapercibido en Ralito. Sin embargo, algunas excentricidades que aún conservaba desde que comandó el bloque y las constantes reuniones con los hermanos Víctor (abatido por la Policía en 2008 en el Bajo Cauca antioqueño) y Miguel Ángel Mejía Múnera, conocidos como "Los Mellizos", dejaban ver que no era un paramilitar cualquiera, sobre todo porque algunos de los desmovilizados rasos que lo conocieron en Norte de Santander, no dejaban de saludarlo con reverencia, como el "comandante Camilo".
La última vez que se supo públicamente de Pérez Betancourt, fue el 23 de marzo de 2006 en Santa Fe de Ralito, la Inspección de Policía de Tierralta, donde se negoció la desmovilización paramilitar. Ese día, después de haber rendido indagatoria ante la Fiscalía, que lo llamó a responder por los crímenes que cometió con el Bloque Catatumbo, abandonó el pueblo sin dejar rastro.
Nadie supo de su huida en Córdoba, ni siquiera Salomón Feris Chadid, alias 08, el desmovilizado jefe paramilitar del bloque Sanidad de las Auc quien vivía en Santa Fe de Ralito y al que visitaba seguido. Versiones de desmovilizados en Tierralta y Montería, coincidían en que ‘Camilo’ se fugó con Los Mellizos a la Sierra Nevada de Santa Marta y crearon el grupo "Los Nevados". De ahí se cree que, en 2008, salió para la región del Alto San Jorge (Córdoba), donde estuvo al lado del grupo Vencedores de San Jorge, organización que también desapareció y terminó siendo cooptada por otros paramilitares de Planeta Rica, La Apartada, Ayapel y Montelíbano, donde hoy se libra una guerra entre bandas criminales.
Fugas y travesías de guerra que a su acomodo narró a la Fiscalía en Santa Fe de Ralito y que de cierta forma, sirven de constancia sobre cómo algunos embriones del paramilitarismo en Colombia crecieron al lado del Ejército. Los siguientes son apartes de la versión que alias "Camilo" rindió a la Fiscalía, en 2006, poco antes de que no se volviera a saber de él:

La Versión de Alias ‘Camilo’
Yo conocí desde 1984 al señor Fidel Castaño, por la relación que tenía mi tío Hernán Betancourt con él en Córdoba. En las vacaciones del colegio Carlos Pérez Mejía de Medellín, me venía para acá (a Valencia, Córdoba) con él y los acompañaba en sus trabajos como comerciante y ganadero y a las reuniones que tenían con ese señor.
Desde ahí el mismo señor Fidel me dijo que ingresara al ejército apenas terminara el bachillerato para que le colaborara en estas regiones que estaban en conflicto con la guerrilla. Entonces empecé a averiguar para meterme a la Escuela Militar, pero la carrera era bastante costosa y él me dijo que no había ningún problema y que me la financiaba. Eso fue como en Semana Santa de 1984, cuando estuvimos hablando sobre eso, luego, en mayo del mismo año, Fidel Castaño me mandó dos millones de pesos con el señor Toto Hernández, quien vivía en Montelíbano (sur de Córdoba) y llevaba marramos para vender a la feria ganadera de Medellín.
En enero de 1985 empecé a estudiar en la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá y el señor Fidel Castaño me mandaba platica para financiar la Escuela, la enviaba a Medellín. Ya en 1987, cuando iba a ascender a subteniente, le mandé decir que en noviembre me notificaban del traslado y no sabía para dónde, pero envió una razón con mi tío diciéndome que tranquilo porque él se encargaba de eso. A finales de noviembre me notifican que venía trasladado para el Batallón Junín de Montería. Yo sé que Fidel tenía amigos en el Ejército.

