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policías implicados en asesinatos


Stornelli denuncia a sectores de la policia por "instigar" crímenes cometidos en los últimos días. El ministro de Seguridad bonaerense relaciona los homicidios de tres mujeres, en ocasión de robo, con el descabezamiento de la Dirección de Sustracción de Automotores. Atribuyó a oficiales desplazados las maniobras para desestabilizarlo.
Argentina. Sorprendente, sin dejar de resultar curiosa, la última decisión del ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, consistió en presentar una denuncia judicial por maniobras en su contra desde dentro de la propia Bonaerense. La denuncia, presentada ayer ante la fiscalía platense 6 a cargo de Marcelo Romero y a la que tuvo acceso Página/12, no da nombres pero apunta su tinta contra una cabeza desplazada de la Dirección de Sustracción de Automotores, contra jefes ya retirados, y contra exonerados de la fuerza. Los motivos que alude para que intenten desestabilizarlo es su "férrea decisión política de profundizar persistentemente el combate de los delitos vinculados con el robo y hurto de automotor". Y las maniobras desestabilizadoras denunciadas son una serie de asesinatos que los medios difundieron generosamente como crímenes e inseguridad, y que según la denuncia de Stornelli fueron programados con la intención de golpear su gestión por las intervenciones que interferían negocios. Lo sorprendente es que denuncie hacia dentro de la misma Bonaerense a la que hace tres semanas defendió con su polémico proyecto de Código Contravencional para "recuperar la calle para la policía". La denuncia enumera una serie de prácticas delictivas dentro de la verificación de vehículos, a cargo de la DSA, y sostiene que los crímenes fueron realizados adrede, sin intención de robo. A la cabeza de la DSA se encontraba el comisario Marcelo Andrade, desplazado al cargo de director de la DDI de Mercedes.
Stornelli pide en su denuncia a la Justicia que investigue la "conducta de personas aún no individualizadas que tendrían como fundamento las recientes decisiones que en el marco de las ya ordenadas, he adoptado en la Dirección de Automotores y que habrían cercenado ciertos negocios espurios que podrían haberse estado llevando a cabo, y como claro objeto la intención encubierta de desestabilizar a la actual conducción del Ministerio de Seguridad que conduzco, o a las políticas del Sr. Gobernador que en la materia me ha ordenado efectivizar para la erradicación de las conductas vinculadas con el robo de automotor (...)".
Sin mencionar nombres, Stornelli da una pista cuando sostiene que a partir de la "intervención y cambio de conducción de la División Sustracción de Automotores de la provincia de Buenos Aires, ocurrida el 16 de noviembre de 2009, de la cual dependen las Plantas de Verificación de vehículos automotor, se han suscitado mediáticos hechos de homicidio en distintas zonas sensibles del conurbano bonaerense, donde resultaron víctimas personas a las cuales se les ha quitado la vida ante la intención de consumación de un hecho, que los medios por alguna ‘potencialización’, lo han tipificado como ‘el desborde del robo automotor con homicidio’".
Stornelli subraya en su presentación que "todas las víctimas fueron mujeres, con una exposición social importante –maestras o profesionales con múltiples contactos sociales– que automáticamente motorizaban a sus núcleos de pertenencia social y barrial a multitudinarias marchas con claras infiltraciones que aún los propios protestantes eran quejosos de la presencia de miembros de políticas opositoras".
El 16 de noviembre, según Stornelli, desplazó a la cúpula de Sustracción de Automotores, que arrastró a todos los jefes dependientes y los inspectores de verificación de automotores, a quienes los consideró, sin dar nombres, como "los dueños de la situación cuando la voluntad de la conducción así se los permite", y les adjudicó una serie de prácticas delictivas habituales, como el grabado de vidrios, regrabado de chasis y motores, verificaciones inexistentes, venta de planillas en blanco, distribución de formularios firmados y sellados en blanco mediante un "delivery" que los reparte entre agencieros.
La remoción de la cúpula y de sus instrumentos desató, según lo denunció Stornelli, al día siguiente, una "nefasta cronología": el 17 de noviembre en Wilde, fue asesinada Renata Toscano. "Se genera una reacción social en contra de la situación magnificada por inflitrados frente a la comisaría 5ª de Avellaneda". Cita luego que el 25 de noviembre fue asesinada Claudia Almirón, maestra de un colegio religioso, "en un confuso hecho de robo y robo de automotor, que a las claras luego de su investigación y confesión de los autores, el vehículo fue utilizado para la fuga y posterior visita a un familiar por parte de los delincuentes (...). Sin tener luz todavía sobre la real intencionalidad de los mismos, los medios nuevamente calificaron el hecho como ‘el desborde del robo automotor con homicidio’. Inmediatamente se produjo la movilización social replicando lo que había sucedido en Wilde". Luego recordó el caso de Ana Castro, asesinada de un disparo en Lanús, con las mismas características de intento de robo y posterior eclosión social con la noticia.
Agrega otro asalto en Lanús, en el que Claudia Pitti recibió un balazo en la cabeza pero sobrevivió. "Hubiésemos tenido dos explosiones sociales en dos puntos sensibles del conurbano", agregó Stornelli.
Stornelli sostuvo que "el éxito de las ‘operaciones’ tendería verosímilmente a desacreditar a esta gestión en su eficacia". Como le ocurrió a Duhalde poco después de defender a la "mejor policía del mundo", la denuncia sorprende no por lo que dice sino por quién lo dice. Una denuncia que por no mencionar nombres aunque demuestra conocerlos, más que para la Justicia parece lanzada a los medios.

