américa latina

presidente salvadoreño pide perdón

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Gobierno de El Salvador pide perdón por violaciones a derechos humanos durante guerra civil.

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El Salvador. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, como jefe de Estado, pidió este sábado "perdón" por las "graves" violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad gubernamentales en la guerra civil de doce años (1980-1992) que finalizó hace 18 años.
"Reconozco que agentes, entonces pertenecientes a organismos del Estado entre ellos las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad pública, así como otras organizaciones paraestatales, cometieron graves violaciones a los derechos humanos y abusos de poder", señaló Funes en un mensaje a la nación por los 18 años de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra.
Entre "las graves" violaciones a los derechos humanos cometidas contra "civiles indefensos" figuran masacres, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de represión, por los que Funes dijo que el Estado es "responsable por acción como por omisión".
"Por todo lo anterior en nombre del Estado salvadoreño pido perdón", aseguró Funes ante un nutrido auditorio conformado por políticos, diplomáticos, empresarios que acudieron a un auditorio de la cancillería, en la periferia oeste de San Salvador.

17 de enero de 2010
©el llanquihue

obama, versión zombie de bush

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Para Adam Isacson las prioridades son Afganistán, la economía y la reforma sanitaria. El director para América Latina del Centro de Política Internacional cree que la región "no es una prioridad para Estados Unidos".

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[Carlos Noriega] Lima, Perú. "Obama es una versión zombie de Bush", dice, tajante, Adam Isacson, director para América Latina del Centro de Política Internacional de Washington, al evaluar la política del presidente Barack Obama hacia América latina durante su primer año de gobierno. Página/12 conversó con Isacson durante su breve paso por Lima para dar una conferencia acerca de la política norteamericana en la región.

¿Cuáles son los cambios en la política norteamericana hacia América latina durante el primer año de gobierno de Barack Obama?
En su primer año de gobierno Obama no ha implicado ningún cambio para la región. Hasta ahora hay una continuidad de la política dura de Bush, pero tal vez con una cara más suave. Lo que hemos visto hasta ahora en la política de Obama ha sido una versión zombi de Bush.

¿A qué atribuye la continuidad?
A que América latina no es una prioridad para Obama, que tiene la atención puesta en Afganistán, en la economía y en la reforma al sistema de salud de Estados Unidos. Durante casi todo el 2009 tuvimos a los mismos diplomáticos del gobierno de Bush manejando la política hacia América latina. Recién hace dos meses asumió como encargado para la región en el Departamento de Estado Arturo Valenzuela. Siendo optimista, espero que con este nombramiento pueda haber cambios.

Pero Valenzuela se estrenó en el cargo reconociendo las elecciones en Honduras realizadas por el gobierno golpista de Micheletti.
Es cierto, y eso es bastante desalentador. En el caso de Honduras, Obama ha cedido a las presiones de los sectores más conservadores del Partido Republicano para avalar el golpe de Estado. Ese apoyo y la instalación de bases militares en Colombia marcan hasta ahora la política de Obama hacia América latina, lo que está causando una gran decepción. Ha perdido mucha credibilidad en América latina.

¿El objetivo de las bases militares norteamericanas instaladas en Colombia va más allá de la lucha contra el narcotráfico?
Estas bases militares no son exclusivamente para luchar contra el narcotráfico. El texto del acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia no habla del narcotráfico y de las FARC. Dice, en términos muy vagos, que es para ayudar a Colombia a defenderse de una amenaza mutua. Las bases instaladas en Colombia le dan a Estados Unidos acceso a toda la región, excepto Tierra del Fuego. Con estas bases, Estados Unidos quiere tener la capacidad militar para cualquier futura contingencia.

¿Esa contingencia es una posible invasión a Venezuela para sacar a Hugo Chávez del poder?
Para desestabilizar gobiernos o patrocinar golpes de Estado no se necesita tener bases militares en Colombia. El objetivo real de estas bases es que sirvan como una garantía de defensa de Colombia frente a Venezuela. Si Venezuela ataca a Colombia o si hay evidencia de que el gobierno de Venezuela apoya a las FARC, entonces una intervención militar norteamericana en Venezuela sería una opción entre varias.

