Blogia
mQh

argentina

sentencia quedó para el martes


El martes, el veredicto en el juicio a los represores de Santa Fe.
Argentina. El presidente del Tribunal Oral, Roberto López Arango, que juzga al ex juez Víctor Brusa y a cinco policías acusados por violaciones a los derechos humanos, cerró ayer el debate y anunció el día y la hora del veredicto: el martes, a 18. Será la primera sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. Un rato antes, había concedido la última palabra a los imputados. Y Brusa rompió el silencio: se sentó frente a los jueces y soltó una ironía. "No ejercí mi defensa material porque comparto plenamente mi defensa técnica, a la que he tenido acceso permanente. En honor a la brevedad, coincidimos que así sea. Quiero además expresar mi agradecimiento a los señores empleados y defensores que me asisten, por la defensa irrestricta de las instituciones", dijo.
La audiencia comenzó con las réplicas y contrarréplicas de la defensa y la acusación, hasta que después de un cuarto intermedio, tres imputados aceptaron decir su última palabra. El primero fue el ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino. Lo siguió, la ex carcelera, María Eva Aebi. Y cerró Brusa. Durante el debate, Perizzotti y Ramos ampliaron las indagatorias.
Facino volvió a descalificar a sus denunciantes. "Mienten", dijo. Y luego insistió en desligarse del terrorismo de Estado, a pesar de que la 4ª era un centro de interrogatorios y torturas del Area 212. "Yo nunca trabajé para el Ejército. Jamás fui a un operativo antisubversivo camuflado".
"Lamentablemente, el Ejército dispuso que en mi comisaría haya detenidos políticos, es decir de la subversión. Yo estuve un año y medio en la 4ª y en ese período me tocó bailar con la más fea. Sin embargo, no tuve un solo robo ni una sola muerte. Nosotros teníamos que garantizar la seguridad de muchas personas que concurrían al Mercado de Abasto que operaba en las cercanías, luego fui jefe de distintas unidades hasta que me retiré", afirmó Facino.
Lo siguió Aebi, que utilizó su tiempo para rebatir cuestiones personales que se ventilaron en la audiencia. "Quiero pedirle a Dios le dijo a los jueces que ilumine sus mentes y sus corazones para cuando tengan que dar su veredicto lo hagan correctamente".
El último fue Brusa, que nunca había hablado antes. Ayer, enfrentó a sus jueces. Y leyó un mensaje: "No he ejercido mi defensa material por el solo hecho de no ser reiterativo por lo esgrimido por mi defensa técnica que comparto plenamente y a la que he tenido acceso permanente. En honor a la brevedad, coincidimos que así sea. Quiero además expresar mi agradecimiento a los señores empleados y defensores que me asisten, por la defensa irrestricta de las instituciones". Después de escuchar a los imputados, López Arango cerró el debate.

