colombia

15 imputados por crímenes en nariño

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La Fiscalía acusa a 15 paramilitares que estuvieron a órdenes de Guillermo Pérez Alzate alias ‘Pablo Sevillano’ de asesinatos, desapariciones y torturas cometidos en Nariño.

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Colombia. Guillermo Pérez Alzate alias ’Pablo Sevillano’ participa de la audiencia de imputación de cargos por videoconferencia desde una cárcel en Miami, Estados Unidos.
Durante seis años por lo menos mil paramilitares se tomaron varios pueblos de Nariño, un departamento ubicado al occidente del país que limita con Ecuador, y que según datos de Acción Social expulsó de sus 64 municipios a 161.758 personas en condición de desplazamiento.
El grupo paramilitar fue conocido como Bloque Libertadores del Sur y estuvo a cargo de Guillermo Pérez Alzate alias ‘Pablo Sevillano’, quien fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 por cargos de narcotráfico. El 30 de julio de 2005, en la inspección de policía de El Tablón, ubicada en el municipio de Taminango, 689 paramilitares de este bloque se desmovilizaron.
Ante una magistrada de Justicia y Paz, la Fiscalía 4 comenzó una audiencia de imputación de cargos contra 15 ex paramilitares de este grupo, acusados principalmente de asesinatos, desapariciones, torturas y desplazamientos ocurridos en el sur del país.

Más Que 3 Frentes
Según lo documentó la Fiscalía, el Bloque Libertadores del Sur delinquió con más de tres grupos, además de los conocidos Frente Lorenzo Aldana, Frente Tumaco y Llorente y Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño. Entre 2002 y 2003, cuando el grupo se expandió, contó con otros grupos cómplices que incursionaron las fronteras del departamento, donde el bloque no contaba con suficientes grupos de urbanos y rurales.
Se trató del grupo que delinquió en el municipio de La Unión al oriente del departamento; otro que estuvo por el río Mira desde Peña Colorada hasta Cabo Manglares al occidente; uno más con presencia sobre la carrilera de la Panamericana desde Pindo hasta Llorente; así como otros grupos que delinquieron en las zonas costera y de cordillera.
Este bloque apareció en 1999 como un brazo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, que luego se convirtieron en Auc, tras absorber a los diferentes grupos de autodefensa que había en el país. "A mediados de 1999 en Piamonte, corregimiento de Cáceres, hombres enviados por Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ y Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, se reunieron para incursionar la zona", leyó la Fiscalía ante los magistrados.
Al igual que ‘Pablo Sevillano’, alias ‘Don Berna’ y ‘Macaco’ fueron extraditados en 2008 por cargos de narcotráfico. Alias ‘Don Berna’ exterminó el Bloque Metro de las Auc en Medellín para convertirse en 2002 en el nuevo jefe paramilitar de la zona, delinquiendo en 37 municipios de Antioquia. Luego extendió sus tentáculos, con financiación del narcotráfico, al Valle, Nariño, Putumayo y el sur de Córdoba, con los Bloques Calima, Libertadores del Sur, Frente Sur Putumayo y Héroes de Tolová, de forma respectiva.
Alias ‘Macaco’, según lo ha documentado la Fiscalía, negoció en 2000 la compra del Bloque Central Bolívar, que delinquió en ocho departamentos. Así, el grupo que delinquió en Nariño, contó con el suficiente músculo financiero para incursionar toda la región y propagarse a partir de 2003.
Según Justicia y Paz, alias ‘Macaco’ fue quien nombró a ‘Pablo Sevillano’ para que se hiciera cargo del entonces naciente grupo. Alias ‘Pablo Sevillano’ es hermano de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, ex jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar y segundo de ‘Macaco’ a partir de 2000 en este departamento del Magdalena Medio.
De forma inicial la Fiscalía 4 le imputará cargos parciales a ‘Pablo Sevillano’ y sus cómplices por 30 crímenes. La mayoría de sus víctimas fueron personas señaladas de colaborar con la guerrilla, a quienes torturaron, asesinaron y a varias las desaparecieron arrojando al mar. En versiones libres y en una audiencia realizada en noviembre de 2009, al ex jefe paramilitar se le acusó por el reclutamiento de 62 menores.
En su presentación ante los Tribunales de Cundinamarca, la Fiscalía hizo una reseña de los otros ex 15 paramilitares que participan de la audiencia:

Juan Larrinson Castro, Alias ‘Matamba’
Tiene 30 años e ingresó a los grupos armados ilegales siendo menor de edad. Lo hizo primero con las Farc, de las cuales desertó en 2000 cuando le hicieron un juicio de guerra. En la guerrilla fue un mando raso y luego se unió a las Auc por medio de alias ‘El Enano’. Con los paramilitares primero delinquió con el Bloque Calima y luego con el Bloque Libertadores del Sur. En este último fue subalterno de Jhon Jairo Marín alias ‘Jota’. Alias ‘Matamba’ fue capturado en Cartago, Valle, y desde la prisión se desmovilizó de forma colectiva con el Bloque el 30 de julio de 2005.

Hernando Camacho, Alias ‘Jaison’
Antes de ingresar a las Auc, fue constructor y trabajador independiente. Nació en 1974 en San Vicente de Chucurí, en Santander, y se volvió paramilitar cuando tenía 22 años. Lo hizo primero con las Autodefensas del Sur del Cesar de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, quien lo envió como patrullero a Ábrego, Norte de Santander, a cargo de alias ‘Ojitos’. Luego se unió al grupo de alias ‘Julián Bolívar’, en el sur de Bolívar’ y a partir de 2003, hasta su desmovilización en 2005, al bloque de alias ‘Pablo Sevillano’.

Gustavo Morales, Alias ‘Chivo’
Estudió hasta bachillerato y empezó a delinquir a las Auc cuando tenía 22 años. Ingresó al Frente Fidel Castaño, uno grupo paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, de la Casa Castaño, que delinquía el municipio de San Rafael, en Santander. En 2002 con la incursión de los Castaño a Barrancabermeja, alias ‘El Chivo’ delinquió en el puerto petrolero como patrullero. En 2003, por medio de alias ‘Julio’, delinquió en Nariño hasta su desmovilización en 2005.

Elkin Edel Zapata, Alias ‘Montería’
Fue soldado voluntario y a finales de 1999, cuando en el sur de Bolívar comenzó a delinquió el Bloque Central Bolívar, Elkin Zapata se unió a este grupo a cargo de alias ‘Julián Bolívar’. Luego fue enviado a Tumaco y en marzo de 2002 fue nombrado nombrad jefe de un grupo de contraguerrilla en Pasto. Se desmovilizó de forma colectiva en julio de 2005.

Víctor Adolfo Trujillo Alias ‘El Poli’
Nació en 1962 en Palmira, Valle, y delinquió con el Frente Lorenzo Aldana del Bloque Libertadores del Sur. Realizó estudios de bachillerato y antes de ingresar a las Auc fue vigilante, trabajó en un billar e hizo parte de la policía. Llegó a ser segundo comandante de***

Luis Alexánder Gutiérrez, Alias ‘El Capi’
Fue oficial de la Policía Nacional y logró el grado de capitán hasta cuando fue retirado en 1985. Luego delinquió en el Bloque Catatumbo de Salvatore Mancuso, en Norte de Santander, y luego enviado a Nariño, donde delinquió con las Brigadas Campesinas Antonio Nariño. Se desmovilizó de forma colectiva en julio de 2005.

Juan Carlos Cortés, Alias ‘Elefante’
Después de ser desplazado por el Frente 29 de las Farc, se unió en 2001 a los paramilitares que delinquían en el municipio de Samaniego, Nariño. En 2002 por orden de alias ‘Pablo Sevillano’ se fue para Tumaco, donde estuvo a cargo de Guillermo León Marín alias ‘Don Álex’.

Mario Fernando Vega Alias ‘Darwin’
Delinquió en el Frente Brigadas Campesinas en Nariño. Fue reclutado por la guerrilla cuando tenía 11 años y en el año 2000 empezó a delinquir con las Auc. En 2003 fue enviado a Tumaco como escolta de varios jefes del Bloque Libertadores del Sur. Siendo un niño trabajó en agricultura.

Jaime Alberto Rodríguez Alias ‘Coquito’
Nació en El Bagre, Antioquia, en 1974. Empezó delinquiendo en un grupo paramilitar conocido en el Bajo Cauca como Mineros para El Progreso, que a partir de 1997 fue absorbido por el Bloque Central Bolívar. En 2001 fue enviado a Tumaco, luego a Neiva y a Florencia. En Caquetá, fue capturado y se fugó para seguir delinquiendo, esta vez, con el Bloque Tolima. Se desmovilizó con el Bloque Centauros, el grupo a cargo de ‘El Arcángel’ que estuvo en los Llanos Orientales.