¿La relación de Chávez con el gobierno de Irán es otra razón que puede generar una acción militar de Washington contra Venezuela?
Lo que más teme Estados Unidos es la posible influencia de Irán en la región. Es por eso que la reunión de Lula con el presidente de Irán cayó muy mal en Washington. La colaboración militar de Venezuela con Irán es un tercer factor, sumado a los dos que mencioné anteriormente, que podría llevar a una intervención militar estadounidense en Venezuela. Si hay información de que Venezuela tiene un acuerdo con Irán para darle uranio, con el que Irán podría desarrollar una bomba atómica, entonces creo que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela es muy probable.

¿Obama ve a Chávez como su mayor problema en la región?
Sí. Considera que Venezuela es un problema mayor que Cuba. Con las bases militares en Colombia y la base en Curaçao, Estados Unidos ha formado un cerco alrededor de Venezuela, algo parecido, aunque a menor escala, del cerco que ha formado alrededor de Irán con Irak y Afganistán.

¿Cuál es el futuro del Plan Colombia con Obama?
La ayuda a Colombia sigue casi tan grande como siempre. El Plan va a continuar, aunque tal vez se desmilitarice un poco. Creo que va a haber mayor ayuda económica para programas sociales, pero ligada a las operaciones militares para recuperar territorio que está controlado por las FARC. El esquema ahora es, primero, quitarles terreno a las FARC y, después, ingresar a ese territorio con ayuda económica. En su versión zombie de Bush, Obama sigue apoyando a Uribe, lo que no ocurre entre la mayoría de los congresistas del Partido Demócrata. En política exterior, Obama está a la derecha de los congresistas demócratas, mientras en la política doméstica es a la inversa.

¿La política antidrogas del gobierno norteamericano está marcada por los intereses políticos de Washington?
La política antidrogas de Estados Unidos es usada como un arma para criticar a países con gobiernos de izquierda, como Bolivia y Venezuela. En Perú y Colombia los narcos operan con bastante libertad y Estados Unidos no critica a sus gobiernos, pero sí critica muy fuerte a los gobiernos de izquierda.

¿Cómo ve la relación de Obama con la Argentina?
No es una prioridad para Estados Unidos. El peso político de la Argentina en la región se ha reducido bastante, especialmente con el crecimiento del peso de Brasil. En Washington hay desconfianza y desacuerdo con la política económica del gobierno argentino. Con la Argentina hay una relación cordial pero distante, y creo que va a seguir así.

16 de enero de 2010
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nombran a micheletti diputado vitalicio

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Micheletti se pinochetiza. El presidente de facto hondureño fue nombrado "diputado vitalicio" por el Parlamento en una medida que buscaría asegurarle inmunidad de por vida. La decisión del Congreso parece casi calcada a la iniciativa del dictador chileno Augusto Pinochet, quien se autodesignó "senador vitalicio" para intentar evadir las causas en su contra.

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Honduras. El Congreso designó ala noche a Micheletti como diputado vitalicio, un cargo no contemplado en la Constitución, por sus esfuerzos "en favor de la democracia".
"Este acto tiene una enorme consideración para este Congreso porque estamos reconociendo los méritos de una persona que se ha destacado", declaró el presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, en una sesión a la que asistió Micheletti.
Él "tuvo que asumir la presidencia de la República en cumplimiento de la Constitución y nuestras leyes", dijo en alusión al golpe el jefe del Congreso, que además otorgó a Micheletti una condecoración, la Gran Cruz Extraordinaria.
La idea de que Micheletti fuera legislador vitalicio luego de que deje el poder fue planteada por primera vez el 29 de septiembre por el influyente empresario Adolfo Facussé, acusado por el depuesto presidente Manuel Zelaya de ser uno de los promotores del golpe que lo derrocó.
Abogados y activistas de derechos humanos hondureños repudiaron el nombramiento, destacando que infringe la Constitución, y dijeron que el Congreso quiere proteger a Micheletti para evitar que pueda ser procesado después de que asuma el poder el 27 de enero el presidente electo Porfirio Lobo, un partidario del golpe.
"Este acto es característico de un régimen de corte fascista donde se hacen leyes con la intención de protegerse de hechos nefastos", dijo a la AFP el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el abogado Andrés Pavón.
"El Congreso se extralimitó al abusar de sus potestades condecorando a un dictador. No sólo se condecora al rostro de la dictadura, sino que se le protege de por vida", declaró la presidenta de la Confederación de Desaparecidos, Berta Oliva.
Un antecedente similar es el del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), quien se autodesignó "senador vitalicio" para conseguir inmunidad de por vida, aunque eso no impidió que fuera arrestado en Londres en 1998 y luego fuera juzgado y arrestado en Chile por casos de violación a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos.
Pinochet se nombró senador vitalicio en la Constitución que él mismo dictó en 1980, para asegurarse inmunidad una vez que dejara el poder en Chile.
El dictador, quien murió el 10 diciembre de 2006, asumió su banca vitalicia en el Senado en marzo de 1998, pero siete meses después fue arrestado en Londres. Pinochet había ido allí operarse, pero por una orden del juez español Baltasar Garzón fue apresado, acusado de violaciones de los derechos humanos.

