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violadores a la cárcel ya


Una jornada en el Concejo Municipal para que los ataques sexuales durante la dictadura sean considerados delitos de lesa humanidad.
[Alicia Simeoni] Argentina. Dos fuertes reclamos se escucharon el viernes en el recinto del Concejo Municipal de Rosario: Que la Justicia considere a las violaciones y ataques sexuales como delitos de lesa humanidad y que los represores que están imputados en la ex Causa Feced, renombrada como Díaz Bessone estén en la cárcel mientras transcurre el juicio oral. Los dos reclamos atravesaron las intervenciones de los panelistas que participaron para hablar sobre ‘Mujer y derechos humanos: políticas públicas desde el terrorismo de Estado al actual Estado de derecho’ convocado por la presidencia del cuerpo a cargo de Miguel Zamarini, la edila Norma López y el concejal Arturo Gandolla. A lo largo de casi dos horas se escucharon las reflexiones y posturas de la directora del Centro de Investigación en Derechos Humanos ‘Juan Carlos Gardella’ de la Facultad de derecho de la UNR, Matilde Bruera, de la sobreviviente y testigo en la Causa Díaz Bessone, la secretaria gremial del Sindicato de Prensa Rosario, Stella Hernández; de la abogada de Familiares de Detenidos Desaparecidos por motivos políticos y gremiales que hoy lleva adelante la querella de las víctimas junto a otros profesionales, Gabriela Durruty y del diputado nacional y precandidato a gobernador por el Frente para la Victoria Agustín Rossi, todo con la coordinación de otra víctima del terrorismo de Estado, Viviana Della Siega, de larga trayectoria en la militancia por los temas de género.
La vicepresidenta primera del Concejo, Norma López, abrió la jornada. Ella dijo que así se daba el puntapié inicial para el "debate que aporte a la memoria" sobre la relación entre la problemática y análisis con perspectiva de género y los derechos humanos. Otra mujer, Viviana Della Siega, quien sigue el juicio por la desaparición de su esposo Hugo Parente, señaló que hombres y mujeres construyen de manera distinta su subjetividad y "que esa realidad no fue todavía analizada en profundidad" en el marco de los juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina.
Cada panelista aportó su mirada crítica hacia la Justicia Federal, ya que en todo el país, también en Rosario, hay condenas ejemplares hacia los represores, pero al mismo tiempo no se tuvo en consideración los derechos humanos de las mujeres. La abogada Matilde Bruera, como directora del Centro Juan Carlos Gardella de la Facultad de Derecho comenzó por ubicar que el concepto de ‘mujer’ fue construido socialmente, y que el discurso jurídico le dio a ese concepto distintas connotaciones a través de la historia. Para reconocer los derechos femeninos "son necesarias políticas públicas, políticas de Estado", dijo.
Bruera realizó un recorrido histórico por la concepción de la mujer en el mundo jurídico, al que ellas ingresan "expresó "como categoría problemática y tan es así que el primer Código Penal de la humanidad, en la época de la Inquisición, estuvo destinado a perseguirlas" acusándolas de practicar, de encarnar "brujerías". Luego, durante siglos "las mujeres fueron miradas, ubicadas en forma negativa y estigmatizadas cuando se las calificaba como "malas madres" o como "prostitutas". Matilde Bruera repasó las luchas feministas que las ubicaron como sujeto de derecho y que permitieron conseguir derechos políticos, laborales, el reclamo por igualdad de oportunidades para el desarrollo personal "continuó "y así comenzó el debate sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Con el incesante activismo que ellas desplegaron en el mundo se pudo incorporar la lectura de género en los derechos humanos, y entonces el eje de la lucha feminista pasó por el no a la discriminación y también por la necesidad de tener "una vida libre de violencia". Ello no sólo impactó en el ámbito jurídico sino que comenzó a calar en la cultura, y lo hizo en la medida en que el Estado se hizo cargo de esta nueva perspectiva y se propuso trabajar sobre las prácticas sociales e institucionales".
La directora del centro Juan Carlos Gardella contextualizó la situación de las mujeres en la década del "70. Estaban incorporadas de forma masiva al ámbito laboral e incluso a la vida universitaria: "todo ello puso en crisis el modelo occidental y cristiano" que les estaba reservado, porque también fueron militantes políticas o sociales.
"Las mujeres no sólo hablaban de su dignidad, sino que fueron capaces de cruzar sus miradas hacia las luchas sociales y políticas" Por eso la represión y la dictadura tuvieron un especial ensañamiento con ellas". Rotunda, Bruera sostuvo que si se aspira a terminar con la impunidad y hacer realidad el derecho a la Justicia para las mujeres víctimas del terrorismo de Estado no se puede seguir encubriendo prácticas aberrantes ni subsumirlas bajo otras denominaciones. "Las violaciones, los ataques de todo tipo fueron posibles por el prejuicio social y cultural que sostuvo el ocultamiento y la culpa y que obturó los propios discursos de las víctimas que se protegían de la revictimización institucional que expuso y expone pero no escucha". Pero esa mujer también fue protagonista en la resistencia y en la lucha por los derechos humanos, según explicó, para saludar a modo de homenaje la existencia de las Madres "que instalaron el discurso de la vida, de la memoria y de la lucha contra la impunidad. Salieron a cuestionar el poder vigente, la dictadura, el terrorismo de Estado luchando por sus hijos, por sus nietos, por sus familiares."
Ya, sobre el acceso a la Justicia, aportó la idea de que no se accede a ésta por llegar a los Tribunales, sino cuando se reconocen sus derechos y más aún cuando se hacen efectivos. "Por eso es trascendente el reconocimiento, en los juicios de lesa humanidad, el especial ataque que sufrieron las mujeres víctimas del terrorismo de Estado: los atentados sexuales como prácticas sistemáticas en los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición. No se trataba de hechos excepcionales, sino permanentes y específicos. En esto es que hoy se reclama el acceso a la Justicia que debe ser el reconocimiento como delito de lesa humanidad, ya que constituye una problemática de género".

