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aumentan falsos positivos


Cinep alerta por aumento de ‘falsos positivos’ en 2010. Según la investigación, hubo un incremento de 58,3% entre 2009 y el año pasado en los casos y de 69,5% en las víctimas.
Colombia. Colombia registró un incremento "preocupante" de ejecuciones extrajudiciales en 2010, con 12 casos y 23 víctimas frente a los 7 casos y 16 víctimas del año anterior, según un informe del no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) conocido el sábado.
Este tipo de violaciones a los derechos humanos "continúan presentándose en el país por más que la magnitud de casos no sea tan significativa como lo fue en los años más críticos de los ’falsos positivos’ (2006-2008)", sostiene el Cinep.
El incremento entre 2009 y el año pasado fue del 58,3 % en el número de casos y de 69,5 % en el de víctimas, precisa el informe titulado "Falsos positivos 2010: Clamor por la verdad y la justicia".
Además, de acuerdo con el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, el acumulado de ejecuciones entre 2001 y 2010 asciende a 562 casos y 887 víctimas.
Ese organismo del Cinep ha identificado "nuevas modalidades" en las ejecuciones extrajudiciales: en algunos casos los responsables "ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros, sino como personas asociadas a la delincuencia común", y en otros se atribuyen a "errores de operación por parte de la Fuerza Pública".
"El panorama de las investigaciones judiciales es preocupante por los tiempos en los que se han ido desarrollando, el estado actual de los procesos y los pocos resultados que han ido arrojando", advierte el Cinep.
A esto "se suma el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la justicia penal militar con la ordinaria", así como "la existencia de casos de militares condenados por graves infracciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario) que aún continúan en servicio".
El escándalo de los "falsos positivos" salió a la luz en Colombia en 2008 a raíz del llamado "caso Soacha", que investiga la desaparición y posterior asesinato de unos 20 jóvenes de esa localidad aledaña a Bogotá que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
El "caso Soacha" se produjo cuando era ministro de Defensa el ahora presidente Juan Manuel Santos y, pese a que entonces se tomaron medidas para evitar las ejecuciones extrajudiciales y castigar a sus responsables, "el control de estos abusos no parece haber sido total", concluye el Cinep.
8 de mayo de 2011
7 de mayo de 2011
©semana

murió moshe landau


Jurista israelí escapó de joven de la Alemania nazi y presidió más tarde el juicio del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann.
[Edmund Sanders] Murió el domingo en Jerusalén, tras sufrir un ataque al corazón, el respetado jurista israelí Moshe Landau, que escapó joven de la Alemania nazi y presidió más tarde el histórico juicio del capturado criminal de guerra Adolf Eichmann. Tenía 99 años.
El antiguo presidente de la Corte Suprema israelí guió a la naciente nación a través de un juicio profundamente doloroso y finalmente catártico después de la captura y entrega del oficial de las SS fugitivo a cargo de espías israelíes en Argentina.
Los fallos de Landau fueron útiles para limitar la censura oficial y proteger los derechos civiles, mientras que su estilo seco y serio lo convirtieron en el abanderado de la calma y compostura judicial.
El ex presidente de la Corte Suprema, Aharon Barak, dijo que Landau había sido una "estrella guía", mientras que el retirado juez de la Corte Suprema, Meir Shamgar, dijo que Landau era uno de los "titanes que dieron forma y fundaron la ley del estado de Israel."
Landau murió el día que Israel conmemora el cincuenta aniversario del juicio que presidió y en vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto.
"El estado de Israel lo recordará por un modelo de liderazgo y coraje, dijo el presidente israelí Shimon Peres.