18 de diciembre de 2009
©rosario 12
rss

la teoría del perejil


La defensa completó los alegatos en penúltima semana del juicio a Brusa y Cía. "Estaban afuera del plan sistemático de represión ilegal", remarcaron ayer los defensores oficiales del ex juez federal y la ex carcelera Aebi. "Se puede interpretar que colaboró en la lucha legal", señalaron al rebatir informe de la Side.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El defensor oficial Fabio Procajlo y su segundo Fernando Sánchez pidieron ayer la absolución de sus dos defendidos: el ex juez Víctor Brusa y la ex carcelera María Eva Aebi, por el principio de la duda. Fueron cuatro horas de argumentos para desarrollar la teoría de los perejiles. "Brusa y Aebi no formaron parte del plan sistemático de exterminio" ni "eran conscientes de la represión ilegal", dijo Procajlo. A su criterio, ninguno de los dos sabía lo que hacían. "Brusa era un empleado judicial y Aebi una policía con dos años de antigüedad, ambos eran muy jóvenes", abundó el defensor.
La defensa completó los alegatos en la penúltima semana del juicio a Brusa y los cinco policías. Primero, les tocó Procajlo y Sánchez, quien planteó una nulidad que puso en guardia a la querella: una supuesta violación al principio de congruencia entre el procesamiento de Aebi y el auto de elevación a juicio por las denuncias de Vilma Pompeya Gómez, que si prospera podría aliviar a la ex carcelera de uno de los cargos que pesan sobre ella.
Después, siguieron las defensoras oficiales Adriana Gastaldi y Judith Didier que patrocinan al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino y al ex oficial de Inteligencia de la Policía santafesina, Eduardo Ramos.
La audiencia continuará hoy, a las 13, para que la querella pueda responder la nulidad que planteó la defensa y luego podrían seguir las réplicas y contrarréplicas de las partes. La última palabra la tendrán los imputados. Facino ya anunció que quiere aprovechar ese momento para dirigirse al Tribunal y habrá que ver qué hacen los demás. Los únicos que hablaron hasta ahora fueron Ramos y el ex jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212, Juan Calixto Perizzotti. Brusa persistió en su silencio. Por lo tanto, si el lunes hablan los imputados, el martes podría conocerse la sentencia.
Procajlo apeló a todas las excusas para demostrar que defendía perejiles. "Brusa y Aebi estaban afuera del plan sistemático de represión ilegal. Y si hubieran formado parte de ese plan, es obvio que hoy estarían imputados en la megacausa que se tramita en instrucción, donde sí se están investigando homicidios y desapariciones. Pero no forman parte ni van a formar parte", exageró. Una chicana. El defensor pasó por alto que Brusa y Aebi están procesados por "asociación ilícita" en la causa que instruye el conjuez Ricardo Lazzarini y formaba parte de la que hoy está en juicio, mientras que Brusa ya fue imputado en otra megacausa en trámite en el Juzgado Federal Nº 2.
El defensor de Brusa atacó una de las pruebas que más comprometen a su defendido: un informe de la Side, producido por el Destacamento de Inteligencia Militar 122 que lo define: "Ha colaborado estrechamente con la fuerza en la LCS (lucha contra la subversión). Es amigo y colaborador del Ejército Argentino".
"El informe de la Side carece en forma absoluta de valor probatorio. Sólo está firmado en la primera hoja, en la carátula, pero en el texto concreto no está firmado. Creo que se debería haber citado a esta persona (que lo firmó), si es que vive, para que declare", dijo Procajlo. Otra chicana. El documento está firmado por el ex director de Informaciones de la provincia y ex delegado de la Side en Santa Fe, teniente coronel Rondello Barbaresi, que falleció hace cinco años: el 20 de febrero de 2004.
"Por otra parte, si el informe se considera válido, vamos a ver en qué época del proceso se hizo", dijo Procajlo. Y agregó: "Brusa fue propuesto como juez (federal de Santa Fe, apoyado por el Destacamento de Inteligencia Militar 122, en agosto de 1981) y el ministro de Justicia del proceso (Alberto Rodríguez Varela) no aceptó su designación. O sea que tan amigo no era. Bueno, al final, lo terminaron nombrando en la democracia", expresó con cierto toque irónico.
"Y también dice que Brusa colaboró en la lucha contra la subversión. Bueno, se puede interpretar que colaboró en la lucha legal (sic). Uno de los querellantes dijo que había una represión legal y otra ilegal. Puede ser que haya participado de la represión legal".
El informe de la Side ya había sido citado por el fiscal Martín Suárez Faisal para alegar "los motivos que lo llevaron (a Brusa) a delinquir". Según el fiscal, Brusa "tenía la criminal convicción que la lucha contra la subversión debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún en el ámbito de la justicia". Esa "comunión ideológica" con el ex juez federal Fernando Mántaras lo "transformó en el perfecto colaborador, tanto del juez como de las Fuerzas Armadas y de seguridad".
Procajlo rebatió al fiscal. Insistió que el documento de la Side es "inadmisible porque sólo tiene la firma (del teniente coronel Barbaresi) en la carátula. "Además, ¿qué fecha tiene ese informe? Ese informe está fechado (el 13 de agosto de 1981), cuatro años más tarde de los hechos" por los que se juzga a Brusa en el juicio. "¿Y qué acredita? En el peor de los casos, que tenía una buena relación con el Ejército cuatro años después. ¿Por qué vamos a pretender que cuatro años antes era igual?", se preguntó el defensor.