El "Desescombrar" de Stella Hernández
La voz de Stella Hernández conmovió a quienes estaban en el recinto. Poco tiempo atrás declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 con los represores sentados en la sala, a su espalda. Esos hombres parecían animales feroces, sanguinarios y sin embargo salían, volvían a "sus cuevas", dejaban maloliente la ciudad. Ella denunció en especial a uno de ellos, a El Cura Marcote como "el violador serial en el Servicio de Informaciones de la policía", en Dorrego y San Lorenzo. El viernes pasado Hernández narró su preocupación antes del testimonio ante el Federal: "¿Qué palabras, cómo usar las palabras para que se entendiera lo que sienten las víctimas? Yo no vengo a hablar sólo en mi nombre dijo , sino en el de tantas mujeres que ya no tienen voz porque se la arrebató la dictadura. Mi testimonio se inscribe en el reclamo de Justicia de todas las personas que pasaron por los centros clandestinos de detención, pero también en el universo de las mujeres que hemos sufrido ataques sexuales sin que las denuncias hayan sido llevadas a juicio, porque esos ataques no han sido considerados delitos de lesa humanidad".
Stella Hernández describió, pintó sensaciones ante un público que seguía silencioso su relato. Porque cuando se habla y se pone en palabras el horror se puede experimentar una fuerte "liberación, se descargan varias mochilas, pero es enorme el esfuerzo que hacemos los testigos por hilvanar las historias, por armar un "puzzle" con los hechos y estructurar la cronología del horror. Pasaron ya 35 años. El esfuerzo es por recordar caras, por adjudicar nombres y por encontrar las palabras más contundentes, más justas para expresar qué paso, para nombrar lo innombrable. La violencia sexual ha quedado escondida en muchas declaraciones porque se recurrió al uso de metáforas, de elipsis, es lo que yo llamo la segunda impunidad de la que gozaron los represores, cuando las víctimas no podían hablar, no podían denunciarlos y cuando delante de ellos se producía el silencio".
Hernández ubicó que el hecho de no poder denunciar no sólo tiene fundamento en pautas culturales, que incluyen a las religiosas y las concepciones sobre el cuerpo de las mujeres, "sino que "dijo , existen razones fundadas en la acción del Estado y de sus instituciones: cuando la Justicia no actuó, cuando los legisladores votaron leyes contra el derecho, cuando los gobiernos perdonaron a los que nunca se arrepintieron se construyó la barrera de la impunidad en la democracia". Y a ello contribuyó la sociedad "porque no supo, porque no quiso, porque no pudo" y ayudó a levantar la barrera de la impunidad. Y esa es la barrera que hay que romper con la palabra".
No era la primera vez que Stella Hernández declaraba. Lo había hecho antes ante la CONADEP, ante la Justicia provincial y ante las instancias que abrían los militares "pero hay que decir que esta es la primera vez en que uno siente que está el Estado protegiéndonos de alguna manera porque está impulsando estos juicios. Esta es la primera vez que nos acompaña un Estado que decidió tomar la política sobre derechos humanos como una política de Estado".
Después de recordar la actitud del ex presidente Néstor Kirchner cuando pidió perdón a las víctimas, y a la sociedad toda, y lo hizo en nombre del mismo Estado, trajo las imágenes de cuando hizo bajar los cuadros de los genocidas y se habilitaron los juicios. "Es tan grande el mérito de esas acciones porque es también muy grande el poder que está en contra de ellas".
Reclamó otra vez al Tribunal para que el delito de la violación sea considerado delito de lesa humanidad y en consecuencia se juzgue a los responsables. "Estos hechos fueron la regla y no la excepción. Fueron pensados y ejecutados por las fuerzas armadas y policiales, para quebrarnos en nuestra subjetividad y aniquilarnos, y para extender, a través de las y los sobrevivientes, el terror sobre lo que sucedía en los centros clandestinos. Esa fue la manera de despejar el terreno para la aplicación posterior de un plan económico de devastación y para instalar el otro genocidio que fue el genocidio del hambre".
Hernández reclamó también que los represores que están siendo enjuiciados cumplan prisión efectiva. "Vamos a denunciarlos y los podemos cruzar en cualquiera de las calles de Rosario", afirmó.
Cuando terminaba de hablar contó una anécdota personal, de cuando le pidieron que escribiera lo que había sentido en su paso por el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 2. "No terminé de escribir, pero quiero señalar otra vez lo de las palabras, el desafío de encontrar las palabras para que todos entendamos lo que pasó". Ella contó que en ese esfuerzo encontró una expresión, que en realidad es una licencia que se tomó, y citó des encombrar para señalar el sacarse los escombros. "Yo sentí que con mi declaración había sacado piedra tras piedra manteniendo firme la estructura y por un hilito de luz que quedaba sentí que había podido liberar a esa joven que fui en 1977".

