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un documento extraordinario


El gobierno pidió copia de la lista de ex agentes de inteligencia. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia solicitó al Archivo Nacional de la Memoria la copia de un documento protegido por el secreto durante 27 años de democracia: la lista de los 103 agentes civiles de Santa Fe que reportaron a la dictadura.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia solicitó al Archivo Nacional de la Memoria la copia de un documento protegido por el secreto durante 27 años de democracia que se conoció esta semana: la lista de los 103 agentes civiles de Santa Fe que reportaron durante la dictadura al Batallón 601 y operaban como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento de Inteligencia Militar 122. "Es una publicación de extraordinaria importancia para las investigaciones que se están llevando adelante por los delitos de lesa humanidad", dijo el director provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Jorge Pedraza.
Una nómina con 50 nombres de empleados civiles de Inteligencia ya se conocía desde 2007, cuando el Ejército la entregó a la justicia federal en una causa contra el ex gremialista Horacio Américo Barcos, que operaba encubierto en el sindicato de obreros de la construcción (UOCRA). Barcos está acusado de integrar el grupo de tareas que secuestró y torturó al fallecido docente e historiador santafesino José Alberto Tur y a su ex esposa, Amalia Ricotti. El juicio oral comenzará el viernes próximo ante el Tribunal Federal de Santa Fe.
La lista que llegó hace tres años a manos del juez Reinaldo Rodríguez incluía sólo los PCI que revistaban en 1978. Pero ahora el secreto se levantó para todo el período del terrorismo de estado, desde enero del 76 a diciembre del 83 y aparecieron 53 nombres más. "Hay algunas sorpresas porque entre los PCI de Santa Fe figuran tres ex legisladores del PJ del primero y segundo período democrático, gente que se recicló en la Defensoría del Pueblo y hasta un personaje que actuó en la Dirección Provincial de Informaciones que produjo los archivos ideológicos bajo el mando (del teniente coronel Rondello) Barbaresi. A primera vista surge una complicidad de la primera etapa democrática en nuestra provincia y explica por qué se demoraron tanto las investigaciones y los juicios al terrorismo de estado en Santa Fe", precisó Pedraza.
La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de levantar el secreto que protegía a empleados civiles de la Inteligencia del Estado durante la dictadura "es un aliciente para todos los que participamos en la reconstrucción de la memoria histórica", ponderó Pedraza. "Creemos que este decreto (1137/09) que ordena la publicidad de estos nombres, es un salto cualitativo importante para la memoria histórica. Ahora, habrá que revisar caso por caso porque el sólo hecho de figurar en la nómina no implica por si misma una responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, pero sí una sospecha importante en una época en que el terrorismo de estado demandaba apoyatura informativa, de inteligencia y logística que era la tarea que realizaba esta gente", agregó.
"Espero que los jueces y los fiscales tomen cartas en el asunto con esta información y la profundicen en algunas causas que están pendientes de investigación o que fueron archivadas en otro momento, las reactiven, produzcan las pruebas que faltan producir y lleguen a una resolución para lograr justicia", planteó.
Pedraza recordó que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia ya aportó pruebas en las causas de lesa humanidad que se tramitan en Rosario, Santa Fe y en Reconquista. Y en uno de los casos, "aparece mencionado uno de los PCI de la nómina que se conoció esta semana. Nosotros ya habíamos pedido que se active ese expediente que se archivó en el período del juez (federal, Héctor) Tripicchio, en los años 85 y 86, y si los fiscales y jueces entienden que deben profundizarse las investigaciones y determinar la responsabilidad por delitos cometidos durante el terrorismo de estado, actúen en consecuencia".

¿Lo sorprendió que en la lista de los PCI aparezca Nicolás Correa, el ex asesor de seguridad del gobernador Jorge Obeid que falleció antes de que lo juzguen por secuestros y torturas?
No. El Ejército ya había informado que Correa operó en el Destacamento de Inteligencia 122 hasta abril de 1975 cuando pasó a retiro como suboficial mayor. Después, entró como jefe de personal de la cervecería Santa Fe y cuando se intensifica el terrorismo de Estado le piden que se reincorpore al Destacamento de Inteligencia 122, entonces, ahí es muy probable que haya revistado como PCI. Es un caso muy parecido al del Eleodoro Jorge Hauque ("Lolo"), que también figura en la lista de los PCI, a pesar de que había sido suboficial del Ejército como Correa.

Otro de los mencionados es Tulio Ramón Pradolini. ¿Quién es?
En 1973 fue miembro de la Dirección Provincial de Informaciones que comandaba Barbaresi. En el 78 tuvo un incidente que hizo que el Ejército lo echara de Santa Fe, se va a Buenos Aires, y se contacta con militares y participa en la custodia de importantes personajes. Después, pasa a la Policía Federal y ahora surge que también pasó como PCI en el Ejército. Ese señor había sido gremialista de Vialidad Provincial y miembro de los grupos de tareas de Santa Fe. Esta es otra sorpresa que nos trae esta lista y esperamos que sirva para profundizar las investigaciones y se lo cite a declarar.

Y se confirma que el teniente coronel José Berhardt también reportó al Batallón 601.
Su legajo ya está en la justicia, lo mandamos a pedir en la causa (del ex juez Víctor) Brusa. Bernhardt revistó como oficial de inteligencia en el Batallón 601, en 1982. Lamentablemente, este hombre fue subsecretario de Seguridad Pública en el primer gobierno de Obeid y quien trajo a Nicolás Correa al lado suyo, como asesor, manejando la policía de la provincia y con semejantes antecedentes en el período de la dictadura.

5 de marzo de 2010
28 de febrero de 2010
©rosario 12
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