la masacre del erp
Videla y Díaz Bessone procesados en Rosario por la desaparición de militantes políticos. La decisión la tomó el juez Bailaque después de la instrucción de la causa que hizo la fiscal Colalongo. En agosto de 1976 veintisiete militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo fueron asesinados por la dictadura militar.
[José Maggi] Argentina. La justicia federal de Rosario procesó a diez miembros del Ejército, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, y a dos policías federales por la desaparición y muerte de 27 militantes del ERP, y la sustracción de una menor, ocurridos en agosto de 1976. Rosario/12 había dado cuenta del trabajo de sistematización de los casos realizado por la fiscal federal Mabel Colalongo, que permitió reunir las pruebas para que el juez Marcelo Bailaque procese a la decena de jefes militares, entre ellos el general Ramón Genaro Díaz Bessone.
La resolución del pasado viernes dispuso el procesamiento y la prisión preventiva -además de Videla y Díaz Bessone- de:
* Julio Ezequiel Franciulli. Era coronel, y jefe del departamento Personal e integrante del Estado Mayor del Segundo Cuerpo a cuyo cargo se encontraba el control operacional de la zona Dos.
* Eitel Aramis Ferreira, era coronel, jefe del departamento de Logística, del estado mayor del Segundo Cuerpo de Ejército a cuyo cargo se encontraba la zona operacional 2
* José Javier De La Torre, era capitán, y jefe de la sección Comando y Servicio del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo de Ejército.
* Los expertos en inteligencia militar Alfredo Sotera y Jorge Alberto Fariña, además de Heriberto Lavallén, Marino Héctor Gonzalez, Jorge Alfredo López, y los policías federales Federico Almeder y Rubén Oscar Jaime.
De igual modo Bailaque dispuso la falta de mérito de otros cinco imputados Horacio Guillermo Canestro, el otrora capitán Edgardo Antonio Faur, Roberto Óscar Galuppo, Roberto Fossa y Enrique Benito Laurenti.
Los jefes militares pertenecían al Centro de Operaciones Tácticas (COT), del Segundo Cuerpo de Ejército, un órgano integrado por jefes de distintas áreas como Operaciones, Inteligencia, Recursos Humanos o Logística, entre otras, que conformaban el estado mayor del Segundo Cuerpo. El COT diseñaba las operaciones posibles, se las proponía al comandante y este era el que decidía cuál se ponía en marcha. Finalmente, la ejecución y el control de la misma quedaba en manos de este grupo de militares.
Bailaque informó que dentro del expediente caratulado "Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros S/ Privación Ilegal de la libertad, violencia, amenazas, torturas y desaparición física (caso: Klotzman, Ricardo H. y otros)", expte. n 21/06 y acumulados números 588/03 y 260/09, "se resolvió la situación de todos los imputados que habían prestado oportunamente declaración indagatoria".
En las causas referidas se investiga la privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos por Fernando Brarda, aquellas que luego concluyeron en las posteriores muertes o desapariciones físicas según el caso de las siguientes personas: 1) Ricardo Horacio Klotzman, 2) Cecilia Beatriz Barral, 3) Juan Alberto Tumbetta, 4) María Laura González, 5) Ricardo Machado, 6) Elvira Márquez, 7) Héctor Alberto González, 8) Osvaldo A. Matosky Szeverin, 9) José Angel Albá, 10) Daniel Emilio Garrera, 11) Liliana Girardi, 12) Julio Curtolo, 13) María Teresa Vidal Martínez Bayo, 14) María Teresa Latino, 15) Alejandro Ramón Pastorini, 16) Herminia Nilda Inchaurraga, 17) José Rolando Maciel, 18) Elena Cristina Márquez, 19) Dante Rubén Vidali, 20) Isabel Angela Carlucci, 21) Víctor Hugo Fina, 22) María Teresa Serra, 23) Juan Carlos Lieby, 24) Elvio Ignacio Castañeda, 25) Oscar Alberto Medina, 26) María Victoria Gazzano Bertos y 27) Edgardo Silva; y también la sustracción de la niña hija de la pareja Klotzman-Barral reconocida como la nieta Nº 103.
Según la resolución "las personas que fueron muertas o se encuentran a la fecha desaparecidas eran integrantes del E.R.P. o eran sospechadas de pertenecer a esa organización o de tener algún tipo de vinculación. Los hechos habrían sido llevados a cabo por fuerzas conjuntas a cargo del Ejército durante el último gobierno de facto y de la Policía Federal.
La mayoría de ellos se produjeron durante la primera quincena del mes de agosto de 1976, y se sospecha que algunas de las víctimas habrían estado privados de la libertad en la llamada "Quinta Operacional de Fisherton" sita en la calle Calasanz (Mendoza 9100) de la ciudad de Rosario.
7 de noviembre de 2011
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