La Llegada a Córdoba
 Llegué a Montería y posteriormente me trasladaron a la base militar de Tierralta. Ahí tuve contacto con el señor ‘Miguel’, quien fue en nombre del señor Fidel Castaño, quien pertenecía a un grupo de autodefensas que estaba en la finca Las Tangas, a orillas del río Sinú en Valencia, Córdoba. En la finca había un señor como administrador que le decían ‘07’.
‘Miguel’ era el enlace entre el señor Fidel y yo. Posteriormente les colaboraba con informaciones, incluso, no me acuerdo la fecha, pero debe estar en los archivos del batallón Junín de Montería, hicimos un allanamiento a esa finca por orden del comandante del batallón Junín, eso fue en 1988 (año en que empezaron las masacres en Córdoba y Urabá). Ese allanamiento lo hicimos con el teniente Turcio Pinzón.
Una de las misiones era informar a ellos todo. Yo le mandaba decir con ‘Miguel’ cuando estaba enterado de alguna operación militar y en mi tiempo libre, les dictaba cursos contraguerrilla; a mí me encargaban de la parte militar únicamente. Le dicté entrenamiento como a 18 personas, quienes eran las que patrullaban. Ellos salían y hacían operaciones ofensivas y regresaban a las fincas Las Tangas, Vijagual y Paraguay, pegadas al municipio de Valencia.

La Fuga
En la finca Las Tangas había otros trabajadores. Conocí a Móvil 1, H2, y a dos mujeres que se encargaban de la cocina. Conocí también a una mujer que le decían ‘Doble Cero’, era robusta, blanca, alta, andaba en un Suzuki cafecito y de acento paisa; esta señora se encargada de comprar los víveres y las remesas en Montería. Después cuando salí trasladado, en 1989, ellos ya estaban más hacia arriba, en la Escuela La Acuarela de San Pedro de Urabá, esta zona ya estaba liberada de guerrilla.
Posteriormente tuve comunicación con más comandantes, entre ellos, Leonardo o Lucas, quien se encontraba en Medellín. Con Leonardo organizamos las entradas de unas autodefensas al noroccidente antioqueño, principalmente en Urrao, Caicedo y Betulia para bloquear la movilización que tenía el frente 34 de las Farc. Estando ahí, Leonardo me mandó a un comandante que se llamaba Gabriel, oriundo de San Pedro de Urabá, para que coordinara el ingreso de 30 hombres de las autodefensas con ocho urbanos de Urrao.
Estando en Urrao es cuando se me presenta el problema jurídico (por el asesinato de un presunto insurgente de las Farc), y le informo a Leonardo, quien estuvo colaborándome económicamente para que pagara los abogados. Él me visitó varias veces cuando estuve (preso) en Medellín en 1996 en el batallón Girardot, y después cuando me fugué, el 24 de diciembre de 1998, Lucas me recogió y me llevó hasta Santa Fe de Antioquia.
De Santa Fe de Antioquia volé en helicóptero hasta la finca La 15, cerca de San Pedro de Urabá, donde me presenté ante el señor Carlos Castaño, quien me mandó para la Escuela La Acuarela en un carro. Al llegar me recibió el comandante ‘Doble Cero’ o Rodrigo, el director de la Escuela.
‘Doble Cero’ me nombró instructor militar, ahí duré unos meses dictando cursos de contraguerrillas, después hice parte de un comité de reentrenamiento móvil donde estábamos varios instructores, entre ellos ’Yimi’, una muchacha que se llamaba Paola, quien era enfermera de combate y dictaba primeros auxilios, y otra señora a la que le decían ’La Chávez’, que dictaba la parte política.

