pacto frustrado con estados unidos
Gobierno Uribe siempre quiso que el acuerdo no pasara por el Congreso. Intimidades del manejo en la embajada.
Colombia. Desde que el gobierno de Ecuador anunció que la base de Manta ya no sería más una unidad militar controlada por Estados Unidos, se tuvo claro que la opción era Colombia. Pero la administración Uribe siempre recalcó que cualquier acuerdo de seguridad con Washington debía enmarcarse en los pactos bilaterales vigentes para que no tuviera que pasar por el Congreso. Esta evidencia se ratifica en los cables diplomáticos enviados por la embajada de EE.UU. en Bogotá entre 2006 y 2010.
La primera vez que aparece relacionada la propuesta de un acuerdo quedó escrita en un cable fechado en noviembre de 2006. En desarrollo de un encuentro con el subsecretario de Estado, Nicolás Burns, y el embajador William Wood con el presidente Uribe y tres de sus ministros, en medio de las conversaciones sobre la necesidad de avanzar en derechos humanos, las indulgencias de la Ley de Justicia y Paz y las urgencias para aprobar el TLC, salió a relucir la idea que se trabajaba con sigilo.
El entonces presidente Álvaro Uribe exteriorizó su deseo de profundizar en cooperación en materia de seguridad, y su ministro Juan Manuel Santos —hoy presidente de Colombia— reveló que en Managua (Nicaragua) había presentado un borrador de acuerdo en esta materia al secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. A renglón seguido, Uribe manifestó su confianza de que ese borrador permitiera hacer lo necesario en materia de seguridad sin que fuera indispensable la aprobación de los congresos.
Un mes más tarde, el embajador Wood envió un nuevo cable, comentando que el 15 de diciembre se había reunido en forma separada con los entonces ministros Juan Manuel Santos y María Consuelo Araújo para evaluar un borrador, y que una vez más los altos funcionarios le hicieron saber el deseo del gobierno de que el pacto no pasara por la ratificación del Congreso, aunque ambos insistieron en que fuera lo suficientemente amplio para satisfacer las necesidades de ambas partes.
Tanto Santos como Araújo enfatizaron en la importancia de que el acuerdo hiciera el menor ruido político, y en particular el ministro de Defensa recalcó que si bien el acuerdo debía mostrarle al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que Colombia tenía el apoyo de EE.UU., éste no debía exacerbar las tensiones regionales. A partir de entonces, mientras se acercaba la fecha para que el gobierno norteamericano devolviera a Ecuador la base de Manta, el acuerdo con Colombia fue tomando forma.
En septiembre de 2008, la embajada de Estados Unidos reportó a Washington que había entregado un borrador de acuerdo de cooperación, que debía ser presentado a la prensa como una continuación de anteriores convenios. El embajador resumió la propuesta de usar las bases de Palanquero, Apiay y Barranquilla y dejó expuesto el asunto conexo de las inmunidades. La decisión de cómo y cuándo anunciarlo debía quedar en manos del gobierno de Colombia. La idea era etiquetarlo como continuación de la cooperación histórica.
Finalizando 2008, un nuevo cable diplomático reportó que la Cancillería de Colombia había entregado la respuesta oficial al borrador norteamericano, y que el gobierno Uribe insistía en que el texto debía evadir el uso de la palabra "base". Además solicitaba presentar el acuerdo como continuidad de la cooperación bilateral y multilateral para evitar su paso por el Congreso, y que EE.UU. debía proveer garantías de seguridad al gobierno colombiano enmarcado en el principio de algo a cambio de algo, a fin de otorgar garantías de acceso.
En el informe a Washington la embajada detalló sus reparos a la contrapropuesta colombiana. En primer lugar anotó que el gobierno Uribe había incluido en el preámbulo referencias a numerosos acuerdos bilaterales, y que esa idea era consistente con su objetivo no sólo de evitar la aprobación del Congreso, sino de vender el acuerdo a la opinión pública y a la región como una simple extensión de la cooperación y no como una escalada militar de EE.UU. en Colombia. La embajada opinó que esos cambios no afectaban sus intereses.
Ante una propuesta de Colombia, en el sentido de incluir la promesa de adoptar medidas de cooperación militar para confrontar amenazas comunes en contra de la paz y la estabilidad, la embajada observó que para evitar un compromiso tan amplio de EE.UU., el gobierno de Washington podía plantear una variación verbal menos vinculante, como por ejemplo, "acordamos estudiar" o "considerar".
Como quiera que Colombia buscaba como contraprestación que Estados Unidos garantizara el acceso rápido y directo a bienes y servicios del país del norte, en caso de amenazas a la seguridad nacional, la embajada comentó que para evitar que material estadounidense se usara en un eventual conflicto regional, se promoviera una modificación en el lenguaje. La fórmula era proponer que ambos países debían definir qué constituía "una amenaza de emergencia nacional", lo cual garantizaba a EE.UU. un poder de veto.
