cae autor de amenazas contra cristina
7 [9] de enero de 2010
Fue detenido un sospechoso de haber interferido la radio del helicóptero en el que viajaba la presidenta. El juez federal Ariel Lijo ordenó detener a Néstor González, un radioaficionado de 62 años. En su casa se hallaron equipos de comunicaciones, antenas y armas.
[Irina Hauser] Argentina. Néstor González, un radioaficionado de 62 años al que se le encontró toda clase de equipos de comunicaciones, antenas y armas en su casa, fue detenido ayer por orden del juez federal Ariel Lijo, bajo sospecha de haber sido el autor de las amenazas que recibió Cristina Kirchner mediante una interferencia a la radio del helicóptero en el que viajaba desde Olivos hacia la Casa Rosada. Según un primer peritaje de voces, la suya podría haber sido la que se oyó en la frecuencia operativa de la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery el 11 de diciembre, justo cuando empezaba el juicio a los represores de la ESMA. "¡Maten a esa yegua!", fue la primera advertencia que se filtró. "¡Maten al pescado!", siguió la voz. Luego sonó "La avenida de las Camelias", la típica marcha militar de los comunicados de la última dictadura.
"Me dedico a la computación", fue lo único que dijo González cuando el juez quiso tomarle indagatoria, aunque en los papeles del trámite de su cédula de identidad dice que es mecánico de aviones. Por lo demás, se negó a declarar y su defensora oficial, Silvia Otello Rella, pidió la excarcelación, un planteo que Lijo resolvería hoy. Mientras, quedó detenido en la alcaidía de los tribunales de Retiro. Se le imputan los delitos de tenencia de armas de guerra e interferencia a los servicios de comunicación (en este caso ligado a un medio de transporte oficial). Ambos son excarcelables.
Los investigadores llegaron a González por la declaración de un testigo vinculado al mundo de los radioaficionados. En el allanamiento en su casa, en Monte Grande, encontraron antenas portátiles y fijas, equipos de comunicación, valijas para interferencias y hasta grabaciones de la torre de control de Aeroparque, que están siendo analizadas para determinar, entre otras cosas, de qué fecha son. También hallaron una escopeta calibre 14 y un revólver calibre 22. González no tiene antecedentes penales, pero sí colecciona sanciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones por obstaculizar comunicaciones.
Como las amenazas a la Presidenta quedaron grabadas, se hizo un primer cotejo de voces, del cual resultó que la que apareció en la frecuencia de radio del helicóptero presidencial se asemeja a la de González. De todos modos, el juez Lijo quiere hacer un nuevo peritaje, ya que la grabación de Aeroparque no sería muy buena. Entretanto, el juzgado apunta ahora a determinar si se trata de un personaje trastornado que actúa por su cuenta o si responde a alguien. Ahora están en pleno análisis sus llamados telefónicos, para establecer con quién hablaba, en particular en los días cercanos a la intimidación. En el operativo en su vivienda, se descubrió que usaba más teléfonos que los que hasta el momento conocía el juzgado: también serán estudiados.
Según explicaron fuentes de la causa, el tipo de interferencia al helicóptero presidencial es fácil de realizar y no requiere aparatos muy sofisticados. Basta con equipos de radio o algún handy y con hallar la frecuencia buscada. La aeronave que habitualmente traslada a Cristina de Olivos a Plaza de Mayo no suele usar una frecuencia secreta.
Pero más allá de la autoría directa de las amenazas, el juez Lijo busca establecer quién fue el autor intelectual. Una de las pistas apunta a que el mismo día y casi a la misma hora de la interferencia comenzaba el juicio contra los represores de la ESMA. Otra pista estaría vinculada con carapintadas. Analiza la posible conexión con otra causa que se abrió sólo cinco días antes, y que también quedó a cargo de Lijo, en la que un teniente coronel del Ejército, Esteban Milillo, denunció que el director del portal Seprin, Héctor Alderete, amenazó con "convocar a un grupo de carapintadas con fusiles para asesinar" a la Presidenta, a su marido, a varios ministros, a otros funcionarios y a un grupo de periodistas. Alderete es uno de los implicados en una causa que investiga una red de espionaje dedicada a hackear, comercializar y difundir e-mails de políticos, artistas y periodistas. El teniente coronel Milillo declaró ante Lijo que Alderete podría estar detrás de las amenazas a la radio del helicóptero.
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[Horacio Cecchi] El Informe sobre Violencia Policial analiza la brutalidad de las intervenciones policiales según haya tenido lugar durante de-salojos, marchas o sobre casos individuales. El expediente 4040/09 de la Defensoría es quizás uno de los más elocuentes de la serie de casos individuales. Se refiere a la muerte de dos jóvenes, Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco, que desde el 8 de julio pasado y durante dos meses fueron buscados por sus familiares hasta que descubrieron que Ezequiel estaba en la Morgue Judicial y Jonathan enterrado como NN en la Chacarita. Ambos habían sido baleados por un federal de la Doucad (División de Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas), el mismo día en que habían desaparecido, dos meses antes. Un mes después de la aparición de los cuerpos, el 1º de octubre, el juez de instrucción 49º, Facundo Cubas, autorizó a los familiares a extraer copias del expediente. Curiosamente, ese mismo día Cubas sobreseyó al policía. La decisión fue apelada y se encuentra en trámite. Los casos que siguen forman también parte del informe:
Argentina. Una causa penal por incumplimiento de deberes de funcionario público, un sumario administrativo y uno interno de la Secretaría de Seguridad son algunas de las medidas en el marco de la investigación a la custodia de la querellante de la ex causa Feced, Josefina González, y su esposo, Federico Reynares, tras la irrupción en su casa del miércoles pasado. Al mismo tiempo, la abogada del matrimonio, Gabriela Durruty, adelantó que pedirán que las actuaciones se remitan a la Justicia Federal. El comisario a cargo de la Unidad Especial, Omar Odriozola, dijo que el miércoles 30 de diciembre "se produjo el relevo y la empleada que tenía que estar en el domicilio se sintió descompuesta. Por eso, se dirigió a la estación de servicio distante a un par de cuadras, y en ese tiempo sucedieron los hechos". El funcionario desestimó que haya habido zona liberada para la intimidación. Sin embargo, Josefina calculó que los intrusos estuvieron en su casa durante de una hora. En tanto, el ministro de Seguridad Alvaro Gaviola admitió que hubo "fallas en la custodia" y agregó que hasta ahora "el Programa de Protección de Testigos había funcionado bien y había sido elogiado por los organismos de derechos humanos".