17 de diciembre de 2009
©rosario 12
rss

policía ejecuta a niño de 16


"Lo mataron en el piso". Denuncian virtual fusilamiento de un chico de 16 años. Nicolás, un joven de 16 años que acompañaba a la víctima, un adolescente llamado Leonel, denunció a dos policías del Comando Radioléctrico. "Uno de ellos sacó de la cintura un revólver y se lo puso para decir que hubo un enfrentamiento", reveló.
[José Maggi] Argentina. La noche del martes 15 de diciembre, Leonel González, de 16 años, junto a dos amigos del barrio se topó con un móvil del Comando Radioeléctrico cuyos dos policías les ordenaron detenerse. "Veníamos corriendo por Virasoro desde San Nicolás hacia Cafferatta, y los policías nos hicieron tirar al suelo y a mi amigo Leonel lo mataron en el piso. Nosotros no teníamos armas, pero el policía que lo mató sacó de la cintura una y se la puso para decir que hubo un enfrentamiento. La gente salió a la calle y le decía que no lo maten, pero le tiró igual. Yo me salvé porque había mucha gente mirando". El relato corresponde a Nicolás S., un joven de 16 años que acompañaba a Leonel, quien ayer fue velado luego de ser sometido a una autopsia que habría detectado entre tres y cuatro disparos de frente.
La versión inicial de la policía fue que "alrededor de las 22.40 del martes un móvil policial que custodiaba una cuadrilla de la EPE en Virasoro y San Nicolás se enfrentó a tiros con tres delincuentes, uno de los cuales fugó, otros resultó muerto luego de resistirse a la orden de arresto con dos armas en sus poder, y un tercero fue detenido".
La propia justicia "compró" en las primeras horas la versión policial: que los jóvenes venían de cometer un ilícito, que fueron detenidos por la fuerza de seguridad, y que uno se resistió. En ese relato Leonel arrojó un pistolón al suelo y sacó de entre sus ropas una segunda arma y se tiroteó con los efectivos. Recién cuando Alejandra Fedele, una dirigente del Movimiento Evita donde milita Liliana Guerrero, madre de Leonel, salió a denunciar el crimen, todo comenzó a cambiar.
Tomaron entonces intervención directa distintas áreas del Ministerio de Seguridad, y se ordenó la intervención de la División Asuntos Internos, que tomó declaración alrededor de las 21 de ayer a los dos policías.
Este es el relato del chico ante Rosario/12:

- "Veníamos con mis dos amigos, cuando nos cruzamos con una banda que nos corre a tiros, y salimos a correr. Y ahí nos chocamos con el Comando y se pensaron que éramos nosotros los que andábamos tirando tiros y apenas nos redujeron, nos hicieron tirar al piso y le tiraron a Leonel sin decir nada".

- "Veníamos corriendo por Virasoro desde Cafferata hacia San Nicolás. Eran dos los policías y nos hicieron parar y nos hicieron tirar al piso. Yo estaba un poco más lejos que el chico que murió, y apenas lo agarraron le tiraron varios tiros, sin preguntarle nada".

- "Leonel estaba tirado en el piso ya entregado. Yo me quedé tirado y el tercero se fugó. Después cayeron más policías y me agarraron y me pegaron".

- "No veníamos armados, no teníamos ningún tipo de armas. Leonel estaba en el piso y el policía le tiró sin decir nada, fácil más de ocho tiros. Algunos no les pegó porque él se corría, se movía hasta que le pegó. No sé por qué el policía le tiró porque hicimos todo lo que nos dijeron".

- "El policía le puso (a Leonel) los fierros para simular el enfrentamiento, que nos enfrentamos con ellos porque le queríamos robar a los de la EPE que estaban trabajando ahí".

- "Fue el mismo policía que le tiró y mató a Leonel el que le puso los fierros. Las armas que le puso las tenía en la cintura".

El joven que prestó declaración testimonial en la seccional 13ª en la madrugada de ayer junto a su madre, aseguró que cuando se retiraba, un efectivo de esa misma comisaría se le interpuso y le dijo: "Mirame bien la cara que afuera te voy a estar esperando".
Nicolás piensa que no corrió la misma suerte que su amigo "porque enseguida se empezó a juntar gente, que ya le había gritado al policía que no lo matara a Leonel". De todas maneras, fuentes oficiales hicieron saber que la versión de los empleados de la EPE brindada en sede policial coincide con la versión oficial de los hechos. Aun así, ayer durante el velatorio de Leonel en una sala de Ovidio Lagos y 27 de Febrero, sus amigos señalaron que había al menos un par de vecinos que coinciden con el relato de Nicolás y estarían dispuestos a declarar ante la justicia.

