argentina

cobardes cierran pacto de silencio

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Once imputados por delitos de lesa humanidad no prestaron declaración por consejo de sus abogados. Alineados frente al Tribunal Oral Federal 2, los militares, gendarmes y policías acusados por su actuación en el Atlético, El Banco y El Olimpo no hicieron uso de la palabra. Esta vez, las cámaras pudieron registrar los rostros de los victimarios.

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[Diego Martínez] Argentina. El pacto de silencio se mantiene. Once imputados por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército que juzga el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) respondieron ayer que, por consejo de su defensora oficial Verónica Blanco, no iban a prestar declaración indagatoria. La jornada tuvo un comienzo inusual para la historia de los juicios a represores en Comodoro Py: una docena de fotógrafos y camarógrafos retrataron durante cinco minutos, antes del comienzo, a Guglielminetti, Simón & Cía. El proceso por secuestros y torturas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo continuará el lunes, cuando el TOF2 les conceda la palabra a los imputados que tienen abogado particular: el capitán Enrique Del Pino y los policías Samuel Miara, Eufemio Uballes y Roberto Rosa.
Cuando el gendarme Guillermo Cardozo pasó al frente, el resto de los imputados debieron abandonar la sala, esposados de a dos. La jueza Ana María D’Alessio le explicó que no estaba obligado a declarar, que no debía prestar juramento y que no se usaría el silencio en su contra.

–¿Entendió los hechos motivo de la imputación?
–No voy a declarar –se apuró el gendarme.

Con tono cordial, D’Alessio le explicó que debía responderle.

–Lo he entendido –se explayó.

Dio sus datos personales, ratificó la negativa y durante una hora escuchó su indagatoria en instrucción. Tras el Mundial de 1978, el coronel Roberto Roualdes lo designó en el Destacamento Móvil 1 de Gendarmería para "dar seguridad al lugar de reunión de detenidos en Lacarra y Falcón", léase Olimpo. Debió "preparar a cuarenta hombres para dar seguridad" ante "posibles ataques subversivos", dijo, y agregó que Roualdes le aseguró que eran "detenidos en transición" que "iban a recuperar su libertad". Su mayor desafío fue enfrentar "la desmoralización de mi fuerza" por la mala comida, la falta de lugar de alojamiento y el maltrato de militares y policías que los consideraban "negritos del interior". Fechó el "repliegue del personal" en enero de 1979, tras el último traslado de El Olimpo. "Gendarmería no tenía responsabilidad sobre terroristas detenidos" y tampoco sobre "la destrucción de documentos que probarían mi inocencia", dijo. "No cometí delitos, simplemente cumplí con mi deber", concluyó.
El comisario Raúl González dijo al pie de la letra las dos frases que le indicó su abogada: "Por pedido expreso de mi defensa me niego a declarar" y "Mi domicilio es la unidad penal de Marcos Paz". En las declaraciones que le leyeron aseguró no haber conocido centros de detención. "Cumplía funciones técnicas, como oficial de comunicaciones", agregó. Negó conocer los alias de los represores, excepto el de Julio Simón, "Turco Julián", por las entrevistas en televisión.
Raúl Guglielminetti se presentó como "comerciante". Dijo haber sido "empleado civil del Ejército durante cuatro años", periodista en Neuquén y hombre abocado a "actividades privadas" en Estados Unidos y España.

–¿Va a prestar declaración? –preguntó D’Alessio.
–No en este momento, señora presidenta –dijo.

Su indagatoria en instrucción fue breve. "No tenía acceso a lugares operativos y no me consta que los mencionados lo fueran", dijo luego de ser detenido en su quinta La Mapuche, de Mercedes.
Luego se leyó la declaración de Juan Carlos Falcón, custodio del ministro del Interior Albano Harguindeguy hasta 1982, detalle que "me convirtió en un blanco fácil", dijo. Explicó que apodaban Kung Fu a todos los karatecas del Círculo Policial, pero que no fue él quien actuó en cautiverio, adjudicó la confusión al inspector Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy en 1976, y aseguró que el Kung Fu torturador fue el suboficial Luis Armando Galarce, porque "estuvo en el departamento Situación Subversiva". Por la tarde, luego de un cuarto intermedio, ratificaron su silencio el gendarme Eugenio Pereyra Apestegui, el penitenciario Juan Carlos Avena y los policías Simón, Eduardo Kalinec, Luis Donocik, Oscar Rolón y Ricardo Taddei.

