argentina

exigen purga real de la policía

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Piden una "purificación real" de elementos renegados en policía bonaerense.

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Argentina. El presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, reclamó la "purificación real" de la Policía Bonaerense y relacionó el robo a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia "con los grupos vinculados a la dictadura subsisten y operan en la fuerza de seguridad". Cañón dijo que "en la Bonaerense todavía hay más de nueve mil agentes que vienen de la dictadura, de los cuales tres mil han pasado por centros clandestinos de detención y siguen en actividad". Por otra parte, Justicia Ya! repudió el robo y se solidarizó con el equipo de esa dependencia oficial. "Una vez más, delitos que en principio parecen ‘comunes’ acaban siendo llevados a cabo por efectivos policiales, retirados, exonerados o en actividad. Este ‘robo’ fue posible porque no fue desarmado el sistema represivo que viene desde la dictadura, donde muchos de los represores de los ’70 continúan trabajando o teniendo vínculos con la Bonaerense", dijo JY. "Tampoco hubieran ocurrido las desapariciones de Jorge Julio López y la del adolescente Luciano Arruga hace un año, ya que en ambas causas hay elementos que prueban la participación de la policía", agregó.

5 de enero de 2010
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por qué no había custodia

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Dos policías debían estar cuando atacaron la casa de Josefina González. El director del Programa de Protección de Testigos, Óscar Blando, indicó que los agentes pasaron a disponibilidad por la intimidación a la querellante en la causa Feced y su marido.

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[Lorena Panzerini] Argentina. El titular del Programa de Protección al Testigo de la provincia, Oscar Blando, indicó a Rosario/12 que el ministerio de Seguridad santafesina investiga por qué la custodia de la querellante de la ex causa Feced Josefina González y su marido Federico Reynares no se encontraba en el domicilio cuando ingresaron desconocidos. "La orden es que trabajen allí durante las 24 horas del día", indicó el funcionario sobre lo ocurrido el pasado miércoles 30 de diciembre en la casa de los dos empleados de la fiscalía que llevó a juicio la megacausa que investiga crímenes de lesa humanidad en la región.
El funcionario apuntó que el gobierno provincial enmarcó el hecho en "un suceso intimidatorio". "Descartamos que se haya tratado de un robo común", dijo, y agregó que no se trató de un suceso aislado, sino que el ataque "fue a una querellante, que trabaja en la unidad fiscal del tribunal, por lo tanto la vinculación es directa e intimidatoria, teniendo en cuenta la condena tan fuerte de la causa Brusa y los juicios que se llevan adelante en Santa Fe, donde también habrá condenas concretas".
En el mismo sentido, Blando señaló que el gobierno provincial está trabajando en la investigación, a través del programa que dirige y de los ministerios de Seguridad y Justicia. "El propio ministro de Seguridad, Alvaro Gaviola, habló con Josefina y le ofreció todas las garantías de investigación y el respaldo hacia su persona y su marido", indicó.
Según explicó Blando, la elección de los agentes que trabajan en el programa de protección de testigos no fue azarosa. Por el contrario, el área de Seguridad, a través de la Unidad Especial, seleccionó a "jóvenes agentes" con una serie de pasos, y luego sus nombres "fueron entregados a organismos de Derechos Humanos que evaluaron los datos. Al no haber observaciones comenzaron a trabajar".
Sin embargo, eso no alcanzó para impedir la violación del domicilio de la pareja el penúltimo día del año, mientras los dueños de casa no se encontraban allí. Las personas que ingresaron se llevaron copias de expedientes judiciales, tras revolver papeles y fotografías del matrimonio. Además, dejaron un mensaje macabro: un pañuelo blanco, con la inscripción "1000 marchas", manchado de sangre.
Tras la intimidación, la investigación iniciada por el gobierno provincial apunta a determinar "las circunstancias poco claras por las cuales los agentes no estaban presentes en ese momento, lo que hizo que el ministro de Seguridad, quien tiene la facultad de tomar la decisión, dispusiera medidas preventivas en términos de disponibilidad de los dos agentes que debían haber estado allí". Por otro lado, Blando explicó que el trabajo de investigación es "interno, de la propia fuerza; y externo, para establecer qué ocurrió realmente".
Hoy, a las 10.30, en la secretaría de Derechos Humanos de Rosario (Moreno 248), la pareja agredida brindará una conferencia de prensa sobre la investigación, en la que participarán Josefina y su esposo, así como autoridades de los ministerios de Seguridad y Justicia de la provincia.

5 de enero de 2010
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violación antes del exterminio

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Los fundamentos de un alegado que es por demás innovador. "Los delitos sexuales eran un plus".