Neil Márquez, Alias ‘Pateguama’
Siendo menor empezó a delinquir con las Farc en San José del Guaviare, donde estuvo nueve meses hasta que desertó de la guerrilla. Viajó a Cali donde estaba un hermano que lo vinculó con las Auc de Nariño. Empezó a hacer parte de las Auc en Tumaco a cargo de alias ‘Diablo’ y a finales de 2001 fue enviado a Pasto. Tras una orden de captura se escondió en el pueblo de Remolinos y en 2003 regresó a la capital de Nariño. Ese mismo año fue capturado, acusado de participar en el asesinato de un diplomático español.

Guillermo León Marín Alias ‘Don Álex’
Estudió hasta quinto de primaria y trabajó en minería en Caucasia, en la región del Bajo Cauca, Antioquia, hasta que fue desplazado por la guerrilla. En 2001 se unió a los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur, donde delinquió en el Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, principalmente en Ipiales y Remolinos.

Jaime Bonilla Alias ‘BJ’
Trabajó en la minería y compra-venta de vehículos antes delinquir con las Auc de las cuales hizo parte a partir de julio de 2002 hasta su desmovilización, en 2005. Por intermedio de alias ‘Miguel’, Jaime Bonilla conocido con el alias de ‘BJ’ empezó a delinquir en Remolinos y luego en Taminango, Nariño. En noviembre de 2003 fue enviado a Ipiales y en 2004 fue nombrado jefe de urbanos.
Durante la audiencia la magistrada hizo un llamado de atención a Rodolfo Useda alias ‘Julio Castañeda’, ex jefe del Frente Lorenzo Aldana, quien no participó de la imputación de cargos* argumentando que no podía hacerlo por razones de salud.
Asimismo la magistrada le solicitó a la Fiscalía que para la audiencia de legalización de cargos, la siguiente etapa del juicio, le entregue un informe detallados de los bienes entregados y las fosas confesadas por este bloque paramilitar.
[*La imputación de cargos es una fase del juicio. Consiste en que la Fiscalía presenta los delitos cometidos por el ex jefe paramilitar ante un magistrado de Justicia y Paz. Después, sigue la formulación y la legalización de cargos antes de que el Tribunal emita una condena contra del ex paramilitar y repare a las víctimas.]
29 de noviembre de 2011
23 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

crímenes del grupo de pablo sevillano

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En Nariño, los paramilitares asesinaron a políticos, menores de edad, mujeres y personas con discapacidad acusándolas de colaborar con la guerrilla. Otras fueron ‘falsos positivos’.

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Colombia. En el suroccidente de país los paramilitares buscaron a sus víctimas en las casas, en sus sitios de trabajo o estuvieron a la espera de ubicarlos mientras se movilizaban entre los pueblos. Lo hicieron contra políticos, jóvenes y mujeres que, en la mayoría de los casos, fueron amarrados, torturados y luego asesinados, para luego lanzarlos al mar o arrojarlos a una fosa.
Durante la más reciente audiencia de imputación de cargos contra Guillermo Pérez Alzate alias ‘Pablo Sevillano’, ex jefe paramilitar del Bloque Libertadores del Sur, y 14 de sus ex subalternos, la Fiscalía reconstruyó ante una magistrada de Justicia y Paz algunos de los crímenes que cometió este grupo entre 1997 y 2005 en Nariño.
Uno de ellos fueron los asesinatos contra un concejal y su cuñado ocurridos el 29 de enero de 2002 en Playa del Charco. En versión libre Juan Larrinson Castro alias ‘Matamba’ le confesó a la Fiscalía que por "una información que le llegó a Jhon Jairo Marín alias ‘J’ buscamos al concejal, lo amarramos y lo llevamos a la casa donde permanecían los paramilitares", dijo.
Alias ‘Matamba’ contó que las dos personas fueron amarradas e interrogadas durante el día, señaladas de colaborar con la guerrilla, y luego sus cuerpos fueron llevados en una lancha. "Alias ‘Piojo’ y ‘Cucho’ les dispararon y los arrojaron al mar", dijo el ex paramilitar. Los cuerpos fueron encontrados luego en el sector de Islotes entre los manglares.
Con el mismo pretexto de combatir a la guerrilla, los paramilitares a cargo de ‘Pablo Sevillano’ asesinaron a un joven de 17 años que retuvieron en Tumaco. "Él venía caminando y yo iba con alias ‘Piojo’ en una motocicleta R-15. Lo requisamos y él no decía nada, no respondía. Le encontramos una carta alusiva a la guerrilla. Le reportamos el caso a alias ‘Jota’ y nos dio la orden de asesinarlo. El joven empezó a correr y le disparamos hasta que vimos que se cayó detrás de una casa", dijo ‘Matamba’.
En las declaraciones que rindió la mamá de la víctima a la Fiscalía, explicó que su hijo tenía una discapacidad auditiva y del lenguaje. "Mi hijo era sordomudo. Él trabajaba como recolector de fruto de palma africana y había tenido un accidente de trabajo. Se había cortado la mano y estaba en el centro hospitalario. Al salir se encontró con hombres armados y cuando vio el arma salió corriendo", dijo la mamá del joven asesinado. El crimen ocurrió el 17 de agosto de 2002.
En otro hecho similar, los paramilitares fueron hasta Bocas de Satinga y de allí secuestraron a un ayudante de barco, que era señalado de colaborar con la guerrilla. También fue por orden de alias ‘J’ y lo obligaron a cavar su propia fosa. Luego, los paramilitares le cortaron el abdomen para que la tierra no diera indicios de que allí había sido arrojado un cuerpo.
[*La imputación de cargos es una fase del juicio. Consiste en que la Fiscalía presenta los delitos cometidos por el ex jefe paramilitar ante un magistrado de Justicia y Paz. Después, sigue la formulación y la legalización de cargos antes de que el Tribunal emita una condena contra del ex paramilitar y repare a las víctimas.]
29 de noviembre de 2011
23 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

mancuso confesó despojo de tierras

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Mancuso volvió a Justicia y Paz y confesó sobre despojo de tierras. Desde Estados Unidos, el ex jefe paramilitar aceptó su responsabilidad en el despojo y venta forzada de bienes. Hace más de dos años que no se confesaba en Justicia y Paz.

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Colombia. Durante una versión libre ante la Fiscalía de Justicia y la Paz, el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue indagado por más de diez bienes hurtados en Antioquia y Córdoba como las fincas El Perro, Bola de Hilo, El Deseo, Manantiales, El Tesoro 3, La Ilusión, Las Gardenias y finca Mis Deseos, entre otros.
El fiscal mencionó el escrito que Martha Dereix, ex esposa de Mancuso, presentó ante la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, en el que solicita acogerse al principio de oportunidad a cambio de entregar siete predios que a su nombre quedaron tras la liquidación de la sociedad conyugal.
Las autoridades calculan que dichas propiedades tienen una extensión de 500 hectáreas avaluadas en 13 mil millones de pesos, aproximadamente, que podrían ser restituidas a sus propietarios originales o destinadas para la reparación de las víctimas de las Auc.
La diligencia fue transmitida vía satélite a la Sala de Víctimas de Justicia y Paz en Montería (Córdoba), donde se concentró medio centenar de personas que preguntaron a Mancuso por la suerte de sus predios.
Salvatore Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 para que responda ante la justicia de ese país por cargos de narcotráfico. Su extradición se realizó de manera sorpresiva en la madrugada del 13 de mayo, cuando el ex presidente Álvaro Uribe le dio luz verde al envío a Estados Unidos de 14 jefes ex paramilitares que desmovilizaron en Santa Fe de Ralito porque supuestamente continuaron delinquiendo y estaban incumpliendo con el acuerdo de paz.
Por medio de videoconferencia el ex jefe paramilitar continuó temporalmente sus versiones libres ante Justicia y Paz, pero debido a los inconvenientes para documentar los crímenes que se le atribuyen en Colombia, en octubre de 2009 decidió retirarse de esta etapa del proceso y sólo continuar con las audiencias ante los magistrados de la justicia transicional.
De este modo, esta es una de las primeras apariciones que hace el ex jefe paramilitar ante los fiscales de Justicia y Paz, a pesar de que durante ese tiempo dio explosivas declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia como en los juicios del ex director del DAS Jorge Noguera y otros congresistas que ese alto tribunal ha juzgado.
Para los primeros días de diciembre están programadas nuevas versiones libres de Mancuso en Justicia y Paz.
29 de noviembre de 2011
28 de noviembre de 2011
26 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

álex, el paramilitar con mil víctimas

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Lenin Palma se enroló en el Eln siendo menor de edad y después se pasó a las Autodefensas en Cúcuta donde cometió asesinatos y desplazamientos que dejaron mil víctimas.

