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investigan archivos de inteligencia


Se abrió investigación judicial sobre archivos de inteligencia. "Hay que determinar si el delito fue en calidad de tentativa, porque no se consumó el resultado", dijo la fiscal que investigaba la denuncia de Patricia Isasa. "También podría caber el encubrimiento", agregó a este diario Colalongo.
[José Maggi] Argentina. Los mismos archivos que en 1987 el entonces gobernador José María Vernet decidió conservar en pleno alzamiento carapintada, a pesar de los pedidos del capitán Rondello Barbaresi, responsable de la ex Dirección General de Informaciones, y que el propio Víctor Reviglio también preservó, pudieron haber sido destruidos de cumplirse la orden emanada de puño y letra del entonces gobernador Carlos Reutemann, en enero de 1992. Esta es la primera aseveración que se desprende de la documentación entregada por la denunciante Patricia Isasa, sobreviviente y querellante en la Causa Brusa. La denuncia ya está siendo investigada por la fiscal federal Mabel Colalongo, luego de ser presentada ante Jorge Auat, coordinador de la Unidad de Fiscalización de causas por derechos humanos.
"Esta denuncia señala cómo fue históricamente tratado por los distintos gobiernos santafesinos ese Archivo Intermedio, y el destino que iba a tener", indicó Colalongo. "Entre otras cosas, Isasa presenta decretos firmados por Reutemann sobre el archivo, algunos de los cuales ordenaban retirar la documentación existente la que debía ser entregada a los bomberos, conscientes creo del tipo de documentación de la que se trataba. Esto se tiene que confirmar, así como ver quiénes eran las personas que informaban y presentaban la información con la que se redactaba esa documentación, que relataban las detenciones ilegales, que hemos podido verificar con las fotocopias obtenidas luego de un arduo trabajo".

¿De qué documentación estamos hablando?
Hay documentación que da cuenta de procedimientos ilegales y detenciones con nombre y apellido de víctimas de acuerdo al registro de Conadep, que son víctimas del plan sistemático. Hay procedimientos de enfrentamientos fraguados donde mueren víctimas en total estado de indefensión. Hay muchos casos de Rosario, pero también elaboramos un informe sobre Reconquista que ya envié al fiscal federal de esa ciudad, que ya nos agradeció la información. Lo mismo hicimos con Santa Fe- contestó la fiscal.

De haberse constituido algún tipo de delito en la acción de Reutemann, ¿qué figura penal le cabría?

Hay muchas cuestiones que revisar, como el tiempo transcurrido desde el decreto y si existen actos que pudiesen haber interrumpido el posible delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, o en su caso un delito especial como la destrucción de pruebas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Hay que determinar si el delito fue en calidad de tentativa, porque no se consumó el resultado. También podría caber el encubrimiento, pero no quiero anticipar nada porque no tengo la información que necesito. En principio la denuncia da cuenta del distinto tratamiento que se le dio durante los sucesivos gobiernos a esta documentación: están los decretos de Vernet y Reviglio conservando esta documental y también está el decreto 77 de Reutemann firmado en enero de 1992, ordenando al entrega a bomberos de esta información específica".
El 15 de enero de 1992, Reutemann firmó un decreto que en su artículo primero decía: "Autorizar al Cuerpo de Bomberos de la Provincia a efectuar el retiro de la documentación existente en las manzardas Este y Oeste de la Casa de Gobierno." Exceptuaba esos papeles del decreto 1596/87, que establecía las pautas de conservación de documentos de la administración pública. De esta forma se disponía la destrucción de los partes de la ex Dirección General de Informaciones, que daban cuenta del proceder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura.

11 de mayo de 2010
©rosario 12
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