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la nueva cárcel de obama


El presidente Obama firmó el lunes una orden presidencial que creará un sistema formal para la detención indefinida de las personas detenidas en la cárcel militar estadounidense en Bahía Guantánamo, Cuba, que continúan representando una amenaza importante para la seguridad nacional.
]Peter Finn y Anne E. Kornblut] Los anuncios, dos años después de que Obama prometiera en otra orden presidencial cerrar el centro de detención, consolidan la prolongada función de Bahía Guantánamo en la estrategia antiterrorista de Estados Unidos.
Funcionarios de gobierno dijeron que el presidente sigue comprometido con el cierre de la cárcel, pero no mencionó ese objetivo en la breve declaración del lunes. Los planes originales del gobierno de crear un centro de detención en Estados Unidos y procesar a algunos detenidos en la corte federal fracasaron completamente frente a la oposición bipartidista en el Congreso.
La orden presidencial reconoce que algunos detenidos en Bahía Guantánamo permanecerán bajo custodia norteamericana durante muchos años, cuando no de por vida. El nuevo sistema les permite la perspectiva de argumentar en el futuro por qué deberían ser liberados, y que no representan ninguna amenaza.
"Hoy estoy anunciando varios pasos que refuerzan nuestra capacidad de llevar a los terroristas a justicia, responder por nuestras acciones y garantizar el trato humano de los detenidos", dijo Obama en una declaración. "Creo firmemente que el sistema de justicia estadounidense es un elemento clave de nuestro arsenal contra al Qaeda y sus asociados, y continuaremos utilizando todos los recursos de nuestro sistema judicial, incluyendo las cortes federales por el artículo III, para asegurarnos de que nuestra seguridad y nuestros valores salgan fortalecidos".
Pero activistas a los dos lados del debate sobre el cierre de la prisión vieron el anuncio como un revés.
"Es prácticamente imposible imaginar el cierre de Guantánamo a la luz de esta orden presidencial", dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. "En poco más de dos años, el gobierno de Obama ha cambiado radicalmente de opinión".
El representante Peter T. King (republicano de Nueva York), presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara, dijo que la orden reivindicaba al predecesor de Obama. "Elogio al gobierno de Obama por esta orden presidencial", dijo en una declaración. "Lo esencial es que reafirma la política del gobierno de Bush de que nuestro gobierno tiene el derecho a detener a terroristas peligrosos hasta el cese de hostilidades".
La orden presidencial se aplica al menos a 48 de los 172 detenidos que permanecen en Bahía Guantánamo. Una comisión de varias agencias dirigida por abogados del ministerio de Justicia determinó que este grupo no podía ser juzgado por comisiones militares ni en tribunales federales porque problemas con las evidencias podrían dificultar el juicio. Pero los informes de inteligencia también concluyeron que algunos detenidos representan un peligro real y que no pueden ser repatriados ni reasentados en un tercer país. El gobierno dijo que revisará la situación de los detenidos a los que quiere procesar, pero que no han sido formalmente imputados.
El gobierno alega que tiene la autoridad legal para seguir reteniendo a todos los detenidos en Bahía Guantánamo bajo las leyes de guerra. Los tribunales federales han confirmado esa afirmación, aunque han recomendado que algunos detenidos deberían ser liberados por falta de evidencias contra ellos. Los detenidos conservarán el derecho a presentar un recurso de amparo en tribunales federales.
"La nueva orden presidencial no modifica la condición jurídica de la detención", dijo Kate Martin, directora del Centro de Estudios de Seguridad Nacional. "Sólo agrega revisiones adicionales de los individuos que los tribunales que revisan sus hábeas corpus hayan resuelto que están detenidos legalmente, según las leyes de guerra".
Según la orden, cada detenido recibirá dentro de un año una revisión escrita, no confidencial, de los factores que justifican la prolongación de su encarcelamiento.  Se nombrará a un representante del gobierno para defender a los detenidos, que tendrán el derecho de contratar a abogados libremente, pero no a expensas del gobierno, dice la orden presidencial.
Una Junta Periódica de Revisiones, compuesta por funcionarios de las fuerzas armadas, inteligencia, Seguridad Interior y de los ministerios de Exteriores y Justicia, considerarán cada caso. Los detenidos tendrán el derecho a comparecer ante la junta, presentar sus propias evidencias y llamar a testigos "que estén razonablemente asequibles", dice la orden.
Los detenidos recibirán una revisión completa cada tres años, y una revisión escrita cada seis meses.
Pero David Remes, un abogado que representa a veinte detenidos, incluyendo a dieciséis detenidos, dijo que no observa una diferencia substancial entre el nuevo sistema y el proceso de revisión durante el gobierno de George W. Bush, apenas "un nuevo reparto" en las juntas de revisión. A la luz de la decisión del actual gobierno de no liberar a ningún yemení, ni siquiera a los que ya habían confirmado su repatriación, Remes cuestionó la validez del nuevo sistema.
"¿De qué le servirá esto a un yemení?", se preguntó. El gobierno ha declarado que Yemen no tiene la capacidad de reintegrar y supervisar a los detenidos retornados.
Además, leyes recientes hacen extremadamente difícil trasladar a cualquier detenido fuera de Guantánamo, aunque se crea que no representa ninguna amenaza, y no está claro qué hará el gobierno para superar esa barrera parlamentaria.
El gobierno dijo que el ministro de Defensa, Robert M. Gates, firmará una orden para rescindir la suspensión de nuevos casos en las comisiones militares.
Se espera que el gobierno acuse a tres detenidos: Abd al-Rahim al-Nashiri, un yemení acusado de planificar el atentado de al Qaeda de octubre del 2000 contra el USS Cole que se cobró la vida de diecisiete marinos estadounidenses; Obaidullah, un afgano acusado de guardar minas antitanques; y Ahmed Darbi, un saudí acusado de planear un ataque contra un buque en el Estrecho de Hormuz que nunca ocurrió.
Pero el caso contra el más prominente de los detenidos en Bahía Guantánamo, Khalid Sheik Mohammed, sigue en el limbo. El gobierno había planeado juzgar en Nueva York a Mohammed, el auto-proclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y otros cuatro imputados. Pero la intensa oposición pública y política hizo naufragar a la fiscalía y no está dónde, si acaso, se juzgará a Mohammed.
"Desgraciadamente, algunos en el Congreso han tratado inopinadamente de socavar este proceso imponiendo restricciones que limitan la capacidad del Ejecutivo de llevar a justicia a terroristas que atacan a estadounidenses", dijo el lunes en una declaración el fiscal general Eric H. Holder Jr. "Nos oponemos a esas restricciones, y continuaremos tratando de revocarlas".
[Julie Tate contribuyó a este informe.]
7 de mayo de 2011
7 de marzo de 2011
©washington post
cc traducción mQh

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