picanas con acento francés
18 de febrero de 2010
La llegada de las pistolas de impulso eléctrico Taser a Francia desató un escándalo. El importador presentó una querella contra la Red por los Derechos Humanos, que había denunciado los estragos causados por la Taser. Después montó una burda red de espionaje para vigilar a los denunciantes, con ayuda ilegal de la policía francesa.
[Eduardo Febbro] Argentina. Desde París, Francia. La utilización de la pistola de impulsos eléctricos Taser desató en Francia las mismas polémicas que en el resto de los países donde esta arma es utilizada por las fuerzas de seguridad. En Francia, el modelo X26 de Taser es empleado por el ejército, la Policía Nacional, la Gendarmería y, desde hace un tiempo, por algunas secciones de la Policía Municipal. Los referentes del arma son tanto más controvertidos cuanto que, en dos ocasiones, fue catalogada con severidad por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Sin embargo, en el caso francés, la introducción de la pistola dio lugar a un grotesco episodio de espionaje, seguimiento en la calle y procesos judiciales cuyos principales protagonistas fueron la misma policía, el importador del arma, Antoine di Zazzo, director de la empresa Taser, SMP Technologies y Olivier Besancenot, ex portavoz de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y hoy dirigente del Nuevo Partido Anticapitalista, el NPA.
La trama sucia de esta historia comienza cuando el importador, Antoine di Zazzo, presentó una querella judicial contra Olivier Besancenot y contra la RAID-H, la Red de alerta y de intervención por los derechos humanos, la cual denunció los estragos causados por la Taser X26. El negocio de la seguridad y del miedo es lo suficientemente jugoso como para que la defensa de la pistola eléctrica movilizara a una red de espías, de funcionarios públicos, de agentes de aduana y de detectives cuyo único propósito consistió en espiar a las personas que se habían opuesto con más determinación a la utilización del arma.
El episodio empieza en la campaña para las presidenciales de 2007. En ese entonces, Besancenot denunció la peligrosidad de la pistola Taser y ello le valió una querella judicial presentada por Antoine Di Zazzo. Entretanto, la polémica sobre la pistola fue creciendo de la mano de la ONU y de Amnistía Internacional, lo cual amplificó el impacto de las denuncias del líder trotskista y de los adversarios del arma.
A finales de 2008, el Comité de la ONU contra la tortura había concluido que la utilización de la pistola Taser constituía "una forma de tortura". Luego, en un detallado informe de 126 páginas, Amnistía desmontó los argumentos que servían al importador de Taser para basar sus querellas judiciales, a saber, en que no existía ningún documento capaz de probar que la pistola provocaba la muerte. En ese informe, Amnistía comprobó que entre 2001 y finales de 2008, 351 personas habían muerto luego de haber recibido una descarga de la pistola eléctrica. La organización aporta la prueba de la relación que existe entre la muerte y la descarga. De las 330 personas que murieron en Estados Unidos por el uso de la Taser, Amnistía estudió las autopsias y determinó que en 38 casos el deceso tiene como "cofactor o factor principal" el empleo de esa pistola. Los otros elementos aportados por la ONG son igualmente contundentes. Por ejemplo, la mayoría de las personas muertas tenía un promedio de 36 años y gozaba de una excelente salud.
Tal vez fueron esos argumentos los que condujeron al importador de Taser a montar un burdo espionaje en el que intervino una oficina de detectives privados dirigida por Gérard Dussaucy, ex comisario de la policía judicial y antiguo miembro de los servicios de Inteligencia, un agente de aduanas, Roland Minard, más otros seis policías. Al igual que el importador, todos los integrantes de la maquinación fueron inculpados. Los policías proporcionaron informaciones sobre Besancenot sacadas de los ficheros policiales. La compañera, el hijo, el auto y las cuentas bancarias del líder trotskista fueron "radiografiadas" a pedido de Antoine Di Zazzo: espionaje telefónico, monitoreo de las cuentas bancarias, seguimientos en la calle, toma de fotografías a distancia, control de sus horarios personales y los de su familia, el importador no se privó de hurgar en la intimidad a fin de encontrar una falla y contraatacar. Los espías consignaron la dirección del jardín de infantes adonde va el hijo de Besancenot, su nombre, su edad y sus costumbres. La compañera de Besancenot, llamada en el documento "el objetivo", fue seguida a cada momento. El importador conocía incluso el número de las cuentas bancarias de la pareja y el dinero que había en ellas. Besancenot presentó una querella judicial por "violación de la vida privada, de los derechos de las personas resultante de ficheros y datos informáticos, y del secreto profesional".
La investigación concluyó con todos los implicados en el banco de los acusados. También pudo determinarse que todos esos datos se obtuvieron a partir de un fichero de exclusivo uso policial llamado Ficoba. Allí interviene la colaboración de miembros de la policía en servicio con la agencia de detectives privados, a la cual le suministraron los datos. La investigación posterior avanzó rápidamente. La policía llegó a encontrar en las oficinas de SMP Technologies-Taser copias del informe sobre Besancenot así como pruebas del dinero girado por la empresa al detective Dussaucy, unos 4000 euros. Antoine Di Zazzo nunca tuvo límites en la defensa de su negocio.
El importador de Taser llevó a los tribunales a Amnistía Internacional luego de que la ONG publicara en su portal de Internet un informe sobre los estragos que causa la pistola. No se conocen hasta hoy casos de utilización abusiva de esa pistola por la policía francesa.
Con todo, Taser sigue encontrando en Francia mucha resistencia. Hasta ahora sin éxito, el diputado ecologista Noêl Mamère propuso que se presentara un proyecto de ley para prohibir el empleo de la pistola Taser en el país.
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