De Chocó al Catatumbo
Con ese comité de reentrenamiento me desplacé al Chocó, eso fue a mediados de enero de 1999. Llegamos a una vereda que se llama Tanela y creo que pertenece al municipio de Acandí. Ingresamos en carro desde La Acuarela hasta Necoclí, allí nos recogió una lancha que atraviesa el Golfo de Urabá y llega al Chocó, directamente a Tanela, donde nos esperaba el comandante ‘Alemán’ del Bloque Elmer Cárdenas. Él me reunió toda la tropa y de ahí empezamos a dictar el curso por espacio de mes y medio; antes de terminar el curso llegó ‘Doble Cero’ y pasó revista al entrenamiento, en ese momento él era comandante militar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Terminado el curso, a finales de febrero de 1999, me llevaron nuevamente a La Acuarela y de allí me enviaron para el Cesar, llegué a un sitio que se llama San Ángel (Sabanas de San Ángel, Magdalena, donde quedaba el cuartel de ‘Jorge 40’), que es como un corregimiento, y me presenté al comandante ‘Jorge 40’. Hicimos un reentrenamiento de la tropa, pero como a principios de abril, cuando iba iniciar la Semana Santa de 1999, me mandó recoger Carlos Castaño y volví a La Acuarela. Estando en este lugar me dio la orden de presentarme ante el comandante Mancuso, quien me trajo para una zona que se llama Los Guayabos, yendo para el Nudo de Paramillo (en jurisdicción de Tierralta), ahí me entregó 205 hombres para que los entrenara militarmente.
A finales de mayo de 1999, entre el 24 y 25, a ese grupo se le da el nombre de Frente La Gabarra, y me dan la orden de desplazarme con ellos hacia la zona del Catatumbo. La misión era localizar a unos cabecillas de la guerrilla y golpear unos campamentos del frente 33 de las Farc y unas comisiones del ELN y el EPL que se movían en la zona. En ese frente íbamos divididos en contraguerrilas y compañías. Lo comandantes de compañía éramos mi persona que me nombraban como ‘Camilo’, Mauricio ‘Cuatro Cuatro’ y otro era ‘Cordillera’, quien está muerto. Ya siguen los comandantes de grupo que eran ‘El Gato’,’Rony’, ‘Adolfo’ y ‘Raúl".
30 de noviembre de 2011
24 de noviembre de 2011
23 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

