las garras de la dine
13 de diciembre de 2009
Hasta este lunes se creía que la primera vez que la Dirección de Inteligencia del Ejército había actuado en un crimen político en forma coordinada con la CNI había sido en el homicidio de Tucapel Jiménez, hecho ocurrido en febrero de 1982, un mes después del asesinato del mandatario en la Clínica Santa María.
y confió en la atención de la Clínica Santa María, en cuyas dependencias fue envenenado.
Tras el golpe que terminó con la Unidad Popular, el régimen militar creó una gigantesca estructura de inteligencia para espiar y golpear a los opositores de la dictadura.
El homicidio de Eduardo Frei Montalva en la Clínica Santa María ha confirmado la coordinación con que actuaron los organismos represores.
Las investigaciones del juez Alejandro Madrid, quien esta semana dictó el procesamiento de seis implicados en el crimen del Mandatario DC, derriban el mito, sostenido por grupos ligados al Ejército, en cuanto a que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la Central Nacional de Informaciones (CNI) y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) operaron como entes individuales al margen de la superioridad del mando institucional.
Asimismo, cae la teoría de que algunos de sus miembros se "arrancaron" de sus jefaturas para cometer delitos.
De los procesos que instruye el magistrado Madrid se desprende que Augusto Pinochet siempre estuvo a la cabeza.
El jefe de la DINA, Manuel Contreras, desayunaba todos los días con él para rendir cuentas y recibir instrucciones.
Después de 1977, la costumbre del café matinal siguió con los jefes de turno de la CNI, quienes mantenían al tanto a Pinochet de los pasos de la oposición, incluyendo los movimientos de Frei Montalva.
A fines de 1978, el entonces comandante de la CNI, general Odlanier Mena, ordenó al coronel Fernando Suau Baquedano, un importante oficial de inteligencia hasta ahora desconocido, crear un Estado Mayor de Inteligencia (EMI) "para reorganizar y centralizar el análisis de la información política de todo orden". Así lo declaró el mismo Suau al juez Madrid.
De ese Estado Mayor dependieron todas las divisiones, departamentos y brigadas operativas que siguieron los pasos de los líderes de oposición. Escucharon y grabaron sus conversaciones instalando micrófonos en sus casas y oficinas.
También infiltraron sus partidos y movimientos con informantes que aparentaban seguir fieles a sus doctrinas. Objetivo: eliminar a opositores como Frei Montalva y el líder sindical Tucapel Jiménez, dos voces amenazantes para Pinochet a inicios de los ’80, cuando su régimen se debilitaba a nivel local y seguía perdiendo credibilidad internacionalmente.
Tras los Pasos de Frei
Una de las divisiones creadas bajo el EMI fue la División de Inteligencia para la Región Metropolitana, signada como C-1, que se encargaría de escudriñar a cualquier costo los movimientos políticos y sindicales en la zona. A cargo quedó el coronel Roberto
Schmied Zanzi, un ex miembro de la Brigada Purén de la DINA. El mayor Sergio Canals Baldwin asumió como subjefe. Adjunta a esta división se formó la Brigada Político-Sindical, que se dedicó específicamente a cubrir el espectro opositor de derecha y centro, dentro de lo que se incluyó a la DC.
El grupo fue liderado por el mayor de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, secundado por un agente civil que había pasado por la DINA, la CNI y un grupo de elite de la DINE: Raúl Lillo Gutiérrez, uno de los procesados por Madrid en el crimen de Frei.
Para obtener datos más certeros de los pasos del Mandatario, Lillo y su gente se valieron de militantes DC a quienes compraron con dinero y favores. Así engancharon a su chofer, Luis Becerra Arancibia, quien actuó con la chapa de "Luis Prieto".
Le pagaban $50 mil al mes. Según consta en un documento de la CNI agregado al expediente del juez Madrid, la inteligencia militar enroló de esta misma manera a otras 25 personas, incluyendo al matrimonio compuesto por Gerardo Cerda Weber e Hilda Navarro Varas.
El hombre era dirigente poblacional de la Falange y su esposa era la secretaria principal del partido cuando su sede estaba ubicada en calle Carmen con Alameda.
Madrid ha establecido en el proceso que Luis González Sepúlveda, otro militante DC, también fue cooptado por los militares y aportó información que facilitó el espionaje a Frei.
La inteligencia militar creó también una unidad que procesaba la información que recibían de los agentes de terreno, a cargo del coronel Alejandro Campos Rebhen.
El mismo Campos actuaba en ocasiones en la calle para seguir los pasos de Frei. A su lado trabajaba el capitán Juan Jara Quintana, jefe directo del informante Luis González.
"Había que seguir a don Eduardo Frei porque él cumplía un rol político muy importante en ese tiempo y era claro que eso le molestaba a Augusto Pinochet. Frei tenía una gran relevancia política en Chile y a nivel exterior", dijo González en el proceso.