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Colombia. El postulado a Justicia y Paz, Lenin Giovanni Palma Bermúdez, hoy tiene 33 años y más de mil víctimas a sus espaldas. Reclutado en Cucutá por las milicias urbanas del Eln siendo un menor de edad, el exparamilitar rompió relaciones con la guerrilla a los 23 años y se vinculó al Frente Fronteras de las Auc.
Alias "Alex", como fue conocido al interior de las autodefensas, abandonó el Eln en 1995 pero mantuvo relación con el grupo guerrillero por cinco años más. Según información de la Fiscalía, en el 2000, tras un conflicto con un comandante decidió unirse al recién creado Frente Fronteras del Bloque Catatumbo. El grupo paramilitar que delinquió en esa región del Norte de Santander.
Según confesiones de Salvatore Mancuso alias "El Mono Mancuso", ex jefe del Bloque Catatumbo, a finales de los años noventa los hermanos Castaño decidieron crear un bloque para perseguir al Comando Central del Eln que en ese momento replegaba hacia la región del Catatumbo.
El Frente Fronteras que, tenía como objetivo el control de zonas urbanas de numerosos municipios de Norte Santander, fue creado en 1999. Un año después, Lenin Giovanni Palma se vinculó al grupo paramilitar en la ciudad de Cucutá. En versión libre de 2009 Mancuso aseguró que cuando el frente incursionó en la ciudad del Norte de Santander, alias "Alex" entregó información para asesinar a decenas de personas vinculadas a la guerrilla.
Haber pertenecido al Eln le permitió proporcionar información de primera mano sobre la guerrilla y así ascender rápidamente de cargo al interior del Frente Fronteras. Según información de la Fiscalía alias "Alex" pasó, en sólo dos años, de ser informante y sicario a comandante de un grupo de entre doce y veinte hombres en el área metropolitana de Cúcuta.
Lenin Giovanni Palma ha confesado en versiones libres que como comandante de la comuna de Juan Atalaya en Cucutá ordenó, coordinó y ejecutó homicidios, secuestros, toma de rehenes, desapariciones forzadas y torturas. Actuando en los Barrios Atalaya, Belén, la Libertad, Aeropuerto y en los municipios de Villa del Rosario y Salazar de las Palmas.
Alias "Alex" ascendió a comandante en el 2002, el mismo año que Cucutá registró el mayor índice de asesinatos en el país.
En julio de 2003 el exparamilitar se desvinculó del Frente Fronteras e ingresó al Frente Tequendama del Bloque Centauros en Cundinamarca. Ocho meses después regresó a Norte de Santander dónde permaneció hasta el 10 de diciembre de 2004, fecha en la que se desmovilizó colectivamente con otros 1.436 hombres bajo el mando de alias "El Mono Mancuso".
Al día de hoy, de los 207 postulados del Bloque Catatumbo en Justicia y Paz, continúan activos en el proceso noventa y cinco. Los exparamilitares de este bloque han confesado 1.895 delitos por un total de 4.416 víctimas. Por su parte, Lenin Giovanni Palma ha confesado en versiones libres delitos contra más de cuatrocientas víctimas pero, según la Fiscalía podrían ser más de un millar.
El pasado 17 y 18 de noviembre, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, legalizó a Lenin Giovanni Palma delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contra 82 víctimas. Más de la mitad de los hechos legalizados a alias "Álex" fueron por actos de terrorismo.
El Fiscal 8 de Justicia y Paz afirmó en audiencia que el patrón criminal del postulado fue incursionar en barrios de la ciudad de Cucutá a cualquier hora del día y, junto con otros miembros del frente ingresar a las viviendas y realizar masacres frente a vecinos y familiares de las víctimas. Sometiendo así a la sociedad civil a un permanente estado de terror.
Uno de los casos a los que hizo referencia la Fiscalía ocurrió el 16 de abril de 2002, cuando alias "Alex" ingresó junto con otros dieciséis hombres armados al Barrio Belisario en Cucutá y, frente alrededor de 70 vecinos procedió a cortarle la oreja a uno de ellos para posteriormente asesinarlo junto con otra víctima, ambas señalas por las autodefensas de pertenecer a la guerrilla.
Lenin Giovanni Palma afirmó que, en numerosas ocasiones los señalamientos de personas que supuestamente colaboraban con la guerrilla los recibían de otros civiles que utilizaban a las autodefensas para resolver conflictos personales o familiares.
Este fue el caso, según el postulado, del asesinato de tres hermanos señalados de colaborar con la guerrilla y asesinados en 2002. Alias "Alex" narró que al saber que el señalamiento había sido falso torturó a su informante quién confesó que su madre tenía un problema de linderos de lotes con las tres víctimas: "Me dijo que había sido su madre quién le había pedido que los señalará así que los mande matar a los dos" afirmó.
Práctica común del Frente Fronteras, fue también la mal llamada política de "limpieza social" contra grupos estigmatizados de indigentes, drogadictos, prostitutas y jóvenes de zonas marginales de la ciudad señalados de ser miembros de bandas delincuenciales. El exparamilitar ha afirmado en versiones libres que las órdenes de ejecutar a individuos de estas categorías, provenían directamente de Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata alias "El Iguano", ex jefe del Frente Fronteras.
A Lenin Giovanni Palma le han sido imputados cargos por el asesinato de más de 200 civiles, le han sido legalizados crímenes contra 82 víctimas en Cucutá y, actualmente está rindiendo versiones libres por los crímenes cometidos en los ocho meses que perteneció al Bloque Centauros. Cuando finalice su juicio como exparamilitar deberá decidir si acogerse a Justicia y Paz o ser procesado por la justicia ordinaria por los crímenes cometidos cuando fue guerrillero.
El exparamilitar y exguerrillero ha recibido un número impreciso de sentencias en la justicia ordinaria que lo obligarían a cumplir una condena de hasta 40 años de prisión. Mientras que, como postulado en Justicia y Paz puede beneficiar de una pena alternativa no superior a los ocho.
Al finalizar la audiencia de legalización de cargos, un abogado representante de víctimas de la Comisión Colombiana de Juristas pidió que alias "Alex" sea expulsado de Justicia y Paz argumentando que hasta el momento no ha restituido bienes para reparar a las víctimas. Alias "Alex" asegura haber recibido un sueldo de 300 mil pesos mensuales como sicario y de 550 mil como comandante en el Frente Fronteras. Por su parte, la Fiscalía afirma haberle realizado un estudio financiero del que resulta no poseer ningún bien para restituir.
En el caso en el que Lenin Giovanni Palma finalice el proceso en Justicia y Paz y cumpla la condena que le sea dictada, deberá seguir programas de resocialización: "Fundamentales en casos como el suyo cuando el postulado ha conocido sólo la guerra y podría fácilmente reincidir en delitos de lesa humanidad" concluyó el Fiscal.