Contexto de los Delitos
Gabriela Durruty es abogada de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales. Por su presencia y el rol que juega como representante de los querellantes -junto a otros profesionales dijo Della Siega: "No sólo no pudieron con nosotros, tenemos toda una generación de jóvenes abogadas, abogados de los organismos que llevan adelante una tarea muy importante, justo la de la querella. Algunos eran niños o no habían nacido en 1976. Esto nos regocija mucho, por lo que supone como compromiso militante".
Durruty hizo un repaso por las políticas públicas desde la dictadura, cuando eran las del exterminio y desaparición de personas. Recién con el período constitucional abierto en 1983 llegó una nueva política, mucho mejor, la de limitación y juzgamiento, "que si bien impulsó algo que fue muy importante para Latinoamérica, como el juicio a las juntas, ya tenía incluida en sus primeras decisiones la limitación de estos juzgamientos y lo que fueron después las vergonzantes leyes de impunidad impregnadas aún por la doctrina de la seguridad nacional. Recién a partir de 2003 se puede decir que hubo una política clara, que transmite una decisión irrevocable del Poder Ejecutivo nacional de anular las leyes de impunidad y seguir adelante hasta donde se pueda y se deba con la investigación y la sanción de cada uno de los responsables de este genocidio".
Durruty recordó cómo se retrasó en Rosario la apertura de los juicios, las acciones que pedían por la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final por parte de la Justicia Federal y el total respaldo que dio Néstor Kirchner para la reapertura de la Causa Feced, la llamada causa madre porque de ellas se desprenden otras. "Resta ahora conseguir que el Tribunal declare como delito de lesa humanidad las agresiones sexuales. Nosotros plantemos que ningún delito puede ser investigado fuera de contexto y que en el caso de los delitos de lesa humanidad es fundamental enmarcarlos dentro del plan sistemático en el que ocurrieron porque de otra manera resulta imposible comprenderlos y muchísimo menos sancionar a los responsables".

Lo Que No Se Podía Nombrar
Agustín Rossi retomó la idea del componente cultural muy fuerte que existe respecto del tema de los delitos sexuales. También dijo que debería analizarse la razón por la cual en los primeros testimonios, en relación con lo que fueron los años de prisión, o de tortura y de cárcel, la violación no tenía un lugar de preponderancia. "Era casi obvio, si tenían poder sobre nuestras vidas, cómo no iban a tenerlo sobre nuestros cuerpos. "Pero la sociedad en su conjunto había construido un relato en el que obvió lo que no se podía nombrar, resultaba más cómodo de esa manera. Por eso la valentía de los testimonios y el poder reencuadrar a los hechos tiene una gran significación y un profundo contenido cultural".
El jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria habló luego sobre el flagelo de las violaciones que ocurren diariamente y sostuvo que "son mínimas la cantidad de violaciones que llegan a denunciarse y que existen muchas familias donde ante estas situaciones tienen como primera tendencia la de esconder lo que pasó". La razón, explicó luego, "es la estigmatización que significa". También el acoso sexual en el ámbito laboral no tiene una respuesta acorde por parte del Estado.
El precandidato a gobernador y mayor referente en Santa Fe del Frente para la Victoria mencionó una experiencia de prevención que en la ciudad de Buenos Aires lleva adelante Eva Giberti a cargo de la Unidad Preventora de Delitos contra la Mujer. "Hay situaciones que permiten pensar qué va a pasar y adelantarse a los acontecimientos"Justamente el objetivo del Estado es la prevención", dijo y después enunció el que debería ser un programa de incentivos a empresas que den trabajo a mujeres víctimas de delitos sexuales" ya que la mayor cantidad de estos ataques se da en el ámbito de lo familiar. También recordó que la realidad de que la mujer no tenga un trabajo es en sí mismo "un instrumento de dominación" y señaló que "es hora de empezar a equilibrar las situaciones de las mujeres y en esta provincia hay muchas desigualdades e inequidades", tras lo cual señaló que se comprometía a revertirlas en caso de ser electo gobernador.
Por último recordó que él había sido autor de la ordenanza referida al acoso laboral dentro del ámbito laboral de la Municipalidad de Rosario "y recuerdo que no fue fácil en ese momento porque siempre tratan de dificultarse las cosas. La violación es la situación más fuerte pero hay por debajo otros hechos que las mismas barreras culturales impiden, a veces, a las mujeres, charlarlas con sus propias parejas".
20 de marzo de 2011
©rosario 12

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