10 de diciembre de 2009
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para que no asuma un represor

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Encuentro por la memoria, verdad y justicia.

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Rosario, Argentina. Un amplio abanico de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y estudiantiles de Rosario y de San Lorenzo convocaron ayer al ‘Encuentro por la memoria, la verdad y la justicia’, que se realizó en el parador turístico frente al Campo de la Gloria y que contó con espectáculos artísticos, entre ellos el recital de Raly Barrionuevo como cierre. El objetivo era exigir que el concejal electo Pedro ‘Pili’ Rodríguez no ocupe su banca por estar procesado en causas de lesa humanidad, cuando este fuera director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Lorenzo.
A su vez, la agrupación Hijos Rosario ya ha lanzado un escrache a Rodríguez en caso que asuma. "El concejo sanlorencino no puede ungir como hombre de la democracia a un funcionario de la dictadura, que se dedicó a entregar a trabajadores de San Lorenzo, donde hay gran cantidad de obreros desaparecidos" expresó ayer Juane Basso ante la consulta de Rosario/12.
Cabe recordar que Rodríguez se presentó por una lista vecinalista en las últimas elecciones legislativas y cosechó unos cinco mil votos, suficientes para ocupar una banca de concejal.
" Rodríguez está procesado como partícipe necesario por delitos de lesa humanidad ocurridos en la dictadura, y actualmente se encuentra libre bajo fianza".
Entre otros los diputados provinciales Antonio Riestra, Gerardo Rico y Alicia Gutiérrez se sumaron al pedido al concejo local para que con sus facultades rechace el diploma Rodríguez por "falta de idoneidad moral" para ocupar un cargo electivo.
Basso explicó que "algunos pocos han hecho alusión a que no se puede ir contra el voto popular, pero hay que dejar en claro que acá se objeta a una persona y no al partido y su programa, que tendrán la misma representación en el concejo a través del suplente de Rodríguez". Y recordó que "cuando escrachamos a Patti en 1999 en Escobar, donde era intendente, todos nos decían que era una locura. Cuando lanzamos la campaña para que no asuma en Diputados dijeron lo mismo. Pero después de tantos años de lucha y a pesar de la impunidad que lo amparó por más de treinta años, hoy Patti está preso" recordó Basso.
Además el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo llegar su adhesión al pedido, con argumentos leídos en el acto junto a la carta de la vicegobernadora Griselda Tessio, apoyando el pedido de las organizaciones convocantes al acto, entre ellas La Ventolera, Madres y Abuelas de Plaza 25 de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, entre otros.

9 de diciembre de 2009
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represores tienen la palabra

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El TOF 2 espera escuchar a ocho de los quince imputados por su actuación en centros clandestinos. Policías, gendarmes y militares podrán pararse hoy frente al tribunal y argumentar su defensa por la represión en El Olimpo, el Banco y el Atlético.

