sospechosa premura de la cpi
Corte Penal Internacional de La Haya anuncia que investigará acusaciones de crímenes contra la humanidad de presidente libio, Gadafi.
Uno de esos miembros permanentes, los Estados Unidos, no forman parte del Estatuto de la CPI, han bloqueado sistemáticamente todo avance de justicia internacional que pudiera significar someter a juicio a alguno de los suyos, celebrando decenas de convenios bilaterales para otorgar impunidad a sus agentes en las "misiones" que llevan a cabo en distintos puntos del mundo. Es decir, Estados Unidos tiene el privilegio de vetar cualquier investigación que comprometa a sus agentes o a agentes de potencias aliadas. Para completar el panorama, todas las denuncias presentadas contra agentes de la OTAN y norteamericanos fueron desestimadas por la Fiscalía. En el caso de Libia hubo unanimidad en el Consejo de Seguridad para reclamar de inmediato una investigación, sin que existiera siquiera un mínimo rubor por todos aquellos crímenes llevados a cabo por la OTAN y por los Estados Unidos en sus llamadas guerras preventivas, que fueron consentidas por la ONU. Ahora se agregan los ataques que esas fuerzas militares iniciaron contra Libia. La comunidad internacional necesita contar con normas claras para juzgar los crímenes más graves, como el de agresión, los de lesa humanidad y el genocidio. Pero para ello debe tener herramientas eficientes que permitan juzgar a todos los responsables y no a unos pocos. Pero ello no podrá ser posible si se mantienen los privilegios en el Consejo de Seguridad y si los que tienen mayor poder militar se sustraen sistemáticamente de todo alcance legal.
En conclusión, la CPI, que entró en vigencia en julio de 2002 (en agosto de ese mismo año el Congreso de Estados Unidos sancionó una ley por la que se opuso a cualquier tipo de colaboración), ha dejado un saldo esqueléticamente parcial y la impunidad de los crímenes internacionales más graves que se han cometido en la última década. En ese contexto, al llevar adelante investigaciones contra unos pocos, Moreno Ocampo es un fiel cumplidor de las políticas que se diseñan en Washington. Y los argentinos podemos concluir que el principal beneficio que trajo la CPI es que Moreno Ocampo (que se opuso a la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina) esté lejos por unos años. Con el ataque de la OTAN a Libia se ha dado un paso más para declarar la defunción de la ONU y de la CPI.
[El autor es abogado, especialista en derechos humanos.]
20 de marzo de 2011
©página 12
0 comentarios