17 de diciembre de 2009
©rosario 12
rss

patética defensa


Alegatos de las defensas de Colombini y Perizzotti. Los abogados Caglia y Torres del Sel pidieron la "absolución de culpa y cargo" de sus dos defendidos: Colombini (un ex oficial de inteligencia de la policía santafesina) y Perizzotti (ex jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212).
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. Se suele decir que la mejor defensa es un buen ataque. Pero, ¿será cierto? El interrogante quedó planteado ayer en el arranque de los alegatos de la defensa cuando el abogado Gastón Caglia agitó dudas sobre la responsabilidad de su pupilo, Héctor ‘Pollo’ Colombini, pero también sospechas sobre los propios jueces del Tribunal Oral. "La historia de este juicio es triste y patética", dijo Caglia. Y deslizó una acusación velada. "Que tristeza me daría al enterarme que algunos o todos los miembros de este Tribunal hayan trocado una sentencia condenatoria ejemplar por algún puesto interesante en la función pública. No creo que la tranquilidad económica que algún puesto les pueda proporcionar alcance para acallar la consciencia de saber que han condenado a una persona sin haber existido mérito para ello", expresó. Una jueza del Tribunal lo fulminó con la mirada. Más tarde, su colega Claudio Torres del Sel, defensor de Juan Calixto Perizzotti, también apeló a la vieja estrategia de tirar hacia afuera: se la agarró con un sacerdote que había convocado como testigo de su cliente, pero que en el juicio lo desmintió.
En los alegatos, Caglia y Torres del Sel pidieron la "absolución de culpa y cargo" de sus dos defendidos: Colombini (un ex oficial del D 2 de la Policía santafesina y enlace con en el Destacamento de Inteligencia Militar 122) y Perizzotti (ex jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212 que funcionaba en la Guardia de Infantería Reforzada por la que pasaron cientos de presos políticos). Hoy, seguirán el defensor oficial Fabio Procajlo y su segundo Fernando Sánchez que patrocinan al ex juez Víctor Brusa y a la ex secretaria de Perizzotti, María Eva Aebi. Luego cerrarán las defensoras oficiales Judith Didier y Adriana Gastaldi que asisten al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino y a otro ex oficial de Inteligencia de la Policía de la provincia, Eduardo Ramos, que operaba como "infiltrado" en la Universidad del Litoral.
Ya de entrada, Caglia comenzó a agitar sospechas para defender a Colombini, acusado por secuestros y torturas: "El ex presidente Carlos Menem dijo que la forma que se están llevando adelante (los juicios) tiene más sabor a revanchismo y venganza que a la verdadera intención de descubrir la verdad". Y planteó "el alto contenido político que tiene este proceso como todos aquellos que se están llevando a cabo en distintas ciudades de nuestro país. Nos equivocamos, pecaríamos de candidez, al pensar que los denunciantes y ahora devenidos querellantes son ciudadanos comunes: son personas que han formado parte activa de la organización guerrillera subversiva más importante que tuvo el país y que generó en la década del 70 las divisiones y luchas internas más sangrientas entre los argentinos", tiró.
"La historia reciente de este juicio es triste y patética y muestra a las claras la subordinación de lo político a lo jurídico (sic) y la primacía de los intereses personales por sobre la verdad y la ética", volvió a tirar Caglia. Otra traición del inconciente. ¿No habrá querido decir "la subordinación de lo jurídico a lo político" y le salió al revés?
"Las denuncias que dieron origen a esta causa fueron redactadas y patrocinadas por el doctor Jorge Pedraza. Ahora Pedraza es funcionario público. Los imputados fueron procesados por el doctor Leandro Corti en su carácter de conjuez. Ahora, Corti es funcionario público", siguió Caglia. Y puso en su mira a los jueces. "Qué tristeza me daría al enterarme que algunos o todos los miembros de este Tribunal hayan trocado una sentencia condenatoria ejemplar por algún puesto interesante en la función pública. No creo que la tranquilidad económica que algún puesto les pueda proporcionar alcance para acallar la conciencia de saber que han condenado a una persona sin haber existido mérito para ello", insistió.
Otro que despachó bronca fue el abogado de Perizzotti. Y uno de sus blancos, el padre Héctor Rucci, a quien había convocado como testigo de la defensa. En su indagatoria, Perizzotti dijo que Rucci era uno de los curas que visitaban la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), pero el sacerdote lo desmintió. Ayer, Torres del Sel intentó desmentir a Rucci. "Cuando un testigo es ofrecido por la defensa, es lógico que tenga algo qué decir a favor de la defensa", dijo Torres del Sel. "Yo no voy a ofrecer un testigo si no estoy prácticamente seguro que va a decir algo que favorezca los intereses de mi defensa. Una cuestión lógica y no ilícita. Y la verdad es que quedé sorprendido. No me puse colorado como dijo un diario (por Rosario/12). Quedé sorprendido, como quedamos sorprendidos todos. Porque pese a haber jurado por Dios, (el padre Rucci) dijo que nunca pisó la GIR. Mentira. Lo juzgará Dios, seguramente. El padre Rucci, es cierto que era seminarista en Entre Ríos y es cierto que tenía detenido un compañero del seminario, (Sergio Daniel) Chemes. Pero es mucho más cierto que durante los años 1980 y 1981 lo visitó constantemente, le llevaba alimentos, tomaba mate con él y conversaba con otros presos. Esa era la finalidad de haberlo traído como testigo (a Rucci), para que diga cómo estaba el resto de los presos. Pero pese a haber jurado por Dios, negó haber visitado en alguna oportunidad la GIR. Esto es lamentable. Es patético. Pero lo va a juzgar Dios", se enojó Torres del Sel.
En realidad, en la audiencia del 25 de noviembre, el cura sólo respondió las preguntas que le hizo Torres del Sel. No otra cosa.