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Santa Fe, Argentina. "Dicen que las violé porque tienen fantasías conmigo", dice el ‘Curro’ Eduardo Ramos en algunas de las primeras indagatorias que se le hicieron, antes de ser condenado a 23 años de prisión. Con la lectura de cada declaración y la denuncia de las víctimas Leticia Faccendini y Jésica Pellegrini que trabajan con un equipo de la LADH entre quienes se encuentra Daniela Asinari y, además, la abogada de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, Gabriela Durruty, resolvieron incluir el planteo y reclamo de género en el alegato que debían llevar adelante en la causa Brusa. Faccendini y Pellegrini patrocinan a los querellantes José Shulman y Patricia Isassa. Desde la Liga pedían condena por genocidio las dos abogadas entendieron que los Tribunales debían empezar a contener, dentro de la figura del genocidio, los delitos contra la integridad sexual.
"Dentro de lo que eran los tormentos destinados a la destrucción de la subjetividad de cualquier persona, las cuestiones vinculadas a los delitos sexuales eran un plus, algo más que pagar y una demostración cabal de hasta donde ejercían la dominación hacia esas mujeres y la sistematización con que planificaban el exterminio", dice Faccendini que también habla de las dificultades para que sea aceptado el planteo por el delito de violación: "Se tiene por acreditado un simulacro de fusilamiento pero no una violación", agrega.
Las mujeres que han estado secuestradas y presas ¿denuncian poco la identidad de sus violadores?
Creo que es así por una actitud de preservación. Es un tema tabú porque en esta sociedad todavía está el tabú de "lo habrás provocado", también el temor a la humillación de que no te crean. Llevó 30 años que los Tribunales den cabida a las privaciones ilegales y tormentos, ¿pasarán otros 30 años que crean a las víctimas en cuanto a que fueron violadas?
Mientras tanto Gabriela Durruty, una de las profesionales que participa en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en Rosario en la causa que se conoce como Guerrieri Amelong o bien que comprende los casos ocurridos en la Quinta de Funes y en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu sostiene que "La lucha por el debido juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos al amparo del estado terrorista en la última dictadura militar y la lucha por la igualdad de género y el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes son luchas bien diferenciadas".
Para Durruty, aun si se consideran "los importantísimos avances en materia de enjuiciamiento a delincuentes de lesa humanidad en nuestra ciudad, todavía resulta una deuda pendiente de la justicia imputar a los genocidas por la comisión de delitos en perjuicio de los menores. Las causas en general avanzan en relación a los crímenes de los que fueran víctimas los padres y nunca se imputan los hechos que sufrieran sus hijos, en muchos casos mediante conductas indisolubles unas de las otras. También hay casos de tormentos durante el embarazo, donde no se considera a la persona a punto de nacer sujeto de los tormentos. En estos últimos casos resulta increíble pretender separar la suerte de la madre de la de su hijo/a".
Las personas que durante el período en el cual estaban siendo gestadas en seno materno, fueron objeto de tormentos mediante la aplicación de picana eléctrica, golpes, maltratos físicos y en general todo tipo de tormentos sobre el cuerpo de sus madres, "tienen derecho a que su caso sea examinado imparcialmente por las autoridades competentes del Estado" explica la abogada de ela organización Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, y debe hacerse "dice en los términos de los artículos 8º y 9º de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; del 12º de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y 12º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, tratados estos de operatividad plena en el campo interno por virtud del artículo 75.22º de la Constitución Nacional.
"Todavía quedan caminos por recorrer en este sentido. El 2010 puede ser el año en el que avancemos. Bien sabemos que en materia de DDH el siglo XX se caracterizó por lograrse su positivización, el desafío del siglo XXI es comenzar a lograr que esas normas se apliquen", concluyó Durruty.

3 de enero de 2010
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cuestión de género

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Los juicios por terrorismo de estado en Santa Fe y Rosario profundizaron un costado poco explorado cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. "Cuando se trataba de mujeres, en la metodología de los represores se agregaba a las torturas físicas y psíquicas una violencia específica de contenido sexual", dice el texto de un alegato presentado en la causa Brusa.