lote entregado por mellizo mejía


Para las víctimas de Arauca. Un magistrado de Justicia y Paz ordenó entregar un lote en Bogotá de 23 mil millones de pesos para reparar a las víctimas de ’El Mellizo’ Mejía. El predio era disputado por daminificados de DMG.
Colombia. El lote Bihar B se ubica en el norte de Bogotá y es el bien de mayor valor hasta ahora entregado en Justicia y Paz. En 2008, fue ofrecido en versión libre por el ex jefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘Mellizo’, para ser destinado a la reparación de víctimas del Bloque Vencedores de Arauca del que fue jefe entre 2001 y 2005.
Transacciones en efectivo y falta de documentos de propiedad, han hecho difícil determinar si el Bihar B pertenece a alias ‘Meliizo’ o a la extinta captadora de dinero DMG, en la que según estimaciones del gobierno más de 500 mil personas perdieron sus ahorros.
Tras años de disputa legal, el pasado 25 de noviembre, un magistrado de Justicia y Paz dictó que el lote debe ir para las víctimas de los paramilitares en Arauca. Pero será la Corte Suprema de Justicia quién deberá decidir si el lote será destinado para las víctimas del ‘Mellizo’ o para los damnificados de DMG.
El ex jefe paramilitar asegura haber recibido el Bihar B de manos de un supuesto socio en el negocio de la cocaína, Óscar Humberto Uribe Echeverri, en pago a una deuda de un millón de dólares. Como prueba, sus abogados han presentado recibos de 115 millones de pesos por pago de impuestos del lote.
Los representantes de DMG aseguran que, la captadora de dinero le compró el lote a la Banca de Inversiones Colbank S.A, tres meses antes de que fuera entregado por el exparamilitar. No existen rastros de la transacción ya que afirman, fue realizada en efectivo por un valor de 28 mil millones dólares.
En marzo de 2009, la Fiscalía 38 de la Unidad de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas, pidió que se tomaran medidas de aseguramiento sobre el Bihar B. Tanto DMG como Colbank han pedido en diversas ocasiones que se levante esta medida, misma que impide que el lote se pueda negociar y lo clasifica como un bien sujeto a ser embargado.
El proceso sobre el Bihar B, que se ha llevado dentro del proceso de Justicia y Paz a alias ‘Mellizo’, llegó a su fin con la reciente sentencia dictada en el Tribunal de Bogotá. El magistrado rechazó tanto una solicitud de anular el proceso hecha por un abogado de las damnificados de DMG como la de levantar la medida de aseguramiento pedida por los abogados de DMG y Colbank.
El pasado 21 de noviembre, cuatro días antes de que se dictara sentencia sobre el caso del Bihar B, un supuesto abogado de los damnificados de DMG pidió que el proceso fuera anulado ya que sus representados no habían sido notificados del mismo. El magistrado por su parte, rechazó la solicitud ya que no pudo ser verificada la identidad del abogado y aclaró que el proceso ha sido público.
DMG asegura haberle comprado el lote a Colbank en efectivo. La única prueba presentada por la captadora de dinero es una promesa de venta firmada con una inmobiliaria de nombre Guval en junio de 2008.
Para el magistrado, la promesa firmada entre Guval y DMG no representa una prueba por dos razones: el documento no comprueba que la transacción se haya finalmente realizado y este fue firmado por dos representantes de la inmobiliaria quiénes se presentaron como personas naturales y no como representantes de Colbank.
El Bihar B había pasado a manos de Colbank en 2001, cuando la familia del empresario Carlos López Piñeros dueño de Pollos Aretama y de la franquicia KFC, le compró el lote a otra empresa del grupo familiar, la Cardigan Development Corporation.
López Piñero ha asegurado a lo largo del proceso que Colbank vendió el predio por 23 mil millones a Luis Eduardo Gutiérrez y Juan Carlos Valencia, agentes inmobiliarios que, según López sirvieron de intermediarios en la posterior venta a DMG.
En la sentencia dictada el pasado 25 de noviembre, el magistrado informó que en un estudio contable realizado a DMG, Colbank y Guval no se hallaron rastros de la supuesta compra del lote y recalcó lo excepcional del pago, 28 mil millones de pesos en efectivo.
El magistrado no sólo negó el levantamiento de la medida de aseguramiento pedido por DMG y que tiene como finalidad tutelar que los bienes restituidos por paramilitares lleguen a las víctimas. Sino que pidió se abran averiguaciones sobre la inmobilaria Guval, ya que esta no presenta algún registro contable.
Según un abogado de las víctimas de Mejía Múnera, "si se prueba que Óscar Uribe era el dueño real del predio, éste pasa a reparación de los desplazados y viudas que dejó ‘El Mellizo’. Ahí Colbank tendrá que responder ante la justicia por testaferrato".
VerdadAbierta.com contó, en entrega anterior sobre el Bihar B, como vínculos personales relacionan al ‘Mellizo’ y a Carlos López Piñeros. Por una parte, el empresario tiene una hija con la hermana del exparamilitar. Por la otra, la esposa de Óscar Uribe, quien según el ‘Mellizo’ le entregó Bihar B como pago de una deuda, era socia de la empresa Cardigan de la familia López Piñeros.