Lenin Giovanni Palma Bermúdez fue reclutado en Cucutá por el Frente Diego Cristóbal Uribe del Eln cuando solo tenía 14 años.
En ese grupo guerrillero hacía parte de las milicias urbanas que delinquían en Cúcuta, con las que duró nueve años, pero abandonó el grupo en 2000 a causa de un conflicto con un comandante.
Pero más que dejar la guerra, Lenin buscó a los paramilitares por recomendación de un antiguo compañero del Eln, quien también había sido reclutado por el Bloque Catatumbo de las Auc que por esa época comandaba Salvatore ’El Mono’ Mancuso.
A finales de los años noventa los hermanos Castaño decidieron crear un bloque para perseguir al Comando Central del Eln que en ese momento replegaba hacia la región del Catatumbo.
El Frente Fronteras fue creado en 1999 con el objetivo de controlar las áreas urbanas del Norte de Santander. Un año después, en Cucutá, Lenin Palma alias ’Alex’ se vinculó a este grupo paramilitar.
En versión libre de 2009, Mancuso aseguró, que cuando el frente incursionó en Cúcuta, Lenin Palma alias ’Alex’, entregó información para asesinar a decenas de personas supuestamente vinculadas al Eln.
El hecho de haber pertenecido a la guerrilla le permitió a este paramilitar informar sobre sus miembros y así ascender rápidamente de cargo al interior del Frente Fronteras. Según información de la Fiscalía ’Alex’ pasó, en sólo dos años, de ser informante y sicario a comandante de un grupo de entre doce y veinte hombres en el área metropolitana de Cúcuta.
Alias ’Alex’ sube a jefe de grupo en 2002, el mismo año que Cúcuta registró el mayor índice de asesinatos en el país según cifras de la Policía Nacional.
El ex paramilitar ha confesado en versiones libres que siendo comandante de la comuna de Juan Atalaya ordenó, coordinó y ejecutó: homicidios, secuestros, toma de rehenes, desapariciones forzadas y torturas. ’Alex’ cometió sus crímenes en los barrios Atalaya, Belén, La Libertad, Aeropuerto y en los municipios de Villa del Rosario y Salazar de las Palmas.
En julio de 2003, Lenin Palma abandonó el Frente Fronteras e ingresó al Frente Tequendama del Centauros en Cundinamarca. Ocho meses después regresó a Norte de Santander dónde permaneció hasta el 10 de diciembre de 2004, fecha en la que se desmovilizó colectivamente con otros 1.436 hombres del Bloque Catatumbo.
Al día de hoy, de los 207 postulados a Justicia y Paz del Bloque Catatumbo, continúan activos en el proceso noventa y cinco. Los exparamilitares de este grupo han confesado 1.895 delitos por un total de 4.416 víctimas. Por su parte, ’Alex’ ha confesado en versiones libres delitos contra más de cuatrocientas víctimas pero, según la Fiscalía la cifra real supera el millar.
El pasado 17 y 18 de noviembre, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, legalizó al exparamiliar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contra 82 víctimas. Más de la mitad de los casos legalizados al ex paramilitar incluyeron actos de terrorismo.
El Fiscal 8 de Justicia y Paz afirmó en la audiencia a Lenin Palma que el patrón criminal del postulado fue incursionar en los barrios a cualquier hora del día y, junto con otros miembros del frente, ejecutar masacres en la vía pública frente a vecinos y familiares de las víctimas, sometiendo así a la sociedad civil a un permanente estado de terror.
Uno de los casos a los que hizo referencia la Fiscalía ocurrió el 16 de abril de 2002, cuando ’Alex’ ingresó junto con dieciséis hombres armados al Barrio Belisario en Cúcuta. Allí, frente a 70 vecinos cortó la oreja a uno de ellos para posteriormente asesinarlo junto con otra víctima, ambas señalas por las autodefensas de pertenecer a la guerrilla.
El ex jefe paramilitar afirmó que algunos civiles utilizaban a las autodefensas para resolver conflictos personales o familiares, señalando a otros de colaboradores de la guerrilla para que fueran asesinados.
Este fue el caso, según el postulado, del homicidio de tres hermanos señalados de colaborar con la guerrilla. Palma narró que, al enterarse que había sido sido una información falsa, torturó a su informante quién confesó que su madre tenía un problema de linderos de lotes con las tres víctimas: "Me dijo que su madre le había pedido que los señalará, así que los mandé matar a los dos", afirmó.
’Alex’ confesó que en Cúcuta fue común la mal llamada política de "limpieza social" contra indigentes, drogadictos, prostitutas y contra jóvenes de zonas marginadas a quienes señalaban de ser miembros de bandas delincuenciales.
El exparamilitar afirmó en versiones libres que las órdenes de ejecutar a estas personas provenían de Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata alias ’El Iguano’, ex jefe del Frente Fronteras.
A Lenin Palma no sólo le han sido legalizados crímenes contra 82 víctimas, también le han sido imputados cargos por el asesinato de más de 200 civiles en Cucutá y, actualmente está rindiendo versiones libres por los crímenes cometidos en los ocho meses que perteneció al Bloque Centauros.
Cuando alias ’Alex’ finalicé su juicio como exparamilitar deberá decidir si acogerse a Justicia y Paz o ser procesado por la justicia ordinaria por los crímenes cometidos como guerrillero.
El exparamilitar y exguerrillero ha recibido varias sentencias en la justicia ordinaria que lo obligarían a cumplir una condena de hasta 40 años de prisión. Mientras que, como postulado en Justicia y Paz puede beneficiar de una pena alternativa no superior a los ocho años.
Al finalizar la audiencia de legalización de cargos un abogado de las víctimas, de la Comisión Colombiana de Juristas, pidió que alias ’Alex’ sea expulsado de Justicia y Paz porque no ha entregado bienes para reparar a las víctimas.
’Alex’ asegura haber recibido un sueldo de 300 mil pesos mensuales como sicario y de 550 mil pesos como jefe del Frente Fronteras. Por su parte, la Fiscalía reveló que le hizo un estudio financiero al postulado del que resultó que no tiene ningún bien para restituir.
En el caso en el que Lenin Giovanni Palma Bermúdez finalice su proceso en Justicia y Paz deberá seguir programas de resocialización: "Fundamentales en casos como el suyo cuando el postulado ha conocido sólo la guerra y podría fácilmente reincidir" concluyó el Fiscal.
29 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

alias valenciano, tras las rejas

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Maximiliano Bonilla Orozco, el jefe de la ‘Oficina de Envigado’ que se disputaba el control de las bandas y narcotráfico en el Valle del Aburrá desde 2007, fue capturado en Maracay, Venezuela.