14 de enero de 2010
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deberán declarar ante la justicia

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La cúpula militar de honduras debe declarar ante la justicia. La Corte Suprema hondureña aceptó la acusación de la fiscalía general contra los mandos militares por abuso de autoridad y expatriación ilegal contra el presidente Manuel Zelaya.

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Honduras. La Corte Suprema hondureña aceptó la acusación de la fiscalía general contra la cúpula golpista por abuso de autoridad y expatriación ilegal contra Manuel Zelaya. El presidente de la Corte, Jorge Alberto Rivera, citó ayer a los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas a prestar declaración en relación con expulsión del país del presidente el 28 de junio pasado. Los seis jefes militares, incluido el general Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, deberán comparecer este jueves ante el juez para entregar sus testimonios sobre los hechos ocurridos el día del golpe.
El miércoles pasado, el fiscal general Luis Alberto Rubí junto con el fiscal de lucha contra la corrupción Henry Salgado solicitaron al alto tribunal la detención y toma de declaración de los oficiales de la Junta: el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez; el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; los jefes del ejército, Miguel Angel Gracia Padgett; de la fuerza aérea, general Luis Javier Prince; de la fuerza naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez y el inspector general de las fuerzas armadas, general Carlos Cuéllar. Desde la fiscalía se acusó a la cúpula militar por los delitos de abuso de autoridad y expatriación –-prohibida en su Constitución– contra el depuesto mandatario Zelaya en junio pasado.
Juan Carlos Sánchez Cantillano, uno de los abogados de la defensa, salió a minimizar el hecho. "La comparecencia de los jefes militares ante la Corte es para que se lleve a cabo la declaratoria de los imputados. Es para que se discuta sobre el tema y decida el juez cuáles son las medidas a tomar", dijo en declaraciones radiales a la emisora HRN. El abogado señaló que, la semana pasada, la defensa militar interpuso una solicitud de presentación voluntaria y que, por tanto, la citación enviada por el juez Rivera responde a ello. "Nosotros habíamos propuesto ir a declarar. En aras del derecho de defensa, previo a cualquier resolución del tribunal o que el juez deba emitir, dejamos de manera expresa la voluntad que tienen los comandantes de someterse al día y a la hora que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia lo establezca", afirmó para Radio América.
La decisión de la Corte Suprema coincide con el inicio de una semana crucial en Honduras. El Congreso nacional debatirá en estos días la posibilidad de otorgar una amnistía para todos los involucrados en el golpe, en un intento de superar la crisis política reinante. "Debe haber perdón para todos", señaló el presidente electo Porfirio Lobo, quien respaldó al golpe y ganó los comicios del 29 de noviembre pasado en los que votó menos del 50 por ciento del electorado. "Los hondureños fueron a las urnas a votar por la paz, y aquí no debe haber ni vencidos ni vencedores", afirmó Lobo, y sostuvo además que la amnistía es el primer paso para la reconciliación nacional.
El canciller del gobierno de facto, Carlos López, afirmó ayer al diario La Tribuna que la reconciliación llegará una vez que Porfirio Lobo asuma el poder, y argumentó que las elecciones fueron el primer paso. "La situación es conocida: muchos gobiernos han suspendido su relación con Honduras, pero pienso que no será tan difícil restablecer relaciones para el nuevo gobierno, principalmente por la realización de las elecciones", aseveró el funcionario en sus declaraciones.
Entretanto, el depuesto presidente Manuel Zelaya criticó duramente la medida tomada por la fiscalía general. Desde la Embajada de Brasil, donde se encuentra refugiado desde el 21 de septiembre pasado, el mandatario destituido aseguró que la acción judicial emprendida por Rubí y Salgado busca ocultar la verdad de lo ocurrido el 28 de junio y darles impunidad a los generales. "Si se está diciendo que las fuerzas armadas cometieron un error, pues ese error fue un golpe de Estado militar, el cual fue después confirmado por el Congreso nacional. Si sabían que los militares habían cometido un error, el Congreso no podía destituirme, no tenían ninguna facultad para hacerlo, lo que hubiera pedido era que regresara directamente a mi puesto como presidente", concluyó.