-¿Entre 1977 y 1980 dónde cumplió su misión pastoral?, le preguntó el abogado. Rucci respondió que esa fecha no era sacerdote, que recién se había ordenado en 1979.

¿Y en el 77 y 78, siendo seminarista, concurrió a la GIR?
No.

¿Tuvo relación con Perizzotti?
No, lo conocí después -concluyó el cura. Y no hubo más preguntas.

17 de diciembre de 2009
©rosario 12
rss

quieren cerrar prostíbulos


Denuncian el funcionamiento de mas de 600 locales que explotan sexualmente a mujeres. Más de doscientas organizaciones adhirieron a la marcha para reclamar el cumplimiento de una resolución del procurador Righi, que ordenó a todos los fiscales promover el cierre de los locales donde se investigan casos de trata.
Argentina. "Que se cumpla la ley." Bajo esa consigna, más de 200 organizaciones se movilizaron para denunciar el funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires de más de 600 prostíbulos, donde se explota a mujeres, posibles víctimas de la trata de personas. Los manifestantes marcharon desde Callao y Santa Fe hasta la Procuración General de la Nación, donde entregaron un petitorio. Los prostíbulos están prohibidos en la Argentina por la ley nacional de profilaxis –Nº 12.331– desde 1936. "Pero debido a la complicidad de la policía, muchos continúan en pie", aseveró Viviana Caminos, integrante de la Red Alto al Tráfico y a la Trata (RATT). La recopilación de las denuncias estuvo a cargo de distintas organizaciones sociales, "aunque es un trabajo que debería hacer la Policía junto con los organismos de inspección", afirmó Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, una de las entidades convocantes. "Si la Justicia necesitaba pruebas para actuar, ahora las tiene. Ya no hay excusas", agregó. Con ese fin, se presentó al procurador general el listado de distintas casas de prostitución en la ciudad, para exigir su cierre y el rescate de las víctimas de trata.
Las casas de prostitución "son el caldo de cultivo del crimen organizado", sentenció Vera. Además de la trata y del tráfico de personas sometidas a la esclavitud sexual, en ellos se cometen otros delitos, "como la explotación de menores, la reducción de personas a la servidumbre, el narcotráfico y el proxenetismo", advirtió Juan Grabois, docente e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Estos hechos "se están produciendo bajo la vista de todo el mundo. Todo bajo el amparo de un sistema de coimas que lo resguarda, y oculta un gran negocio sobre la base del sufrimiento de mujeres y niñas", señaló.
La prostitución como actividad por elección personal no está prohibida; sí lo están los prostíbulos en todas sus formas. Estas casas o departamentos en los que se ejerce la prostitución, como también el proxenetismo, están prohibidos por los artículos 15 y 17 de la Ley 12.331.
Según Vera, "el sistema prostibulario funciona debido a la complicidad de la policía, los organismos de inspección y el poder político tanto a nivel nacional como municipal". En la misma línea, Caminos afirmó que "la policía es cómplice necesario para la existencia de esta actividad. Si no, no se explica cómo muchas veces los prostíbulos están ubicados a la vuelta de algún departamento policial", agregó la representante de la RATT.
El procurador General de la Nación, Esteban Righi, ordenó en agosto último a todos los fiscales penales del país que busquen y liberen a las víctimas de la trata en los prostíbulos y que cierren los locales involucrados. Es decir que esta resolución pretende hacer cumplir la Ley 12.331. Con ese mismo objetivo se movilizaron las distintas organizaciones sociales, políticas, vecinales, feministas y religiosas, acompañando la presentación de las 613 denuncias a la Procuración, a fin de que se proceda al cierre efectivo de esos locales.
Sin embargo, "se plantea una dicotomía por parte del Estado", ya que por un lado se insiste en el cumplimiento de la ley, por lo que se exige que los fiscales clausuren los prostíbulos, pero por el otro, en algunas provincias se intenta establecer un marco regulatorio para la actividad y permitir así la existencia de estos locales, explicó Vera. "Tal es el caso de la provincia de Santa Cruz, donde el gobierno se mostró partidario de reglamentar la prostitución", afirmó. "La instrucción no debe ser letra muerta, tiene que tener eco en todo el país", destacó Caminos.
El listado con los 613 prostíbulos, en el que se adjuntan las direcciones, los teléfonos y en algunos casos los nombres de los propietarios de las casas, fueron recopilados a partir de las denuncias que provienen de la sociedad civil, los clasificados de los diarios y los avisos y volantes en la vía pública. Liniers, Flores, Congreso, Constitución, Microcentro y Once son los barrios porteños donde se registra la mayor cantidad de denuncias por el funcionamiento de las casas de prostitución. Además de ser entregadas a la Procuración General, fueron enviadas a la agencia de control comunal y a la justicia contravencional.
Este mismo trabajo "será extendido a distintas provincias, como Buenos Aires, Córdoba y La Pampa", adelantó Vera.
El reclamo de los manifestantes estuvo sintetizado en uno de los estandartes: "Aparición con vida para las víctimas de la trata y castigo a los responsables y los cómplices". Por su parte, Vera aseveró que "frente a la constatación de las pruebas, el Estado no puede hacer otra cosa que actuar. Y ahora sí se verá cuál es su verdadero rol" en este tema.