15 de diciembre de 2009
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cobardes amenazan a cristina


El gobierno denunció ante la justicia una amenaza contra la presidenta mediante una interferencia en la radio del helicóptero. "¡Maten a esa yegua!" "¡Maten al pescado!", gritaron. Casi en simultáneo con el inicio del juicio oral a los represores de la ESMA, una voz anónima irrumpió en el vuelo presidencial.
[Alejandra Dandan] Argentina. Las amenazas se escucharon a las 11.37 del viernes pasado en la frecuencia operativa de la Torre de Control del Aeroparque Jorge Newbery. "¡Maten a esa yegua!", gritaron primero. Y luego: "¡Maten al pescado!" Cristina Fernández debía subir al helicóptero presidencial para viajar de la Quinta de Olivos a la Casa Rosada. En la radio del vuelo se escuchó durante unos cinco segundos, además, el siniestro sonido de "La avenida de las Camelias", la marcha militar que acompañó durante años los comunicados de la última dictadura. A esa misma hora, ese mismo viernes, curiosamente –sugirieron en el Gobierno– empezó el juicio contra los militares que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada. Todo un dato. El Ejecutivo presentó la denuncia por "delitos de acción pública" ante la Justicia federal. Y durante el día, Cristina y Néstor Kirchner responsabilizaron a los "dinosaurios" y "los gerontes" por la emisión de los mensajes. "No podemos permitir que dos o tres gerontes nos dividan", dijo el ahora diputado. Por su parte, el piloto Jorge Pérez Tamayo, en diálogo con Página/12, alertó sobre el peligro de las interferencias para la seguridad de un vuelo: "Si hubieran dado instrucciones a un avión –dijo–, podría haber colisionado en el aire".
Las interferencias a la frecuencia aeronáutica se produjeron el viernes pasado en paralelo con el comienzo del juicio histórico contra los represores que intervinieron en la ESMA, entre los que se encuentran Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta. El Gobierno lo difundió recién ayer. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, le pidió al procurador general, Esteban Righi, que presentara la denuncia ante la Cámara Federal porteña. Tras un sorteo, la causa quedó en el juzgado de Ariel Lijo, que derivó la investigación, a su vez, en la fiscalía de Eduardo Taiano.
"Muchos episodios han pasado en estos días y nos dan muestras todavía de que los dinosaurios están –dijo CFK a la tarde, durante un acto en Casa de Gobierno–. Ustedes los conocen mejor que yo." Y no habló de los autores "porque –dijo– será la Justicia la que determine, en todo caso".
La denuncia del Gobierno llegó al juzgado de Lijo acompañada con un informe escrito del coronel Alejandro Graham, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, a cargo de la custodia de Cristina. Según el escrito todo comenzó cuando la aeronave se presentó como "Fuerza Aérea I", la aeronave que traslada a la presidenta. En ese momento, se produjo "una interferencia ilícita con epítetos irrespetuosos a la Sra. Presidenta. A continuación (aproximadamente 40 segundos después) se escuchan 5 segundos de una marcha militar: ‘Avenida de las Camelias’". Quienes estaban a cargo de la aeronave, entonces, pidieron al Control de Aeroparque el cambio de frecuencia para ingresar a una sintonía distinta, la del Control de Casa de Gobierno, que es una frecuencia secreta. En ese momento, "se repitieron otros epítetos similares, los que se pierden al realizar el cambio de frecuencia citado".
Si la aeronave hubiese transitado con la banda de la frecuencia secreta desde el comienzo, las amenazas nunca habrían llegado. Según Pérez Tamayo, piloto a cargo de algunos de los vuelos presidenciales, el Gobierno debería contar con una frecuencia alternativa y secreta desde Olivos para evitar estas cosas.
En tanto, la Casa Militar tomó varias medidas de seguridad: interrogó a los pilotos del helicóptero H-03 y al jefe de Agrupación Aérea, que deberán presentar un informe por escrito. Solicitó a la torre de control de Aeroparque la "grabación relacionada con las comunicaciones del H-03, desde el momento de su ingreso a la frecuencia 118,85 MHZ hasta abandonarla". La grabación puede ser importante por dos razones, según un especialista consultado por este diario. Puede arrojar el tono de voz del que habla para su reconocimiento. Pero, más importante, puede mostrar la potencia del equipo de transmisión del mensaje: si el mensaje llega entrecortado puede tratarse de un aparato menos sofisticado, como un handy, si no estarían ante un equipo de gran potencia. Fuera de eso, también se pidió "apoyo a la Secretaría de Inteligencia a los efectos de adoptar medidas de contrainteligencia contra este tipo de interferencia en las comunicaciones".
Durante el día, el jefe de ministros precisó sin embargo otros detalles. "Aparecen voces en tres momentos –dijo Aníbal Fernández–. En la primera aparece una textual que dice ‘Maten a la yegua’; en la segunda, un fragmento de ‘Avenida de las Camelias’, en la tercera parte aparece otro que dice ‘Boludos, maten al pescado’ y en el cuarto y quinto intento aparece una voz que dice ‘Mátenla’." Las voces no se escucharon en un solo momento, como se desprende de los informes, sino durante todo el trayecto del vuelo sobre el margen del Río de la Plata y hasta cerca del helipuerto ubicado detrás de la Casa Rosada.
¿Es sencillo ese tipo de intervención? El ministro Fernández aseguró que no. Dijo que las comunicaciones no se pueden interferir si no es desde otra aeronave o desde algún lugar de tierra con un tipo de comunicación "muy particular, que es el VHF". Los pilotos consultados por Página/12 difirieron sólo en ese aspecto. "Estas interferencias las puede hacer cualquiera –dijo Pérez Tamayo a Página/12–. Se hacen con un sistema de equipo de radio, un handy que se consigue en un taller aeronáutico o en cualquier lugar de comunicaciones. VHF significa ‘muy alta frecuencia’, cualquiera puede tener un equipo y el equipo busca la frecuencia por ejemplo del Aeroparque y por esa sintonía puede escuchar (e intervenir si lo desea) en todo lo que sucede con todo el tráfico aéreo."
Taiano recibió el expediente durante la mañana de ayer, y elevó varios pedidos. Entre ellos una requisitoria para ampliar la declaración del piloto y del ingeniero en comunicaciones del helicóptero. También pidió a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal y a otras agencias de seguridad que investiguen de dónde llegaron las interferencias. Fuentes del juzgado de Lijo aseguraron, por su parte, que harán lugar a los pedidos pero aseguraron que encontrar el origen de las emisiones será "super difícil". Los aparatos podrían costar 160 dólares. "La importancia es la que tiene –dijo Aníbal Fernández–. Se ha amenazado a un presidente, en cualquier país esto tiene importancia." Y agregó: "Es un grupúsculo de facciosos que han tenido que ver con las acciones que todos conocemos, deleznables por cierto, del Proceso de Reorganización Nacional".