"Héroe" de los Industriales
Cómplice del golpe contra Zelaya, la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI) declaró "primer héroe nacional del siglo XXI" al presidente de facto Roberto Micheletti por su labor tras el golpe de junio pasado. El presidente de la ANDI, Adolfo Facussé, resaltó que Micheletti es un "personaje de primerísima actualidad" porque es quien "detuvo a Chávez (presidente de Venezuela) y es el que dio la batalla contra (José Miguel) Insulza (secretario general de la Organización de Estados Americanos)". Facussé añadió que Micheletti también "se supo enfrentar a los gobiernos de la Argentina, Brasil y España", que entre muchos otros condenaron el golpe de Estado a Zelaya, pidieron su restitución y desconocieron los pasados comicios presidenciales. Es "un ejemplo para el mundo entero", afirmó el empresario golpista.

13 de enero de 2010
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militares hondureños serán juzgados

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Corte Suprema hondureña acepta denuncia contra militares golpistas. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera, citó hoy a 6 jefes militares acusados de abuso de autoridad y expatriación ilegal del presidente Manuel Zelaya.

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Honduras. Los uniformados citados son el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes. Además, los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.
Un abogado de los oficiales, Juan Carlos Sánchez, dijo a periodistas que Rivera, en su condición de "juez natural" de este caso, aceptó la petición de la defensa para que los militares se presenten voluntariamente a declarar.
Con ello, agregó Sánchez, el magistrado se abstuvo de ordenar la captura de los militares, como pidió el Ministerio Público (MP) al presentar el "requerimiento fiscal" contra ellos el pasado miércoles, por los delitos de abuso de autoridad y expatriación.
Los militares expulsaron a Zelaya hacia Costa Rica el 28 de junio de 2009, día en el que el mandatario fue derrocado del poder.
La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.
En la resolución tomada por Rivera "se admite, en primer lugar, el requerimiento fiscal que presentara la Fiscalía del MP, y en segundo término también se nos admite el escrito en el cual solicitamos se señale día y hora para la audiencia de declaración de imputado, que será el día jueves", explicó Sánchez.
Indicó que en la resolución "no se explican las razones por las cuales, desde el punto de vista legal, se deniega la orden" de captura, aunque "sí se menciona el hecho de que en la solicitud que fue presentada por el cuerpo de la defensa" se pide fijar la audiencia para que los militares declaren.
Celebrada la audiencia a los oficiales, el magistrado decidirá "cuáles serían las medidas a aplicarles, en caso de que estas procedieran", añadió.
Zelaya, quien desde el 21 de septiembre pasado está refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, considera que el MP pretende con este caso "poner un manto" a la verdad de lo ocurrido el 28 de junio de 2009 y darles "impunidad" a los militares.

12 de enero de 2010
©el tiempo 

libres implicados en ejecuciones

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Libres 17 militares involucrados en "falsos positivos". Por vencimiento de términos, un juez ordenó la libertad a 17 uniformados involucrados en la desaparición y posterior asesinato de jóvenes de Soacha, Cundinamarca.