[Horacio Cecchi] Argentina. Veinte casos de extrema gravedad –entre los que se cuentan cuatro homicidios–, sobre un centenar de denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dan cuenta del grado de violencia de la Federal entre 2008 y 2009. Todos los casos fueron llevados a la Justicia penal, pero en buena parte los denunciados fueron sobreseídos o las causas archivadas rápidamente si se tiene en cuenta lo reciente de las denuncias. Los veinte casos forman parte de un informe desarrollado por la ombudsman porteña Alicia Pierini, a partir de la creación en 2007 de la Oficina de Seguridad Urbana. El informe sostiene que la violencia policial se agravó en estos dos últimos años y, especialmente, en los últimos meses de 2009. El documento cubre las denuncias recibidas por la Defensoría hasta el 31 de octubre pasado y no llegó a incluir la represión en el recital de Viejas Locas (14 de noviembre pasado) en Vélez Sársfield, del que resultó la muerte del adolescente Rubén Carballo, o el violento desalojo de la Plaza de Mayo en oportunidad de la marcha de la Mutual Sentimiento (9 de noviembre). "Hace mucho tiempo que en la Capital no se desataban represiones como éstas, sin que hubiera una provocación previa. Es preocupante porque va en contra de la política del gobierno nacional, que no es represiva", señaló Pierini a Página/12. "Todo lo que es un exceso una vez probado se sanciona –aseguró a este diario el secretario de Seguridad, Sergio Lorusso–. Los que ocurren son excesos individuales. Ellos (por los federales) saben que todos los excesos van a ser llevados por particulares o por la misma institución a la Justicia."
Argentina. El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Fernando Asegurado, confirmó que darán la nueva prórroga de dos meses al bar temático Rock & Feller’s para que funcione en el edificio donde el general Leopoldo Fortunato Galtieri comandaba el segundo cuerpo de ejército durante la última dictadura militar. Ese predio fue adquirido por la Intendencia mediante expropiación para levantar allí el Museo de la Memoria. En tanto, la comisión de este museo publicó un comunicado en el que deslindan cualquier tipo de responsabilidad sobre la prórroga.
[Carta Abierta Santa Fe] Argentina. El miércoles 30 de diciembre por la tarde entraron desconocidos en el domicilio que Josefina ‘la Tana’ González comparte con su esposo Federico Reynares. Burlando la custodia que el Programa de Protección de Testigos de la Provincia instaló en la casa, revolvieron cajones y expedientes, dejando inconfundibles mensajes intimidatorios y evidencias no menos elocuentes que llevan a descartar el robo como móvil del delito. Tanto la modalidad mafiosa del procedimiento como la singularidad de las personas a quienes fue dirigido y la oportunidad en que tuvo lugar, reclaman una investigación exhaustiva por parte de la Justicia Federal, en cuya órbita se sustancian los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
Argentina. La Justicia denegó la excarcelación a dos represores involucrados en la causa por secuestros y desapariciones ocurridos bajo el denominado Plan Cóndor, al sostener que, en caso de recuperar la libertad, podrían fugarse y "entorpecer el curso de la investigación". La Sala 1 de la Cámara Federal ratificó la denegatoria del beneficio al ex coronel Federico Antonio Minicucci y al teniente coronel Faustino José Svencionis. "Entre los hechos hay varias víctimas de las que aún se desconoce su destino final y permanecen en condición de desaparecidas", sostuvieron los jueces para concluir que, en caso de concedérseles la excarcelación, los represores intentarán "eludir el accionar de la Justicia".
[Adriana Meyer] Argentina. Durante varias horas declaró ayer ante el fiscal Marcelo Martini la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, por el robo que sufrió el 30 de diciembre en su despacho. La funcionaria sólo recuperó el dinero que se llevaron, unos 11 mil pesos de su jubilación y aguinaldo de senadora provincial, no así los expedientes que había en la caja fuerte, sus celulares y su notebook. En uno de los teléfonos y en su computadora portátil había datos irrecuperables de denuncias sobre delitos cometidos por policías en la actualidad. Sin que el fiscal le hiciera preguntas, Cobacho se explayó sobre causas y denuncias que está investigando vinculadas al reclutamiento de menores por parte de los uniformados para obligarlos a delinquir. Y realizó un "dictado de rostro" de los dos atacantes, pero el reconocimiento del único detenido, el ex agente Juan Manuel Mateos, quedó para el jueves.