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[Diego Martínez] Argentina. Hoy a partir de las nueve, en el subsuelo de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF2) les dará la palabra a once imputados por crímenes de lesa humanidad en centros clandestinos de la ciudad de Buenos Aires, incluidos Raúl Guglielminetti y el policía Julio Simón. Por primera vez desde 2006, luego de cinco juicios sin reporteros gráficos en la sala y del escándalo del sexto, cuando un secretario del TOF5 cubrió con sus manos la cámara de la agencia Télam, hoy sólo dependerá de los canales de noticias que la sociedad pueda conocer el rostro y la voz de policías, gendarmes y militares acusados por cientos de secuestros, torturas, violaciones y homicidios durante la dictadura. La decisión de los jueces Jorge Tassara, María Laura Garrigós de Rébori y Ana María D’Alessio implica cumplir con la acordada sobre publicidad de juicios de alta trascendencia pública que la Corte Suprema de Justicia dictó el año pasado en respuesta a las prohibiciones del TOF5, el mismo que el viernes, con un criterio que aún se desconoce, comenzará a juzgar a Astiz, Acosta & Cía.
El juicio por delitos de lesa humanidad en los centros Club Atlético, Banco y Olimpo, que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, tiene en su primera etapa quince imputados. Mañana tendrán la palabra los once que tienen defensa oficial, a cargo de Verónica Blanco. El más conocido es el único civil: el agente Raúl Guglielminetti, famoso por los secuestros extorsivos a comienzos de los ’80 y ex custodio del presidente Raúl Alfonsín. En Olimpo se hacía llamar "Mayor Rogelio Guastavino", se hacía planchar el uniforme de gala y lustrar los zapatos por los secuestrados, y daba órdenes como virtual jefe del campo, en nombre del coronel Enrique Ferro. Guglielminetti afronta su primer juicio por crímenes de lesa humanidad. Le esperan varios más.
No menos célebre, pero con menor prestigio entre sus pares, también podrá declarar el policía Julio Simón, alias Turco Julián, que ya tiene dos condenas en el haber: por el secuestro y las torturas del matrimonio Poblete, en 2006, y como miembro del Batallón 601 el año pasado. Simón concedió entrevistas en televisión mientras se supo impune, durante veinte años, pero se llamó a silencio desde que se anularon las leyes de impunidad y comenzó a deambular por tribunales. Durante las audiencias se limita a negar las acusaciones con la cabeza y a pedir permiso para ir al baño, siempre aquejado por sus problemas de próstata.
El resto de los represores que caminarán hasta el banquillo darán sus datos y responderán si desean o no prestar declaración indagatoria son desconocidos para la sociedad. Los gendarmes Guillermo Cardozo, alias Avena, y Eugenio Pereyra Apestegui, alias Quintana, son de los pocos que hablaron durante la instrucción: dijeron que sólo cumplían "funciones de seguridad en un objetivo militar". Los sobrevivientes los recuerdan adentro del Olimpo: a Quintana con gomina y tacos, por su complejo de petiso, obligando a los secuestrados a hacer esfuerzos físicos, escuchar discursos de Hitler y canciones de Nino Bravo. El comandante Cardozo también se dedicó a adoctrinar en Campo de Mayo a los guardias de los centros clandestinos para que no hablaran del tema con nadie.
Además del penitenciario Juan Carlos Avena, alias Centeno, el resto son todos policías. Eduardo Kalinec, alias Doctor K, siguió en funciones hasta hace apenas cinco años. Ricardo Taddei se apodaba Padre o Cura por sus delirios místicos: se ofrecía como confesor en cautiverio y hasta llevó un televisor al Olimpo para que los secuestrados vieran la misa de domingo. El comisario Raúl González, alias Negro o Mayor Raúl, era segundo jefe del campo y participaba de interrogatorios junto con Oscar Augusto Rolón, alias Soler. El karateca Juan Carlos Falcón, alias Kung Fu, ex custodio de Albano Harguindeguy antes del golpe de Estado, solía abusar de las mujeres secuestradas. Luis Donocik, alias Polaco Chico, integraba el grupo de guardias que se denominaban "candados", responsables de impedir que los secuestrados hablaran y de trasladarlos a la sala de torturas. Mañana será su turno. El lunes tendrán la palabra los otros cuatro acusados.

9 de diciembre de 2009
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declaró hermano de raquel negro

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"La militancia era la razón de su vida". Declaró Jorge Negro, hermano de Raquel, aún desaparecida.

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[José Maggi] Argentina. El hermano de la desaparecida Raquel Negro declaró ayer a la tarde en el juicio Guerrieri-Amelong. "La militancia era la razón de su vida, lo hacía para que su hijo Sebastián viviera en un país mejor". Con esta frase Jorge Negro recordó ayer a su hermana asesinada luego de parir mellizos en el Hospital Militar de Paraná. También lo hicieron Delia Palau de Negro, quien remarcó que estaba allí dando su historia "en honor a su suegra, quien nunca bajó los brazos y siguió esperándola cada noche", y María Estela Benassi, hermana de Marta, desaparecida de la Quinta de Funes.
Jorge relató también cómo "los primeros días de enero de 1978 tocó la puerta de la casa de su madre en la capital provincial, una joven monja vestida con sus hábitos, que traía de la mano a Sebastián Álvarez, el hijo que Raquel había concebido junto a Marcelino Álvarez, que ya estaba desaparecido".
"Sebastián se quedó con su abuela, la madre de Raquel, que pensó que lo enviaba por unos días, pero después en febrero llegó una carta de Tulio Valenzuela fechada en enero del 78 en Holanda, donde explicaba en ella lo que había pasado: la frustrada Operación México, y lo que ya se sabe que pasó después", agregó Jorge. En esa carta Tucho pedía que criaran a Sebastián como a un hijo, y así lo hizo primero su madre y después él mismo junto a su esposa Delia Palau de Negro, que también declaró ayer.
El hermano de Raquel recordó que en el año 1980 se fueron a vivir a Formosa, y que perdieron contacto con la familia Valenzuela. Es más: Jorge Negro confesó que recién se enteró que Raquel podía haber tenido hijos mellizos por el libro de Miguel Bonasso ‘Recuerdos de la muerte’.
"Hasta que finalmente apareció hace un año Sabrina, mi sobrina", dijo Jorge con sus ojos llenos de lágrimas, en referencia a uno de los mellizos de Raquel. En su relato Jorge remarcó que "a Sebastián lo criamos como a un hijo, a su abuela, mi madre, le decía mamá y a mi esposa, la llamaba tía".
Luego fue el turno de un emocionante testimonio: el de Delia Palau de Negro, quien remarcó que estaba allí dando su historia "en honor a su suegra, la madre de Raquel y Jorge quien nunca bajó los brazos y siguió esperándola cada noche".
El otro testimonio fue el de María Estela Benassi, hermana de Marta, desaparecida de la Quinta de Funes: "Estoy aquí en honor a mi padre que debió soportar la pérdida de una hija y la demencia en la que sumió este hecho a mi madre en los últimos diez años de su vida. Mi padre debió sostenerla, mostrándose fuerte. Por eso en secreto y en silencio iba al río y arrojaba de tanto en tanto una flor para mi hermana, buscando alcanzarla en algún lugar donde pudiera estar".