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Colombia. Un grupo de 17 militares que permanecían detenidos acusados por las desapariciones de varios jóvenes de la localidad de Soacha, quedó en libertad por orden de un juez que aceptó los argumentos de la defensa, quien alegó que la detención superó ampliamente los 90 días de los que habla la Ley para que se inicie la etapa de juicio.
Los militares son investigados por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera, quienes fueron presentados como integrantes de grupos armados ilegales muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander.
Aunque el funcionario judicial reconoció que hubo dilaciones por parte de los apoderados de los militares, consideró que pueden salir de su lugar de detención mientras continúan las etapas procesales. Lo anterior no absuelve a los militares, quienes continuarán vinculados a este proceso.
El personero de Soacha, Fernando Escobar, manifestó su preocupación por la decisión de la justicia.
"Aunque respetamos y acatamos las decisiones judiciales, nos parece que es preocupante el mensaje que se le envía a las familias víctimas y a la opinión pública", afirmó el funcionario a Semana.com y aseguró que continuarán en su proceso de acompañamiento a las madres de los jóvenes asesinados, en espera que las investigaciones continúen para esclarecer la verdad.
Por su parte, Luz Palacio, madre de Jader Andrés Palacio Bustamante, rechazó la orden del Juez de Soacha y aseguró que continuarán trabajando como hasta ahora lo han venido haciendo hasta que se establezcan las responsabilidades de la desaparición y asesinato de sus hijos.
"No es justo que estos desgraciados maten a nuestros hijos y ahora queden muy tranquilos en libertad", dijo la señora a Semana.com.
 
El Caso de los Tres Jóvenes de Soacha
El 22 de mayo del año pasado, el juez segundo penal de control de garantías encontró méritos suficientes para pedir la medida de aseguramiento contra 17 militares acusados de asesinar a tres civiles inocentes de Soacha, que posteriormente fueron presentados como muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. En los hechos investigados murieron en total 11 personas residentes en este municipio, Cundinamarca.
Los militares rechazaron las acusaciones y dijeron ser inocentes.
La Fiscalía acusó al sargento segundo Jáner Duque Marín, del Ejército, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
Según las investigaciones que adelanta el ente acusador, el suboficial coordinó una operación ejecutada el 25 de agosto de 2008 en una vereda de Ocaña. Ese día, tropas contraguerrilla de la compañía ‘Espada’, adscritas a la Brigada Móvil No. 5 del Batallón Santander, reportaron tres ilegales muertos en combate.
Los investigadores pudieron determinar que en realidad se trataba de tres jóvenes habitantes de Soacha: Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera, fueron contactados en una tienda del municipio de Cundinamarca conocido como ‘Los Costeños’ del barrio Ducales de este municipio de Cundinamarca, entre el 22 y 23 de agosto.
"Los jóvenes viajaron en una flota, se hospedaron en la casa de Alexánder Carretero Díaz, quien hacías las veces de ‘reclutador’, y el 24 del mismo mes, hacia las seis de la tarde, fueron entregados a un militar", aseguró la fiscal de Derechos Humanos María Cecilia Jaimes, durante la audiencia ante el juez del Segundo Penal Municipal, con funciones de Control de Garantías.

12 de enero de 2010
©semana

orden de captura contra golpistas

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La fiscalía de Honduras solicitó la detención de los militares que echaron a Zelaya. La fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia el encarcelamiento de la cúpula militar por abuso de autoridad y expatriación y pidió la apertura de un proceso judicial. Zelaya dice que es una maniobra de blanqueo.