Landau nació el 29 de abril de 1912 en lo que era Danzig, Alemania, y es ahora Gdansk, Polonia. Después de estudiar derecho en la Universidad de Londres, emigró a Palestina y fue admitido en la abogacía en 1937. Fue nombrado en la Corte Suprema de Israel en 1953.
Imágenes de Landau luciendo una toga negra interrogando a Eichmann en la cabina de cristal están fijas en la memoria de muchos israelíes. En uno de los momentos más dramáticos del juicio, Landau mantuvo una postura fría e imperturbable después de que un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz se desmayara en el estrado de los testigos y la sala del tribunal estallara conmovida. Sobre el tumulto, la voz suave pero segura de Landau se puede oír en el metraje almacenado, diciendo primero "Calma. calma", y luego, en una amonestación algo más alta: "Vuelvan a sus sillas".
El historiador y escritor israelí Tom Segev dijo que Landau estaba determinado a mantener el sentido de orden y objetividad durante el juicio, incluso si eso implicaba discutir a veces con fiscales y políticos que veían el juicio como una oportunidad para informar al mundo sobre el Holocausto y fomentar el nacionalismo israelí. A veces, Landau restringió testimonios y evidencias que no se relacionaban directamente con el papel de Eichmann.
"Minimizó el drama y los elementos del espectáculo", dijo Segev. "Trató meticulosamente de mantenerlo, lo más posible, como un drama real y le dio un tremendo prestigio y respetabilidad".
Landau se convirtió en presidente de la Corte Suprema en 1980, trabajando dos años antes de alcanzar la edad de jubilación.
A veces sus fallos dejaron a observadores haciendo conjeturas sobre sus convicciones políticas personales, y era un declarado crítico del activismo judicial, advirtiendo que los jueces con agendas políticas amenazaban con minar la confianza pública en el poder judicial.
En un caso, Landau revocó una decisión del gobierno de cerrar por un tiempo dos diarios -uno asociado con el Partido Comunista y otro una publicación en árabe- por publicar artículos críticos del gobierno. Creó una normativa de la libertad de prensa libre que todavía se utiliza hoy.
Al mismo tiempo, como director de la Comisión Electoral Central, descalificó a un partido socialista árabe-israelí para participar en unas elecciones porque resolvió que era una plataforma "subversiva" y amenazaba la existencia del estado.
Similarmente, como director de una pesquisa de una comisión oficial sobre la agencia de seguridad nacional israelí Shin Bet en 1987, Landau criticó su corrupción, perjurio y uso excesivo de fuerza. Sin embargo, la Comisión Landau también emitió directrices para el uso permisible de una "dosis moderada de presión física" durante los interrogatorios, que fueron más tarde desacreditados porque de hecho legitimaban la tortura.
Anita Shapira, historiadora e investigadora del Instituto Democracia Israelí, elogió a Landau por su independencia y disposición para aceptar ideas nuevas.
"No tenía miedo de cambiar radicalmente de punto de vista", dijo Shapira. "Estaba dispuesto a aprender y a cambiar de opinión de un modo tal que ya no se ve entre la gente con personalidades y opiniones fuertes".
8 de mayo de 2011
3 de mayo de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh


la nueva cárcel de obama


El presidente Obama firmó el lunes una orden presidencial que creará un sistema formal para la detención indefinida de las personas detenidas en la cárcel militar estadounidense en Bahía Guantánamo, Cuba, que continúan representando una amenaza importante para la seguridad nacional.
]Peter Finn y Anne E. Kornblut] Los anuncios, dos años después de que Obama prometiera en otra orden presidencial cerrar el centro de detención, consolidan la prolongada función de Bahía Guantánamo en la estrategia antiterrorista de Estados Unidos.
Funcionarios de gobierno dijeron que el presidente sigue comprometido con el cierre de la cárcel, pero no mencionó ese objetivo en la breve declaración del lunes. Los planes originales del gobierno de crear un centro de detención en Estados Unidos y procesar a algunos detenidos en la corte federal fracasaron completamente frente a la oposición bipartidista en el Congreso.
La orden presidencial reconoce que algunos detenidos en Bahía Guantánamo permanecerán bajo custodia norteamericana durante muchos años, cuando no de por vida. El nuevo sistema les permite la perspectiva de argumentar en el futuro por qué deberían ser liberados, y que no representan ninguna amenaza.
"Hoy estoy anunciando varios pasos que refuerzan nuestra capacidad de llevar a los terroristas a justicia, responder por nuestras acciones y garantizar el trato humano de los detenidos", dijo Obama en una declaración. "Creo firmemente que el sistema de justicia estadounidense es un elemento clave de nuestro arsenal contra al Qaeda y sus asociados, y continuaremos utilizando todos los recursos de nuestro sistema judicial, incluyendo las cortes federales por el artículo III, para asegurarnos de que nuestra seguridad y nuestros valores salgan fortalecidos".
Pero activistas a los dos lados del debate sobre el cierre de la prisión vieron el anuncio como un revés.
"Es prácticamente imposible imaginar el cierre de Guantánamo a la luz de esta orden presidencial", dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. "En poco más de dos años, el gobierno de Obama ha cambiado radicalmente de opinión".
El representante Peter T. King (republicano de Nueva York), presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara, dijo que la orden reivindicaba al predecesor de Obama. "Elogio al gobierno de Obama por esta orden presidencial", dijo en una declaración. "Lo esencial es que reafirma la política del gobierno de Bush de que nuestro gobierno tiene el derecho a detener a terroristas peligrosos hasta el cese de hostilidades".
La orden presidencial se aplica al menos a 48 de los 172 detenidos que permanecen en Bahía Guantánamo. Una comisión de varias agencias dirigida por abogados del ministerio de Justicia determinó que este grupo no podía ser juzgado por comisiones militares ni en tribunales federales porque problemas con las evidencias podrían dificultar el juicio. Pero los informes de inteligencia también concluyeron que algunos detenidos representan un peligro real y que no pueden ser repatriados ni reasentados en un tercer país. El gobierno dijo que revisará la situación de los detenidos a los que quiere procesar, pero que no han sido formalmente imputados.
El gobierno alega que tiene la autoridad legal para seguir reteniendo a todos los detenidos en Bahía Guantánamo bajo las leyes de guerra. Los tribunales federales han confirmado esa afirmación, aunque han recomendado que algunos detenidos deberían ser liberados por falta de evidencias contra ellos. Los detenidos conservarán el derecho a presentar un recurso de amparo en tribunales federales.
"La nueva orden presidencial no modifica la condición jurídica de la detención", dijo Kate Martin, directora del Centro de Estudios de Seguridad Nacional. "Sólo agrega revisiones adicionales de los individuos que los tribunales que revisan sus hábeas corpus hayan resuelto que están detenidos legalmente, según las leyes de guerra".
Según la orden, cada detenido recibirá dentro de un año una revisión escrita, no confidencial, de los factores que justifican la prolongación de su encarcelamiento.  Se nombrará a un representante del gobierno para defender a los detenidos, que tendrán el derecho de contratar a abogados libremente, pero no a expensas del gobierno, dice la orden presidencial.
Una Junta Periódica de Revisiones, compuesta por funcionarios de las fuerzas armadas, inteligencia, Seguridad Interior y de los ministerios de Exteriores y Justicia, considerarán cada caso. Los detenidos tendrán el derecho a comparecer ante la junta, presentar sus propias evidencias y llamar a testigos "que estén razonablemente asequibles", dice la orden.
Los detenidos recibirán una revisión completa cada tres años, y una revisión escrita cada seis meses.
Pero David Remes, un abogado que representa a veinte detenidos, incluyendo a dieciséis detenidos, dijo que no observa una diferencia substancial entre el nuevo sistema y el proceso de revisión durante el gobierno de George W. Bush, apenas "un nuevo reparto" en las juntas de revisión. A la luz de la decisión del actual gobierno de no liberar a ningún yemení, ni siquiera a los que ya habían confirmado su repatriación, Remes cuestionó la validez del nuevo sistema.
"¿De qué le servirá esto a un yemení?", se preguntó. El gobierno ha declarado que Yemen no tiene la capacidad de reintegrar y supervisar a los detenidos retornados.
Además, leyes recientes hacen extremadamente difícil trasladar a cualquier detenido fuera de Guantánamo, aunque se crea que no representa ninguna amenaza, y no está claro qué hará el gobierno para superar esa barrera parlamentaria.
El gobierno dijo que el ministro de Defensa, Robert M. Gates, firmará una orden para rescindir la suspensión de nuevos casos en las comisiones militares.
Se espera que el gobierno acuse a tres detenidos: Abd al-Rahim al-Nashiri, un yemení acusado de planificar el atentado de al Qaeda de octubre del 2000 contra el USS Cole que se cobró la vida de diecisiete marinos estadounidenses; Obaidullah, un afgano acusado de guardar minas antitanques; y Ahmed Darbi, un saudí acusado de planear un ataque contra un buque en el Estrecho de Hormuz que nunca ocurrió.
Pero el caso contra el más prominente de los detenidos en Bahía Guantánamo, Khalid Sheik Mohammed, sigue en el limbo. El gobierno había planeado juzgar en Nueva York a Mohammed, el auto-proclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y otros cuatro imputados. Pero la intensa oposición pública y política hizo naufragar a la fiscalía y no está dónde, si acaso, se juzgará a Mohammed.
"Desgraciadamente, algunos en el Congreso han tratado inopinadamente de socavar este proceso imponiendo restricciones que limitan la capacidad del Ejecutivo de llevar a justicia a terroristas que atacan a estadounidenses", dijo el lunes en una declaración el fiscal general Eric H. Holder Jr. "Nos oponemos a esas restricciones, y continuaremos tratando de revocarlas".
[Julie Tate contribuyó a este informe.]
7 de mayo de 2011
7 de marzo de 2011
©washington post
cc traducción mQh