15 de diciembre de 2009
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la echaron porque había sido puta


Una mujer de 28 años fue expulsada de la Escuela de Policía porque antes era prostituta. En 2002 tuvo una contravención por ser trabajadora sexual y aunque el juez de Faltas certificó que la sanción prescribió, igual fue expulsada del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) donde estudiaba. "No seamos hipócritas", pidió la delegada del Inadi.
[Sonia Tessa] Argentina. Una joven de 28 años fue expulsada del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) de la ciudad de Santa Fe, adonde estudiaba para ser policía, por una contravención en 2002. Entonces, la joven era trabajadora sexual. Según una nota firmada por el propio Juez de Faltas, Héctor Valli, la sanción prescribió. Hace siete años, la mujer se encontraba en situación de prostitución, pero al poco tiempo dejó de ejercer el trabajo sexual, y con dos hijos pequeños para mantener, tuvo distintos trabajos: fue empleada doméstica, se desempeñó en seguridad privada, y fue ayudante de cocina en restaurantes de la capital provincial. Este año se inscribió en la escuela, pasó todos los exámenes con buenas calificaciones, renunció a su anterior empleo y se abocó a estudiar. "Quiero ser policía para estar en la calle, para prevenir los delitos, para honrar ese trabajo tan importante", explicó. Justamente, durante los tres meses que cursó en la escuela compró la indumentaria policial que le exigían. Para eso, hizo y vendió empanadas, una actividad que le permitió solventar el gasto, como así también los colectivos y el material de estudio. En junio, le comunicaron que no podía continuar cursando. "No saben el daño que me hicieron", expresa la joven, sin poder contener el llanto.
Pero Laura -así se llama la mujer no se quedó quieta. Sabía que estaban vulnerando sus derechos y recurrió a la delegación santafesina del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). La delegada, Stella Vallejos, tomó el tema, que después de distintas gestiones llegó hasta la fiscalía de Estado. "En principio iniciamos una gestión de buenos oficios, creímos que sería necesario. En general, impulsamos este tipo de gestión porque los juicios por discriminación son muy engorrosos y largos. Pero ha pasado mucho tiempo, dos meses desde la audiencia en Fiscalía de Estado, y no hay respuestas. Esto se enmarca en violencia institucional", indicó Vallejos.
Cuando le comunicaron la expulsión de la escuela, las autoridades indicaron que la ley 12.333, en su artículo 8 inciso d, prohíbe ingresar a la escuela con antecedentes de contravenciones. La gestión del INADI incluyó a la directora del ISEP, Adela Aichino, quien argumentó que era una cuestión reglamentaria. Por eso se le pidió opinión al ex secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Iparraguirre, quien emitió una recomendación para modificar esa normativa. El secretario de Justicia, Roberto Vicente y la Directora de la Mujer, María Rosa Ameduri, fueron otros funcionarios consultados por la delegada del INADI.
Todas las gestiones derivaron en una audiencia pública con el fiscal de Estado Jorge Barraguirre, que se realizó el 16 de octubre pasado. Laura llevó todas las constancias que tenía: los buenos conceptos que recibió en la escuela, la nota del juez Valli donde constaba la prescripción de la falta, la renuncia a su trabajo anterior. Y sobre todo, argumentó su voluntad de ser "una buena policía". Desde entonces, la joven espera un dictamen que permita reintegrarla a la escuela de policía.
Laura tiene dos hijos, de 10 y 6 años. En diálogo con Rosario/12, la joven recordó cómo llegó a la situación de prostitución. "Cuando el nene tenía dos añitos, me quedé sin trabajo, y tuve que salir a hacer eso. Yo me arrepiento un montón. Para mí fue un error, pero yo era chica y aparte" Creo que tendrían que darme la oportunidad. Fue hace siete años", expresó. Y subrayó que hubo una larga transición entre aquella etapa de su vida y la actual. "Yo no salí de aquello y vine de inmediato a inscribirme en al escuela de policía. Pasaron años, trabajé en muchísimas cosas", argumentó.
Una oportunidad, eso es lo que pidió la joven. "Lo mío está todo cerrado, yo no tengo nada, no le debo nada a nadie. La contravención es de 2002, hice todo lo que pude hacer para que me den una oportunidad. Cuando tuve que pedir concepto en la escuela, todos se sorprendieron porque me iba bien, todo el esfuerzo que puedo hacer, lo hago porque quiero ser policía", indicó Laura.
La situación de violencia que vive Laura tiene su origen en los artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de la diputada Lucrecia Aranda para derogarlos, pero los efectos de esta norma arbitraria quedan a la vista. Y también del sexismo que circula en las instituciones. "¿Cuántos varones dentro de la fuerza y de la institución policial seguramente han utilizado los servicios de mujeres en situación de prostitución? No seamos hipócritas", expresó indignada Vallejos.

15 de diciembre de 2009
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la resistencia en devoto