Tras dos años de disputa legal, el 25 de noviembre, un magistrado de Justicia y Paz decidió que el lote Bihar B, ubicado en el norte de Bogotá, debe ser destinado a reparar a las víctimas de los paramilitares en Arauca.
El bien fue ofrecido a Justicia y Paz por el extraditado jefe del Bloque Vencedores de Arauca, Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘Mellizo’, pero los representantes de la captadora ilegal DMG habían reclamado la propiedad sobre este predio para a su vez reparar a las víctimas de esa empresa.
Sin embargo, un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz rechazó la solicitud de anular el proceso hecha por un abogado de las damnificados de DMG, así como la de levantar la medida de aseguramiento pedida por los abogados de DMG y Banca de Inversiones Colbank S.A.
De inmediato, los abogados de estas dos firmas anunciaron que apelarán la decisión del Tribunal ante la Corte Suprema de Justicia.
El lote Bihar B está ubicado en la autopista norte de Bogotá y es el bien de mayor valor hasta ahora entregado en Justicia y Paz. En 2008, fue ofrecido en versión libre por el ex jefe paramilitar alias ‘El Mellizo’ Mejía, para la reparación de víctimas del Bloque Vencedores de Arauca del que fue jefe entre 2001 y 2005.
A pesar de ésto, se descubrió que el predio había sido vendido en efectivo y sobre él no había documentos de propiedad, lo que dificultó a la justicia determinar si pertenecía a alias ‘El Meliizo’ Mejía o a la extinta captadora de dinero ilegal DMG, en la que según calculos del gobierno más de 500 mil personas perdieron sus ahorros.
El ex jefe paramilitar aseguró que recibió el lote de manos de Óscar Humberto Uribe Echeverri, como pago de un millón de dólares supuestamente por una deuda de narcotráfico.
Como prueba de esta negociación los abogados del extraditado paramilitar presentaron recibos de 115 millones de pesos por pago de impuestos del lote.
Los representantes de DMG aseguraron a su vez que David Murcia le compró el lote a Colbank, tres meses antes de que fuera entregado por el exparamilitar. Sin embargo, de esta transacción no existen pruebas ya que - según los abogados de estas empresas- fue realizada en efectivo por 28 mil millones de pesos.
La única prueba presentada por DMG fue una promesa de compra venta firmada con una inmobiliaria de nombre Guval en junio de 2008.
Para el magistrado, la promesa firmada entre Guval y DMG no representa una prueba por dos razones: el documento no comprueba que la transacción se haya realizado y fue firmado por dos empleados de la inmobiliaria quienes se presentaron como personas naturales y no como representantes de Colbank.
El Bihar B había pasado a manos de Colbank en 2001, cuando la familia del empresario Carlos López Piñeros dueño de Pollos Aretama y de la franquicia KFC, le compró el lote a otra empresa del grupo familiar, la Cardigan Development Corporation.
López Piñeros ha asegurado a lo largo del proceso que a su vez Colbank vendió el predio por 23 mil millones a Luis Eduardo Gutiérrez y Juan Carlos Valencia, agentes inmobiliarios que, según López, sirvieron de intermediarios en la posterior venta a DMG.
En marzo de 2009, la Fiscalía 38 de la Unidad de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas congeló el predio hasta que la justicia decidiera a quién pertenecía.
Tanto DMG como Colbank han pedido en diversas ocasiones el levantamiento de esta medida.
El pasado 21 de noviembre, cuatro días antes de que se dictara sentencia sobre el caso del Bihar B, un supuesto abogado de los damnificados de DMG pidió la anulación del proceso ya que sus representados no habían sido notificados.
El magistrado rechazó esta solicitud ya que no se pudo verificar la identidad del abogado y aclaró que el proceso ha sido público.
En la sentencia dictada el pasado 25 de noviembre, el magistrado informó que en un estudio contable realizado a DMG, Colbank y Guval no se hallaron rastros de la supuesta compra del lote y recalcó lo excepcional del pago, 28 mil millones de pesos en efectivo.
El magistrado no sólo negó el levantamiento de la medida de aseguramiento pedido por DMG sino que pidió abrir investigaciones sobre la inmobilaria Guval, ya que la misma no cuenta con registros contables.
Para la Fiscalía si se demostrará que López Piñeros tuvo nexos con el ’Mellizo’, el empresario podría ser investigado por presunto testaferrato.
Un abogado de las víctimas del ’Mellizo’ dijo en audiencias anteriores: "si se prueba que Óscar Uribe era el dueño real del predio, éste pasa a reparación de los desplazados y viudas que dejó ‘El Mellizo’. Ahí Colbank tendrá que responder ante la justicia por testaferrato".
VerdadAbierta.com había revelado que detrás del Bihar B habían relaciones entre la familia de ‘El Mellizo’ Mejía y Carlos López Piñeros. Por una parte, el empresario tiene una hija con la hermana del exparamilitar, y por otra, la esposa de Óscar Uribe, quien según el ‘Mellizo’ le entregó Bihar B como pago de una deuda, era socia de la empresa Cardigan de la familia López Piñeros.
30 de noviembre de 2011
29 de noviembre de 2011
cc verdad abierta   