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Colombia. Funcionarios de la Policía Antinarcóticos de Venezuela capturaron en Maracay, Venezuela, a Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, paramilitar y narcotraficante surgido de la llamada ‘Oficina de Envigado’, solicitado en extradición por Estados Unidos y uno de los responsables de la violencia urbana desatada en Medellín y el Valle de Aburrá desde mediados de 2007.
Desde abril del año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través del Programa de Recompensas por Narcotraficantes, anunció el ofrecimiento de cinco millones de dólares por la información que permitiera la captura de alias ‘Valenciano’.
Para esa fecha, el otrora sicario surgido de las bandas armadas ilegales de Itagüí ya le disputaba a Erik Vargas, alias ‘Sebastián’, el dominio de la llamada ‘Oficina de Envigado’.
La historia de este hombre, nacido el 24 de septiembre de 1972 en Villavicencio, Meta, y caracterizado como un hombre armas, de mal carácter y ambicioso, comenzó en las esquinas de Itagüí, Antioquia.
Allí se distinguió como un sicario efectivo conocido con el alias de ‘Max’ y miembro de la banda del barrio Simón Bolívar, que cometía crímenes en Sabanera, La Estrella, Envigado e Itagüí. Informes judiciales lo tenían identificado desde mediados de la década del ochenta.
Una vez se desató la guerra entre el Cartel de Medellín y los ex socios del capo Pablo Escobar a comienzos de los noventas, alias ´Max’ ya era un protegido de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ’Don Berna’, quien lo reclutó para que hiciera parte de los sicarios del grupo Perseguidos por Pablo Escobar (más conocido como ’Los Pepes’).
De acuerdo con fuentes cercanas a la llamada ‘Oficina de Envigado’, Bonilla Orozco era uno de los pistoleros favoritos de ‘Don Berna’, quien le ordenaba asesinatos contra los integrantes del Cartel de Medellín.
Bajo la sombra del confeso narcotraficante y ex inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ’Valenciano’ sobrevivió a todas las guerras que se desataron en Medellín y el Valle de Aburrá entre las décadas del noventa y el dos mil, en las que se enfrentaron con milicias urbanas de las guerrillas, narcotraficantes y paramilitares del bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Investigaciones judiciales de finales de los años noventa lo comenzaron a relacionar con la banda ’La Unión’ de Itagüí, una poderosa estructura criminal que reemplazó a la banda Simón Bolívar y copó todos sus espacios en el sur el área metropolitana. Para esa época se comenzó a conocer con los alias de ’Iván René’, ’Valenciano’, ’El Gordito de Oro’ y ’El Cachetón’. Además, en esos informes también lo vincularon con la llamada ‘Oficina de Envigado’.
Para esa época y dada la confianza que le tenía alias ‘don Berna’, comenzó a trabajar en la expansión de esta empresa criminal hacia el norte del país, bajo una alianza que se tejió con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte de las Auc. La idea era hacerse al control de los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Para lograrlo, Murillo Bejarano envió allí a un grupo de hombres, entre ellos a alias ‘Valenciano’.
En el año 2006, informes judiciales constataron que la tarjeta decadactilar de su cédula de ciudadanía se había extraviado de la Registraduría Nacional del Estado Civil del municipio de Envigado; además, reportaron que fue capturado en una ocasión el 23 de de septiembre de ese año por parte de armas, pero lo dejaron en libertad ese mismo día.
Los aprendizajes logrados al lado de alias ‘don Berna’ y sus hombres de confianza (Daniel Mejía, alias ‘Danielito’, Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’ y Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’), así como la confianza depositada en él, lo llevaron a creer que una vez extraditado el exjefe paramilitar a Estados Unidos en mayo de 2008 se convertiría en el máximo jefe de la llamada ‘Oficina de Envigado’.
Alias ‘Valenciano’ pensó que sus conocimientos en las actividades del narcotráfico adquiridos durante la alianza con el Bloque Norte de las Auc, además de su sangre fría y su capacidad de generar terror, serían los atributos requeridos para convertirse en la cabeza de esa empresa criminal.
Pero se le atravesó en el camino Eric Vargas, alias ‘Sebastián’, un sicario como él, socios y amigos en actividades delincuenciales, que también se consideraba el heredero natural de la banda criminal, y comenzaron una confrontación en la cual involucraron a decenas de bandas y combos en Medellín e Itagüí, que se considera uno de los detonadores del incremento de los índices de homicidios en ambas localidades y que ha generado altos niveles de inseguridad entre las comunidades.
De acuerdo con fuentes consultadas, ‘Valenciano’ disponía para el inicio de la guerra con alias ‘Sebastián’ recursos para sostener el enfrentamiento a largo plazo con los que proveía a sus aliados de armamento y logística.
Pero su interés no era tanto dominar Medellín y el Valle de Aburrá, sino tener el control de las rutas del narcotráfico que pasan por los departamentos de Cesar, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Bolívar, lográndolo a través de diversas alianzas criminales con redes ilegales en esas zonas del país.
Para lograr mantener su lucrativo negocio, fortaleció el grupo armado conocido como ‘Los Paisas’, que se creó después de la desmovilización del Bloque Héroes de Tolová de las Auc, que garantizó el control de la siembra, producción, transporte y exportación de drogas a los mercados internacionales, y que se nutrió de integrantes de algunas bandas de las comunas de Medellín.
A través de diversas alianzas y estrategias logró consolidar diversas rutas de exportación y hoy sus negocios ilegales pasan por Jamaica, Guatemala, Honduras y México, donde logró entablar acuerdos con el Cartel de ‘Los Zetas’, para llegar a los mercados de Estados Unidos y Europa.
Las guerras intestinas con la facción de la llamada ‘Oficina de Envigado’ liderada por alias ‘Sebastián’ en lo local, y con la estructura de Los Rastrojos en lo nacional, lo llevó a realizar acuerdos con la banda de ‘Los Urabeños’, que hoy lideran los hermanos Dairo y Juan de Dios Úsuga David, para mantener el control de diversas áreas de siembra y procesamiento de hoja de coca, así como de puertos naturales sobre el océano Atlántico. Estas alianzas son particularmente visibles en el Urabá y  Bajo Cauca antioqueños, así como en el sur del departamento de Córdoba.
Alias ‘Valenciano’ también había logrado hacerse al control de diversas zonas de la ciudad de Cartagena, a donde llegó hace un par de años, utilizando como frente de guerra la banda Los Mondongueros, del barrio Castilla de Medellín, con la cual comenzó a tejer una red criminal que le garantizaba no sólo su protección personal cuando estaba en esa ciudad, sino las actividades propias de la exportación de narcóticos a través de los puertos y de áreas naturales, como la ciénaga de La Virgen.
Consolidarse en Cartagena era estratégico para este narcotraficante porque aprendió a burlar los controles policiales y de inteligencia moviéndose en alta mar entre Colombia, Panamá y Venezuela. Si bien hizo contactos con agentes de la DEA en dos ocasiones durante el 2009 y el 2010, y prometió entregar información clave para la desarticulación de estructuras del narcotráfico, no cumplió y, por el contrario, se fortaleció aún más, logrando tener a su servicio más de mil hombres ubicados entre Medellín y el norte del país.
La atención en los negocios del narcotráfico a gran escala llevó a alias ‘Valenciano’ a olvidarse de la guerra desatada contra alias ‘Sebastián’ y a poner a disposición de ‘Los Urabeños’ sus aliados en Medellín, grupo que ahora está entrando con fuerza en diversas comunas de la ciudad, generando nuevos crímenes.
Al frente de ellos de esta nueva oleda criminal estarían dos hombres con antecedentes criminales: Henry de Jesús López, alias ’Mi Sangre’, y Roberto Vargas Gutiérrez, alias ’Marcos Gavilán’.
Con la captura de alias ‘Valenciano’, concluye una persecución de varios años contra un hombre ambicioso que creyó que con armas y dinero se compraba el mundo, pero la realidad le demostró que todo tiene un límite y esta vez no fue la muerte como a veces ocurre, sino la ley, que lo tendrá bajo rejas por varios años.
29 de noviembre de 2011
28 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

curillo, pueblo arrasado

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Los paramilitares de Frente Sur Andaquíes llegaron a este puerto asesinando y desplazando. Abusaron del comercio y de cualquier negocio que les fuera rentable.

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Colombia. El puerto de los bellos atardeceres perdió esa cualidad en 2002, cuando la nueva ola de paramilitares del Frente Sur Andaquíes llegó a delinquir a este pueblo con el pretexto de combatir a la guerrilla. Asesinaron y desplazaron a varios de sus pobladores y abusaron de las tiendas y droguerías que funcionaban en el pueblo.
Según lo documentó Justicia y Paz, fue a partir de 2001 que al Caquetá llegó un nuevo grupo de paramilitares financiado por Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, entonces jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar, Bcb. En su incursión a este departamento del sur del país, ‘Macaco’ exportó desde Córdoba y Antioquia a varios paramilitares para engrosar las filas del grupo que durante la desmovilización en 2006 se conoció como Frente Sur Andaquíes.
Entre sus cómplices estuvieron Carlos Fernando Mateus alias ‘Paquita’ y Edilberto Correa alias ‘Chepelisto’, originarios del Caquetá y por tanto conocedores de la región. En versiones libres, los ex paramilitares confesaron que empezaron a delinquir en 2001 con las Auc después de ser desplazados por las Farc en 1999, cuando este grupo armado ilegal se tomó el pueblo de Curillo y secuestró a una decena de policías.
Durante una audiencia de imputación de cargos contra alias ‘Paquita’, ‘Chepelisto’, Everardo Bolaños alias ‘Jhon’, Omar Osorio alias ‘Maclauss’ y Álex Miguel Villadiego alias ‘Douglas’, la Fiscalía 27 de Justicia y Paz documentó ante el Tribunal de Justicia y Paz cómo los paramilitares incursionaron este pueblo.

Desapariciones
El Frente Sur Andaquíes instaló retenes ilegales para cobrar impuestos ilegales y buscar a sus víctimas, señaladas de colaborar presuntamente con la guerrilla.
El 13 de enero de 2002, por ejemplo, un joven fue detenido en uno de estos retenes que tenían los paramilitares en la ruta Curillo-Florencia, la capital. Edilberto Correa alias ‘Chepelisto’ lo tildó de colaborador de la guerrilla y lo llevó hasta la inspección de Puerto Torres, en el municipio de Belén de los Andaquíes, donde estaba Everardo Bolaños alias ‘Jhon’, jefe militar del grupo. Alias ‘Chepelisto’ y ‘Jhon’ confesaron que asesinaron al joven y lo arrojaron a una fosa.
Lo mismo sucedió un mes después con un hombre que saliendo de Currillo fue retenido por los paramilitares, cuando se movilizaba por la vía que comunica al municipio de Albania con San José de Fragua. Alias ‘Chepelisto’ lo acusó de colaborar con la guerrilla y se lo llevó a alias ‘Yafra’ quien a su vez se lo entregó al jefe militar, alias ‘Jhon’. "La víctima fue retenida durante 12 horas, tiempo en el que fue interrogada. El cuerpo aún no se ha encontrado", leyó la Fiscalía.
Igual como sucedió con las anteriores desapariciones, el 22 de febrero del mismo año alias ‘Chepelisto’ retuvo a un menor señalándolo de colaborar con la guerrilla y de ser familiar de un subversivo. En una motocicleta se lo llevó a alias ‘Yafra’, que delinquía en Albania, quien a su vez se lo entregó a las ‘Jhon’ en la inspección de Puerto Torres. El ex jefe militar le ordenó a un subalterno asesinarlo y arrojar su cuerpo a una fosa cavada detrás de la iglesia del pueblo.