Informe: Rocío Ilama.

17 de diciembre de 2009
©página 12
rss

piden cruzar adn


‘Chicha’ Mariani pidió cruzar el ADN de su familia con el de la hija de Ernestina de Noble. María Isabel Chorobik de Mariani le solicitó a la Justicia federal de La Plata que Marcela, la hija de la directora del Grupo Clarín, sea sometida a un estudio de ADN para determinar si se trata de su nieta, apropiada durante la dictadura.
Argentina. ‘Chicha’ Mariani aseguró que la semana pasada realizó la presentación ante el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, quien inmediatamente envió el oficio a su par de San Isidro, Conrado Bergesio, magistrado que investiga la presunta apropiación de Marcela y Felipe Noble, hijos adoptivos de la directora del diario Clarín.
"Me entrevisté con el juez Corazza. Le expliqué de manera simple y auténtica mis sospechas y le pedí que se entrecrucen los datos genéticos de mi familia, de la familia Teruggi y de la familia Noble con todos los existentes en el Banco Nacional de Datos", dijo Mariani.
En la presentación, pide que el análisis de ADN que se realice a Marcela Noble sea cruzado con los de las familias Mariani y Teruggi, padres de Clara Anahí, la nieta apropiada, y que están almacenados en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Clara Anahí Mariani fue apropiada el 24 de noviembre de 1976, cuando un operativo conjunto de fuerzas de seguridad, conducido por Ramón Camps y Miguel Osvaldo Etchecolatz, atacó la casa de sus padres en La Plata, con ametralladoras, fuego de mortero y bombas de fósforo.
En una entrevista que publica hoy el matutino platense Diagonales, Mariani expresó que "la primera sospecha la tuve en 1978. Hace 31 años que guardo información en un archivo personal con datos de testigos, fotos y recortes periodísticos. Quiero descartar que Marcela Noble sea mi nieta. El Estado y la ciencia lo tienen que demostrar".
"Cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia en 1983 la señora de Noble internó a sus hijos en una escuela de Suiza. Años más tarde realizó una gira visitando a presidentes y reyes de Europa. Fueron retratados en el diario Clarín y yo guardé las fotos, en las cuales veo en Marcela muchos rasgos de nuestras familias. La forma de sus piernas son muy de la familia Chorobick, que somos de origen polaco, y su cuerpo tiene un parecido asombroso con los de la mamá de Diana (Teruggi)", detalló Mariani.
Además, recordó que "un día, Guillermo Patricio Kelly me citó en su casa y me dijo que buscara a Clara Anahí dentro de la familia de los dueños de Clarín, y siempre recuerdo que dos monseñores que estuvieron en la Arquidiócesis de La Plata me decían "Clara Anahí es imposible de recuperar porque está con gente de mucho poder".
Además está demostrado que el expediente de adopción de Marcela fue "falsificado". Mariani, finalmente, aguarda ser citada por el juez Bergesio "para corroborar mis dichos y entregarle documentación".