piden perpetua en causa esma


El juicio entra en la recta final. La Secretaría de Derechos Humanos solicitó la aplicación de la máxima pena para los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros 10 integrantes del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Argentina. El gobierno nacional pidió la pena de reclusión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge ‘El Tigre’ Acosta y otros 10 represores por los secuestros y homicidios de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y otras 10 víctimas que estuvieron prisioneras en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
El abogado de la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Rico, solicitó en el juicio por esos crímenes que todos los acusados cumplan la condena en una cárcel común y que los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio sean declarados de lesa humanidad, perpetrados en el marco de un "genocidio".
La querella, que finalizó hoy su alegato ante el Tribunal Oral Federal 5, también pidió reclusión perpetua, la pena máxima del Código Penal, para Juan Carlos Rolón, Ricardo Cavallo, Ernesto Weber, Jorge Rádice, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Néstor Savio, Julio César Coronel, Juan Carlos Fotea y Alberto González.
Todos fueron considerados responsables del secuestro de los integrantes del "Grupo de la Santa Cruz", llamado así por la Iglesia de la Santa Cruz, del barrio porteño de San Cristóbal, en la que se reunían para reclamar por la aparición de sus familiares.
Entre otros casos, en el juicio se investiga el secuestro y desaparición de las Madres Fundadoras de Plaza de Mayo y dos religiosas francesas junto a siete militantes de derechos humanos en diciembre de 1977.
"Todos los acusados conocían que actuaban en un campo de concentración para el exterminio de los detenidos, señalaban a sus víctimas y, en este caso, fueron marcados por uno de ellos", dijo Rico en relación al episodio de la Santa Cruz, donde Astiz señaló a la monja Leonie Duquet y al grupo de Madres. El marino se había infiltrado entre el grupo de madres argumentando que su hermano se encontraba desaparecido, pero en realidad formaba parte de un grupo de tareas de la ESMA.
Otra religiosa francesa, Leonie Duquet, y compañera de Domon, fue secuestrada en otro operativo, torturada y arrojada viva al mar, hasta que sus restos, aparecidos en una playa al sur de Buenos Aires, pudieron ser identificados en 2005.
7 de mayo de 2011
6 de mayo de 2011
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no es un asunto de familia


Estela Carlotto: el robo de bebés "no es un asunto de familia". La titular de Abuelas de Plaza de Mayo consideró "ofensivo" e "inaceptable" la declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa, que consideró "un asunto de familia" la apropiación ilegal de bebés durante la dictadura militar.
Argentina. "Entre las Abuelas nos parece una ofensa considerar en el plano familiar lo que es un delito de lesa humanidad", dijo Carlotto en declaraciones a Télam, al referirse a la causa que investiga la justicia desde hace diez años y que debe resolver si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos.
Carlotto manifestó que es "inaceptable" esa postura porque "se pone del lado de los victimarios" y afirmó que el titular de la SIP, Gonzalo Marroquín, "no puede desconocer que en la Argentina hubo una dictadura que entre otras cosas robó bebés y que hay una acusación de la justicia hacia la dueña de Clarín".
Marroquín y una delegación de la SIP efectúa una visita a la Argentina para interiorizarse de la situación que atraviesan los medios de comunicación, y al ser consultado sobre el caso Noble, dijo que "era un tema muy privado" y más tarde reiteró: "Es un asunto de familia".
Durante la estadía de la SIP, Marroquín leyó una declaración, donde entre otros puntos, criticó la ley de servicios de comunicación audiovisual, sancionada por el Congreso. "Llamó a violentar la ley de medios", advirtió Carlotto al plantear que "como ciudadana me produce rechazo esta injerencia de los dueños de medios de Iberoamérica en las acciones que lleva adelante el país en torno a democratizar los medios".
7 de mayo de 2011
6 de mayo de 2011
©página 12