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[Alicia Simeoni] Santa Fe, Argentina. El alegato presentado en la causa Brusa por las abogadas Leticia Faccendini y Jésica Pellegrini, integrantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de la provincia de Santa Fe y patrocinantes en la querella de José Schulman y Patricia Isasa; incluye el señalamiento de los hechos y el correspondiente reclamo con especial atención hacia la cuestión de género. "También quedó probado que cuando se trataba de mujeres detenidas desaparecidas, en la metodología de los represores se agregaba a las torturas físicas y psíquicas una violencia específica de contenido sexual, manoseos y distintas formas de abuso sexual, violaciones y amenazas de violaciones masivas", dice el texto.
El mismo alegato proporciona algunos datos interesantes para poder pensar en la importancia del planteo: la violación no fue mencionada en la Convención contra el Genocidio de 1948 pero la extensión, frecuencia y evidencia del acto de violación en procesos de genocidio hicieron necesario que los Tribunales internacionales especiales reformularan esas concepciones, tal el caso del que se constituyó por Rwanda, en 1998, cuando el fiscal que actuó decidió incluir la violencia sexual y la violación a mujeres y niñas como parte del genocidio. Y además cita que las actuaciones de los Tribunales ad hoc de Bosnia y Rwanda representan cambios determinantes en el modo en que es concebida la violencia sexual como crimen de lesa humanidad o genocidio. Se trata del primer momento en que la violación hacia mujeres y niñas es caracterizada como crimen de lesa humanidad ya sea en conflictos nacionales o internacionales. Implica una inclusión de la violencia sexual como crimen en la Convención de Ginebra y en el protocolo Adicional II. Concebir los actos de violencia sexual y las violaciones como delitos de lesa humanidad y parte de la planificación del genocidio implica que los perpetradores de esos crímenes no puedan gozar de impunidad.
Una de las testigos en el juicio que terminó hace poco en la capital provincial y que condenó al ex juez federal Víctor Brusa, a habló de tortura sexual en la sala de audiencias, pero ninguno de los represores fue condenado, especialmente, por los delitos cometidos contra mujeres y también contra menores por ser tales, niñas, niños y adolescentes. Isasa es una de estas víctimas, tenía 16 años cuando fue secuestrada, también lo fue Josefina González quien tenía 5 meses cuando fue secuestrada junto a su madre Rut, luego asesinada. Y lo fueron Graciela Roselló y Marta Bertolino que junto a González hablaron con este diario. Por supuesto que no es fácil abordar el tema, no es un aspecto de tratamiento común entre las víctimas, casi podría decirse que hay un "aguantarse" individual en el que cada una hizo lo que pudo con su experiencia. Así lo muestra el testimonio de Roselló cuando narra que tuvo que trabajar durante un largo tiempo en terapia "porque a medida que se acercaba el juicio uno sabía que lo privado, de pronto pasaba a ser público. Ni bien salí liberada preservé a mis padres de ese/este dolor y hasta ahora había preservado a amis hijos" y cuenta una anécdota familiar a partir de una discusión entre sus hijos, Mariana (29) y Javier (26). El joven le recriminaba a su hermana porque no había entrado a presenciar el testimonio de su madre y esperó en la puerta. La chica le dijo: "Ya sé que a vos también te dolió escuchar el relato de mamá, pero no entendés del todo, yo soy mujer". Es cuando Roselló reflexiona: ahí sentí la magnitud entre lo que es privado y que es importante hacer público para poder juzgar y condenar. Y aquí hubo otro plus, la angustia de mi hija mujer al no querer escuchar lo que imagina o que sabe aunque nunca fue enunciado por mí".
Cuando Roselló señala especialmente que la Causa Brusa fue la primera que incluyó el juzgamiento a una represora, María Eva Aebi, la carcelera de 56 años, la testigo, hoy dirigente sindical bancaria e integrante de la dirección de la CTA Rosario dice: "Tiene sólo dos años más que yo pero en mi recuerdo la tengo como una mujer que me llevaba algo más de diez años, tal vez por su postura de poder ante nosotras "los cerrojos que poseía y el arma que ostentaba con la que simuló fusilamiento hacia varias compañeras. Ella me llevó a la comisaría 4ta., me entregó y cuando me retiró yo no estaba en las mismas condiciones en que me había dejado. Ella es tan culpable como el que usaba la picana y la tortura sexual. Cuando salí de la Guardia de Infantería Reforzada lo hice convencida de que no quería traer hijos a este mundo. Es que había caído una compañera de Reconquistas, Alba Azulay, a la que torturaron con su bebé en la propia 4ta., poniendo al niño cabeza abajo, dejándolo llorar horas enteras cuando tenía hambre, sin arrimarlo al pecho de su madre. Los pechos de Alba rebozantes y el niño como rehén" después, cuando salí pude ser mamá y ahora pienso que no nos pudieron doblegar".