líderes amenazados y muertos de saiza


El asesinato y las amenazas contra los líderes de Saiza en Córdoba han provocado nuevos desplazamientos y miedos en la población civil. Algunos asesinatos se atribuyen a las FARC.

Colombia. Para los habitantes de Saiza en Córdoba la violencia no paró ni con la desmovilización de los paramilitares ni con el desplazamiento. Con el asesinato de Jairo Antonio Varela y las amenazas de muerte que han recibido sus compañeros, el miedo y las ganas de huir han vuelto.
El asesinato de Jaime Oscar Girón Padilla y de Jairo Antonio Varela en los meses de abril y octubre 2011 se suman a una serie de atentados que ha realizado las Farc contra las personas que llevan a cabo proyectos sociales y de protección de la población civil.
Varela era miembro de la Organización Nacional de Población Desplazada Desarraigada Independientes (Opddi) y representante legal de la Organización Regional Córdoba y el Urabá (Cordeu). Su labor era reconocida por toda la población y su muerte trajo consigo el desplazamiento de varias familias. Según la Opddi, las amenazas y los asesinatos han sido denunciados pero "siempre la respuesta y acompañamiento de las instituciones oficiales ha sido precaria y nunca hemos recibido medidas de protección eficaces".
La constante confrontación entre las Farc y el Ejército ha creado un ambiente de incertidumbre que ya habían vivido en 1999 cuando los paramilitares del Bloque Bananero masacraron a 14 personas, quemaron el pueblo y obligaron a desplazarse a todos los habitantes de la región.
Para Omar Tino Torres, antiguo profesor del corregimiento, "en este momento hay una zozobra muy grande porque la gente está muy desprotegida La situación se nos ha tornado violenta nuevamente. Los líderes estamos entre la espada y la pared y lo grave es que la comunidad está en medio de ese conflicto".
Tino Torres recuerda que entre el 2004 y el 2005 hubo mucho acompañamiento cuando iniciaron el retorno a Saiza pero que luego de un año los abandonaron completamente. Los proyectos de inversión social que les habían prometido se paralizaron y por eso les ha tocado recurrir a acciones de tutela para poder obligar al Estado a cumplirles.

Desplazamientos Continuos
En Saiza antes de la masacre y el desplazamiento, la vida de 4900 personas era muy tranquila. Sus habitantes venían de Dabeiba y de otras regiones del país donde la falta de trabajo y la pobreza los obligaron a buscas nuevas tierras. La región era muy apropiada para la producción agrícola y era rica en recursos naturales. Además tenían una sólida organización comunitaria.
Omar Tino por ejemplo, además de ser profesor, era comerciante, pertenecía a varios grupos de coordinación en temas de deporte y educación y alcanzó a ser presidente de la Junta de Acción Comunal.
Sin embargo la lucha de las guerrillas del Epl y las Farc con el Ejército inicialmente y la entrada del Bloque Bananero comandado por Éver Veloza, alias ‘HH’, generaron pánico. Tino cuenta que "hubo un tiempo en que una semana entraban las Farc y la otra semana las Auc y así hasta que el 14 de junio de 1999, entraron los paramilitares y nos quemaron las casas y los locales comerciales".
Los habitantes de Saiza recuerdan que ese día iban a matar a todos los hombres y que sólo se salvarían las mujeres y los niños. Seleccionaron a todo el mundo en grupos y se llevaron a los hombres para la placa deportiva. Cuando empezó la masacre, los niños se salieron de la Iglesia donde los habían encerrado "En ese momento pararon la masacre y empezó la confusión entre ellos. Los niños se mezclaron con los padres y de hecho unos paramilitares que eran de la zona se opusieron a la matanza diciendo que esas personas no eran guerrilleras ni colaboradores".
Sin embargo ya habían matado a varios campesinos y comerciantes. Omar Tino le narró a Verdadabierta.com las últimas órdenes impartidas por los paramilitares "dijeron que no se podía quedar nadie en la región. Nos dieron la orden de que en tres días todo tenía que estar vacío. De las 42 veredas donde habitábamos unas 1049 familias, todas quedaron vacías".
Un informe elaborado por diferentes organizaciones internacionales reconstruyó el desplazamiento y afirmó que en el 2000 Saiza perdió la categoría de corregimiento pues al momento de elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial de Tierralta la región estaba inhabitada.
En un principio la mayoría de personas salieron para Urabá durante los tres días después de la masacre. Unos se fueron hacia Carepa, otros se quedaron en las veredas cercanas, los que pudieron se fueron para Medellín y para los municipios del eje bananero. A raíz de este éxodo muchas familias se dividieron. En el caso de Omar él se fue para Carepa y luego buscó una oportunidad laboral en Turbo y terminó finalmente en Tierralta en Córdoba con su esposa, que también era docente y que el día del desplazamiento se había ido para Tierralta. Allá llegó con 42 familias buscando un lugar para vivir.
En el 2001, luego de estar un año en Tierralta, buscaron ser reubicados en el corregimiento de Batata. A los tres meses de estar allí, el V bloque de las Farc los obligó a desplazarse nuevamente al casco urbano de Tierralta. En el parque principal, montaron unas carpas y empezaron a visibilizar la problemática que vivía: en menos de dos años los habían desplazado dos veces, la primera vez los paramilitares y la última las Farc. Con la ayuda del gobierno y de diferentes organizaciones no gubernamentales consiguieron la financiación de proyectos, pero seguían viviendo en el parque. Por esta razón, la policía procedió a sacarlos de allí sin tener un lugar predestinado para reubicarlos.
Este fue el motivo por el cual exigieron una reubicación y el acompañamiento de las distintas instituciones presentes en la zona. La organización Servicios Jesuitas para Refugiados SJR, jugó un papel muy importante en el proceso de adaptación de los campesinos "nos hicieron un acompañamiento que no tuvo nada que ver con la plata, ni con las lentejas ni con el arroz, nos ayudaron en la formación, con taller psicosociales, proyectos de vida, sueños a corto y a mediano plazo. Con cuentos, dibujando, expresando todo lo que teníamos que decir", narró Omar.