8 de diciembre de 2009
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mayor fariña desmiente todo

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Negó conocer a dos represores como Bueno y Costanzo. El ex militar que está siendo juzgado en Rosario pidió ayer ampliar su testimonio. Además declaró el analista mexicano Carlos Osorio, quien presentó los Documentados desclasificados sobre la Quinta de Funes.

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-que respaldó con documentos desclasificados de distintas agencias de Inteligencia el relato del único sobreviviente de la Quinta de Funes, Jaime Dri fueron las novedades fundamentales de la audiencia de ayer en el marco del juicio contra cinco genocidas. Fariña negó conocer al ex agente de Inteligencia Gustavo Bueno, y también desmintió a Eduardo Costanzo, pero luego se enredó cuando dijo no recordar quiénes eran las personas con las que trabajaba en 1978. "Nunca estuve en la Fábrica Militar", afirmó Fariña, al tiempo que consideró "el dúo Costanzo-Bueno debería estar internado en un psiquiátrico".
"Desmiento absolutamente todas las declaraciones de Costanzo referidas a mi persona en su última ampliación de indagatoria (el 9 de noviembre pasado), al igual que las anteriores. Todas son absolutamente falsas", dijo Fariña sentado frente al Tribunal, al tiempo que deslizó que entre el 3 de febrero y el 3 de marzo de 1978 estuvo de vacaciones con su familia en Mar del Plata. También afirmó que debía ser ascendido y trasladado en enero de 1978, pero debido a su conocimiento del destino -en el que había pasado más de cinco años le pidieron que permanezca más tiempo en Rosario. En marzo de 1978 -según su relato lo pusieron a cargo de la Central de Reunión de Información para "garantizar la seguridad de las delegaciones extranjeras" que llegarían a la ciudad en el Mundial.
Dijo que a Pagano y Costanzo los conoció poco, ya que no dependían de él. Indicó que a fines de 1977 fue ascendido a oficial mayor del Ejército y afirmó también: "Yo no lo conozco a Bueno, tampoco sé de qué habla, nunca estuvo en el Destacamento". Un rato más tarde, cuando le pidieron precisiones sobre lo que significaba la Reunión de Información, indicó que tenía colaboración de personal orgánico e inorgánico, pero dijo no recordar quiénes eran. La abogada de H.I.J.O.S. Ana Claudia Oberlin le preguntó cómo podía ser que afirmara no conocer a Bueno, si al mismo tiempo no podía mencionar a las personas con las que trabajaba. El imputado ensayó una respuesta, que no quedó clara. Sí fue claro, sin embargo, que su tarea consistía en "detectar elementos sospechosos" antes del Mundial 78. También se negó -en malos términos a detallarle a la fiscal Mabel Colalongo qué quería decir esa expresión.