tigre acosta seguirá en cana


La Cámara lo rechazó porque el pedido está en la órbita de la Corte Suprema. Fue negada la excarcelación del ‘Tigre’ Acosta.
Argentina. La Cámara Federal porteña volvió a rechazar un planteo de excarcelación del represor y reiteró que esa decisión depende de la Corte Suprema de Justicia, que tiene bajo revisión un fallo de Casación Penal que había ordenado liberarlo y está suspendido. El acusado es sometido a juicio en la megacausa ESMA, que acaba de entrar en la etapa final de alegatos, al final de la cual probablemente se le solicitará la pena de reclusión perpetua.
El nuevo planteo de la defensa de Acosta fue rechazado por la sala II del tribunal de apelaciones porteño que además recordó que el ex marino está procesado con prisión preventiva por "ilícitos que no han cesado a la fecha, mientras se ignore el paradero y la suerte corrida por cada uno de los damnificados".
El fallo lleva la firma de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun. Al rechazar la excarcelación, la Cámara Federal sostuvo que esa decisión está actualmente bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que admitió un recurso extraordinario contra la resolución de la sala II de la Cámara de Casación de dictaminar el cese de su prisión preventiva.
Este fallo quedó suspendido al ser apelado por el fiscal ante esa instancia, Raúl Plée, en un tema sobre el que aún no resolvió la Corte. Acosta fue detenido el 29 de diciembre de 1998 en otra causa, llamada "Nicolaides", por sustracción de menores mientras que en ESMA se dictó su prisión preventiva el 16 de agosto de 2001.
"Debe advertirse que Jorge Eduardo Acosta se halla procesado por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y tormentos seguidos de muerte, que en el caso fueron caracterizados como de lesa humanidad", sostuvo la Cámara.
7 de mayo de 2011
6 de mayo de 2011
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astiz los quería matar a todos


El alegato de la Secretaría de Derechos Humanos en el juicio por la ESMA. El abogado Martín Rico centró su acusación contra la patota de la Marina por el secuestro y la desaparición de las Madres y familiares que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz.
[Alejandra Dandan] Argentina. En un momento Nora Cortiñas salió de la sala con el pañuelo en la cabeza. Ana María Careaga la abrazó por atrás. Las dos estaban profundamente conmovidas porque en los Tribunales de Comodoro Py se estaba reconstruyendo qué sucedió con el grupo de la Santa Cruz. "¡Había que hacer mucha inteligencia ¿no?, para saber lo que querían las madres!", exclamó Martín Rico encargado del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos. Estaba hablando del rol de Alfredo Astiz. Y recordó uno de los testimonios oídos durante el juicio, aquel en el que una sobreviviente contó que uno de los días Astiz volvió de una reunión de la iglesia de la Santa Cruz con un volante en la mano: "Volvió a la ESMA como loco ––explicó– y le dijo a Acosta: ‘¡Hay que secuestrar a este grupo de familiares, y hay que matarlos a todos!’".
Así empezó finalmente y después de muchos reclamos por las demoras, el tramo final del juicio oral por los crímenes de la ESMA. A las diez de la mañana, el Tribunal Oral Federal 5 dio paso a la primera jornada de alegatos que estuvo en manos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Rico se circunscribió a las doce víctimas de la Santa Cruz, con un homenaje a los 30 mil desaparecidos. Y anclando la recolección de pruebas en las políticas de Estado generadas a partir de 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Rico reconstruyó la identidad de cada uno de las víctimas, entre las que está el grupo de tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Rescató como sólo el juicio pudo hacerlo el rol y la figura del grupo de los integrantes más jóvenes, de los que habló particularmente el periodista Uki Goñi durante su declaración. La infiltración de Astiz y las pruebas del secuestro fueron parte de la trama rearmada que le permitirá pedir para los 19 acusados la condena a prisión y reclusión perpetua en carácter de coautores directos. El pedido incluirá la condición de "funcionales", y eso hace que todos y cada uno sean funcionales por haber intervenido en el centro de detención, tortura y exterminio. La audiencia pasó a cuarto intermedio a la tarde.
Astiz estuvo durante toda la audiencia abocado a la lectura de papeles que nunca nadie entendió qué eran. El Tigre Jorge Acosta llegó con las bolsas llenas de carpetas con las que suele aparecer en las audiencias en las que se decide a hablar. Ricardo Cavallo siguió frente a su computadora. Y Adolfo Miguel Donda nunca se sacó los anteojos Ray-Ban negros esfumados iguales a los que usaba en los operativos de los años setenta.
Como viene sucediendo en cada alegato, la Secretaría de Derechos Humanos encabezó la lectura de pruebas con posiciones políticas. Rico retrucó la idea del "odio" como motor de los juicios. Dijo que "se dice que nosotros somos quienes humillamos a las Fuerzas Armadas, cuando en realidad quienes las humillaron fueron los que los condenaron a ser simples encapuchados en lugar de ser hombres al servicio de la soberanía nacional". O, "no hubo dos demonios: qué clase de demonio era un grupo de familiares que querían saber o dos religiosas que lo único que hacían eran ofrecer sosiego a los familiares". En el piso de arriba, como suele suceder cada vez, entre las mujeres y viejos camaradas de los vetustos acusados, las intervenciones del abogado se respondían acaloradamente con cuchicheos, algunas risas o a lo señora bien con algún "¡qué caradura!".