El Retorno Soñado
Después de varios años de trabajo y de conocer otras experiencias de personas que habían sido desplazados o que habían sufrido la violencia, Omar empezó a movilizar a las familias para que volvieran a Saiza y recuperaran lo que en 1999 habían perdido "fue en el 2003 cuando empezamos a soñar con el retorno. Hablamos con la gente que estaba en Medellín y los que hacían parte de la Corporación Comunitaria de Desplazados de Saiza, en Urabá. Todos juntos organizamos el retorno, algunos entraron a verificar la situación en el pueblo, en compañía de la iglesia, la Defensoría del pueblo y otras instituciones".
Juan de Dios Arboleda decidió volver a Saiza cansado de rogarle a las instituciones encargadas de la población desplazada "la región estuvo cinco años sola y al estar todo abandonado se llenó de monte y todo se fue al suelo, sin embargo volvimos. De todos modos el pueblo está funcionado a media máquina, la situación de las personas es difícil porque falta mucho apoyo".
Cuando quisieron volver encontraron el pueblo caído, las casas llenas de maleza y los caminos tapados. Poco a poco empezaron a visitar el pueblo con más frecuencia hasta que en el 2004 oficializaron el retorno. Fue un proceso lento que tuvieron que hacer en mayor medida solos: "el acompañamiento del Estado fue muy poco y sólo algunas ong que se encontraban en la zona nos ayudaron. Fue algo que planeamos y que soñamos", afirmó el antiguo profesor de Saiza.
Lo más difícil fue empezar de nuevo porque muchos ya no tenían ni las ganas ni las fuerzas suficientes. Omar recuerda que "nos demoramos 30 años en construir el pueblo y conseguir lo que nos permitía vivir; volver a empezar era muy difícil. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y Médicos sin fronteras fueron dos de las organizaciones que más nos ayudaron a hacer más fácil el retorno".
En el 2004 habían retornado cerca de 390 familias. Pero cuando la gente sintió un poco de apoyo y de acompañamiento, se duplicó a 690 familias. Y en el 2005 ya había 900 familias. En este momento han vuelto unas 1.300 familias por lo menos.

El Regreso de la Violencia
A pesar de que Acción Social identificó el retorno de la población de Saiza como exitoso, la situación actual dista mucho de este adjetivo.
Al volver algunos campesinos encontraron ocupadas las fincas por otras personas que venían de las zonas donde se dieron las fumigaciones y erradicaciones de cultivos ilícitos. Estas familias se fueron para Saiza y empezaron a cultivar allá y a explotar la madera. Las Farc y los diferentes grupos de Bacrim que hacen presencia en la zona defienden estos cultivos e incluso han minado los sectores aledaños a estas propiedades.
Los continuos enfrentamientos entre el Ejército y los diferentes grupos armados ilegales han generado un nuevo desplazamiento silencioso de por lo menos 25 familias, sin contar el desplazamiento individual de los líderes de la región.
A esto se le suma el abandono de las instituciones del Estado que ha permitido que la población sienta que allí no hay presencia estatal. Estado. La desprotección es visible sobre todo cuando los asesinatos empiezan a ser recurrentes como fue el caso de Jairo Antonio Varela.
Ante el silencio de las autoridades y el desconocimiento de la problemática, Omar Tino salió de Saiza abandonado todo lo que había reconstruido en los últimos años. En su lista, este es el quinto desplazamiento que sufre. Otra vez Saiza se queda sin su profesor.
30 de noviembre de 2011
20 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