Asesinatos y Desplazamientos
Con el mismo pretexto de combatir a la guerrilla, el Frente Sur Andaquíes asesinó y desplazó a varios pobladores. Los citaban, los interrogaban y luego los lanzaban al río Caquetá, según varios ex paramilitares, en complicidad con agentes de la policía.
El 28 de febrero de 2002 un joven le dijo a su familia que alias ‘Chepelisto’ lo había citado a una reunión con los paramilitares. En la cita las Auc lo tildaron de arreglarle los radios a la guerrilla. En una casa desde donde delinquía el grupo, la víctima fue amarrada, vendada e interrogada hasta la madrugada hasta cuando alias ‘Fabio’, ‘Douglas’ y ‘Chepelisto’ lo llevaron hasta un muelle flotante. Según lo confesaron varios ex paramilitares en Justicia y Paz, antes de asesinar al joven alias ‘Fabio’ habló primero con los policías que estaban en la garita del muelle.
"El cuerpo fue arrojado al río por orden de alias ‘Fabio’ y fue encontrado 24 días después por los pobladores de la región", leyó la Fiscalía ante los Tribunales de Justicia y Paz.
La tragedia se repitió el 5 de marzo de 2002. Señalado por alias ‘Chepelisto’, un grupo de paramilitares fue hasta la casa de la víctima y amenazó a la esposa para que les dijera dónde estaba el señor. Lo encontraron en el barrio Villa Inés, en Curillo, y mediante engaños lo llevaron hasta una casa donde delinquían las Auc en el barrio Turbay.
Allí lo amarraron, le sellaron la boca con cinta y lo requisaron, quitándole unas boletas de una prendería por dos cadenas, un anillo de oro y una nevera, que los paramilitares se robaron además de la motocicleta en la que se movilizaba la víctima. "En la madrugada la víctima fue llevada al muelle flotante por alias ‘Fabio’, ‘Douglas’, ‘Maclauss’ y ‘Chepelisto’, en complicidad con un subintendente de la policía. Lo asesinaron y lo arrojaron al río con el fin de desaparecerlo", leyó la Fiscalía ante los magistrados de Justicia y Paz.
A los diez días el cuerpo de otro habitante de Curillo apareció flotando entre las canoas del muelle. Según contaron varios ex paramilitares en versión libre, primero requisaron la casa de la víctima y luego acusaron a la víctima de tener vínculos con la guerrilla. Aunque alias ‘Chepelisto’ había interrogado a los vecinos y ellos le habían dicho que el señor era una persona de bien, el entonces paramilitar volvió a recapturarlo por orden de alias ‘Fabio’. Después de asesinarlo, los paramilitares robaron de su casa sus pertenencias.

Extorsiones y Robo de Bienes
Con la llegada a mediados de 2001 de Carlos Fernando Mateus alias ‘Paquita’ y la reorganización que hubo dentro del grupo paramilitar, siendo Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ el nuevo jefe, el Frente Sur Andaquíes aumentó sus finanzas cobrando extorsiones a los comerciantes y apropiándose de alimentos, ropa, medicinas y combustible que se vendían en los diferentes establecimientos del pueblo de Curillo. A varios de los pobladores de los desplazaron.
Según lo documentó la Fiscalía, en marzo de 2002 los paramilitares a cargo de alias ‘Fabio’, jefe del grupo de urbanos de este grupo, obligó a que los comerciantes del barrio Las Palmas asistieran a una reunión en el polideportivo. A esa reunión asistió un señor que fue señalado por alias ‘Chepelisto’ de colaborar con la guerrilla.
La víctima, que vendía verduras y era el fiscal de la junta de acción comunal del barrio, fue llevada hasta su casa donde alias ‘Chepelisto’, Pedro Nel Rivera alias ‘Pedro Ron’ y Álex Miguel Villadiego alias ‘Douglas’, todos subalternos del grupo de urbanos de ‘Fabio’, corroboraron que el señor iba a desplazarse. Luego, por orden de alias ‘Fabio’ los paramilitares se robaron todas las pertenencias que tenía la víctima en su casa.
Lo mismo con una pareja que vivía en el pueblo. Ella trabajaba como enfermera y él tenía un taller de motos. Por señalamientos de alias ‘Chepelisto’, los esposos tuvieron que abandonar Curillo. A su regreso, del taller ya no quedaba sino el local donde el señor reparaba motocicletas.
Ese mismo año una señora, propietaria de un supermercado, fue citada a un hotel a una reunión con alias ‘Pedro Ron’, quien años a tras había sido su empleado. El paramilitar le dijo que tenía que dar un aporte de a las Auc de $20 millones de pesos. La víctima dijo que no tenía ese dinero y que por mucho podía dar $2 millones. "Sin embargo días después los paramilitares le remitieron a la señora una lista de mercado como forma de pago… Eso sucedió durante tres semanas, la última por una remesa que costó por lo menos $5 millones de pesos", leyó la Fiscalía.
Con la misma modalidad de amenaza y extorsión, los paramilitares fueron hasta un almacén de ropa del pueblo y le dijeron al propietario que les diera "un crédito" por $800 mil pesos en ropa y zapatos. La víctima denunció ante la Fiscalía que esa mercancía nunca la recuperó.
Lo mismo le sucedió a un farmaceuta de Curillo. Los paramilitares le exigieron una cuota de $30 millones de pesos a cambio de que lo no asesinaran. Además de la extorsión, "me llegaban a la droguería con fórmulas del hospital. Me llevaban listas de medicamentos y me dijeron que en algún momento me los pagaban pero eso no sucedió", dijo la víctima a Justicia y Paz.
A una mujer que vendía gasolina cerca al muelle flotante los paramilitares le dijeron que tenía que darles cinco tambores de combustible y que luego se lo pagaban. Eso no sucedió y la víctima denunció ante la Fiscalía que por lo menos los paramilitares le robaron 400 galones de gasolina, razón por la cual su negocio quebró y por miedo abandonó el pueblo.
Los hechos narrados fueron confesados por los ex paramilitares en Justicia y Paz, y presentados por la Fiscalía 27 de Justicia y Paz en audiencia de imputación de cargos contra Carlos Fernando Mateus alias ‘Paquita’, Everardo Bolaños alias ‘Jhon’, Omar Osorio alias ‘Maclauss’, Edilberto Correa alias ‘Chepe Listo’ y Álex Miguel Villadiego alias ‘Douglas’, acusados de 26 crímenes cometidos en el Caquetá.
*La formulación de cargos es una etapa preliminar del juicio, antes de que los magistrados emitan una sentencia que condene a los paramilitares y repare a las víctimas.
 29 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

el conflicto en san carlos

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Así vivieron el conflicto armado en San Carlos, Antioquia. Sus habitantes rompieron años de silencio y le contaron al grupo de Memoria Histórica cómo vivieron y resistieron la presencia de guerrilla y paramilitares.

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Colombia. En el municipio de San Carlos, Oriente antioqueño, la guerra fue implacable. Masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales fueron, durante varios años, el pan de cada de sus habitantes, quienes poco a poco fueron abandonando el pueblo y buscando refugio en otras zonas del departamento y del país.
Ese pasado es doloroso y, por tal razón, quienes lo padecieron guardaron silencio por varios años, pero a través de un paciente trabajo de los investigadores del área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), lograron que muchos de los sancarlitanos hablaran de esas épocas duras de la confrontación entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública, que forzaron la salida de por lo menos el 80% de la población.
Esas voces conforman el texto ‘Memorias del éxodo de la guerra’, investigación adelantada por un grupo de profesionales que se sumergieron en la historia de San Carlos que da cuenta de todo el horror que padecieron cientos de sus habitantes entre 1986 y el 2010, y cuyos resultados se presentaron en Medellín durante la Semana de la Memoria.