Prisión y censura II.
[Sonia Catela] Argentina. Con los testimonios escritos que dejaron 112 presas políticas de su paso por Devoto, pueden practicarse diferentes lecturas; ésta los examina como manual de resistencia, un repertorio didáctico de estrategias de supervivencia en un contexto histórico límite, el que corre entre 1974 y 1983. "De aquí saldrán muertas o locas", les espetaron las autoridades del Servicio Penitenciario Federal a estas mujeres. O les dijeron: "Están vivas pero saldrán locas de aquí". Ellas se respondieron: "resistir y sobrevivir".
Como una herramienta de reclamo organizaron varias huelgas de hambre. El 13 de junio de 1977 resuena un grito: "Compañeras, me van a trasladar". El Tercer Cuerpo de Ejército había ido a buscar a tres presas con orden de transferencia. De acuerdo a lo planificado, las mujeres pidieron la presencia de una autoridad a fin de demorar la salida. Simultáneamente, las compañeras de celda usaron sus cuerpos para formar una valla frente a los penitenciarios. Cuentan: "Tomamos con desesperación nuestros jarros de metal y empezamos a golpear los pisos, los bordes metálicos de las camas, mientras gritábamos por las ventanas: Vecinos de Villa Devoto, trasladan a Lidia Fernández, Elsa de Bazán y Alicia Weiland". Tememos por sus vidas. ¡Avisen al Colegio de Abogados, a la Iglesia, a la Cruz Roja Internacional!".
Enfrentaron con realismo la relación de fuerzas que se planteaba. "Nos pusimos de acuerdo para obstaculizar el traslado. Todas éramos conscientes de los límites de nuestras posibilidades". Enseguida llegó el escarmiento colectivo, empeorado con el encierro de algunas prisioneras en calabozos de emergencia. "Cubrimos nuestros cuerpos con dos mudas de ropa, doble camisetas, doble medias, doble buzos, doble" Sabíamos que el próximo destino eran las celdas de castigo. Era el crudo invierno del "77".
Y ahí acabaron, en cubículos de un metro por dos, vacíos, ubicados en un sótano, en inmovilidad.
"Abrieron una puerta y nos hicieron entrar. Una escalera muy estrecha hacia abajo desembocaba en un espacio en forma de T. Nunca se había usado para presos políticos. Nos metieron a cada una en celdas separadas por una hilera de calabozos, para que no pudiéramos comunicarnos. Eran pequeñas, oscuras, húmedas, frías. Adentro, absolutamente nada. La puerta sin mirilla permanecía cerrada todo el día y se abría para sacarnos al baño. Pedí ir al sanitario pues la celda de la Cherna estaba justo frente a él. Rápidamente decidimos iniciar una huelga de hambre. Pensamos que de algún modo se conocería. Comunicamos la medida a las celadoras. A medida que los días transcurrían allí abajo se incrementaban las visitas de autoridades presiónandonos para que abandonásemos. Más de una vez con algún alimento tentador en mano. Recuerdo un chocolate impresionante que ponían en nuestras narices. Sólo tomábamos líquido: matecocido y agua. Pleno invierno. Nos dejaban dentro del calabozo la ración de comida y luego la retiraban. Yo solía utilizar el jarro de mate para calentarme las manos, y lo mismo hacía con el plato caliente, aunque no comiera. Un día pasó algo diferente: al abrirse la celda vi a un mozo parado, de pantalón negro, chaqueta blanca con botones dorados, guantes blancos y moñito negro. En su mano, un plato humeante (creí que el hambre ya me hacía alucinar). Cuando le dijimos que no lo tomaríamos por la huelga, dejó el plato en el suelo con corrección y se retiró. Los platos, de loza, tenían la inscripción del Casino de Oficiales. Era claro que nos traían la comida de los jefes: ravioles con estofado, pollo, papas fritas, un menú que hacía años que no veíamos". Las mujeres sostuvieron once días la huelga líquida (matecocido y agua) y luego suprimieron también esto; ya no ingerían alimento alguno. La consigna de estas presas "juntas o nada", las sostuvo hasta que las reintegraron a sus celdas, luego de soportar dos semanas en el límite. "Yo había perdido 7 kilos, pesaba 43 al terminar la huelga y tenía unos terribles dolores de brazos. Fue una experiencia brava, de ésas que te dejan marcas fuertes".
Cada decisión se tomaba mediante deliberaciones y debates: "Estábamos tan acostumbradas a votar cualquier cuestión que llegamos a someter a votación cuántos "puchos" debíamos fumar por día, y si las no fumadoras merecían, en compensación, un trozo de queso extra".
Coordinarse no constituyó un trámite fácil debido a las pronunciadas diferencias ideológicas que separaban a las presas; ellas lo grafican con una de las amenazas de los penitenciarios: "las mezclaremos de tal manera, que en las celdas, las erpias y las montos se sacarán los ojos". Sin embargo, las mujeres se empeñaron con "todos los esfuerzos para dirimir nuestras diferencias".
Plantearon los reclamos mediante una delegada que expresara los pedidos ante las autoridades en representación de todas, aunque hubo militares que se negaron a atenderla alegando que sólo consideraban pedidos individuales.
Opusieron una resistencia directa a las inspecciones: "Nos exigían que nos desnudáramos pero habíamos acordado en negarnos y permanecer en ropa interior. Intentábamos poner un límite al avasallamiento, ya que si hoy se nos pedía desnudo, mañana sería apertura de nalgas, pasado tacto vaginal. Nunca una medida del Servicio Penitenciario era la última. Siempre resultaba el anticipo de una peor". "La decisión fue colectiva, pero enfrentar cada una a las celadoras con un lacónico "no" a la situación del "Desnúdese", era un trago duro de apurar".
Negarse a ser requisadas como es de práctica implicaba 15 días de aislamiento en las celdas de corrección. Pero las sanciones se descargaban no sólo por la negativa al desnudo sino por causas surtidas; cuando la inteligencia penitenciaria encontraba durante las revisaciones ciertos elementos "peligrosos", como hilos, naipes o telar, había represalias.
Frente a estas situaciones, una táctica de resistencia diferente consistió en negarse al recuento. En la U2, en un espacio de 20 metros por 9 convivían 67 mujeres con 12 niños de pecho. Cansadas de reclamar en vano, expresaron su protesta moviéndose cuando las celadoras ingresaban al pabellón a contarlas; así, les imposibilitaban la suma. Mantuvieron esa protesta el tiempo que pudieron.
Filtrarse al exterior se convirtió en una llave maestra de la oposición a esa cárcel "legal" que era Devoto: "debíamos romper la vidriera para mostrar su trastienda" mediante toda la difusión posible. Se dirigieron a miembros de la iglesia, del poder judicial, a organismos internacionales buscando traspasar las fronteras del país con las denuncias.
Comunicarse internamente era vital; "Descubrimos que los tornillos que ajustaban nuestras cuchetas a la pared coincidían con los de la celda vecina. Luego de un esmerado tallado se convirtió en orificio que hacía las veces de teléfono". También lo usaron para hacer circular las informaciones recogidas durante las visitas, organizando su "Noticiero". En el "76, al confirmarse el golpe de Estado, lo transmitieron en código morse a través de las paredes.
En el interior del penal dictaron cursos de historia, sociología y sobre "la situación que estábamos viviendo". Escondieron libros que sacaban y devolvían luego a su escondite del techo "mientras Estela Favier y las otras hacían guardia y me esperaban abajo para ayudarme a descender y volver a poner la tapa".
Llegaron a fabricarse calentadores con tiras de cable de electricidad y una cuchara atada en la punta que se metía en la olla; como el cable iba conectado directamente al tomacorrientes corrían serio riesgo de quedar pegadas por una descarga eléctrica. Y resistieron asimismo frente a los duelos: al producirse la muerte de una compañera (Alicia País), "Subimos a las ventanas y colgamos prendas negras a modo de crespón. Estábamos de luto. Al mismo tiempo hacíamos sonar, lentamente, nuestros jarros contra las rejas". En este contexto, sobrevivir exigía distraerse: "los sábados la guitarra acompañaba las peñas en las que cantábamos". "Dimos a luz el Partido Hilarante para la Liberación" que representaba "sketchs, sátiras de las discusiones entre fumadoras y no fumadoras, y musicales. También "hacíamos gimnasia en las celdas, cuidándonos para no ser detectadas". Nene Peralta Pino decidió abrir una peluquería de servicios variados y participación colectiva, "algo que inspirara cierta paz".
Finalmente algunas, no todas, pudieron como Edelveis Gallegos, vivir para contarlo: "una mañana muy fría de marzo, pensé en todas las compañeras de Córdoba, respiré hondo y me dije: "lo hice, estoy viva, estoy aquí".

