detienen a criminal prófugo
13 de enero de 2010
La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo ayer a Somoza, alias Segal, ex integrante de la Central de Reunión del Batallón 601, buscado por secuestros y asesinatos. Estaba prófugo desde hacía seis meses y fue hallado en una casa en el oeste bonaerense.
[Diego Martínez] Luego de treinta años impune y a seis meses de haberse escabullido de las narices de la Policía Federal, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron ayer a Carlos Eduardo Somoza, ex miembro de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, acusado de interrogar a secuestrados en los centros clandestinos Vesubio y Campo de Mayo. La investigación que permitió ubicarlo en una casa de Ituzaingó fue realizada por la SIDE a pedido del juez federal Ariel Lijo, quien pidió la captura del represor por su actuación en el Operativo Murciélago, el secuestro y asesinato de montoneros que ingresaron al país en 1980 en el marco de la "contraofensiva" contra la dictadura. Con la detención de ayer, son 39 los represores que continúan prófugos.
El ex miembro del Batallón 601 tiene apenas 56 años, se formó en Gendarmería y estudió la carrera de Fotointérprete en la Universidad del Salvador. Según declaró ante la Conadep el penitenciario Norberto Cendón, que hoy integra la lista de prófugos, Somoza era el apellido real del interrogador que se hacía llamar César Ernesto Segal, con los apodos de Gordo o Fito. Por los mismos alias lo recuerdan sobrevivientes de El Campito, el mayor centro de detención del país, en Campo de Mayo. La coincidencia de iniciales entre nombre real y de cobertura es una obligación impuesta por la ley de personal civil de la SIDE y los servicios de Fuerzas Armadas.
En la causa que instruye Lijo, que en 2007 condenó a Julio Simón y a ocho coroneles del Batallón 601, Segal figura como enviado asiduo a la "base San Pablo", desde donde se habría coordinado el secuestro de Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock, trasladados a Campo de Mayo y desaparecidos. Segal o Fito también figura entre los interrogadores de la sobreviviente Silvia Tolchinsky en una de las cuevas que el servicio de inteligencia del Ejército tenía en inmediaciones de Campo de Mayo.
En octubre de 2007, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entregó un informe con los antecedentes de Somoza a Martín Suares Araujo, entonces juez federal de San Martín. El magistrado renunció catorce meses después sin haber ordenado la detención, que tampoco solicitó su reemplazante Juan Manuel Yalj. El principal testigo del paso de Somoza por Campo de Mayo, donde se especializó en interrogar a militantes de Montoneros, era Juan Carlos Scarpatti, quien lo identificó como El Gordo. Cacho Scarpa-tti murió en agosto de 2008, sin poder ver ni siquiera la primera condena a Riveros, Verplaetsen & Cía.
Somoza vivió hasta el 13 de julio pasado en Concordia 989, en el barrio porteño de Floresta. Tal como informó Página/12, se fugó con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que según el acta policial tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba y pedir instrucciones. Tras el chubasco, Lijo apartó a la Federal y encomendó la investigación a la SIDE. La semana pasada le informaron que el universo de búsqueda se había acotado a dos casas de Ituzaingó: Tabaré al 600 y Ollantay al 4500. Lijo ordenó allanarlas al mismo tiempo. El operativo, a cargo de la PSA, se concretó ayer a las 6.30. Los agentes encontraron a Somoza mientras dormía en la primera dirección, que pertenecería a una amiga de su esposa. Luego se negó a declarar ante Lijo y, por la tarde, fue trasladado al pabellón de lesa humanidad del penal de Marcos Paz.
Por los crímenes del Batallón 601 ya fueron condenados los coroneles Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Santiago Hoya (murió tres días después), Waldo Roldán, Juan Carlos Gualco, Carlos Fontana y Pascual Guerrieri. Todos gozan de arresto domiciliario excepto Fontana, en la Unidad 34 de Campo de Mayo, y Gualco, libre y en gestiones para ser declarado insano. Por la misma causa fueron procesados los civiles Julio Alberto Cirino (alias Jorge Contreras, miembro de la Fundación PensAR que nutrió de cuadros al PRO) y Jorge Oscar Baca (alias Juan Omar Boyé o Negro Boyé, secretario de Arias Duval), el teniente coronel Jorge Horacio Granada (a quien Luis Patti encubrió durante su primera etapa como prófugo) y el sargento Alfredo Omar Feito, alias Cacho o Speziale, que también actuó en la represión en Bahía Blanca. Procesados pero sin prisión preventiva están los militares Julián Marina y José Ramón Pereiro.
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[Fabián Lebenglik] Argentina. El Parque de la Memoria es un enorme parque público en la Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires, adyacente a la Ciudad Universitaria, cuya construcción –ganada por concurso por el Estudio Baudizzone-Lestard-Varas y los arquitectos asociados Claudio Ferrari y Daniel Becker– está muy avanzada y ya puede recorrerse, aunque será inaugurado hacia mitad de año. Tiene catorce hectáreas y alberga principalmente el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado –en el que están inscriptos hasta ahora unos diez mil nombres de desaparecidos–. También cuenta con un parque escultórico, donde se están emplazando las obras ganadoras del concurso realizado hace poco más de una década. El jurado de aquel concurso estuvo integrado por los artistas plásticos Carlos Alonso y Enio Iommi; los representantes de los organismos de Derechos Humanos Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Adolfo Pérez Esquivel; y los críticos e historiadores del arte Llilian Llanes (cubana), David Elliot (inglés), Paulo Herkenhoff (brasileño), Marcelo Pacheco (argentino) y quien firma estas líneas.