Pasado Remoto
La construcción de varios megaproyectos energéticos en la subregión del Oriente antioqueño en la década del setenta generó en el municipio de San Carlos un movimiento social muy fuerte que defendió los intereses sociales y políticos del pueblo. Sin embargo, esas luchas generaron los primeros desplazamientos de sus habitantes, resultado de la compra de predios para la construcción de las centrales hidroeléctricas y de los primeros asesinatos selectivos realizados por el Eln y luego las Farc.
"Todos esos grupos cívicos que se habían formado se extinguieron, porque a todos estos líderes les tocó salir, pues, para preservar sus vidas. Al igual que a algunos concejales, eso allá fueron muchos conflictos pero, ¿por qué? Porque allá las riquezas del municipio son incalculables", contó una de las fuentes consultadas por el grupo de Memoria Histórica.
Más adelante, llegarían las Autodefensas del Magdalena Medio y el MAS (Muerte a Secuestradores), que empezaron a disputarse el control de la zona con la guerrilla. Finalmente, en la década de 1990, hacen presencia las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) con el Bloque Metro y, posteriormente, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) con el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Héroes de Granada, grupos que se mantuvieron hasta cuando se realizaron los procesos de desmovilización, en 2003 y 2005 respectivamente.
La presencia de los grupos paramilitares disparó las cifras de homicidios, masacres, desapariciones y generó el desplazamiento de casi todos los pobladores del municipio. De las 74 veredas con las que cuenta el municipio, 30 fueron abandonas en su totalidad y más de 20 parcialmente, se consignó en el informe de Memoria Histórica.
"A cualquier hora del día. Eso se prendía a candela, este lado y el lado de allá. La guerrilla le quemaba el carro al que fuera y a los que viera así a distancia, a las 4, 6, 8, 10 cuadras. Nos tocó salir de una porque un grupo armado nos dijo que nosotros le estábamos colaborando a la guerrilla y que eso no lo iban a permitir, que nos iban a matar y que debíamos desocupar la vereda", recuerda un hombre que luego de varios años de desplazamiento decidió volver a San Carlos.
Las cifras de atentados contra la población civil son alarmantes. Hubo por lo menos 33 masacres, se registraron 156 desapariciones forzadas y 78 personas fueron víctimas de las minas antipersonal.
Las acciones guerrilleras más frecuentes fueron los asesinatos selectivos, los secuestros, los daños a bienes civiles, los bloqueos de vías, las amenazas, la instalación de minas antipersonal y los sabotajes a la infraestructura eléctrica y vial. A partir del 2001 y hasta el 2004 empezaron a realizar masacres de las cuales se le atribuyen seis.
En 1998 aparecen los paramilitares en la región. Un año después le declararon la guerra a la población cuando afirmaron que por cada torre de energía que derribara la guerrilla, serán asesinados diez campesinos. Sus métodos no fueron diferentes a los empleados por la guerrilla. De las 33 masacres, los paramilitares cometieron 23, mataron a 206 personas y desaparecieron a 42.
Su centro de mando fue el famoso Hotel Punchiná, el más lujoso del municipio, de propiedad de Gabriel Puerta —extraditado por narcotráfico en mayo de 2009. Según el informe de Memoria Histórica, "este sitio sirvió como lugar de ajusticiamiento, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones. Por esta razón fue llamado años después La casita del terror. Allí se entrenaba y se impartían las órdenes; se citaba a la población y a los funcionarios públicos a rendir cuentas; se torturaba, asesinaba y se desaparecían los cuerpos de personas retenidas y señaladas como colaboradoras de la guerrilla".
Pero los responsables de la tragedia humanitaria que vivió San Carlos durante más de 10 años no fueron sólo los grupos armados ilegales. El informe también consigna que sectores de la Fuerza Pública favorecieron el accionar de los grupos armados ilegales, particularmente de las Accu y Auc, al no combatirlos y omitir, en muchos casos, las denuncias y masacres ocurridas allí.
El testimonio de este hombre muestra lo que los campesinos pensaban en ese entonces: "en el 2003 el presidente Uribe ordenó que si tenían que sacar la población, la sacaran, pero que no quedará ni un guerrillero. Entonces al resto de población la sacó fue el Ejército. Mandaban escaleras (buses) a traer la gente, porque el que se quedara por allá es porque era guerrillero, y hay que darle, hay que matarlo". En su afán por acabar con la guerrilla, el Ejército y la Policía cometieron errores y participaron del drama de la guerra.

Amor a la Tierra
En agosto de 2002 llegaron a San Carlos 38 buses en caravana provenientes de Medellín. Ese mes empezó el retorno. Pese a las dificultades, consecuencia de la falta de dinero, los campos minados y el abandono de la tierra, los habitantes de este municipio antioqueño decidieron volver para quedarse definitivamente.
El regreso no fue fácil. Muchos afirmaron que desplazarse era más fácil que retornar. La precariedad de las condiciones que encontraron, la fragilidad del acompañamiento institucional y lo complicado de los procedimientos, hicieron este proceso más difícil.
Un hombre consultado por Memoria Histórica narró que "cuando uno se desplaza, todo el mundo es solidario, el vecino, el amigo, el familiar, el estado, las ONG, todo el mundo. Cuando usted retorna se encuentra solo y se tienen que cumplir unos requisitos para poder hacer ese retorno; cuando se desplaza no, basta con que sienta que la integridad personal, la vida está en peligro y que un grupo armado ilegal lo haya amenazado".
Las dos principales razones por las que volvieron, según lo hallado por el área de Memoria Histórica, fueron el arraigo a la tierra y a la comunidad, y la necesidad. Según informes de la Alcaldía, a junio de 2011 se registraban alrededor de 9.000 personas y 2.700 familias retornadas.
El informe llama la atención frente al tema de las garantías de seguridad, de las pocas condiciones que tienen para generar ingresos que les permitan sobrevivir y las escasas posibilidades para la elaboración del duelo por la pérdida de sus seres queridos y de su lugar de origen.
En este sentido, se enumeran los enormes retos que tiene el Estado para garantizar un retorno de la población desplazada en condiciones dignas. Se señalan los enormes costos políticos, morales, psicológicos, económicos y culturales dejados por la guerra y lo difícil que resulta la reconstrucción después de la devastación.

Un Premio Merecido
Las víctimas de San Carlos pasaron varios meses trabajando con el grupo de Memoria Histórica con el fin de reconstruir la historia del conflicto armado en su pueblo. Las iniciativas de retorno, de resistencia y de lucha por defender lo que les pertenecía no sólo fueron reconocidas en el informe que lanzó la Cnrr. La labor de la comunidad y del Municipio de San Carlos también fue premiada con el Premio Nacional de la Paz.
Este reconocimiento se da a los pobladores del municipio por el trabajo que han realizado para promover el retorno a San Carlos. Según la organización del Premio, "ante la incertidumbre y el desarraigo que produce vivir en una gran ciudad extraña, cientos han decidido retornar y organizarse para reconstruir su municipio y sus vidas. Sus retos incluyen la recuperación de las zonas rurales, sembradas de miles de minas antipersonal, y la superación de los efectos emocionales, sociales y económicos que les ha dejado el conflicto armado".
El Alcalde de San Carlos, quien recibió el Premio en Bogotá acompañado de varios líderes comunales, reconoció que el retorno ha sido posible gracias a la vinculación de instituciones como instituciones como Acción Social, Empresas Públicas de Medellín, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, quienes han apoyado proyectos productivos para los campesinos retornados.
Bruno Moro, delegado de Naciones Unidas en Colombia, resaltó la importancia del proyecto de retorno de San Carlos: "se demuestra que los colombianos pueden más que la violencia cuando se organizan para enfrentar las adversidades".
San Carlos se convierte entonces en un ejemplo a seguir para aquellos pueblos que han sido duramente golpeados por el conflicto armado. En el informe de Memoria Histórica los campesinos cuentan lo que para ellos fue una guerra total. Con el Premio Nacional de Paz se ratifica lo que dijo la Secretaria de gobierno del municipio Ana Doris Betancur: "este reconocimiento valora que no nos hemos echado a la pena, que hemos tocado todas las puertas y creado los mecanismos para que San Carlos reviva".
29 de noviembre de 2011
26 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

la comuna 13

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En continuo desplazamiento forzado. Desde finales de la década del ochenta hasta ahora, el desplazamiento por razones del conflicto ha sido constante en la vida cotidiana de una de las comunas más populosas de Medellín.

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Colombia. La comuna 13 de Medellín, situada en las laderas occidentales de la ciudad, ha padecido los estragos de la guerra urbana como ninguna otra en el departamento y el país, lo que ha significado para cientos de sus pobladores vivir en desplazamiento continúo.
Para conocer a profundidad este fenómeno del conflicto, el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) y la Corporación Región se dedicaron durante varios meses a estudiar este fenómeno social y sus hallazgos quedaron registrados en el libro ‘Desplazamiento forzado en la comuna 13: la huella invisible de la guerra’, que fue presentado en Medellín durante la celebración de la Semana por la Memoria.
Uno de los hallazgos de este trabajo es que el ejercicio de la memoria que se ha tratado de hacer en este sector de la ciudad se adelantó "en medio de la continuidad de críticas situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos que siguen generando desplazamiento forzado y otras formas de victimización".
No obstante esas dificultades, el resultado conseguido permitió establecer que en las últimas tres décadas se han presentado "asesinatos selectivos, amenazas, masacres, enfrentamientos, órdenes de desalojo y detenciones arbitrarias", como parte de "los métodos de terror empleados por todos los actores armados", lo que impactó de manera significativa a cientos de pobladores de la comuna 13, contribuyendo al desplazamiento forzado.
Cifras del informe indican que entre 1980 y 2009 un total de 3.503 personas, que conforman 832 hogares, se vieron forzadas a dejar sus lugares de residencia como resultado de estos desplazamientos urbanos. "Para el año 2002, fue la Comuna más expulsora de Medellín y en lo sucesivo seguirá siendo la primera o segunda comuna que reportó más desplazamientos forzados en la ciudad", precisa el documento.
Si bien hay una continuidad del fenómeno del desplazamiento en razón del conflicto armado, lo que deja claro el informe es que los actores armados, sobre todo los de carácter ilegal, no han sido los mismos durante estos años. La investigación arroja varios momentos claves para entender este fenómeno.
        