Los testimonios completos de las 112 detenidas se encuentran en el libro ‘Nosotras, presas políticas’, de Nuestra América Editorial.

15 de diciembre de 2009
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sigue juicio a dictador por asesinatos


Juicio a ex dictador argentino por la muerte de italianos prosigue con nuevos testimonios. Emilio Massera dirigió el Grupo de Tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada, principal centro de detención y tortura.
Argentina. El juicio en ausencia contra el ex dictador argentino Emilio Massera por la desaparición y muerte de tres italianos durante la dictadura de Argentina (1976-1983) proseguirá mañana en Roma con una audiencia que contará con nuevos testimonios.
El Tribunal Ordinario de Roma que juzga al ex dictador escuchará, la declaración de Ángela Boitano, representante de la asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y del director de cine chileno Marco Bechis, retenido durante la dictadura argentina.
Según informó a Efe Jorge Iturburu, apoderado de los querellantes de la causa, en la audiencia de mañana se anunciarán las fechas de las próximas vistas del proceso judicial, que comenzó el pasado 30 de septiembre después de que hace cuatro años quedara suspendido el caso por una supuesta "demencia" de Massera.
El proceso, cuyas tres vistas anteriores han escuchado el testimonio, entre otros, del secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, juzga la desaparición, tortura y asesinato de los italianos Angela Aietta Gullo, Giovanni Pegoraro y de su hija Susana entre 1976 y 1977.
El juicio comenzó el pasado septiembre en ausencia de Massera, de 84 años, después de que el 6 de abril de este año el juez decidiera procesarlo, tras aceptar una nueva pericia médica en la que se asegura que el ex dictador está en "plenas facultades" para afrontar un proceso.
En 2005, el sumario por la supuesta implicación del ex dictador en el caso, que fue separado del proceso principal por la muerte de los tres italianos, quedó suspendido por un informe pericial que determinaba que el acusado padecía "demencia".
El sistema judicial italiano contempla que puedan celebrarse juicios "por derecho de sangre" en ausencia ante delitos cometidos en cualquier parte del mundo contra ciudadanos de Italia, como es el caso de Massera, quien se encuentra en Argentina.
El ex dictador integró junto a Jorge Rafael Videla y Héctor Agosti la primera Junta Militar que gobernó Argentina y dirigió el Grupo de Tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, principal centro de detención y tortura, donde fueron conducidos y posteriormente desaparecieron los tres italianos.
Gullo desapareció el 5 de agosto de 1976 tras ser detenida por apoyar a los opositores al régimen, entre los que se encontraba su hijo Juan Carlos Dante Gullo, actual diputado en Argentina.
Tras su arresto el 18 de junio de 1977 en la ESMA, tampoco se volvió a tener noticias de Pegoraro y de su hija Susana, militante peronista, quien dio a luz a una niña durante su detención que fue entregada a una familia.
Por este mismo caso, fueron condenados anteriormente en rebeldía a cadena perpetua en primera instancia (14 de marzo de 2007) y en apelación (24 de abril de 2008) los ex oficiales argentinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza y Antonio Vañek.
Además, el Tribunal Supremo italiano confirmó el pasado 26 de febrero la condena a Astiz, ex oficial de la Marina argentina y el único que había presentado recurso en última instancia por esa pena dictada por la desaparición y muerte de los tres italianos.