Valiosos Documentos
Cuando terminó la ampliación de indagatoria de Fariña, fue el turno del analista mexicano, que trabaja en la ONG The National Security Archive, especializada en analizar documentos desclasificados por los organismos de Inteligencia de Estados Unidos. Osorio también es asesor de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en la investigación de los archivos del horror. Además de detallar cómo obtuvo los documentos que trajo para incorporar en la causa, Osorio hizo una descripción cronológica. Se trata de documentación tanto de la embajada de Estados Unidos en Uruguay y Argentina, como de la Dirección Federal de Seguridad de México y la policía de Paraguay. "Es increíble que documentos que vengan de agencias tan dispares coincidan con el libro (Recuerdos de la muerte, de Miguel Bonasso, basado en el testimonio de Jaime Dri) de manera tan cabal", expresó el testigo.
El primero de los documentos aportados por Osorio data del 18 de enero de 1978: la declaración de Tulio Valenzuela que hizo fracasar la operación México. Allí el militante montonero relata cómo un grupo integrado por tres miembros de Inteligencia del Ejército, más otro montonero que colaboraba con los militares, Carlos Laluf, y él mismo llegaron al país azteca con nombres falsos con el objetivo de matar a la conducción nacional de Montoneros. Una vez en México, Valenzuela denunció lo ocurrido, relató que había estado en la Quinta de Funes, contó que había otros militantes allí, y responsabilizó al Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri, por el destino de su compañera, Raquel Negro, que estaba embarazada, y de su hijo por venir.
El otro documento, del 19 de enero, es un artículo del diario Unomásuno, donde se registró la conferencia de prensa de Valenzuela. En tanto, un documento del mismo día, pero de la Dirección Federal de Seguridad de México, tiene las fotos de Laluf y Amelong, con sus nombres falsos Miguel Vila y Manuel Funes. Luego de una ardua investigación, Osorio logró dar con Dri para que los identificara. Otras tres personas participaban de la comitiva. Valenzuela, Jorge Cabrera (como Carlos Alberto Carabeta) y Rubén Fariña (como Eduardo Ferrer). Sin embargo, Osorio indicó que los últimos dos nombres no habían surgido de "documentos de la misma calidad" de los otros tres.
Una segunda publicación de Unomásuno, fechada el 20 de enero de 1978, da cuenta de la conversación telefónica entre un periodista de ese diario y el general Galtieri, que atendió el teléfono en la Quinta de Funes. "No controlo a mis hombres en el exterior", les dijo el militar, quien titubeó cuando le preguntaron si allí estaban alojados otros militantes montoneros, y específicamente Raquel Negro.
La enumeración de Osorio incluyó también el documento de la Dirección Federal de Seguridad de México del 21 de enero de 1978, donde se consigna que los cuatro infiltrados se habían ido del país. En el archivo del terror del Paraguay, al que Osorio tiene acceso privilegiado, encontró documentos que certificaron la huida de Jaime Dri del control de personal de la Marina. El 20 de julio de 1978, se pide la identificación del militante, que se escapó de un taxi en Pilcomayo. Al día siguiente, el 21 de julio de 1978, la policía de Paraguay transcribe un pedido de búsqueda de una "agencia de inteligencia de un país amigo" (que indubitablemente es la Argentina), con fotos de Dri.
Entre los numerosos documentos que aportó Osorio, también llevó un archivo extrasecreto de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, del 30 de diciembre de 1977. Allí se consigna el arresto de varios militantes montoneros, entre ellos Dri. Otros papeles secretos, tanto de la Embajada Argentina en Uruguay como en Argentina, ratifican los relatos de Dri, así como la búsqueda internacional que desató su desaparición, en la que incluso se involucró el Vaticano.
En tanto, el secretario Osvaldo Facciano informó que el acusado Oscar Pascual Guerrieri se encuentra internado hasta mañana en el hospital Militar de Campo de Mayo, donde le practicarán una videoendoescopía. Después de 20 días sin audiencias, ayer se acumularon novedades para informar en el inicio de la jornada. Entre ellas, que la Defensoría General de la Nación rechazó las excusaciones de Mariana Grasso y Héctor Galarza Azzoni, defensores de oficio de Guerrieri y Juan Daniel Amelong.

8 de diciembre de 2009
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piden 25 años para brusa y cía

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Por ocho casos de apremios ilegales, privación de la libertad y tormentos. El abogado Horacio Coutaz, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, alegó durante cinco horas por todos los hechos y todas las víctimas y al final solicitó la pena máxima prevista para estos delitos: 25 años de prisión.