El borrador de Colombia decía que, dos años después del acuerdo, Estados Unidos debía instalar sistemas de defensa aéreos, que deberían ser transferidos libres de cargo al final del acuerdo. Un propósito claramente enmarcado, dice el cable, en eventuales amenazas internacionales, especialmente de Venezuela. La embajada de Estados Unidos observó que el gobierno Uribe no apreciaba los billones de dólares que se necesitaban para construir un sistema de defensa aéreo y los años que se requerían para terminarlo. Por eso lo calificó como inaceptable.
Y luego agregó que si el gobierno de Colombia insistía en incluir esa propuesta, Washington debía tomar dos caminos: comprometerse a evaluar la petición de los sistemas aéreos de defensa, siempre y cuando se concretara el compromiso de proveer protección a personal y aeronaves de Estados Unidos, pero no a las instalaciones, en caso de amenaza. El reporte recalcó que se debía insistir en la protección de los activos norteamericanos, incluso su retiro de Colombia si fuere necesario. La embajada recomienda empezar a considerar, silenciosamente, si estaban preparados para proveer equipos de defensa aérea a Colombia si era necesario para salvar el acuerdo.
Ya en abril de 2009, el embajador William Brownfield reportaba a Washington que después de la tercera ronda de negociaciones estaba aprobada más de la mitad del borrador, pero que el gobierno de Colombia insistía en que algunos requerimientos de EE.UU. no eran viables porque violaban las leyes nacionales. Y añadió que la administración Uribe admitía que esos temas críticos podrían superarse si el acuerdo pasaba por el Congreso, pero que quería evitar susceptibilidades políticas.
El embajador reconoció que el cierre del acuerdo estaba condicionado a que Estados Unidos diera acceso a Colombia a suministros en el evento de una emergencia nacional. Además asumió que seguían sin resolverse temas como excepciones impositivas, el derecho a portar armas y la renuncia a reclamos. Pero el viceministro Juan Carlos Pinzón dejó claro que Colombia no podía ceder en esos puntos sin arriesgarse a violar la ley. La embajadora Carolina Barco expresó que someter el acuerdo al Congreso antes de las elecciones era convertir la cooperación en un partido de fútbol político.
Después de la cuarta ronda de negociaciones, que se realizó entre el 23 y el 25 de julio en Bogotá, la embajada de Estados Unidos informó a su gobierno que el acuerdo estaba en el 80%. El balance de esta nueva fase de discusión empezó por admitir que la orden del expresidente Uribe a los negociadores para que avanzaran lo más rápido posible había flexibilizado su posición y habían hecho concesiones en temas claves como la posibilidad de que personal de Estados Unidos portara armas. Los temas sin aprobar eran el pago de tarifas y costos para vehículos de EE.UU., algunas quejas de contratistas y aspectos de competencia judicial.
En agosto de 2009, el embajador Brownfield informó que en medio del intenso debate en Colombia por el acuerdo, el gobierno Uribe seguía haciendo concesiones, pero que los temas críticos estaban relacionados con jurisdicciones, exenciones de impuestos y actividades de inspección. Quedaba por resolver la posibilidad de que, en aplicación del Código de Justicia Militar, Estados Unidos pudiera realizar cortes marciales en territorio colombiano y que los contratistas tuvieran que suscribir un seguro de responsabilidad.
Atribuyendo el comentario a la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Clemencia Forero, la embajada comentó que el tema más difícil para Colombia era permitir que Estados Unidos ejerciera jurisdicción penal en el país, pero que el tema podría resolverse haciendo alusión a acuerdos bilaterales anteriores y simplificando el lenguaje de manera creativa. A las puertas del acuerdo que se firmó el 30 de octubre de 2009, autorizando la presencia de personal militar y civil norteamericano en siete bases militares de Colombia, se produjo otro reporte.
Y una vez más la embajada precisó que los asuntos claves para Colombia eran implementar un sistema de defensa aéreo, tener acceso a armas y sistemas de Estados Unidos en caso de una emergencia de seguridad nacional y la posibilidad de tecnología en inteligencia. Su preocupación rondaba en la adquisición de aviones rusos Sukhoi por parte de Venezuela, para lo cual el embajador Brownfield sugirió una carta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a su similar en Colombia para evaluar el tema a corto plazo.
El acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos se firmó en octubre de 2009. Se autorizó la presencia de 800 militares y 600 contratistas norteamericanos. Siete bases quedaron autorizadas para facilitar el acuerdo: Larandia, Tolemaida, Malambo, Palanquero, Apiay, Cartagena y Bahía Málaga. Pero antes de lo previsto, el acuerdo fue demandado ante la Corte Constitucional. En febrero de 2010, la embajada de EE.UU. comentó que ya iban dos demandas y detrás de ellas estaban las ONG de derechos humanos.
En el mismo cable de febrero de 2010, la embajada precisó que las demandas argumentaban que el acuerdo tenía que pasar por el Congreso y la Corte Constitucional, pero que funcionarios del Ministerio de Defensa tenían confianza porque la Corte en el pasado se había negado a revisar acuerdos simplificados. En agosto de 2010, la Corte Constitucional tumbó el acuerdo que construyeron durante cuatro años los gobiernos de Colombia y EE.UU., y la razón fue lo que siempre quiso evitar el gobierno Uribe: el acuerdo tenía que pasar por el Congreso de la República.
20 de marzo de 2011
©el espectador
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