14 de diciembre de 2009
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cárcel perpetua, común y efectiva


El acompañamiento a las instancias finales del juicio a los represores. Es el slogan de distintas agrupaciones de derechos humanos de Rosario y se refiere al tipo de condena y cárcel que piden para los represores que están siendo juzgados por terrorismo de Estado. Comienza la etapa de los alegatos.
[Sonia Tessa] Argentina. El Espacio Juicio y Castigo convoca para mañana a las 17, al recital Rock de la Cárcel, con la consigna "perpetua, común, efectiva". Será en el cantero central de Oroño al 900, frente a los Tribunales Federales donde se juzga a cinco represores por delitos de lesa humanidad. "Como venimos diciendo, la sociedad ya los condenó, ahora reclamamos la condena judicial", suma Fernando Ríos, del frente Santiago Pampillón. "Estamos en la instancia de pedir la condena, ya que desde el espacio creemos que se ha producido suficiente prueba", agregó Florencia Delnegro, de APDH. Es una reunión pluralista, en la que todos dicen lo suyo, para construir el acompañamiento a las instancias judiciales que ponen a los responsables del terrorismo de Estado en el banquillo de los acusados. En principio, el recital de rock de mañana se pensó para dar visibilidad al comienzo de los alegatos, pero el Tribunal Oral Federal número 2 aceptó el pedido de la fiscal Mabel Colalongo para producir más prueba, y la semana que se inicia habrá audiencias con nuevos testigos. De este modo, la actividad de mañana no será la última del año, sino que habrá otra. "La idea es instalar otra actividad fuerte antes de la sentencia, para seguir acompañando, como hemos venido haciendo en cada instancia del juicio", aportó Juane Basso, de Hijos. "Ahora llegó el momento de reclamar la condena a cárcel perpetua, común y efectiva", agregó Delnegro.

Estar en la calle, acompañar a los testigos, hacer visible la realización del primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en la zona, han sido los objetivos de este espacio plural, que se reúne viernes por medio, a las 19, en Sitratel (Dorrego 733). Y que tiene como próximo gran desafío el acompañamiento de la causa conocida como Feced (ahora Díaz Bessone), de la que también se habló anteayer, mientras circulaban los mates y cada uno daba su opinión. Mientras tanto, algunos de los presentes mostraban con orgullo la mención especial del premio Pocho Lepratti que recibieron el jueves pasado.
En el recital de mañana actuarán las bandas Gurú, Farolitos, Perro e" Sulki, Sikarios y Patagonia Revelde. Iba a estar Popono, pero no pudo porque sufrió un accidente. "Pero me llamó Popono que se siente mejor y quiere estar", contó casi al final de la reunión Ingrid Schegtel, de Hijos. La red de solidaridades que se trama en el reclamo de justicia no se teje sola, hay personas de carne y hueso que todos los días "desde hace años ponen algo de sí para garantizarla. Para la sentencia "que aún no tiene fecha el Espacio Juicio y Castigo se propone generar un "gran hecho de movilización", adelantó Basso.
Y la próxima actividad, antes de fin de año, estará vinculada con el pedido de esa condena. La sentencia estaba prevista entre Navidad y Año Nuevo, una fecha que ahora resulta incierta. En ese punto, y ante la pregunta de la cronista por la postergación de los alegatos, saltó Lucas Ciarnello, del equipo de abogados de Hijos Rosario, para explicar: "No es correcto decir que hubo una demora. En realidad, hubo dos pedidos de la fiscalía. Uno para producir más prueba y otro para que se otorgue más tiempo para elaborar los alegatos. En un primer momento, el Tribunal rechazó los dos planteos, pero después de analizar la elaboración de más prueba, se decidió aceptarlo, aunque no se dijo nada de lo segundo". Con esta explicación, el profesional adelantó lo que pasará esta semana en el juicio. Mañana, a las 8, le pasarán a Guerrieri el video de los reconocimientos judiciales en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, escuela Magnasco, Fábrica Militar y La Intermedia, la mayoría con la presencia del imputado Eduardo Costanzo, que detalló cómo y dónde funcionaron los centros clandestinos y de qué manera fueron asesinados 14 militantes en La Intermedia. En la última audiencia de la semana pasada, el miércoles, ese video se transmitió para los otros imputados, pero Guerrieri estaba en el hospital militar de Campo de Mayo porque debían realizarle un estudio. También esta semana les tomarán declaración a testigos de la ciudad de Paraná, que darán testimonio sobre el nacimiento de los mellizos de Raquel Negro, una de las militantes que estuvo cautiva en la Quinta de Funes.
El tema de la postergación fue matizado por varios de los participantes, ya que fue pedido por una parte de la querella y la fiscalía. "No se trata de una demora sin sentido", indicó Delnegro. "Nosotros queremos ya la condena, pero puedo haber análisis de distintas estrategias", planteó Alfredo Vivono, víctima del terrorismo de Estado. "No podemos sentar posición como espacio porque esto no fue discutido", puntualizó Basso. En ese momento, Diego Koffman puso las cosas en su lugar: "La demora fue antes juicio". Es que debieron pasar 32 años para que estos delitos llegaran a un tribunal oral. Y, una vez derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue larga también la instrucción de la causa.
El otro tema de la reunión fue la necesidad de garantizar que la causa conocida como Feced sea "realmente pública". Por eso, el Espacio pedirá audiencias con el intendente Miguel Lifschitz y el gobernador Hermes Binner para solicitarles que garanticen un espacio adecuado, ya que esa causa tiene alrededor de 90 víctimas, y se espera que declaren 120 testigos víctimas directas, sin contar otras testimoniales. "Ya tenemos la resolución del Concejo Municipal, que ofrece el recinto. Por las dudas, queremos ofrecer dos lugares más, y en tiempo y forma, para que no pase lo que pasó en este juicio", indicó Basso. Lo que pasó fue que el Tribunal argumentó que no tenían un espacio mejor disponible. "Cuando el gobierno vio que pagaba un costo político por no brindar ese espacio, hubo una oferta", recordó Basso. Ahora, el Espacio Juicio y Castigo quiere adelantarse, para lograr que el proceso oral se realice en una sala más grande. "Pedimos también que mejore la calidad de la difusión del juicio, que sea realmente público", expresó Vivono sobre las restricciones al ingreso de la prensa.

