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desapariciones forzadas en méxico


México debe investigar desapariciones forzadas en Ciudad Juárez. Acusaciones que señalan a policías y denuncias de tortura contra el jefe de la institución.
Washington, DC, Estados Unidos / México. Las autoridades federales de México deben asumir inmediatamente la investigación de la posible desaparición forzada de cuatro civiles en Ciudad Juárez, presuntamente cometidas por la policía municipal, señaló hoy Human Rights Watch.
A su vez, las autoridades de Baja California deberían asegurar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las acusaciones creíbles de tortura que se han formulado contra Julián Leyzaola, actual jefe de policía de Ciudad Juárez, afirmó Human Rights Watch. Estas violaciones de derechos humanos habrían sido cometidas por Leyzaola en 2009 y 2010, cuando se desempañaba como jefe de policía de Tijuana.
Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, el 26 de marzo de 2011, cerca de las 7 p.m., cuatro civiles -Juan Carlos Chavira, de 28 años, Dante Castillo, 25, Raúl Navarro, 29, y Félix Vizcarra, 22- fueron detenidos por la policía municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cinco testigos informaron a la Comisión que la policía había detenido la camioneta pick-up en la cual viajaban los civiles, que luego fueron arrestados.
"Los claros indicios de participación policial en las desapariciones y la investigación mediocre que se llevó a cabo hasta el momento despiertan serias dudas sobre la capacidad de las autoridades locales de investigar este delito", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Dado que está en juego la vida de estos cuatro hombres, los agentes del ministerio público federal deberían asumir inmediatamente la investigación".
Los familiares de las víctimas encontraron la camioneta pick-up abandonada el 27 de marzo, a la 1 a.m., en un túnel a varias millas de distancia del lugar donde habían sido detenidas. La matrícula del vehículo había sido quitada y las llaves se encontraban en el piso, dentro de la camioneta.
El 27 de marzo, Rosa María y Armida Vázquez -madre y hermana, respectivamente, de dos de los hombres desaparecidos- acudieron a distintas delegaciones de la policía municipal, la policía federal y ante agentes del ministerio público estatal y federal para averiguar si los hombres se encontraban bajo su custodia. Todos negaron que estos civiles se encontraran allí detenidos. Cuando Armida Vázquez se presentó ante el ministerio público del estado para presentar una denuncia por su desaparición, se le informó que debía regresar al día siguiente, según el testimonio ofrecido ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Regresó el 28 de marzo para presentar la denuncia, a la cual se asignó el número de caso 8/77/11.
Los testigos proporcionaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos los números de las unidades de policías que habrían detenido a estos civiles. Esta información luego fue transmitida por la Comisión a los agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Según la Comisión, dos de las unidades supuestamente involucradas pertenecen a escoltas de Leyzaola, director de la policía municipal de Ciudad Juárez, quien ha sido acusado de participar en abusos en Tijuana documentados por Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En declaraciones públicas, la Fiscalía General del Estado informó que está investigando el caso como desaparición forzada, y que las pruebas indican que habría participación de miembros de la policía. A su vez, el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, señaló que ordenó al departamento de asuntos internos del ayuntamiento que investigara el caso. No obstante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó a Human Rights Watch que los investigadores del estado no habían adoptado medidas enérgicas para recabar pruebas y aún no habían interrogado a todos los policías de las unidades mencionadas.
El departamento de policía municipal continúa negando haber detenido a los cuatro hombres, y ningún policía ha sido arrestado en relación con este caso. Más de una semana después de la desaparición de los civiles, aún se desconoce su paradero.
En marzo de 2011, durante una visita oficial a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, Human Rights Watch y otras organizaciones presentaron otros casos de desapariciones forzadas. Entre las observaciones preliminares realizadas el 31 de marzo, este Grupo señaló que "la impunidad para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular, permanece como el reto principal en México tanto a nivel federal como a nivel local". El Grupo informó que "han existido determinados problemas en relación con las investigaciones de desapariciones forzadas, incluyendo omisiones, retrasos y falta de debida diligencia", e instó al gobierno mexicano a solucionar estos problemas.

Antecedentes de Julián Leyzaola
Human Rights Watch documentó graves abusos que habrían sido cometidos por el jefe de policía de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola, mientras estuvo al frente de la policía de Tijuana, Baja California, como se señaló en la carta enviada al Presidente Felipe Calderón en septiembre de 2010. Según varias víctimas entrevistadas por Human Rights Watch, Leyzaola habría tenido participación directa en la tortura de personas que fueron detenidas arbitrariamente, trasladadas hasta bases militares y sometidas a golpizas, descargas eléctricas, amenazas de muerte y asfixia con el fin de obtener confesiones falsas.
En un informe difundido en agosto de 2010, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California llegó a una conclusión similar y determinó que cinco personas habían sido detenidas en forma arbitraria por policías que dependían de Leyzaola, quienes las mantuvieron incomunicadas, las torturaron e inventaron pruebas falsas en su contra. El informe señala que Leyzaola no sólo estuvo presente durante las torturas, sino que asfixió personalmente a una de las víctimas colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y le propinó varios golpes.
Jorge Ramos, ex alcalde de Tijuana, rechazó las recomendaciones de la Comisión. Pese a estas denuncias debidamente documentadas, en diciembre de 2010 el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, ascendió a Leyzaola al cargo de Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos adoptó la recomendación de la comisión estatal y la remitió al Congreso del Estado de Baja California y al nuevo alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, en noviembre de 2010. Ambos aceptaron la recomendación en diciembre. Según informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Human Rights Watch, las autoridades de Baja California aún están recabando pruebas sobre las denuncias de tortura contra Leyzaola presentadas inicialmente ante las autoridades estatales en 2009.
Leyzaola renunció a su cargo como titular de seguridad pública en Baja California en febrero de 2011. En marzo, fue designado jefe de policía de Ciudad Juárez por el alcalde Murguía Lardizábal. "Estamos aportando a una persona que tiene la experiencia, que tiene la honestidad, que tiene la capacidad de aportar lo mejor de sí para que se combata la inseguridad en Juárez", declaró el alcalde durante el nombramiento de Leyzaola. Agregó además que Leyzaola era "un hombre que ha dado resultados".
Las acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos cometidas por Leyzaola permiten dudar de su capacidad de investigar adecuadamente las desapariciones forzadas ocurridas recientemente en Ciudad Juárez, así como de su rol al frente del departamento de policía en general, señaló Human Rights Watch.
"Es inaceptable que las autoridades de Baja California y Chihuahua asciendan a un funcionario contra quien pesan denuncias creíbles de tortura", expresó Vivanco. "Transmite precisamente un mensaje totalmente equivocado a las fuerzas de seguridad: que un buen oficial es aquel que ha cometido violaciones de derechos humanos".
5 de abril de 2011
4 de abril de 2011
©hrw

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