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[Juan Carlos Tizziani] Argentina. La querella solicitó 25 años de cárcel para el ex juez Víctor Brusa y los cinco policías que son juzgados por delitos de lesa humanidad: Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos. En el arranque de los alegatos, el abogado Horacio Coutaz, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acusó a Brusa por ocho casos de "apremios ilegales" y a sus compañeros de banquillo por "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos" en distintos hechos. Y retrucó la teoría de los perejiles. "Se ha dicho que los que están sentados aquí no son los ideólogos del terrorismo de estado, pero sí estoy convencido que ha quedado probado en este juicio que se están juzgando a algunos de sus más fieles, metódicos y obedientes ejecutores", afirmó. Coutaz pidió también se que se amplíe la investigación a otros denunciados en el debate oral, entre ellos tres militares del Destacamento de Inteligencia Militar 122; tres miembros del Poder Judicial: la jueza de Rosario, Laura Cosidoy; el ex secretario del Jugado Federal de Santa Fe, Víctor Montti, que ya es investigado y el ex sumariante, Jorge Nuñez, que acompañaba a Brusa a tomar declaraciones en centros clandestinos. Y una decena de policías: el ex jefe de la comisaría 4ª, Ricardo Ferreyra que sucedió a Facino; dos laderos de Ramos: Juan Eduardo González y Víctor Hugo Cabrera, que participaron en la detención de uno de los querellantes, José Schulman, el 22 de noviembre de 1977 y los jefes de la seccional 1ª en 1976. El abogado lamentó el desguace del juicio por la muerte de dos militares imputados (el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón y el experto en Inteligencia Militar, Nicolás Correa) y la decisión del Tribunal de apartar a un tercero (el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini) por problemas de salud. "Lamentamos no tenerlo a Marcellini, porque habría sido el primer egresado de la Escuela de las Américas en llegar a juicio", dijo Coutaz.
"La querella sostiene que no media ningún tipo de atenuante para las conductas" de Brusa y compañía. Porque todos explicó formaron "parte de manera voluntaria y convencida del plan sistemático de terror y de una maquinaria estatal que concentró el poder absoluto, que tuvo un control absoluto de las instituciones" que hace difícil que uno pueda imaginar "algún condicionamiento para hacer lo que hicieron". No hubo "ninguna fuerza mayor, externa o interna y ningún estado de necesidad" que pueda disminuir un ápice el grado de responsabilidad que les cabe"
"Por el contrario, todo lo que uno encuentra cuando se acerca a estos tristes y lamentables hechos es un agravante". Ellos eran "funcionarios públicos con la suma del poder, que mancillaron las instituciones, se ensañaron con seres indefensos, se solazaban con el dolor (de sus víctimas) y aprovecharon estas circunstancias para dar rienda suelta a acciones incalificables".
Coutaz dijo que ninguno de los acusados demostró algún "tipo de arrepentimiento o siquiera un esbozo de culpa, más bien todo lo contrario". Y se preguntó: "¿Si no es para estos crímenes, para cuáles reservó el legislador el máximo de la pena?". "La gravedad de estos delitos, la crueldad demostrada por los autores, las secuelas sicofísica de las víctimas, la condición de policías y miembro del Poder Judicial, deben ser tomados en cuenta".
Más adelante, Coutaz rebatió la teoría de los perejiles. "Se ha dicho mucho que aquí no están sentados los máximos responsables. No son las víctimas las que tienen explicar porque se ha enjuiciado hasta ahora a sólo seis personas. Más bien es la justicia la que tiene que dar esta explicación", dijo. "También se ha dicho éstos no son los ideólogos del terrorismo, pero sí estoy convencido que ha quedado probado en este juicio que se están juzgando a algunos de sus más fieles, metódicos y obedientes ejecutores".
En el petitorio, Coutaz solicitó que se abran causas a los denunciados en el juicio. Estos son:

- Héctor Melitón Martínez y Julio César Domínguez. Oficiales del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Los denunciaron Daniel García, Alba Sánchez y Andrea Trincheri.

- Domingo Morales. Otro oficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Ya está procesado en la megacausa. Recientemente se agregó una investigación por las torturas que denunció María Cecilia Mazzetti y ahora Coutaz reclamó que se lo investigue por la denuncia de Roberto Cepeda, a quien Morales trasladó desde un centro clandestino de Córdoba a la 4ª.

- Laura Cosidoy. Jueza del Tribunal Oral de Rosario. Era defensora oficial ante la Cámara Federal de Rosario durante la dictadura. La denunció uno de los ex presos políticos, Francisco Klaric que declaró en el juicio. Coutaz pidió que se profundice la investigación "sobre la presunta comisión de delitos como defensora oficial de Klaric".