El encargado de redactar los informes de esta unidad de análisis era el capitán Jara, quien declaró que "Frei nos preocupaba por todo lo que hacía afuera. Por ello, requeríamos información a los agentes en el Departamento Exterior".
Jara entregaba los documentos al coronel Fernando Suau como jefe del EMI y éste se los llevaba al director de la CNI. Así terminaban como fuente de conversación en los desayunos con Pinochet.
La robusta estructura de inteligencia militar no sólo siguió a Frei Montalva. También a Patricio Aylwin, aunque, hasta ahora, no hay indicios de que se planeara su muerte.
El ex agente DINA Michael Towley, quien declaró por exhorto desde Estados Unidos al juez Madrid, admitió su participación en el seguimiento que se hizo a Aylwin a mediados de los ’70 en su visita a las ciudades alemanas de Frankfurt y Bonn. "Queríamos saber qué hacía, dónde iba y con quiénes se reunía", dijo Townley.
De Dina a Dine
Dentro de la estructura que se encargó de preparar el plan para matar a Frei Montalva, destacan cinco nombres: Arturo Silva, Raúl Lillo, Nelson Hernández, Marcelo Sandoval y Nelson Román. Silva era el líder.
Es el mismo núcleo operativo que, trasladado desde la CNI a la DINE, integró la Unidad de Operaciones Especiales que perpetró el crimen de Eugenio Berríos en Uruguay. Los cinco están procesados y formalmente acusados en este caso, esperando condena del mismo juez Madrid.
De acuerdo a los informes del equipo especial de la Policía de Investigaciones encabezado por el prefecto Nelson Jofré, que permitieron al magistrado calificar la muerte de Frei como homicidio, Lillo, Sandoval y Román tenían un conocimiento más profundo del espionaje a la DC, porque lo venían ejecutando desde que trabajaban en la DINA.
Sin embargo, los suboficiales Román y Sandoval aún permanecen en servicio activo y trabajan para la inteligencia del Ejército.
La investigación del ministro Madrid también ha demostrado la existencia de archivos de la CNI y la DINE sobre sus operaciones delictuosas.
El mismo Raúl Lillo admitió que se armaron carpetas con los espionajes a personas consideradas "peligrosas" para el régimen. Los agentes Rudeslindo Urrutia y Enrique Gutiérrez confeccionaron la de Frei Montalva.
Los archivos que se generaron en las distintas divisiones, departamentos y brigadas que operaron en la represión fueron llevadas al Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), que era la unidad operativa de la DINE.
En 1992, agentes de esta unidad participaron en el homicidio del ex agente de la DINA y jefe de Adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, coronel Gerardo Huber.
La relación entre la CNI y la DINE era tan estrecha, que el último director del primer organismo, general Gustavo Abarzúa, estuvo simultáneamente al mando de las dos organizaciones.
Hasta el lunes pasado se creía que la primera vez que la DINE había actuado en un crimen político en forma coordinada con la CNI había sido en el homicidio del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, hecho ocurrido en febrero de 1982, un mes después de la muerte de Frei.
El dictamen del juez Madrid cambió esa impresión. La trama del asesinato del Mandatario fue similar a la que se usó para matar a Jiménez.
En este último caso, hasta muy avanzado el proceso que instruyó el juez Sergio Muñoz se pensó que la responsabilidad era exclusivamente de la CNI.
Sin embargo, confesiones y una búsqueda de destinaciones de los agentes permitieron establecer que la CNI realizó las operaciones de seguimiento, pero la ejecución del sindicalista fue ordenada y estuvo a cargo de la DINE, cuando su jefe era el general Arturo Álvarez Sgolia.
Raúl Lillo habría tenido idéntico rol en los crímenes: se entendió tanto con el junior de la ANEF Julio Olivares, enganchado con dinero para espiar a Tucapel Jiménez, como con el chofer de Frei, Luis Becerra.
Después de estos crímenes, la DINE se mantuvo en silencio hasta septiembre de 1987. Tras el secuestro ese año del coronel de Famae Carlos Carreño, y el peligro de que se conocieran los negocios ilícitos que Augusto Pinochet realizaba en el comercio de las armas, el organismo nuevamente actuó.
Según los antecedentes del proceso que instruye el juez Mario Carroza por el secuestro y desaparición en 1987 de cinco militantes del FPMR, el plagio del militar habría movilizado a la creación de un plan a cargo de la CNI y la DINE.
El objetivo, esta vez, era secuestrar y eliminar a los frentistas Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida, Julio Muñoz, Julián Peña y Alejandro Pinochet.
Tras cumplir el siniestro itinerario, la DINE nuevamente se sumergió por un tiempo. Reapareció en 1992, ya en democracia, secuestrando y asesinando a Eugenio Berríos en Uruguay. Varios de los principales responsables de este crimen compartían el mismo currículo laboral: DINA, CNI y DINE. En esta última entidad se "reciclaron" tras el fin de la dictadura.
©la nación 
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