Josefina Victoria González lleva, junto a sus nombres emblemático por su padre José el primero y por la victoria de él mismo el segundo , muchos, muchísimos dolores. A pesar de ello tiene una mirada azul celeste serena. Cuando el miércoles pasado compartía un café con esta cronista,l por la mañana, tuvo que soportar otra vez, por la tarde, la violación de su domicilio y el secuestro de algunas copias del expediente que se sigue en Rosario por la megacausa Feced en la que ella declarará.
Josefina habla de sí misma y de su madre Rut. Su relato engloba todas las figuras contenidas más arriba sobre el especial ataque a mujeres y menores. Esta beba de 5 meses estaba junto a su hermana Mariana, de 3 y el lugar que les habían asignado era el baño del subsuelo. Allí las dejaban cuando las separaban de Rut y allí las iban a buscar cuando querían que presenciaran algún interrogatorio. En realidad lo que las "bestias" buscaban era que Rut viera a sus hijas mientras la torturaban y vejaban. Josefina tiene imágenes brutales, una de ellas de su madre en una camilla rodeada por hombres, luego gritos a los que, dice, seguía la violación. Rut González fue asesinada junto a su hermana Estrella y la pareja de esta última el 5 de octubre de 1976, pero además Josefina soporta en toda su humanidad la pérdida de sus abuela materna, Amorosa secuestrada y luego asesinada, en Buenos Aires entre junio y octubre de 1977. Amorosa al igual que el padre de Josefina, Dardo José Tosetto, continúan desaparecidos. El fue secuestrado el 9 de diciembre de 1975 cuando Rut y sus chicas empezaron el periplo para esconderse hasta que son atrapadas en casa de Pedro Paulón, el hermano de dirigente metalúrgico Victorio Paulón, en Sánchez de Bustamente 845. La otra tía de las chicas, María de las Mercedes fue secuestrada en septiembre de 1975 y asesinada, en el "78 o "79. Josefina no recuerda con exactitud.
"La sociedad, en general, le pone un plus a todo lo que la mujer hace y en el cautiverio no dejaba de reproducirse esa concepción. Es como si nosotras necesitáramos en la vida común de un hombre al lado, cuando en general podemos decirle a ellos cómo hacer bastantes cosas. Cuando recuerdo a mi madre y a tantos tipos sometiéndola en tantos sentidos, me doy cuenta que ella encontró la manera de que no le partieran el alma. Estoy orgullosa de ella", dice la Tana, como todos la conocen. También cuenta que producto de golpes y maltratos ella perdió el bazo y también le falta un pedacito de una de sus orejas. Las secuelas para las niñas cuando ya estuvieron con su tía abuela que la crió fueron durísimas.
La estrategia genocida que incluía el ataque por género abarcaba a las criaturas. Por eso la hoy psicoanalista, profesora de análisis institucional en la Facultad de Psicología de la UNR habla de su estada forzoza y su condición de sobreviviente del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario. Ella era una mujer de 23 años, embarazada de 8 meses cuando la secuestraron junto a su esposo, Oscar Manssur, en el invierno de 1976. "Me tocó dar a luz en la más absoluta indefensión bajo la advertencia de que mi bebé, una vez nacida "si es que llegaba a nacer , desaparecería y que ninguno de nuestros seres queridos sabría nunca de nosotras. Me habían advertido que luego del nacimiento me seguirían "interrogando" como venían haciéndole hacía más de 20 días en la sala de torturas del Servicio de Informaciones. Bertolino ubica su situación en el contexto general del asesinato, la sustracción de bebés y la tortura sistemática. También dice que la crueldad "hinca sus garras en los sitios que detecta más vulnerables y los genocidas autóctonos no se privaron de ejercer ninguna de sus formas. Sería imposible, además de absurdo, intentar organizar por grados o jerarquías la ignominiosa lista de crueldades, pero sin duda una de las escenas más crueles que podamos imaginar es la de una mujer sacudida por los dolores de parto en un campo de concentración, atravesada por la angustia desgarradora de no poder proteger a su cría, inerme ante la mirada del verdugo que habrá de disponer de ambas sin que ninguna ley le ponga freno".
En cuanto a los niños nacidos de madres en cautiverio "sometida a tortura es lisa y llanamente un niño cautivo, un niño torturado. La tortura es el paradigma de un avasallamiento radical, el escenario más antagónico que podríamos pensar con respecto a las condiciones básicas de acceso a la cultura".