Los Hechos
Quedó probado para la secretaría que el 8 y 10 de diciembre de 1977 operativos del GT 332 secuestraron a Alice Domon, Angela Auad, Horacio Aníbal Helbert, María Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit, María Esther Ballestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Remo Carlos Berardo, Reneé Léonie Duquet y Azucena Villaflor. El secuestro finalizó con los homicidios probados de cinco de las víctimas, cuyos cuerpos aparecieron en diciembre de ese año en las costas de Santa Teresita y permanecieron enterrados como NN hasta 2005. El resto de las víctimas están desaparecidas.
El Juicio a las Juntas juzgó a los máximos responsables, recordó Rico: "Pero la Cámara Federal dijo en su fallo que la investigación debía continuar sobre los responsables directos, lo cual está ocurriendo ahora después de 27 años".
Rico intentó demostrar durante su alegato una de las singularidades del grupo de la Santa Cruz: puso en primer plano la condición de haber perdido a uno de sus familiares directos, hijos o hermanos. Y explicó que se reunían en la iglesia para juntar el dinero de la solicitada para publicar el 10 de diciembre con la primera lista de los desaparecidos. No mencionó las características políticas de sus integrantes o la condición de militantes de muchos de ellos, incluso de las madres. Un dato curioso que alguno de los sobrevivientes leyó, sin embargo, como un modo de explicar la peculiaridad de este grupo, de familiares y de buscadores de sus víctimas entre el grupo de las víctimas de la ESMA.

Las Identidades
El caso de las monjas francesas será reconstruido la semana próxima durante el alegato de Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora. La secretaría, sin embargo, adelantó algunos de los datos que permitieron trazar sus identidades a partir del juicio oral. Alice Domon –recordó Rico a partir del testimonio de Nora Cortiñas– era una persona que se vestía con ropita sencilla, no de monja, con una cruz, "que vino a ver si nosotras necesitábamos dinero u otra cosa". O recordó aquello que había dicho su hermana Grabriele en la declaración del 15 de abril de 2010, en la que leyó cartas y correos de Alice. Dijo que entró a la orden en 1957, que estuvo diez años en Francia, que en 1967 llegó a la Argentina, que primero estuvo en Morón, donde cuidó al hijo discapacitado de Jorge Rafael Videla. Trabajó en los barrios humildes compartiendo la vida con los pobres, se trasladó a Corrientes a trabajar al servicio de las Ligas Agrarias. "A través de las cartas dice que para 1975 la vida era más terrible todavía, que había amenazas pero que valía la pena estar entre los pobres, con los que estaban castigados." En 1977, conoció a las Madres de Plaza de Mayo. "Su hermana dice que tenía miedo de lo que podía pasar con las madres."
Durante el correr de las audiencias, aparecieron voces que permitieron conocer de cerca a muchos de los integrantes de la Santa Cruz, cuyas imágenes están aún desdibujadas. Rico rescató en ese contexto el rol del grupo de los más jóvenes, narrado en las audiencias por Uki Goñi que los conoció durante su trabajo en la redacción del Buenos Aires Herald. Goñi contó cómo ellos mismos lo invitaban a ir algunas de las reuniones en la Santa Cruz, pero que él no quiso ir porque tenía miedo. Decía que las madres estaban protegidas por ser madres, pero los más jóvenes, no. Rico también mencionó el testimonio de la hija de Eduardo Gabriel Horane y de Raquel Bulit, que para el día del secuestro tenía ocho años de edad y que durante años escribió cartas y cartas a sus padres convencida de que seguirían con vida.
"Quiero hacer una reflexión en este punto", dijo el abogado después de presentar a todos. "Hace unos días Acosta habló del rol de Inteligencia que cumplió y lo escuchamos hablar de los enemigos: ¿la Inteligencia de Marina se dedicaba a seguir a estas personas?"