[Darío Aranda] Argentina. El gobierno nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura, la exclusiva y turística ciudad neuquina. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. Hace un mes, la comunidad Paichil Antriao –descendiente directa de esos primeros pobladores– padeció otro despojo: parte de la comunidad fue nuevamente desalojada y tres viviendas destruidas. La oleada represiva continuó los días siguientes con intimidaciones, detenciones y la ocupación policial del cerro en disputa. "Parece una zona militarizada. Un estado de sitio permanente", denunció la comunidad mapuche, que alertó sobre la violación de legislación nacional e internacional que protege sus derechos. El desalojo se da en un contexto de creciente criminalización de los pueblos indígenas y una campaña mediática que cuestiona sus reconocidos derechos.
[Sonia Tessa] Argentina. Con el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Rosario en un impasse por la feria judicial, el equipo jurídico de H.I.J.O.S. prepara los alegatos en conjunto con los querellantes que patrocinan. Y plantearon un balance crítico del proceso, del que fueron impulsores en 2002. Por un lado, ponderaron el criterio del Tribunal Oral Federal número 2, que es uno de los pocos en el país en homologar las desapariciones forzadas de personas con homicidios, pero también destacaron: "Estos no son los juicios que queremos, son los que tenemos". Ana Oberlin, Lucas Ciarnello, Alvaro Baella y Nadia Schujman son los abogados de la organización H.I.J.O.S que patrocinan, entre otras víctimas directas y familiares, a los querellantes Sebastián Alvarez (hijo de Raquel Negro) y -recientemente a Sabrina Gullino (hija de Negro y Tulio Valenzuela, que recuperó su identidad hace un año y medio). Para estos abogados y militantes de derechos humanos, lo importante es que se dicte la sentencia contra los represores. "Queremos que estén presos y de por vida", dijo Oberlin. Hubieran querido ver condenados a Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo antes de fin de año, pero las audiencias se dilataron. "No están todos los delitos ni todos los imputados, por distintas razones. Una es la forma misma en que se llevó adelante la represión. Ellos se ampararon en los alias, y tuvieron diversas formas de ocultar su identidad", agregó Oberlin.
[Washington Uranga] Argentina. Si bien existe clima de diálogo y colaboración entre el gobierno argentino y el Vaticano con respecto al diferendo planteado en torno del obispado castrense desde hace casi cuatro años, no hay por el momento avances significativos que aseguren una solución en el corto plazo. En lo anterior coinciden tanto voceros de la Cancillería argentina como de la jerarquía católica consultados por Página/12 a raíz de recientes declaraciones atribuidas al embajador ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, por un diario capitalino.
[Adriana Meyer] Argentina. "Sí, es él, tiene el pelo más corto, pero es él", dijo ayer Sara Derotier de Cobacho en rueda de presos, y señaló al policía que fue detenido por el robo que sufrió hace una semana en su despacho de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Tres empleados de ese organismo también reconocieron a Juan Manuel Mateos, que está acusado de robo calificado por uso de arma y por su condición de funcionario público. El martes habían aparecido, en extrañas circunstancias, la computadora portátil de la funcionaria y otros elementos sustraídos durante aquel asalto. Pero faltan aún los teléfonos celulares de Cobacho y los legajos con expedientes que se llevaron de la caja fuerte, de juicios y causas por delitos de lesa humanidad de la dictadura, y de casos actuales como la desaparición de Luciano Arruga. "Lejos de esclarecerse, esto se hace cada vez más confuso", dijo a Página/12 la secretaria de Derechos Humanos de la provincia.
[Irina Hauser] Argentina. El juez federal Ariel Lijo le denegó la excarcelación a Néstor González, el radioaficionado detenido el miércoles último como sospechoso de haber sido quien amenazó a Cristina Kirchner mediante una interferencia a la radio del helicóptero que la llevaba de Olivos a la Casa Rosada. El juez tomó esa determinación tras conocer el informe preliminar de un peritaje que reveló que, con uno de sus equipos, González también había ingresado en la frecuencia que utiliza la custodia presidencial para comunicarse con la Policía Federal y con la Casa Militar. El mismo aparato estaba preparado para interceptar comunicaciones de la Gendarmería y frecuencias específicas utilizadas por barcos.
[Alejandra Dandan] Argentina. El Poder Ejecutivo decretó la desclasificación de toda "la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas" durante la última dictadura militar. Pese a que gran cantidad de la documentación ya estaba en manos de los jueces que llevan adelante las causas contra los represores, hasta ahora hacía falta en cada caso un decreto que autorizara la desclasificación y legalizara su uso. El decreto 4 de 2010, publicado ayer en el Boletín Oficial, elimina esa instancia. Y abre las puertas de los archivos, además, para quienes manifiesten un interés legítimo por acceder a ellos. Entre otros documentos se hallan los archivos del personal del Batallón 601, uno de los ejes de la represión ilegal, en el que figuran datos de los agentes civiles de inteligencia, la repartición y los alias con los que actuaron.