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pueblos sin ley ni policía


La mafia logra erradicar a una fuerza policial.
[Randal C. Archibold] Guadalupe Distrito Bravos, México. Su tío, el alcalde que le dio el trabajo que nadie quería, le advirtió que mantuviera un perfil bajo para que no resaltara que era el último agente de policía en una ciudad donde el resto del cuerpo policial había renunciado o estaba muerto.
Pero en fotografías de diarios locales, Érika Gándara, 28, parecía disfrutar de su cargo, posando con un rifle semiautomático y hablando abiertamente sobre su nuevo trabajo.
"Soy la única policía de este pueblo, soy la autoridad", dijo a periodistas.
Entonces, dos días antes de Navidad, un grupo de hombres armados la sacó de su casa, dijeron vecinos, y desde entonces no la han vuelto a ver.
Fue un ominoso punto de puntuación en la ola de terror que ha convertido a este pequeño pueblo algodonero cerca de Texas en una aterrorizada avanzada de la guerra de las drogas. Casi la mitad de sus nueve mil habitantes han huido, según funcionarios de aquí, dejando atrás cuadra tras cuadra de casas y locales comerciales quemados y, ahora, sin ningún policía.
Lejos de infames y gigantescas ciudades como Ciudad Juárez, uno de los lugares más violentos de las Américas, la guerra contra el crimen organizado puede golpear a pequeños pueblos con el mismo rigor, aunque se note menos.
De acuerdo al gobierno y a informes de seguridad privados, los pueblos algodoneros al sur de Juárez están ubicados en territorio disputado por al menos dos importantes organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, provocando una mortal lucha por el poder. Pero la ausencia de agentes de policía adiestrados profesionalmente, una prolongada crisis que el gobierno ha tratado de superar con una determinación apenas visible, permite a las organizaciones criminales hacer lo que quieran.
"Las pequeñas ciudades y pueblos han sufrido un fuerte impacto", dijo Daniel M. Sabet, profesor invitado de la Universidad Georgetown que estudia a la policía de México. "Ofrecen bastiones que el crimen organizado puede mantener y controlar".
Algunos pueblos se consideran tan vulnerables que han hecho lo imposible para no ganarse la hostilidad de los criminales. En la creencia de que el crimen organizado estaría menos inclinado a atacar a mujeres -y debido a que hay pocos hombres que quieran ocupar el cargo-, funcionarios locales nombraron el año pasado a un puñado de mujeres en los rangos superiores de la policía en pequeñas ciudades y pueblos aquí en Chihuahua, el estado más violento del país.
Después de un estallido de violencia en un pueblo vecino, Praxédis Guerrero, funcionarios locales eligieron en noviembre pasado a una estudiante de veinte años como jefe de la policía para que dirigiera un cuerpo de nueve mujeres y dos hombres, con la esperanza de que las redes criminales las consideraran menos amenazadoras.
Marisol Valles, la joven jefe de policía, ha dejado en claro que dejará los delitos graves para que sean investigados por las autoridades estatales y federales. Realmente, dijo, ella sólo se limita a revisar las faltas constatadas por otros agentes y rara vez sale de la oficina. "Soy más una administradora", dijo Valles, que no porta armas ni viste el uniforme.
Pero los criminales no han perdonado. Hermila García, la mujer nombrada jefe de policía de Meoqui, un pequeño pueblo en el centro de Chihuahua, fue asesinada el 30 de noviembre sólo un mes después de su nombramiento.
Guadalupe trató de mostrarse inofensiva nombrando a la señora Gándara jefe de policía en octubre. Pero parece que ella trató -al menos, eso fue lo que se rumoreó- de tomar el cargo más en serio, para pesar de su tío, el alcalde Tomás Archuleta. Tenía buenos motivos para aconsejarle que mantuviera un perfil bajo: él asumió el cargo después de que su predecesor fuera asesinado el verano pasado, en una ola de asesinatos de funcionarios locales a lo largo y ancho de México.
"Le dije a Érica: ‘Cuídate’, no hagas problemas", dijo Archuleta, abiertamente alarmado al ver su fotografía con un rifle. Como Valles, su cargo consiste sobre todo en enviar notificaciones, y deja los delitos graves a las autoridades del estado y federales.
Guadalupe tiene muchos delitos por investigar. Hay tantas casas y negocios abandonados -varios de ellos destruidos- como casas y negocios ocupados. Una mañana hace poco cuatro casas fueron reducidas a cenizas y dos personas fueron acribilladas con armas de gran potencia -las balas dejaron varios enormes hoyos en las paredes de cemento.
Aquí poca gente sale de su casa después de las cinco de la tarde, y ven a soldados o policías solamente, y por breve tiempo, cuando ha ocurrido algún delito importante o cuando custodian la entrega mensual de las pensiones de los jubilados.
"La mayor parte del tiempo estamos encerrados", dijo Eduardo Contreras, 26, mirando a los vecinos apagar el fuego y escarbar entre las brasas de sus casas en llamas.
Con la voz ahogada por las lágrimas, María Torres, 70, creció aquí, dice. "Es tan triste lo que está pasando aquí", llevando un letrero con el anuncio de una misa.
Archuleta, el alcalde, dijo que el pueblo está protegido por soldados estacionados en un centro de recreación en Praxédis Guerrero. Quizás, sugirió Archuleta, es mejor no tener agentes de policía. Dijo que los vecinos del pueblo le habían contado que los delitos comunes como robos en casas habían descendido debido al miedo de llamar la atención de las patrullas militares.
"No hay muchos delitos menores", dijo, casi susurrando.
Pero los vecinos del pueblo lo ponen en duda, quejándose de que los soldados o los agentes de las policías del estado y federal son rara vez divisados en el pueblo, excepto cuando ocurre algún delito violento de proporciones.
"No hay policía, no hay bomberos ni servicios sociales ni nada aquí", dijo la matriarca de edad mediana de una de las casas incendiadas, negándose a decirnos su nombre por temor a las represalias. "Aquí la gente hace lo que quiere. No se investiga nada, ni los asesinatos".
Poco después, una caravana de cuatro camiones llenos de agentes de la policía federal llegó desde otro pueblo, saltando a tierra desde sus vehículos, tomando notas y pidiéndole, a ella y otros parientes, que le dijeran algo. La familia se negó incluso a abrir la puerta, aparentemente por miedo a ser vistos hablando con ellos, y los agentes se marcharon. Los agentes parecen estar haciendo inventario, saltando de sitio del suceso a sitio del suceso y tomando notas, pero nada que se parezca a una investigación forense.
En el sitio de un doble homicidio en la mañana, un agente palpaba con una vara un charco de sangre y fluidos corporales en la entrada; otro recogió un pedazo de carne y se lo arrojó jugando a un compañero.
Gándara tampoco ha ido mucho más allá de eso. Los agentes de policía de pequeños pueblos usualmente desempeñan un rol más preventivo, interviniendo en riñas menores, controlando a los borrachos del pueblo y tranquilizando a los inquietos adolescentes, dijeron funcionarios del ayuntamiento. Muchos no portan armas.
Archuleta no dijo mucho más sobre su sobrina, la señora Gándara, mencionando una investigación de la fiscalía del estado, que no podía comentar. Pero observó que había recurrido a ella porque nadie quería el trabajo. Tenía experiencia como guardia de seguridad y no estaba implicada en ninguna actividad criminal, dijo.
"¿Quién sabe lo que hace la gente en su vida privada?", dijo, "pero no creo que ella estuviese implicada en algo".
6 de mayo de 2011
11 de enero de 2011
©new york times
cc traducción mQh

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