La Infiltración
Entre las pruebas de la infiltración de Astiz, Rico mencionó numerosos relatos de testigos. Entre ellos, Aída Sarti o Cecilia Vázquez que se mostró sorprendida, entonces como ahora, de las personas con las que llegaba Astiz a las reuniones, a quienes presentaba como hermanos y a las que se veía muy callados. Recordó además el relato de Cecilia, la hija de Azucena, el momento en el que Astiz en su rol de Gustavo Niño le pidió quedarse a dormir en su casa y su marido no lo dejó. El caso de Graciela Daleo, cuando contó que Silvia Labairú fue obligada a acompañar a Astiz en esas infiltraciones para que "pasara con más naturalidad entre los familiares". O el testimonio de Lauletta, que explicó que desde mitad de agosto de 1977 la ESMA le hizo la documentación a Astiz como Gustavo Niño para que se infiltrara con los grupos de derechos humanos, y que eso iba desembocar en la caída del grupo de la Santa Cruz.
Sobre el operativo, otro de los puntos del alegato, explicó que era complicado. Que la ESMA debía pedir autorización al Ejército. Y cuando el Ejército solicitó la información para saber qué es lo que estaba sucediendo, la ESMA lo negó.
Algo de ese operativo es lo que conmovía todavía a Nora Cortiñas y a Ana María Careaga en uno de los intervalos. Y, entre ellos, el nombre de Alfredo Astiz que todavía las estremece. Ese relato de la sala les volvió a hacer sentir cómo es que compartió tanto tiempo con sus víctimas, cómo las llevaba y las traía en coche, cómo es –decían por fin– que a algunas de ellas llegó a conocerlas mejor que nadie.
7 de mayo de 2011
6 de mayo de 2011
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la abuela de las plantas


Estuvo tres meses presa por cultivo de marihuana.

Argentina. Después de pasar casi tres meses presa por cultivar marihuana, ayer la escritora argentina Alicia Castilla, autora del libro ‘Cultura Cannabis’, fue liberada tras un fallo de la Corte Suprema de Uruguay. El caso reavivó el debate en el país vecino, donde no está prohibida la tenencia de drogas para uso personal, pero sí el cultivo. Castilla, de 66 años, estaba viviendo en las afueras de Montevideo y permaneció detenida en una cárcel del departamento de Canelones la mayor parte del tiempo, luego fue trasladada al Centro Nacional de Rehabilitaciones.
Durante el allanamiento a la casa de Castilla en Fortín de Santa Rosa, la policía uruguaya secuestró 29 plantines y 24 gramos de marihuana. En la cárcel, sus compañeras la apodaron "la abuela de las plantas". Desde entonces hubo varias marchas en Montevideo para pedir su liberación y la de otra persona, un artesano local de 39 años, encarcelado por los mismos motivos. Las autoridades uruguayas estaban a favor de la liberación de ambos y aclararon que no había otras personas detenidas por este motivo. De hecho fue la misma jueza, Adriana de Aliz, quien los mantenía presos.
En una carta escrita la semana pasada, la escritora recordó: "Llegué a la cárcel después de dos días masacrantes pasados en la comisaría, esposada al banco de la cocina, trasladada al juzgado, donde me mantuvieron en una jaula, a un hospital público, a mi casa para retirar ropa, etc. Cuesta entender que a partir de ese momento hay que pedir todo: agua para beber, ir al baño, comer, hablar por teléfono".
En ese escrito, titulado ‘La cárcel’, Castilla contó el siguiente diálogo, al llegar a la comisaría: "¿Por qué cayó, abuela? Nunca me habían llamado abuela. ‘Porque tenía plantas de marihuana’, respondí. Yo no lo sabía, pero mis plantas habían aparecido en todos los noticieros de televisión. ‘¿Las plantas que vimos en la tele eran las suyas?’ Cuando lo confirmé me aplaudieron y ovacionaron".
7 de mayo de 2011
6 de mayo de 2011
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