- Victor Montti. Las declaraciones de Barquín y (del ex secretario del Juzgado Federal, Luis Rodolfo) De Aguirre en la causa 540/07 del Juzgado Federal Nº 2, Secretaría Penal respecto de Montti. Y copias certificadas de los habeas corpus de García y Sanchez para "investigar la presunta comisión de delitos por parte de Montti".

- Jorge Nuñez. Sumariante del Juzgado Federal. Declaró en el juicio como testigo. Coutaz solicitó que le abran dos causas. Una por las denuncias de Klaric, Anatilde Bugna, Ana María Cámara y Carlos Pacheco, entre otros. Y otra, por falso testimonio.

- Jefes de la comisaría 1ª. Los denunciaron Patricia Isasa, Marta Berra, Graciela Roselló, Vilma Pompeya Gómez, Mariano Millán Medina y Froilán Aguirre. A esto, deberán sumarse los hechos sufridos por la fallecida María Rosa Sedrán y sus hijos Luciano y María de los Milagros Almirón que declararon en el juicio cuando estuvieron detenidos en la comisaría 1ª y en la Guardia de Infantería Reforzada. Milagros tenía 14 años y Luciano 16.

- Ricardo Ferreyra. Sucedió a su colega Mario Facino como jefe de la 4ª, en 1977. En el juicio declaró como testigo. Coutaz solicitó que "se investigue su responsabilidad por los delitos cometidos en la 4ª durante 1977 y 1978 respecto de las víctimas de autos".

- Óscar Váldez. Abogado de la Policía. Lo denunció una de las víctimas, Anatilde Bugna, como integrante del Departamento Informaciones (D 2) de la Policía santafesina. En el gobierno de Jorge Obeid se desempeñó en la oficina de Asuntos Jurídicos de la ex Dirección de Drogas Peligrosas, cuando Colombini era el subdirector.

- Juan Eduardo González y Víctor Hugo Cabrera. Fueron mencionados por Ramos en su indagatoria como los policías que lo acompañaron en la detención de José Schulman, el 22 de noviembre de 1977. Coutaz pidió que se amplíe la investigación por los hechos que denunció Schulman a González y Cabrera.

- Eduardo José Córdoba. Declaró como testigo. Coutaz lo denunció por falso testimonio.

- Eduardo Quiroga. Un ex montonero que se pasó al grupo de tareas. Lo identificaron como "José" tres denunciantes: García, Sánchez y Trincheri. Según algunos testigos, trabajó en la Cervecería Santa Fe.

- Horaldo Senn. Ex secretario de Seguridad de Córdoba y hoy legislador del Partido Justicialista en esa provincia. Coutaz solicitó que se lo investigue por "la presunta comisión de delitos" de lesa humanidad, según testimonio de Carlos Chiarulli".

- José Ricardo Lago Castro. Era un preso común que colaboró con el grupo de tareas en la 4ª. Coutaz pidió que se remita copias de las declaraciones en el juicio de todos los detenidos políticos que lo mencionaron, entre ellos Klaric, Barquín, Roberto Cepeda, Maulín, Froilán Aguirre.

- Los torturadores del ex intendente Noé Campagnolo y del ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda.

- Héctor Valls. Médico. La actuación del doctor Valls, de acuerdo a las declaraciones de Klaric.

8 de diciembre de 2009
©rosario 12

la hora de los alegatos

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Comienza la última etapa del juicio contra Brusa. Los querellantes leerán hoy y mañana. El miércoles será el turno de la fiscalía. La semana que viene alegarán los defensores del ex juez y cinco policías imputados.

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Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi, Héctor Colombini y Eduardo Ramos comenzará a escuchar hoy los alegatos de la acusación. Arrancará el abogado Horacio Coutaz, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y luego seguirán sus colegas de las querellas: Alejandra Romero Niklison y Guillermo Munné y más tarde, Leticia Faccendini y Jesica Pellegrini, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). El miércoles próximo alegarán los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti y la semana que viene las defensas de los imputados.
La audiencia está prevista para las 8.30, pero antes de los alegatos, el Tribunal deberá clausurar la etapa de pruebas y resolver sobre dos cuestiones que quedaron pendientes la semana pasada:

*La pericia psicológica y psiquiátrica a la imputada Aebi que el defensor oficial Fabio Procajlo pidió al Hospital Psiquiátrico Mira y López de Santa Fe. El dictamen no llegó a la audiencia del martes último, así que el Tribunal amplió el plazo hasta hoy para incorporarlo como prueba de la defensa.