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Honduras. El Ministerio Público de Honduras pidió una orden de captura ayer para la junta de comandantes de las fuerzas armadas involucrados en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. La fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia el encarcelamiento de la cúpula militar por abuso de autoridad y expatriación, así como también pidió la apertura de un proceso judicial sobre el caso. Todo esto ocurrió en paralelo a la visita del subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental norteamericano, Craig Kelly, quien llegó este martes a Tegucigalpa con una misión: gestionar una transición ordenada de cara a la toma de poder del electo Porfirio Lobo el próximo 27 de enero.
El fiscal contra la corrupción, Henry Salgado, pidió ayer a la Corte hondureña una orden de captura contra la junta de comandantes encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez; el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; los jefes del ejército, general Miguel Angel García Padgett; de la fuerza aérea, general Luis Javier Prince; de la fuerza naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las fuerzas armadas, general Carlos Cuéllar. Salgado acusó a la cúpula militar por los delitos de abuso de autoridad y expatriación –prohibida en su Constitución nacional– por haber expulsado a Zelaya del país el 28 de junio por medio de un golpe militar.
Por su parte, el general Vázquez afirmó que los militares que expulsaron al mandatario lo hicieron en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la Corte Suprema, tras haberse declarado ilegal el accionar de Zelaya frente a una futura Asamblea Constituyente. Desde el norte del país dijo a medios locales que desconoce la acción del ministerio, pero que está dispuesto a presentarse ante la Justicia. "Vamos a someternos a la Justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", declaró.
Zelaya, entretanto, estableció que la acción judicial emprendida por el Ministerio Público busca ocultar la verdad de lo ocurrido el 28 de junio. "Si se está diciendo que las fuerzas armadas cometieron un error, pues ese error fue un golpe de Estado militar, el cual fue después confirmado por el Congreso nacional", apuntó el depuesto mandatario en declaraciones telefónicas. "Si sabían que los militares habían cometido un error, el Congreso nacional no podía destituirme, no tiene ninguna facultad para destituirme, lo que hubiera pedido era que regresara directamente a mi puesto como presidente y que pusiera mis abogados y me defendiera", añadió.
La llegada de Kelly coincidió con un pedido expreso del gobierno norteamericano: Micheletti debe dejar el poder a más tardar el 15 de enero, para que pueda cumplirse el acuerdo de Tegucigalpa-San José y se asegure una salida armónica a la crisis política. El pedido fue transmitido a las partes en conflicto por Kelly, quien se reunió anteayer con Lobo y con el depuesto Zelaya, mientras que ayer se entrevistó con Micheletti, según informaron medios locales.
Los esfuerzos del funcionario norteamericano no parecen haber rendido frutos. En declaraciones al programa Frente a Frente de Televicentro, el presidente de facto declaró que no renunciará a la presidencia porque "no hay argumento legal para hacerlo, siendo además una decisión que le compete al Congreso nacional". El actual gobernante sostuvo que fue el Poder Legislativo el que lo colocó en la silla presidencial y que esa decisión fue ratificada por el Congreso. "No voy cambiar porque venga alguien aquí a presionarnos, a menos que se haga un plebiscito y el pueblo hondureño diga lo contrario", sentenció.
Asimismo, el dictador dijo que no se dejará sobornar. "Estados Unidos desea que me retire el 15 de enero con la promesa de otorgar muchos millones de dólares de ayuda a Honduras. Sin embargo, Washington debe respetar la decisión soberana de nuestro pueblo", señaló.
A su vez, el presidente electo y líder del Partido Nacional, Porfirio Lobo, aseguró que la salida de Micheletti es indispensable para asegurar el reconocimiento de la comunidad internacional a su futuro mandato.
"Estados Unidos está allí, ellos tienen su posición de que se cumpla el Acuerdo Tegucigalpa-San José en su totalidad, ellos están con su posición de que no debe haber vencedores ni vencidos, que es lo más importante para Honduras, que la mesa esté limpia de lo que fue la conflictividad del 28 de junio", dijo ayer a Radio América. "Que el gobierno de facto decida lo que sea más conveniente al interés nacional y que demuestre el desprendimiento que Micheletti dice tener por Honduras", dijo Lobo.

7 [9] de enero de 2010
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policías acusados de asesinatos

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Acusan a una treintena de policías de cometer 300 asesinatos en Brasil. La banda fue identificada tras siete meses de investigación por parte de las autoridades del estado de Paraíba.

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Río de Janeiro, Brasil. El gobierno del estado brasileño de Paraíba anunció este miércoles que está investigando un "grupo de exterminio" formado por policías en activo y retirados que se cree puede ser autor de cerca de 300 asesinatos en la última década.
Según un comunicado, estaría integrado por entre 30 y 40 uniformados, incluyendo desde soldados hasta un coronel, además de varios agentes penitenciarios.
El gobierno regional dijo que no va a revelar el nombre de los policías implicados puesto que todavía no se han realizado arrestos dentro de los cuerpos de seguridad.
La banda fue identificada tras siete meses de investigaciones y sus actividades criminales se constataron por el crecimiento de "homicidios misteriosos" en los pasados mayo y junio.
El secretario de seguridad pública de Paraíba, Gustavo Ferraz Gominho, afirmó en el comunicado que el grupo trabajaba "a las órdenes" de bandas de narcotraficantes encarcelados.
Tras vigilar a un grupo de presidiarios de una cárcel de Paraíba, se descubrió que uno de ellos se comunicaba con sus subordinados desde dentro de la cárcel gracias a un teléfono celular, desde donde ordenaba robos y asesinatos.
La noche del martes fueron arrestados cuatro acusados de integrar el grupo, que se cree que iba a intentar asesinar al corregidor general de la Policía Civil, Magnaldo José Nicolau da Costa.

9 de enero de 2010
©emol