16 de diciembre de 2009
©página 12 
rss

psicópata fascista se defiende


Guerrieri pidió ayer ampliar su declaración indagatoria. El imputado por delitos de lesa humanidad con más alto rango militar desmintió las acusaciones de Bueno (actualmente refugiado en Brasil). Pero sus precisiones rozaron lo insólito: "El oficial de inteligencia es como un meteorólogo. Hacemos previsiones".
[Sonia Tessa] Argentina. Óscar Pascual Guerrieri pidió ayer ampliar su declaración indagatoria para desmentir al ex agente civil de inteligencia Gustavo Bueno, que declaró en la ciudad brasileña de Belem hace dos semanas. El imputado por delitos de lesa humanidad con más alto rango militar negó haber querido matar a Bueno, afirmó que éste tiene su salud mental alterada, sólo aceptó preguntas de los integrantes del Tribunal y terminó con una arenga sobre su responsabilidad en los hechos que se investigan. "Ahora todos dicen Guerrieri, Guerrieri, Guerrieri, pero en 1978 no era ejecutor ni jefe. Los responsables eran (Leopoldo) Galtieri, (Luciano) Jáuregui y (Juvenal) Pozzi", dijo el ex jefe del Destacamento de Inteligencia del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Eso sí, aseguró haber olvidado los nombres de todos sus subalternos. "Todo lo leído de las declaraciones hechas en Brasil y en el Cels tienen, a mi entender, calidad de fábula", dijo el acusado, quien aseguró después que el testigo tuvo la intención "como muchos, de salvarse él y culpar a otros".
Guerrieri desmintió puntualmente una afirmación. "El señor Bueno dice que yo tenía intención de llevarlo a Comodoro Rivadavia para ejecutarlo. Me parece una barbaridad desde todo punto de vista", indicó Guerrieri, quien arguyó que los traslados de militares se definen por una política de personal del Ejército, y aseguró que como jefe no tenía la potestad de determinar traslados. El militar afirmó que Bueno estuvo internado en el instituto Philippe Pinel en 1975, de manera que pidió que se adjunten los antecedentes de ese centro asistencial, así como de la policía provincial, donde el agente revistió con anterioridad.
El Tribunal aceptó el pedido de Guerrieri, lo que generó una reposición de la fiscal Mabel Colalongo, quien consideró suficiente la pericia psiquiátrica pedida por Adrián González Charvay, defensor de uno de los imputados, Walter Pagano. La posición del ministerio Público fue apoyada por las abogadas querellantes Ana María Figueroa y Ana Claudia Oberlin. "La situación de salud mental de Bueno en 1975 es irrelevante", indicó Figueroa, al tiempo que Oberlin agregó: "La idoneidad del testigo se tiene que establecer al momento de la declaración. Por otro lado, en el legajo de Bueno, cuando fue admitido como personal civil de inteligencia, deben obrar las medidas que se tomaron para incorporarlo, de manera que se puede solicitar ese legajo". El Tribunal también aceptó el pedido.
La indagatoria de Guerrieri tuvo tres momentos. Primero desmintió a Bueno, específicamente negó la acusación del ex PCI (personal civil de inteligencia) de haber querido asesinarlo. "Me siento profundamente afectado por esa declaración", dijo el represor, quien se definió en varias oportunidades como "una persona de bien". Sobre la intención de trasladar a Bueno a Comodoro Rivadavia para ejecutarlo, Guerrieri lo calificó como "una barbaridad". Después, sólo aceptó preguntas del Tribunal.
Pero sus precisiones rozaron lo insólito. "El oficial de inteligencia es como un meteorólogo. Hacemos previsiones, estudiamos la situación. El área de inteligencia no es operativa, es un laboratorio de prospectiva, sobre lo que se va a desarrollar", aseveró el militar, quien aseguró que son otros los encargados de tomar las decisiones en base a esos informes.
Aunque Guerrieri olvidó los nombres de sus subordinados, sí pudo precisar que Bueno se desempeñaba en la Dirección de Registro y Archivo. Cuando el juez Otmar Paolucci le preguntó si esa dependencia fichaba personal militar, o sólo civiles, dijo que sólo obtenía información sobre integrantes de las dependencias del Ejército.
La presidenta del Tribunal durante esta semana, Beatriz Barabani, indagó sobre la existencia de fichas de inteligencia, pero Guerrieri se fue por las ramas. Dijo que esa dependencia investigaba "a los factores de poder que hacen al desarrollo de la Nación. El sector religioso, del trabajo, y económico", dijo.
Para el final, el represor apeló "a la emoción". "Para nosotros es dificilísimo explicar a un Tribunal Civil lo que hicimos, porque el militar no es dueño de la guerra, los gobiernos son los que deciden", dijo Guerrieri, quien se quejó: "Yo acá prácticamente soy un asesino y ustedes me van a imponer prácticamente la pena de muerte porque tengo 75 años, por eso hablamos de tribunales naturales (refiriéndose a la justicia militar)".
La causa Guerrieri -en la que también están imputados Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo- investiga la privación ilegítima de la libertad de 28 personas, a quienes también se sometió a tormentos. El proceso también trata de establecer la responsabilidad por el asesinato de 17 de esos militantes, que continúan desaparecidos.