13 de diciembre de 2009
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guerrieri, narco psicópata


Rosario/12 accedió a la declaración del represor Bueno en Brasil. El represor detenido en Brasil ratificó ante una comitiva judicial rosarina, sus dichos de 1984 ante el CELS. Reconoció y calificó a varios de los más connotados represores de Rosario. Y profundizó los vínculos de Guerrieri "con el narcotráfico".
[José Maggi] Argentina. El represor Gustavo Bueno detenido en Brasil reconoció en general ante la comitiva judicial rosarina, el contenido de su declaración ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizada en 1984, donde había relatado con claridad el funcionamiento del aparato represivo en la región. Bueno señaló con crudeza el rol que tenía el jefe de inteligencia Oscar Pascual Guerrieri, a quien incluso ligó con el narcotráfico en una operación con Leopoldo Galtieri y el ex dictador boliviano Luis García Meza. Según Bueno, "Guerrieri es un psicópata, que llegó a incendiar un cabaret llamado a Rilke (en Rosario) donde murieron varias personas", y que lo hizo "por un tema de una mujer".
Bueno relató que "desde 1971 al 75 fui oficial de la policía provincial de Santa Fe, cuando fui convocado por el Segundo Cuerpo de Ejército para ejercer funciones de inteligencia en el Destacamento de Inteligencia 121". Inicialmente estuvo destinado a hacer inteligencia por el conflicto en el denominado "Teatro Operacional Sur en el preconflicto entre Argentina y Chile (por el canal de Beagle)". En 1977 hizo un curso de inteligencia que duro veinte semanas, en 78 estuvo siempre en Rosario, desde el 75 estuvo en el grupo de Actividades Especiales de Inteligencia (AEI), grupo integrado por el teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, el mayor Rubén Fariña, por el teniente primero Juan Daniel Amelong. Incluso señala a Eduardo Costanzo, pero aclara que no sabe bien qué hacía y que no era militar. También integraban ese grupo "Walter Salvador Pagano, los hermanos Agustín y Carlos Isach, Walter Roscoe y Carlos Sfulcini, estos dos últimos estudiantes de Derecho en ese momento, y un tal Armando de quien desconoce su nombre real". También apuntó a un tal Leto, que era de profesión barman. Que el grupo tenía otros integrantes, que desconocía.
En un principio, dice Bueno, Oscar Guerrieri, anunció en una reunión al grupo AEI que el objetivo del mismo era combatir a Montoneros, pero que comenzó a tener conflictos con el grupo porque tenían "desvíos de conducta, en especial Guerrieri". Entre ellas que estaba involucrado con oficial del ejército boliviano ligados al narcotráfico.
En sede policial Bueno declaró que "Guerrieri era un bandido, estaba ligado al tráfico de la cocaína, con los militares bolivianos (Luis) Arce Gómez y (Luis) García Meza, quienes tuvieron relaciones con (el general Leopoldo) Galtieri: quien les abría las fronteras para el libre tráfico de la cocaína por el norte, a cambio de enviar dinero". "Ese efectivo según Bueno fue usado por Galtieri para ser presidente de facto, sacando al general Viola del gobierno, internándolo en un hospital advirtiéndole que si se retiraba del allí era hombre muerto a cambio de lo cual los cocaleros tenían abiertas las fronteras del país". Según el ex agente de inteligencia también "el general panameño Manuel Noriega" estuvo involucrado en operaciones similares.
Bueno aseguró que básicamente realizaba "operaciones de contrainteligencia, y que se mantuvo en el AEI hasta noviembre de 1979, cuando se fue de la Argentina porque el coronel Guerrieri, quería matarlo, por lo cual se fue a vivir a Brasil.
Bueno aclaró "que no participaba de las operaciones del grupo de Guerierri, pero que sabe por los comentarios que comandaba un lugar donde se detenían personas en la localidad de Funes, a la que llamo la "Casa de Funes", y otra que llamó la Quinta, que terminó siendo La Calamita, a la que definió como "una especie de chacra donde funcionaba un centro de detención.
De igual modo aseguró que nunca torturó a ninguna persona, ni vio que lo hicieran, porque Guerrieri no permitía que esos datos se conocieran.
Reconoce que estuvo en La Calamita, donde había detenidos, pero que nunca vio celdas en el lugar. Entre otros miembros de la patota estaban allí Agustín y Carlos Isach, Costanzo, Sergio 1, Sergio 2, el Puma, el Barba, aunque dijo desconocer a todas las victimas sobre las que se lo interrogó.
Bueno también reveló una situación increíble : todo sucedió "frente al Destacamento de Inteligencia 121, ubicado entonces en bulevard Oroño 853, cuando un soldado fue a abrir la puerta de un camión estacionado, ante lo cual uno de los hermanos Isach, le advirtió que el camión estaba cargado, y que no podía ser abierto. Algunos días después por comentarios supo que el camión estaba lleno de cadáveres aunque nunca se enteró donde fueron llevados esos cadáveres".
Bueno aseguró que su tarea era "recoger información, y dar su parecer sobre la misma, como ser los vicios que tenían los investigados, los locales que frecuentaba, sin hacer análisis de la actividad política, tarea que hacía otro sector. En su tarea Bueno era acompañado por otras cuatro personas.
"El Barba (Cabrera) era el que centralizaba información sobre operaciones políticas, quien tenía acceso directo al despacho de Guerrieri y Fariña. Este último era un misterio porque tenían una oficina en Oroño al 800 pero pasaba mucho tiempo afuera".
Bueno aseguró que a La Calamita "se llegaba por dos vías de acceso: la autopista a Santa Fe y el boulevard Rondeau".
Ante una consulta Bueno recordó que " había una persona que fumaba en pipa, que era un hombre gordo, con bigote fino, blanco de estatura mediana, de plexo robusto que era el coronel Bruni, que era de la SIDE, y estaba ligado a Guerrieri, Fariña, y a Pagano".
También apuntó a "Raúl Campilongo, que era informante del Destacamento 121, con contactos directos con Fariña, que era un abogado que estaba envuelto en la desaparición de documentación del Poder Judicial de Rosario ( el robo a tribunales) y que era muy amigo de Walter Pagano".
Bueno dijo que sabe que "Pagano mató al hijo de Enrique Imhoff, y al abogado Felipe Rodríguez Araya". También reconoció a "Jorge Walter Pérez Blanco, W un delirante ligado a la CIA (la agencia de inteligencia estadounidense)", y a una mujer Anita que es "Ana Rosa Cristheler, que comandaba el grupo de inteligencia femenino". De Carlos Sfulcini prefirió guardar silencio.