Primero, las Milicias
Pobladores consultados por los investigadores en talleres de memoria realizados durante el 2010 narraron cómo fue aquella época en la que comenzaron a llegar las milicias a la comuna: "fuimos descubriendo que llegaba gente rara pero nosotros inocentes todo el mundo […] y después nos dimos cuenta que era de la guerrilla", relató una mujer. Inicialmente, la comuna 13 estuvo bajo el control de grupos armados ilegales tales como Milicias América Libre, Milicias Populares de Occidente y los Comandos Armados del Pueblo (Cap).
"Esto significó para la población el sometimiento al control miliciano por cerca de una década", advierte el informe. "La inserción de estas milicias en la comuna 13 se da en un período de auge y expansión del fenómeno miliciano en la ciudad, el cual estuvo ligado al concepto de autodefensa (limpieza social) contra delincuentes y bandas delincuenciales en los barrios. El accionar de las milicias fue inicialmente percibido como garante de seguridad por los habitantes de los barrios".
Los testimonios recogidos por los investigadores relacionan la presencia de las milicias con un ambiente de inseguridad en las calles de la comuna, reflejado en robos, asaltos, violaciones, aumento de expendios de droga y popularización del consumo de ‘bazuco’. Los milicianos llegaron con la promesa de seguridad: "lo primero que hicieron fue una reunión con banderita y todo y los manes encapuchados y enfierrados [portando armas] ahí explicando qué iban a hacer en el barrio".
La cruzada contra la delincuencia se convirtió en mecanismo de control social y factor generador de desplazamiento forzado de personas y familias enteras "señaladas de ser presuntos delincuentes, que huyeron tras el asesinato de algunos de sus miembros o que explícitamente fueron conminadas al destierro", advierte el informe.
El accionar de las milicias, que no sólo hicieron control social sino que se involucraron con las comunidades en la solución de conflictos familiares y vecinales, así como en actividades recreativas, generó aceptación social e hizo que personas del mismo barrio se vincularan a ellas. Según un testimonio, "muchos de las milicias [guerrilleras] y de los capos [miembros de los CAP] terminaron siendo también los que eran los vecinos y los que habían sido también compañeros de nosotros, los mismos que estudiaron conmigo desde chiquitos, los que trabajaron conmigo".

Luego las Guerrillas
Las guerrillas del Eln y las Farc llegaron a la comuna a finales de la década del noventa. Su presencia en esta zona de la ciudad hacía parte de su estrategia de expansión en zonas urbanas que, por condiciones de marginalidad, podían ofrecer una base social y, a la vez, un entorno territorial para establecerse. "Una ventaja comparativa para su inserción en la comuna 13 fue el hecho de reconocerla como un lugar donde la presencia miliciana había generado cierta familiaridad de la población con los grupos armados y sus discursos antiestatales", afirma la investigación.
Para esa época, algunos milicianos se habían desmovilizado en 1994 bajo los acuerdos alcanzando por el gobierno del presidente Cesar Gaviria; otros se integraron al Eln y a las Farc; y algunos más continuaron con los Cap.
Al inicio de la década del dos mil, las facciones insurgentes pretendían, desde algunos sectores de la ciudad, emprender acciones de guerra de mayor envergadura, la obtención de recursos económicos a través del secuestro y la extorsión, apoyo logístico para sus hombres en las áreas rurales y el reclutamiento de efectivos para brindar apoyo a los frentes que venían operando en el Oriente antioqueño y habían logrado avances en el control de territorios de importancia estratégica tanto económica como militar.
En esa época, los grupos guerrilleros controlaban las relaciones que establecían los pobladores, en especial sus líderes, así como el uso de los espacios públicos y la entrada y salida de quienes no eran de la comuna. Un joven consultado por los investigadores así describió la situación: "nos tocó muchas veces negociar con ellos cosas, por ejemplo, la entrada al barrio de las personas de afuera de las organizaciones sociales".

Llegaron los ‘Paras’
Los excesos cometidos por las facciones insurgentes contra las comunidades, y sus acciones cada vez más arriesgadas en la ciudad, como la del secuestro y los retenes nocturnos en vías públicas, los pusieron en el blanco de los grupos paramilitares que para finales de la década del noventa venían en expansión.
La llegada del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) fue explicada por el exjefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo, alias ‘don Berna’, quien dijo que obedeció a las demandas de "todas las clases industriales, comerciantes, ciudadanos, ya que la guerrilla prácticamente se estaba apoderando de la ciudad y era necesario contrarrestar el terrorismo, secuestro y otras actividades de organizaciones como las Farc, el Eln y las milicias. El comandante Castaño dio las órdenes para que se enviaran acá a Medellín".
Además, el dominio sobre Medellín fue un objetivo del proyecto contrainsurgente dada su localización estratégica conectada con corredores territoriales de dominio paramilitar que abarcaba amplias áreas del departamento de Chocó, Antioquia, Córdoba y Bolívar.
El Bloque Metro contó con el apoyo, aceptado o forzado, de diversas bandas delincuenciales que ejercían desde la década de los ochenta algunas zonas de la ciudad. Su acción urbana duraría poco, pues rencillas internas del comandante de esta estructura paramilitar con algunos sectores de las Auc acabó en una guerra con el Bloque Cacique Nutibara de las Auc.
Las incursiones paramilitares, sumadas a las acciones de las guerrillas y las milicias, ocasionaron una disputa abierta por el dominio del territorio, la población y sus recursos. "Asesinatos selectivos, amenazas, masacres, enfrentamientos, órdenes de desalojo y detenciones arbitrarias hicieron parte de los métodos de terror empleados por todos los actores armados con un impacto significativo en el aumento del desplazamiento forzado".
Desde agosto de 2002 tuvo especial importancia la Fuerza Pública. Por orden del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se inició la recuperación de la comuna 13. Tal reacción del Gobierno nacional fue interpretada por los analistas que prepararon el informe como "una oportunidad para mostrar resultados en la aplicación de la estrategia de seguridad democrática, centrada en la lucha contra la amenaza terrorista asociada con la guerrilla en una ciudad que, como Medellín, había jugado un papel importante en su elección como presidente y en un clima de polarización política y de rechazo a la guerrilla".
La operación más determinante bajo esa nueva política de seguridad se ejecutó entre el 16 y el 19 de agosto de 2002. Se conoce como la Operación Orión y fue una acción militar urbana de grandes proporciones y sin antecedentes en el país que incluyó el uso de ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores.
Las guerrillas fueron desalojadas de la comuna 13 y se consolidó el proyecto paramilitar, impulsado en el 2003 por el Bloque Cacique Nutibara de las Auc. "Entre el 2003 y el 2006 el desplazamiento forzado en la comuna 13 está directamente relacionado con el dominio paramilitar alcanzado después de la Operación Orión y con los procesos de desmovilización", advierte el documento, que indica que tal hegemonía permitió una disminución de personas desplazadas en este sector de la ciudad: de 1.259 desplazadas en 2002 se pasó a 294 en el 2003; 215 en 2004; 161 en 2005; y 169 en 2006.

En Tiempo Presente
La tendencia a la disminución de las cifras del desplazamiento forzado cambió en el año 2007, cuando se observan aumentos significativos. Las causas, según el informe del área de Memoria Histórica, continúan atadas para esa época, "al accionar de los actores armados, en particular al de los desmovilizados pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara, quienes recurren a métodos de intimidación y de terror para ejercer su dominio, impedir el retorno de la guerrilla y propiciar una expansión de actividades delictivas en la comuna".
Durante los años siguientes, los incrementos fueron en ascenso y, según lo resalta el documento de Memoria Histórica, basado en información de la Alcaldía de Medellín, "la situación del desplazamiento forzado intraurbano ha sido la más crítica del país" y se presume que su causa obedece a "la intensificación de la disputa entre diversos grupos armados por ejercer el dominio del narcotráfico y de actividades ilegales".
Tal conflictividad fue reseñada en el informe, en el que se resaltó que "el peso de la violencia y del miedo en el que aún hoy vive la población marca los relatos y establece una suerte de continuidad (estamos viviendo lo mismo) en la que es difícil establecer matices o identificar los cambios que, en efecto, han sucedido".
Además esa crítica situación "generó dificultades en la realización del trabajo de documentación porque debido a la presencia de grupos armados y al control que imponen sobre la población y el territorio no fue posible acceder a determinados lugares e implementar el diseño metodológico tal cual se tenía previsto. A la vez, la presencia tangible de la violencia y de situaciones de riesgo para los habitantes de la Comuna 13 tuvo implicaciones directas en el ejercicio de memoria realizado".
Pese a todo, los investigadores indicaron que el trabajo realizado "logró generar un espacio de reflexividad y reinterpretación colectiva sobre lo sucedido" en la comuna 13, una zona en la que el desplazamiento forzado, tal como quedó demostrado, vive en un constante desplazamiento forzado.
29 de noviembre de 2011
25 de noviembre de 2011
cc verdad abierta