3 de enero de 2010
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juicio ejemplar

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Los fiscales federales Suárez Faisal y Candioti, aseguraron a Rosario/12 que "la organización del juicio muy buena y eficaz". Señalaron además que se arribó a condenas "compatibles con los pedidos que había hecho el Ministerio Público y las querellas".

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. "El juicio fue ejemplar". Los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti ponderaron el debate público que concluyó con el primer juez federal de la Argentina condenado por crímenes de lesa humanidad. Víctor Brusa resultó culpable de ocho casos de apremios ilegales y sentenciado a 21 años de cárcel, mientras que cinco ex policías que compartieron el banquillo deberán purgar condenas por secuestros y torturas de 23 a 19 años de prisión: Héctor Colombini y Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto Perizzotti (22), Mario Facino (20) y la ex carcelera María Eva Aebi (19). Todos cumplieron distintos roles en el circuito de la dictadura en Santa Fe, pero en el marco de "un plan sistemático de represión y exterminio", señaló el veredicto. "Brusa actuaba como delegado del juez en los centros clandestinos de detención", acotó el fiscal.
El juicio a Brusa y compañía se extendió tres meses, declararon cien testigos y se inspeccionaron centros clandestinos emblemáticos como la comisaría 4ª (que estuvo a cargo de Facino hasta fines de 1976) y la Guardia de Infantería Reforzada (donde operaban Perizzotti y Aebi).
"Estamos muy conformes con el veredicto", expresó Suárez Faisal. "El trámite fue correcto y la organización del juicio muy buena y eficaz. Y lo más importante: se respetaron todas las garantías constitucionales y el debido proceso, tanto a los imputados como a las víctimas. Incluso, el tribunal (integrado por el juez Roberto López Arango y los conjueces Andrea Creus y Carlos Renna) admitió pruebas aún fuera de la etapa oportuna para garantizar a ultranza y al máximo, el derecho de los acusados a presentar todos los elementos que consideraban necesarios para fundar sus defensas".
"Ha sido un juicio ejemplar que respetó todos los derechos y garantías de las partes y al que se arribó a una sentencia condenatoria que fue compatible con los pedidos que había hecho el Ministerio Público y las querellas", agregó Suárez Faisal.
Los fiscales acusaron por 56 hechos. El tribunal consideró probados 54, sólo desestimó dos imputaciones por fallas procesales. Y condenó por esos 54 hechos, con el mismo molde que había planteado el Ministerio Público.
"Nosotros estudiamos la situación de cada imputado, valoramos las penas que correspondían por los hechos que se le atribuyeron y formulamos el petitorio", dijo Suárez Faisal. En su alegato, el fiscal pidió penas de 25 a 23 años de prisión y en el veredicto, el tribunal mantuvo la misma graduación, pero la redujo de 23 a 19 años. "Los jueces adoptaron el mismo molde, la misma referencia que tuvimos nosotros para pedir las penas", explicó.

Esta es la primera condena a un ex juez federal. ¿Qué se siente?
Nosotros consideramos que no sólo hubo un daño a las víctimas, sino también a la justicia desde el punto de vista institucional. El Poder Judicial tenía que ser el órgano del Estado encargado de garantizar el debido proceso y el derecho de las personas, aún en la dictadura. Pero eso no ocurrió. A partir de la intervención de Brusa, esa función se desdibujó totalmente y lo más grave es que las personas que él apremió ya eran víctimas de una privación ilegal de la libertad y tenían signos evidentes de torturas, entonces no pudieron ser revisadas por una autoridad judicial como sí ocurrió en otros casos. Brusa actuaba como delegado del juez en los centros clandestinos de detención "dijo Suárez Faisal.

Eso concuerda con un documento de la Side que se ventiló en el juicio y define a Brusa como "amigo y colaborador del Ejército".
Es un documento que se encontró en el Archivo Ideológico. Lo firma un funcionario de la Side, (ya fallecido, el teniente coronel), Rondello Barbaresi. Y dice que Brusa había "colaborado estrechamente en la llamada lucha contra la subversión" y que era "amigo y colaborador del Ejército". No sabemos por qué se redactó ese documento, pero suponemos que ya en 1981 fue propuesto por alguna autoridad militar como posible juez federal de Santa Fe, según surge de una anotación manuscrita que hay en el mismo informe de inteligencia. Pero Brusa no llegó al cargo por oposición del ministro de Justicia de esa época (Alberto Rodríguez Varela) "respondió Suárez Faisal.

¿La condena desploma la teoría de los perejiles?
La teoría de los perejiles, como la llama usted, no puede ser admitida de ninguna manera. Porque en todos los casos se trataba de funcionarios que tenían a su cargo dependencias muy significativas como instrumentos de persecución durante la dictadura militar. Facino fue el jefe de la comisaría 4ª, que era la puerta de entrada del circuito represivo de Santa Fe y Perizzotti era jefe (de la Oficina Coordinación del Area 212) en la Guardia de Infantería Reforzada. En este juicio estuvieron los dos responsables de la peor época de estos dos centros clandestinos y de la represión en Santa Fe. Y también dos integrantes de los grupos de tareas como Colombini y Ramos que tuvieron mucha participación en diversos de casos de privación ilegítima de la libertad.

