piden condenas para parapolíticos
29 de octubre de 2009
Colombia. El contrato social de Ralito. Un fiscal antiterrorismo de la fiscalía pidió a un juzgado Especializado de Cundinamarca condenar a cinco políticos de Córdoba y Sucre, acusados de concierto para delinquir con los paramilitares tras haber firmado el denominado ‘Pacto de Ralito’ con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio del cual se pretendía ‘refundar la patria’ y consolidar el proyecto político del paramilitarismo.
La fiscalía solicitó condenar a prisión a: Jorge Arturo Ospina Vergara, ex alcalde de Sincelejo; Sigifredo Senior Sotomayor, ex alcalde de Tierralta (Córdoba); Víctor Guerra de la Espriella; Jesús María López Gómez, ex gobernador de Córdoba y Jesús Maria Imbeth Bermúdez, ex representante a la Cámara por Bolívar.
De igual forma, el ente acusador solicitó absolver al ex alcalde de Ovejas (Sucre), Edwin Mussi, al considerar que los testimonios que lo señalaban como presunto colaborador de los paramilitares resultaron contradictorios el juicio y no se pudo confirmar su participación voluntaria en Ralito.
En el caso del ex representante a la Cámara (y hermano del ex jefe paramilitar Salomón Farsis Chadid alias ‘08’), Jorge Luis Feris Chadid, el Juzgado decidió procesarlo por separado ante la renuncia del abogado que llevaba su caso.
Desde el inicio del juicio en abril de este año, los políticos se habían defendido de las acusaciones de la fiscalía argumentando que asistieron a la reunión sin saber que allí se sellaría un pacto con los paramilitares, y que al final del encuentro firmaron una hoja en blanco, a la que después las Auc supuestamente le agregaron el polémico pacto que los tiene a las puertas de pasar una temporada más en la cárcel.
Sin embargo, la fiscalía encontró que en algunos testimonios como los del ganadero Joaquín García y de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y ‘Diego Vecino’, se incriminaba a los políticos con las Auc y por tanto existen pruebas para condenarlos.
Los Argumentos de la Fiscalía
Según la fiscalía, el ‘Pacto de Ralito’ fue la expresión de un "propósito noble con fines perversos" destinado a "refrendar" el acuerdo existente entre políticos de la región que buscaban acceder a cargos de elección pública, y grupos paramilitares en expansión que se plantearon para controlar políticamente las zonas en las que ya delinquían y ejercían algún tipo de dominio.
Para el ente acusador quienes asistieron y firmaron el ‘Pacto de Ralito’ eran personas que, o bien ya eran colaboradores de los paramilitares, o pretendieron incorporarse al proyecto político que estaba naciendo desde las Auc. "El acuerdo de Ralito buscaba construir un nuevo orden por fuera de la política de Estado…por esto, era un acuerdo ilegal y generaba riesgo para la seguridad del Estado", afirmó el representante de la fiscalía.
Bajo este argumento, la fiscalía mencionó el papel que jugaron cada uno de los políticos procesados por la firma del ‘Pacto’.
En el caso del ex gobernador de Córdoba, Jesús María López, el ente acusador señaló que durante su administración no combatió a los paramilitares "que atentara contra sus intereses " y que, durante esta época, estos grupos armados crecieron con impunidad en Córdoba.
Aunque el fiscal advirtió que la participación de López en Ralito pudo haber sido circunstancial, el ex jefe de las Auc, Salvatore Mancuso aseguró que el político fue favorecido por el ex jefe paramilitar Salomón Feris Chadid alias ‘08’ durante las elecciones a la gobernación de Córdoba en 2000. De igual forma, el fiscal responsabilizó a López por la firma de cuatro contratos por 200 millones de pesos (por concepto de salud) durante su administración que fueron a parar a manos de los grupos paramilitares.
En el caso del ex alcalde de Tierralta (Córdoba), Sigifredo Senior, la fiscalía considera que su elección estuvo relacionada con la firma del acuerdo y apoyada por los paramilitares, en especial por Mancuso, quien presionó a la población para elegir a Senior. Para este caso, el ente acusador explicó que las relaciones de Senior con el paramilitarismo eran tan claras, que el personero de su administración terminó desmovilizándose hacia 2005 como miembro de las AUC.