16 de diciembre de 2009
©rosario 12
rss

el encubridor


Aunque el nuevo ministro de Educación porteño, Abel Posse, quiera disfrazar su masserismo de metafísica, la Historia es concreta. Y las historias también. Para probarlo ahí está la vida de Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo.
[Martín Granovsky] Argentina. Posse no es un conservador o un hombre del centroderecha democrático como el diputado Federico Pinedo, por ejemplo. Posse, que alcanzó el grado de embajador y llevó el gran soporte internacional del hoy condenado a 25 años de prisión Alberto Fujimori, fue uno de los principales operadores del entonces jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera en la Cancillería argentina durante la dictadura. No todos los diplomáticos cumplieron esa tarea. Lo revela el caso de Gregorio Dupont, que sufrió el asesinato de su hermano Marcelo en represalia por su oposición al Centro Piloto París y al acercamiento del masserismo con el régimen racista de Sudáfrica.
En ese entonces, una matriz internacional acercaba a Massera con el gobierno en las sombras de Italia, ese enjambre de servicios de inteligencia trabajando ilegalmente, finanzas sucias, bandas neofascistas y malversación del aparato vaticano por una minoría de obispos que quisieron convertir a la Iglesia Católica en una sucursal del Banco Ambrosiano.
En plena masacre desordenada del lopezreguismo, primero, y luego con la masacre sistemática de la dictadura, el entramado garantizó el asesinato masivo de ciudadanos argentinos y el robo de chicos. Después, esa misma trama funcionó al estilo de una Odessa local, por la red nazi que protegió a los criminales después de la derrota en 1945, para resguardar y encubrir a los culpables de los crímenes del terrorismo de Estado.
La dictadura tuvo sus Posse para el trabajo clandestino y para la propaganda pública. El papel de la agencia oficial de noticias Télam en los años de plomo es un ejemplo. No solo ocultó la información real sobre la represión masiva sino que se constituyó en el instrumento apropiado para inventar despachos "noticiosos" sobre enfrentamientos armados que nunca ocurrieron y disimularon los homicidios. Un encubrimiento preventivo buscaba eliminar pruebas de antemano.
Después de la derrota militar en las Malvinas, mientras el dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone ordenaba destruir toda prueba de la represión y dictaba la autoamnistía, la propaganda del régimen procuraba vestir de cultura nacional lo que los propagandistas de la dictadura llamaban Extremo Occidente, es decir la Argentina. En Defensa casi esquina Belgrano, dentro de un edificio de origen colonial, los militares colocaron una placa. Dice: "La Casa de la Defensa fue creada por Télam en una antigua casona del siglo XIX cara al espíritu de este lugar y como aporte a la preservación de las tradiciones, con el objeto de fomentar la defensa de la cultura nacional. Inaugurada el día de San Martín de Tours, patrono de la ciudad de Buenos Aires, 11 de noviembre de 1982".
Otra vez, como sucede con Posse, una masacre real y una metafísica fabricada. Los hechos revelan que en esa fecha gobernaba Bignone, el único presidente de la historia argentina elegido por una sola persona: el comandante del Ejército, Cristino Nicolaides, que tomó la decisión después de la derrota en la guerra de las Malvinas. Bignone afronta en la actualidad un proceso judicial por 58 delitos de lesa humanidad. Está acusado de haberlos cometido cuando era uno de los jefes del campo de concentración de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, entre 1976 y 1978.
Campo de Mayo fue el mayor centro de exterminio junto con la Escuela de Mecánica de la Armada, que dirigía el jefe de Abel Posse, y La Perla, en Córdoba, que acaba de deparar otra condena a Luciano Benjamín Menéndez.
Alejandro Martín Almeida, el hijo de Taty, era cadete de Télam en la sección Publicidad cuando desapareció para no ser encontrado nunca más, el 17 de junio de 1975.
La placa de la dictadura permanece en el hermoso edificio colonial de la calle Defensa, solo que ahora con una explicación histórica debajo. Pero el viernes, un día después de que se cumplieran 26 años de democracia, el Estado puso una placa nueva. Dice: "Otros tiempos, el mismo sueño. Libertad, igualdad, fraternidad. Homenaje de Télam al bicentenario de la emancipación americana". Y la persona que tiró del paño para descubrirla fue Taty.
En la vida de los países la conquista de la soberanía popular por parte de una región entera del mundo sin duda marca un momento muy alto de la libertad de expresión.
El bicentenario es historia concreta. Como Taty. Y Massera y Posse también son parte de la historia. La historia de la masacre que ocurrió y del encubrimiento que Posse aún quiere ejercer.

15 de diciembre de 2009
©página 12
rss