Pero hubo un desguace del juicio. No llegó ningún militar. La asociación ilícita fue desglosada en otro expediente. Y hasta se desmembró el caso del secuestro y desaparición de Alicia López en el que Facino está imputado por homicidio. ¿Por qué?
El trámite de este tipo de causas es engorroso y dificultoso. Hay muchos imputados, muchas víctimas y muchos hechos. Distintas posibilidades de acción y mucha dificultad en la recopilación de la prueba. Esto hace que el trámite de estos expedientes sea sumamente complejo y difícil. Y muchas veces se llega a juicio con la cantidad de hechos que se puede y no con todos los que se hubiera podido llegar si la investigación hubiera sido más cercana en el tiempo. De todas maneras, desde la Procuración General de la Nación se hace un trabajo muy importante respecto de la recopilación de datos y el seguimiento y coordinación de las causas. Eso ha dado muy buenos resultados, al punto que se acumularon varias causas en la que se investigan 46 muertes producidas durante la dictadura. Es una investigación que está avanzando a buen ritmo.

En el alegato, usted pidió que se inicien más investigaciones.
Es una cuestión que deberá evaluar el fiscal de primera instancia, escuchar las declaraciones y decidir si se iniciarán investigaciones a personas que pueden estar involucradas en hechos ilícitos. Nosotros, como representantes del Ministerio Público tenemos la obligación de promover las investigaciones de todos los hechos que conocemos por nuestra tarea- concluyó Suárez Faisal.

3 de enero de 2010
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el misterio de las dos mujeres

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Dos mujeres que habrían sido obligadas a prostituirse en Plaza Huincul, Neuquén, pidieron ayuda mediante cartas. La Justicia allanó los cabarets de la ciudad y constató la veracidad de lo que habían relatado. Pero no pudo dar con ellas.

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[Mariana Carbajal] Argentina. La Justicia federal de Neuquén busca a dos mujeres –una de ellas podría ser adolescente–, que estarían secuestradas por redes de trata en algún prostíbulo de la Patagonia y que pidieron desesperadamente ayuda por distintos medios: en un caso a través de un papelito: "Me secuestraron. Avisá a cualquiera menos a la policía porque son todos cómplices. Ayudame por favor. Llamá a Gendarmería, por favor ayudame urgente". El escueto texto se lo dejó a una persona que se encontraba esperando auxilio por un desperfecto en su vehículo una jovencita que transitaba con otras más junto con un hombre por la banquina de la Ruta Nacional Nº 22, entre Plaza Huincul y Cutral-Có. El otro pedido llegó a través de una carta anónima enviada al diario Río Negro, despachada en la misma zona, y supuestamente escrita por una mujer paraguaya, que da información precisa sobre el funcionamiento del negocio local de la prostitución y denuncia también la presunta connivencia de la policía con las mafias de tratantes. "Necesito contar todo lo que sé, extraño mucho a mis hijitos, están tan lejos (sic), espero poder salir de este horror y volver a mi país", dice la extensa misiva, escrita de forma algo confusa, que fue entregada por un periodista a la Justicia. Plaza Huincul, localidad neuquina de la llamada comarca petrolera, es señalada por distintas investigaciones como destino en la ruta de la trata para explotación sexual.
Los dos mensajes abrieron una investigación que lleva adelante la fiscal federal de Neuquén, María Cristina Beute. La persona que aguardaba el auxilio para su vehículo se dio cuenta de que una joven le había dejado un papelito escueto pero claro con el pedido de ayuda una vez que el grupo ya había desaparecido de su vista. Fue el 2 de abril de 2009. Entonces decidió acercarse a una ONG y contar lo que le había sucedido. Después fue a la Justicia y entregó el mensaje. Declaró como testigo de identidad reservada. Recordó que la muchachita, que podría tener 18 años o menos según su descripción, se le acercó, pero que enseguida fue reprendida por el hombre que la acompañaba. Iba junto a otras tres o cuatro chicas.
La carta enviada al diario Río Negro fue despachada el 29 de junio en Plaza Huincul. Está firmada por el nombre de pila de una mujer, que la Justicia prefiere mantener en reserva para proteger su identidad y evitar que pueda sufrir alguna represalia por parte de sus captores. "Me trajeron acá para trabajar de empleada doméstica, pero era todo muy distinto acá. Los boliches de Plaza Huincul son todos uno y la policía de seguridad avisa cuando va a haber operativos (...) el dueño nos retiene el pasaporte (...) cobramos una vez al mes (...) nos hacen recorrer todos los boliches (...) Zapala, Chos Malal, Rincón (de los Sauces), son una gran familia (...) hay dominicanas, brasileñas, uruguayas, paraguayas (...) ayúdenme, quiero volver a mi país Paraguay", dice otro extracto de la carta. También menciona que a las chicas las drogarían para "trabajar".
En la misiva se aluden como boliches a "La Barra" y "Kalifornia", que son dos de las cuatro casas de tolerancia o prostíbulos que hay en Plaza Huincul. En el marco de la investigación para dar con el paradero de las dos mujeres, la fiscalía federal de Neuquén realizó de julio a noviembre tareas de inteligencia en los boliches antes de allanarlos el 28 de noviembre. Durante los procedimientos no encontraron a ninguna de las dos mujeres buscadas. Pero sí hallaron a casi treinta, mayoritariamente dominicanas y paraguayas, que ejercían allí la prostitución. Todas declararon que estaban en los locales por su propia decisión. Intervino personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Pero no detectaron situaciones de trata. Todas las mujeres tenían pasajes para visitar a sus familias para las fiestas de fin de año, manejaban su propio dinero y poseían en sus carteras sus documentos de identidad. Ninguna dijo haber visto a las dos mujeres que la Justicia está intentando localizar.
La Justicia tiene sospechas de que no hayan dicho toda la verdad: en la investigación preliminar, realizada previamente a los allanamientos, la fiscalía recogió información que no coincide en muchos casos con la que las mujeres en situación de prostitución dieron. Lo que sí saltó a la vista es que en la comarca petrolera hay una gran circulación de mujeres por distintos prostíbulos, que son llevadas rotadas. Los datos sobre los prostíbulos y sus explotadores brindados en la carta enviada al diario fueron corroborados. Se encontró que quienes regentean los locales se quedan con un porcentaje de lo recaudado por las mujeres. En el marco de la causa todavía no hay detenidos. Interviene el Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, que a pedido de la fiscalía ordenó la clausura de los cuatro prostíbulos de Plaza Huincul, prohibidos por la Ley de Profilaxis, de 1936.
Como se trata de una falta y no de un delito, se le dio intervención a la Justicia contravencional local, pero ya hay presiones fuertes para que el Juzgado de Paz de Plaza Huincul levante las clausuras. El circuito de la trata y la prostitución, por la información recogida por la fiscalía, se extiende además por Rincón de los Sauces, Zapala y Buta Ranquil, entre otras localidades de la comarca petrolera.

