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cs verá caso de jueces torcidos


Consejo de la Magistratura pide a CSJ intervenir por caso de jueces que obstaculizan realización de juicios por derechos humanos.
Argentina. El Consejo de la Magistratura resolvió en su reunión plenaria de ayer solicitar una audiencia pública urgente a la Corte Suprema de Justicia para tratar la situación de "extrema gravedad institucional" que reina en la Cámara Federal de Mendoza. El organismo tomó la decisión luego de escuchar al titular de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, quien desmenuzó las maniobras del tribunal cuyano para obstaculizar las investigaciones por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Righi destacó en particular el rol del camarista Otilio Roque Romano, imputado por encubrir secuestros y torturas hace un tercio de siglo, y respaldó la actuación del fiscal general Omar Palermo, coordinador de la Oficina de Asistencia a las causas vinculadas con el terrorismo de Estado en Cuyo, que fue amenazado de muerte luego de pedir la citación a indagatoria de Romano. El tribunal mendocino, mientras tanto, marcó ayer otro hito en la historia de la impunidad en Cuyo, al excarcelar a los oficiales Jorge Antonio Olivera y Eduardo Vic, imputados por torturas en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan y ex prófugos de la Justicia.
La decisión de solicitar la intervención de la Corte es un último recurso ante la situación caótica que atraviesa la Justicia Federal de Cuyo. Excepto un juicio en curso en San Rafael, las causas de lesa humanidad en Mendoza y San Juan, jurisdicción de la Cámara, están paralizadas y con todos los imputados libres. La Cámara tiene dos lugares vacantes: el primero desde hace un año, tras la renuncia de Carlos Pereyra González, investigado por delitos de lesa humanidad cuando era secretario de la Justicia puntana; el segundo, tras la renuncia de Luis Francisco Miret, imputado por idénticos delitos en Mendoza, como juez federal.
A diferencia de Miret, que antes de renunciar ejerció su derecho de defensa ante el Consejo y ante el juez federal Walter Bento, su colega Romano logró evadir ambas instancias. Para no presentarse ante el organismo que evalúa la conducta de los magistrados interpuso una acción de amparo que le concedió el conjuez Carlos Parellada, cuestionado por su antiguo vínculo personal con Romano y padre de una de sus empleadas. Para evitar tener que prestar declaración indagatoria utilizó dos vías: alegó "graves razones de salud" y recusó a Bento, que también fue amenazado luego de citarlo. Cuando logró el segundo objetivo y ya no había juez para indagarlo, la salud de Romano mejoró súbitamente: interrumpió la licencia de sesenta días que le habían otorgado sus colegas, retomó sus funciones y se abocó de lleno a cuestionar la legitimidad del fiscal que lo acusó. El procurador Righi pidió ayer que se evalúe el parte médico que había presentado Romano, ante la sospecha de que se armó a pedido de Su Señoría.
La recusación también está plagada de irregularidades. Julio Demetrio Petra, Leopoldo Rago Gallo y Miguel Angel Gálvez se sustrajeron a cualquier tipo de control de legalidad por parte de quienes impulsan las causas. Petra rechazó el pedido del fiscal Palermo, negándole que fuera parte interesada. El representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó entonces su intervención, argumentando que Petra es compañero de Romano desde 1993 y que ya fue apartado para intervenir en las causas de lesa humanidad. Pero el tribunal hizo oídos sordos y rechazó la recusación, tal como había hecho con las querellas. Petra no cuestiona su inhabilidad para juzgar a autores de secuestros y torturas, pero resiste cuando le toca analizar la conducta de Romano, su compañero de trabajo desde hace 17 años, acusado por encubrir los mismos delitos.
El juez Bento, que sí fue aceptado como parte en el expediente, recusó sin éxito a los tres camaristas que accedieron al pedido de Romano. El caso más curioso es el de Rago Gallo. Mucho antes de que trascendiera su complicidad con el terrorismo de Estado, Romano se inhibió de intervenir en una demanda promovida por Rago Gallo por la "amistad íntima" que los une. Como en las familias judiciales todos se conocen, Bento recordó esa confesión y le pidió que se dignara a no intervenir. Tampoco tuvo suerte: Rago Gallo desestimó su propia recusación, asegurando que ya no es amigo íntimo de Romano.
15 de octubre de 2010
©página 12
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