molestó absolución de arango bacci
A EE.UU. no le gustó la absolución de Arango Bacci. El Almirante (r) Gabriel Arango Bacci, quien en 2007 salió de la Armada por presuntos nexos con el narcotráfico. La embajada detalló debate con magistrado de la Corte Suprema y recalcó cambio de última hora en la Fiscalía.
Colombia. Por determinación discrecional del mando superior, y en momentos en que ostentaba el grado de almirante, en 2007 salió de la Armada el oficial Gabriel Arango Bacci. Pronto trascendió que su retiro obedecía a presuntos nexos con el narcotráfico. El asunto suscitó un proceso penal y una polémica pública a la que abiertamente se sumó el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, interesado en el caso. Pero el almirante Arango fue absuelto y el sinsabor norteamericano quedó evidenciado en los cables diplomáticos enviados a Washington.
En noviembre de 2009, el embajador William Brownfield, ante la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución de Arango, remitió un cable expresando que el oficial había tenido que retirarse de manera forzada por sospechas de narcotráfico, basadas en evidencia convincente de que Arango había ayudado a traficantes de droga a evadir las patrullas de interdicción estadounidenses y colombianas. Por eso, agregó Brownfield, el entonces comandante de la Armada, almirante Guillermo Barrera, había intervenido en el tema llevando el caso Arango a la Fiscalía.
Sin embargo, agregó Brownfield, el caso había dado un giro inusual porque un fiscal encargado por Guillermo Mendoza Diago le había pedido a la Corte Suprema de Justicia la absolución del almirante. Y que además, ese mismo fiscal (Jesús Antonio Marín) había descalificado a los testigos porque tenían contactos con la DEA y la CIA, al tiempo que sugería que el almirante Barrera acusó a Arango Bacci falsamente para destrozar su carrera en la Armada. Y luego relató los pormenores de un incidente durante una cumbre del Poder Judicial en el departamento de Boyacá.
Recordó el cable que el 5 de noviembre, de manera privada, el embajador había comentado el caso al presidente de la Corte, el fiscal y el procurador, al tiempo que dijo a la prensa que Estados Unidos tenía interés en cómo iba a terminar este asunto. De paso, expuso el tema al entonces ministro de Defensa Gabriel Silva —hoy embajador en Washington—, quien agradeció al embajador por su afirmación pública en un caso de corrupción que dañaba la reputación de los militares. Y luego añadió que si tenía que perseguir a oficiales por abusos necesitaba apoyo público.
En respuesta a las manifestaciones del embajador, el magistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez Quintero lo criticó por estar interfiriendo en asuntos internos de Colombia y lo instó a que presentara sus evidencias para implicar a Arango. En el cable quedó manifiesta la definición de la Embajada del magistrado Gómez: Un opositor consistente de la extradición y de las políticas estadounidenses en Colombia. Y agrega el reporte a Washington que el entonces presidente de la Corte Augusto Ibáñez minimizó los comentarios del Embajador.
En la parte final del cable, el embajador anotó que no estaba claro qué había hecho cambiar el rumbo del caso Arango en la Fiscalía y la Procuraduría, aunque el ministro de Defensa había dicho que sospechaba que había corrupción de por medio. A su vez, el reporte incluyó la advertencia que había hecho la DEA de que el caso nunca había sido sólido. De todos modos la Embajada concluyó que la petición de absolución de Arango y de investigar a Barrera significaba un paso hacia atrás para la justicia colombiana.
Y dos veces en el mismo cable, la Embajada reiteró que si el almirante Arango Bacci era puesto en libertad, se estaba enviando el mensaje de que los oficiales de bandera en Colombia eran casi inmunes de ser procesados. Una preocupación muy seria por los efectos negativos que el tema podría traer en los casos de derechos humanos que envolvían a los militares. Es decir, un retroceso en momentos en que el gobierno de Estados Unidos presionaba para procesar a militares de alto rango en temas de derechos humanos.
Días más tarde, la Embajada remitió un nuevo cable en el que se ocupó del caso Arango Bacci. Lo hizo en el marco de una visita a Bogotá del jefe de operaciones navales de Estados Unidos Gary Roughead. El reporte diplomático contextualiza el país a finales de 2009. Habla de la inversión extranjera, de los pasos significativos del combate al narcoterrorismo, y refiere que el entonces presidente Uribe, de manera privada, había comentado que estaba haciendo todo lo posible por perpetuar su carrera presidencial.
Luego expresó que Colombia era un aliado firme de Estados Unidos, pero que la Embajada estaba decepcionada con la Corte Suprema por negar la petición de extraditar a guerrilleros condenados por secuestrar a ciudadanos norteamericanos. El cable destacó a Colombia como el cuarto mercado más grande de exportaciones de la región y destacó que, a pesar de que el acuerdo de defensa que convenían los dos países era un tema bilateral, el gobierno Uribe lo veía como estrategia disuasoria contra Hugo Chávez.
El cable habla de los apremios del TLC, del escándalo de los falsos positivos, de la estigmatización del gobierno a las ONG como organizaciones terroristas, y en medio de la sucesión de temas, regresó al asunto Arango, presentado como caso de narcocorrupción. Tras resumir lo ya contado, el reporte añadió que el embajador Brownfield defendió las acciones del almirante Barrera pero que, para hacer las cosas peores, Procuraduría y Fiscalía insistían en que se habían falsificado evidencias para denunciar a Arango.
En diciembre de 2009, en un cable titulado ‘Las cortes colombianas dan dos pasos hacia adelante y uno atrás’, la Embajada de Estados Unidos resaltó la condena a 40 años de prisión del exgobernador de Sucre Salvador Arana y el fallo del Tribunal de Bogotá que sentenció a 40 años de prisión al general Jaime Humberto Uscátegui por la masacre de Mapiripán. No obstante, registró que, en un acontecimiento esperado pero problemático, el 3 de diciembre la Corte Suprema de Justicia había absuelto al almirante Arango.
En efecto, el alto tribunal exoneró al almirante Arango y la Embajada de Estados Unidos reportó que, en cambio, la Corte había ordenado abrir investigación contra el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, el almirante Guillermo Barrera y el capitán Jorge Tovar, por entregar pruebas a la prensa en contra de Arango antes que a las autoridades. El cable incluyó la reacción del embajador reclamando quién había entregado la información a los narcos para que evadieran las patrullas de interdicción.
El último día de diciembre de 2009, a manera de resumen del año, entre múltiples temas la Embajada sostuvo que Cartagena jugaba un rol decisivo en el futuro de Colombia y que la efectividad de los esfuerzos se iba a ver en la zona de los Montes de María. El informe admitió que los traficantes de droga, con lanchas rápidas o semisumergibles, habían vuelto a enviar droga por el mar, y que los esfuerzos antinarcóticos eran vitales, ya que en 2008 se había logrado que el precio de la cocaína subiera el doble en EE.UU.
El cable concluyó con una nueva alusión al caso Arango, manifestando que había sido obligado a retirarse en 2007 por evidencias de que había conspirado con traficantes de droga; y que el almirante Guillermo Barrera había dado un paso adelante llevándolo a la Fiscalía. Pero que cuando el proceso estaba para condena a mediados de 2009, un nuevo fiscal le pidió a la Corte que lo absolviera. La Corte concedió la petición y el embajador apoyó públicamente a Barrera por haber llevado el caso a la opinión pública.
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
©el espectador
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