3 de enero de 2010
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cae implicado en asalto a secretaría

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Visita de los pesados para fin de año. Un ex efectivo de la policía bonaerense fue detenido ayer, sospechoso de participar en el robo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, ocurrido el pasado 30 de diciembre.

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Argentina. Fuentes policiales confirmaron que se trata del ex oficial Juan Mateo, que pertenecía a la división platense de Narcotráfico de la Policía y estaba desafectado de la fuerza desde septiembre de 2009 por delitos cometidos e investigados por la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial.
Mateo fue detenido anoche en su domicilio, sospechado de ser partícipe del robo a la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense, donde dos delincuentes sustrajeron legajos de represores, denuncias a la Policía bonaerense, una computadora portátil y 8 mil pesos. La investigación quedó en manos del fiscal Marcelo Martini de la UFI 3.

3 de enero de 2010
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cómo marcha el juicio contra represores

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La fiscal Colalongo evaluó el juicio contra ex represores en Rosario. La fiscal federal sostiene que hay pruebas "más que suficientes para condenar" a los cinco ex represores que están siendo juzgados.

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[José Maggi] Argentina. "Hay pruebas más que suficientes para condenar a los cinco imputados. Todos pertenecían al Destacamento de Inteligencia 121 cuyo máximo responsable era (Pascual) Guerrieri quien fijaba los objetivos, marcaba los nombres de quienes iban a ser secuestrados, torturados y desaparecidos". De este modo la fiscal federal Mabel Colalongo evaluó para Rosario/12 la primer etapa del juicio por terrorismo de estado que se sustancia en esta ciudad, y cuyos alegatos comenzarán en el mes de febrero. Para la fiscal "no hay forma que se olviden estos hechos más allá de los 30 años que transcurrieron. Una sociedad que ha vivido el terror de la dictadura, y en este caso por quienes están imputados en esta causa es imposible que pueda olvidar estos hechos y sanar su tejido social si no se esclarecen. Quedó claro -agregó que los testigos, sobrevivientes y familiares podían describir la afectación de su dignidad como si los hechos hubiesen transcurrido ayer. No hay intento defensista que pueda contra la contundencia de la memoria de las víctimas de delitos de lesa humanidad. No hay defensa posible".

¿Cuál entiende que ha sido la actitud del Tribunal Oral Federal Nº 1?
Creo que ha habido una evolución en el tribunal, un cambio de actitud desde el inicio del juicio. La primera vez que se mostró una foto de un desaparecido se hizo desalojar la sala, pero con el correr de las audiencias el publico pudo hacer manifestaciones y la reacción del tribunal no fue ordenar que actúe la Gendarmería.