13 de diciembre de 2009
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reconocen a infiltrado


Habla el testigo en el juicio a Brusa que denunció a un legislador de Córdoba. Carlos Chiarulli, testigo en la causa Brusa en Santa Fe, ratificó a Rosario/12 lo que ya le había dicho al tribunal: Que un ex compañero de militancia suyo -Horaldo Senn- "entraba y salía de la Guardia de Infantería Reforzada como si nada".
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Un testigo en el juicio al ex juez Víctor Brusa y cinco policías santafesinos, Carlos Chiarulli, ratificó su denuncia contra un ex compañero de militancia que hoy es legislador en la provincia de Córdoba, Horaldo Senn, a quien aseguró haber visto en un centro clandestino de la dictadura como si fuera un represor más. "Entraba y salía de la Guardia de Infantería Reforzada como si nada. Entonces, nosotros creemos que era un colaborador de los grupos de tareas. Pero a eso tendrá que investigarlo la justicia", dijo en un diálogo con Rosario/12.
En su testimonio ante el Tribunal Oral que juzga a Brusa y compañía, Chiarulli relató su martirio por el circuito del terror: su desaparición en Esperanza, el secuestro y las torturas en ‘La Casita’ -otro centro clandestino que aún no fue localizado , el paso por los calabozos en la comisaría 4ª y el traslado a la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde reconoció a Senn. "Somos llevados a la GIR, donde había bastantes compañeros. Ahí apareció un personaje, que estuvo tres o cuatro horas y se me arrimaba permanentemente. Era Horaldo Senn, yo lo conocía de Esperanza. Me llamó la atención porque no lo veía desde hacía dos años. Y ahí, pude hilvanar las preguntas que me hicieron en el interrogatorio de ‘La Casita’ con las presencia de este señor en la GIR. No conversé con él por resguardo. No era uno de los detenidos, aunque diera esa sensación y después se fue. Con el tiempo, supe que participaba de los grupos de tareas y por la precisión de las preguntas que me hacían el que me torturaba o el que estaba al lado, puede ser que él haya estado ahí en ese momento. Por un compañero me enteré también que entraba con frecuencia a San Martín y Obispo Gelabert", donde operaba el Departamento Informaciones (D 2) de la Policía santafesina, le dijo a los jueces.

Chiarulli aceptó un diálogo con Rosario/12 en el que no esquivó ninguna pregunta. "¿Quién es Horaldo Senn?", fue la primera.
Horaldo Senn -contestó- era un militante de la década del `70, en Esperanza y después por motivos que desconozco desapareció de la ciudad. Nos conocíamos bien porque yo también era militante estudiantil en Esperanza, hasta que en abril de 1977 soy secuestrado y sometido a apremios ilegales y torturas en un centro clandestino. Después, me trasladan a la comisaría 4ª y más tarde a la Guardia de Infantería Reforzada, donde un día apareció este personaje que entraba y salía como si nada. Entonces, me llamó muchísimo la atención. Otros compañeros lo han visto en salas de torturas, pero no es mi caso, yo estuve vendado todo el tiempo, o sea que no pude reconocerlo. Pero es notable la presencia de este personaje entrando y saliendo (de la GIR) como pancho por su casa y por lugares que eran exclusivos de los represores. Otros compañeros que declararon en el juicio también lo denunciaron. Por eso, el abogado que está en nuestra causa, el doctor Coutaz, solicitó que se abra una investigación para ver qué responsabilidad le cabe en la violación de los derechos humanos. Lo que nosotros creemos es que este hombre era un colaborador de los grupos de tareas en aquella época.

¿Pudo reconocer bien a Senn en la Guardia de Infantería Reforzada?
Sí, sí.

¿Habló con usted?
No habló conmigo. Intentó arrimarse a donde estaba yo, evidentemente con la intención de hablar. Pero no quise tener ningún tipo de contacto con él porque sabía de su militancia y me imaginaba que podía ser algo peligroso. Entonces, lo escabullía. Y después, en un momento, se fue.

¿Senn se le acercó para tener un diálogo?
Claro, yo creo que esa era su intención, ver si podía interrogarme. Lo declaré en el juicio. Después de La Casita y la sala de torturas, fuimos llevados a la comisaría 4ª, donde me pusieron en un calabozo con un preso común (José Ricardo) Lago Castro que seguía con el interrogatorio como si nada. Se ve que lo quisieron seguir (al interrogatorio) con otro personaje. Yo (a Senn) hacía dos años que no lo veía. Incluso, me llamó la atención, y lo dije en el juicio, el cariz de las preguntas que me hicieron en la tortura porque correspondían a un período en el que yo lo conocía a él (a Senn), es decir, bastante anterior (a 1977). Y supongo que por el tenor de las preguntas hubo alguna colaboración de su parte con los que me interrogaron.

Cuando usted lo ve en la Guardia de Infantería Reforzada, ¿de qué época habla?
Entre abril y mayo de 1977.

¿Cree que Senn era un colaborador de la represión?
Es lo que uno supone, eso lo tendrá que investigar el juez. Por ahora, queda todo en el marco de la sospecha hasta que el juez investigue.

Su testimonio en el juicio y los pedidos de la querella y la Fiscalía para que se abra una investigación judicial tuvieron mucha repercusión pública en Córdoba.
Lo que pasa es que este personaje, cuando viene la democracia, desaparece de la provincia de Santa Fe, donde era conocido y tuvo su actividad supuesta de represor. Se va a Córdoba y evidentemente inicia una "nueva vida política", entre comillas, con (el ex gobernador José Manuel) De la Sota.

¿No hay ninguna posibilidad de error" ¿Qué usted haya confundido a Senn con otra persona?
No, no. ¿Posibilidad de error? No. Senn tendrá que venir a Santa Fe y explicar qué hacía en lugares donde solamente entraban y salían los represores, sin ser él un preso político. Porque la otra posibilidad que cabe es que haya sido preso político y estaba allí como preso político.

Usted dijo que hay más testigos que lo vieron.
Hay más testimonios. En la causa creo que hay dos personas más que lo nombran- concluyó Chiarulli.

14 de diciembre de 2009
13 de diciembre de 2009
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