De acuerdo con la fiscalía, el ex representante a la Cámara, Jesús Maria Imbeth también cometió el delito de concierto para delinquir no sólo por la firma del Pacto de Ralito, sino por su asistencia a la reunión de la finca El Caramelo en 2002 a la que fueron políticos y comandantes paramilitares, entre ellos Mancuso, y en la que Imbeth buscó su apoyo para la candidatura a la gobernación de Bolívar de Libardo Simancas. La fiscalía consideró que la participación de Imbeth en Ralito y en El Caramelo es "prueba suficiente de su adhesión al proyecto político de las Auc", y por tanto, era necesaria su condena.
La fiscalía señaló que en el caso del ex alcalde de Sincelejo, Jorge Arturo Ospina Vergara, su administración estuvo infiltrada por el paramilitarismo hasta el punto que firmó contratos con Willer Cobos, alias ’Diego Vecino’, lugarteniente del desaparecido jefe paramilitar alias Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’. Según la fiscalía, ante los nexos de Ospina con los paramilitares, su administración nunca los combatió ni denunció, y en ese sentido, la firma del Pacto se entendió como una ratificación de los acuerdos del funcionario con estos grupos armados.
En el caso de Víctor Guerra de la Espriella, la fiscalía manifestó que fue él quien promovió la expansión del proyecto paramilitar en Sucre por medio de la creación de las Convivir, entre ellas Orden y Desarrollo, a través de la cual se apoyó a las organizaciones paramilitares que comandaban Salvatore Mancuso y alias ‘08’.
La firma del Pacto de Ralito, según la fiscalía, fue la "expresión de las relaciones públicas" que De la Espriella tenía con los paramilitares desde tiempo atrás. Bajo estos argumentos, la fiscalía solicitó al Juzgado la condena contra estos cinco políticos.
Los Otros Firmantes
En marzo de 2008, cuando fueron llamados a juicio los políticos, otros ocho procesos adelantados por la fiscalía contra políticos firmantes del ‘Pacto’ fueron precluidos.
En ese momento, recuperaron su libertad Álvaro Cabrales, ex diputado conservador de Córdoba, Fredy Sánchez, ex representante a la cámara por Córdoba, y Marciano Celedón, ex jefe de planeación de Tierralta.
Junto con ellos, fueron archivados los procesos del periodista Antonio Sánchez; Luis José Álvarez; Rodrigo Antonio Burgos, ex senador conservador; Rodolfo Vargas de Lima, funcionario de la alcaldía de Sincelejo; Germán Tiberio Ortiz, asesor de la alcaldía de San Antero y Luís Felipe Goenaga Rodríguez, funcionario de la alcaldía de Ovejas.
La fiscalía argumentó en su momento que la preclusión se tomó con base en un concepto de la Corte Suprema de Justicia que señaló que la sola firma del pacto no constituía un delito en sí. "No surge duda, sino certeza de que su asistencia a dicha reunión fue meramente circunstancial o incidental" estableció la fiscalía.
De igual forma, en agosto de 2008, William Montes, ex senador del Partido Conservador, fue puesto en libertad por un juez del circuito Especializado de Bogotá quien estimó que el político no había incurrido en ninguna conducta delictiva.
No obstante, por la firma del ‘Pacto’, la justicia sí profirió sentencias condenatorias contra "aquellos que se beneficiaron de la firma". Entre quienes fueron condenados están: Alfonso Campo Escobar, ex representante liberado en febrero pasado luego de cumplir las tres quintas partes de su condena; Miguel de la Espriella, ex representante por Córdoba condenado a 45 meses; el ex senador Juan Manuel López Cabrales, condenado a seis años de prisión; el ex representante Reginaldo Montes, condenado también a seis años; y Eleonora Pineda, ex representante a la Cámara, condenada a siete años.
Otros casos de firmantes del pacto tomaron caminos paralelos. Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, es juzgado por su participación en el homicidio del ex alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz. En noviembre de 2007, la investigación contra el ex representante José de los Santos Negrete fue precluida por la Corte Suprema de Justicia al no encontrar pruebas sobre el beneficio que éste obtuvo por la firma del Pacto.
©verdad abierta 
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