¿Cuál fue el momento más conmovedor de este tramo de juicio?
Hubo varios, algunos de ellos coincidieron con el relato de las personas a las que se las privó de su libertad y relataron el trato que se les dio en su cautiverio. Otro en cuanto a reflexiones generales que estos hechos le provocaron a familiares de las víctimas como el de Juan Benazzi, hermano de María, que en realidad inicialmente pidió que se lo desistiera porque consideraba que no tenía nada para decir y finalmente pidió declarar. Juan se preguntó públicamente cómo pudo pasar esto. Y recordaba que su hermana en una de sus cartas enviadas desde su lugar de encierro, apelaba a la Virgen María y cuando sus propios verdugos también lo hacían. Juan no entendía cómo podía pasar esto. Son estos planteos generales los que conmueven a uno desde otro lugar. O te conmueven y te llevan a reflexionar cosas que hasta el momento uno no reflexionó.
Un relato que me pareció increíble fue el de Olga Moyano, o el de Carlos Novillo, y me conmovió la señora Forestello, con más de ochenta años que llegó con su pañuelo y su historia, con su claridad y su contundencia. Y también como testimonio el de Rafael Bielsa, me pareció excelente, por distintos motivos, me provocaron distintas sensaciones.

Hubo una jornada muy especial en la que se realizó el reconocimiento de tres centros clandestinos de detención. ¿Cómo lo vivió?
Realmente entrar a La Intermedia fue muy fuerte. La sensación de ingresar al lugar donde Eduardo Costanzo decía que debía haber una escalera hacia un entrepiso donde dormían las parejas, que no encontraba, hasta que el doctor Venegas Echague entró a una habitación y descubrió la misma escalera de madera atada con alambre y el entrepiso fue sorprendente. Una casa llena de telarañas, en la que Costanzo iba señalando donde había dejado los cadáveres envueltos en frazadas, la verdad es que fue muy fuerte. Ingresar a ese sitio es lo que más me impactó. Tal vez porque estaba casi intacto, las cosas en el mismo lugar, la mesa, la ventana y porque ese fue el lugar donde se asesinó a catorce personas.

¿Hay pruebas suficientes para condenar a los imputados?
Hay pruebas sobradas, mucho más que suficientes. Y hay que contemplar que todos estos hechos ocurrieron en la mayor clandestinidad con todos estos señores teniendo la suma del poder público, disponiendo de todo, de la libertad, de la vida, de la integridad, se apoderaron de todos los derechos constitucionales de los habitantes de este país, imponiendo claramente un régimen de terror. Incluso después, Reynaldo Bignone ordenó destruir toda la documentación vinculada con la lucha contra la subversión. Por eso es valioso que aquí por ejemplo hemos encontrado en aquel famoso Archivo Intermedio, documentación donde aparecen las detenciones de las víctimas de esta causa como Forestello, Tosetto o Retamar. Esto prueba que los archivos sirvieron sin dudas, pero más allá de esto pusieron por escrito lo que testigos, sobrevivientes y familiares pusieron en palabras. Con esto quiero decir que tenemos pruebas escritas más los testimonios de gran contundencia. Además hay sumados testimonios como el Horacio Ballester un ex militar del Cemida (Centro de Militares por la Democracia) en el que claramente dijo que este fue un sistema de represión ilegal, y no otra cosa. Ballester además probó que pudo irse del Ejército, oponiéndose, y siguió vivo, no lo mataron, esto lo dijo él mismo.

¿Cuál es la importancia de este juicio?
Bueno obviamente las propias resoluciones y órdenes secretas que las fuerzas armadas escribieron para aniquilar la subversión, que fue este plan sistemático, le otorgaron a la inteligencia militar el rol de determinar y fijar los blancos, los sospechosos, algo que reconoció el mismo Jorge Fariña, que señaló a "los sospechosos que venían desde afuera para el Mundial 78". Este es el rol que tuvo la inteligencia militar en este sistema de terror. Y todos los señores que están aquí sentados participaron. Pascual Guerrieri manejaba el Destacamento de Inteligencia 121 y venía del Batallón de Inteligencia 601. Todos los que están sentados en este banquillo pertenecían a ese Destacamento. Esa era una área que era prioritaria en 1976 para combatir la subversión por parte de las fuerzas armadas, en toda esta región Rosario, San Nicolás, Villa Constitución. Las personas imputadas eran los que brindaban los nombres obtenidos bajo tortura, información que les permitía en cadena seguir deteniendo gente. Estos datos no salían de la nada. En este lugar según nos dijo el ex policía Adolfo Salzman, se confeccionó el Informe Sotera.

2 de enero de 2010
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