justicia y paz entregó restos óseos


Las víctimas fueron asesinadas y desaparecidas entre 1984 y 2004 por paramilitares y guerrilleros en Antioquia, Bolívar, Córdoba y Chocó. Hasta el 31 de octubre de este año, la Fiscalía de Justicia y Paz había exhumado 3507 fosas.
Colombia. Según lo establecido por el Grupo de Exhumaciones de Justicia y Paz, los restos óseos recuperados pertenecen a víctimas de los bloques paramilitares Héroes de Tolová, Córdoba, Élmer Cárdenas, Mineros, Bananeros, Montes de María, Catatumbo y el Frente 47 de las Farc.
Con esta entrega, durante el proceso de Justicia y Paz, la Fiscalía ha recuperado y entregado a 300 restos en Antioquia, 13 en Bolívar, 149 en Córdoba y 27 en Chocó.

Los restos óseos entregados pertenecen a:
Agustín Antonio Betancourt Martínez, de 30 años.
Alfredo Manuel Chejne Nader, de 32 años.
Argemiro Antonio Monsalve Díaz, de 17 años.
Juan Benicio Monsalve Díaz, de 24 años.
Edilberto Monsalve Díaz, de 30 años.
Arnaldo Alfondo Páez, de 16 años.
Candido José Martínez Sierra, de 34 años.
Carlos de Jesús Muriel Pulgarín, de 26 años.
Carlos Enrique Fuertes Valencia, de 33 años.
Carlos José Montalvo Martínez, de 27 años.
Luis Candido Corrales, de 31 años.
Clemente Manuel Hernández Ospino, de 48 años.
Dalia María Martínez Mendoza, de 27 años.
Domingo Antonio Puche Escudero, de 26 años.
Dunis Antonio Atencio Fernández, de 35 años.
Eduardo Enrique Murillo Ayala, de 35 años.
Eduardo Enrique Genes Hernández, de 28 años.
Eliud de Jesús Hurtado Castañeda, de 23 años.
Francisco Javier Mesa Narvaez, de 40 años.
Francisco Miguel Portillo Llorente, de 35 años.
Francisco Manuel Silgado Vergara, de 59 años.
Gustavo Enrique Vidal Orozco, de 37 años.
Jacinto Manuel Mendoza Álvarez, de 30 años.
Jenry Rafael Castellar Herrera, de 28 años.
José de la Cruz Casarrubia Méndez, de 75 años.
José Regulo Flores Jaramillo, de 30 años.
Juan Antonio Bavilonia Plaza, de 32 años.
Juan Bautista Mejía Castaño, de 35 años.
Juan Darío Fernández Bedoya, de 17 años.
Neder Antonio Tapia Bedoya, de 20 años.
Octaciano José Tapia Martínez, de 43 años.
Leomen Llorente Ramos, de 29 años.
Libardo Antonio Lamaza Vega, de 22 años.
Lisandro Manuel Solar Pitalua, de 32 años.
Luís Arcelio de Hoyos Nuñez, de 26 años.
Luís Miguel Vidal Fabra, de 44 años.
Martha Luz López Oviedo, de 29 años.
Neder Julio Oviedo Macea, de 25 años.
Orlando Eudes Ramos Urango, de 50 años.
Oswaldo Manuel Sandon Chima, de 25 años.
Pedro Antonio Morales Flores, de 23 años.
Remberto Manuel Lara Ruiz, de 64 años.
Richard Alfonso Gutiérrez Gonzáles, de 25 años.
Samuel Humberto Mazo Pérez, de 38 años.
Silvia Rosa Gaviria Sierra, de 31 años.
Uriel Francisco Díaz Vega, de 19 años.
Yhonny Manuel Álvarez Rodríguez, de 19 años.
29 de noviembre de 2011
28 de noviembre de 2011
26 de noviembre de 2011
cc verdad abierta