*La incorporación al juicio por lectura del testimonio de un sobreviviente de la dictadura que falleció en 2006, Eduardo Alfredo Almada. El Tribunal ya lo había dispuesto, pero la defensora oficial Adriana Gastaldi, patrocinante de Facino, impugnó esa decisión porque a su criterio "lesionaría el derecho de defensa" del ex jefe de la comisaría 4ª. El argumento fue rebatido por los fiscales y la querella, por lo que el Tribunal se tomó hasta hoy para resolver un incidente que no es menor. Facino está acusado por cuatro hechos: la privación ilegal de la libertad de Almada, Patricia Isasa, José Schulman y los tormentos a Isasa, así que su situación podría mejorar si se cae la denuncia de un testigo que murió hace tres años en un accidente. Entre otras cosas, Almada dijo que uno de los jefes del grupo de tareas que operaba en la seccional 4ª era Nicolás Correa. "Su sola presencia causaba terror", afirmó. Y lo acusó de haber sacado de la 4ª a la docente Alicia López, que está desaparecida. Por este hecho, Facino está imputado por el homicidio de Alicia en otra causa que ya fue elevada a juicio oral.

Clausurada la etapa de prueba, comenzarán los alegatos. El doctor Coutaz alegará por todos los hechos y todas las víctimas en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Luego seguirán sus colegas Romero Niklison y Munné, que representan a seis querellantes en el juicio: Anatilde Bugna, Patricia Traba, Stella Vallejos, Jorge Pedraza, Daniel García y Alba Sánchez. Y por último lo harán las doctoras Faccendini y Pellegrini de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), que patrocinan a otros dos querellantes: José Schulman y Patricia Isasa.
El miércoles continuarán los fiscales Suárez Faisal y Candioti que alegarán por todos los hechos y todas las víctimas y plantearán la calificación legal y la responsabilidad de los imputados.
La semana que viene le tocará a las defensas: Brusa y Aebi serán defendidos por Procajlo y su segundo, Fernando Sánchez; Facino y Ramos por la defensora oficial Judith Didier y la doctora Gastaldi. Y Perizzotti y Colombini por sus abogados, Claudio Torres del Sel y Gastón Caglia, respectivamente.
Brusa es acusado por "apremios ilegales" en ocho casos, mientras que los demás están imputados por "privación ilegal de la libertad y tormentos": Ramos en ocho casos, Colombini en seis; Perizzotti y Aebi en cinco y Facino en tres (más uno de tormentos). Todos delitos en concurso real que tienen una pena máxima de 25 años de cárcel.
El juicio comenzó el 1º de setiembre y durante las audiencias declararon más de 100 testigos ante un Tribunal integrado por el juez subrogante Roberto López Arango (del Tribunal Oral de Paraná) y los dos conjueces y abogados santafesinos: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus. La cuarta jueza es otra vocal del Tribunal Oral de Paraná, la doctora Lilia Carnero.

7 de diciembre de 2009
©rosario 12

alertas contra la asunción de pili

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H.I.J.O.S. escrachará al represor de San Lorenzo.

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Santa Fe, Argentina. Los militantes de H.I.J.O.S Rosario confirmaron ayer que realizarán "un escrache a Pili Rodríguez" en San Lorenzo. "El Concejo sanlorencino no puede ungir como hombre de la democracia, a un funcionario de la dictadura como Rodríguez, que se dedicó a entregar a trabajadores de San Lorenzo, donde hay gran cantidad de obreros desaparecidos, a demás de otros tantos que fueron detenidos y torturados", expresaron los integrantes de la agrupación.
H.I.J.O.S fue convocada "por representantes políticos, organizaciones y víctimas de la dictadura de San Lorenzo, para analizar la situación de Pili Rodríguez". Así, se sumaron a la movida que tendrá su punto máximo mañana, a las 16, en el parador turístico de la ciudad.
"Un colectivo de organizaciones prepara para mañana una actividad de Memoria y Justicia para debatir con los ciudadanos sanlorencinos quien es este personaje. Nosotros vamos a aprovechar esa actividad como primer reunión multisectorial para organizar un escrache al represor", agregó el documento difundido por H.I.J.O.S.
Para la agrupación, Rodríguez es "un personaje siniestro que no sólo fue funcionario de la dictadura hecho que por si sólo lo debería dejar fuera de un Concejo Municipal de la democracia , sino que además tiene que rendir cuentas ante la justicia federal, donde lo procesaron por el delito de secuestro y torturas a trabajadores de San Lorenzo", afirmaron desde H.I.J.O.S.
Los militantes de la agrupación tienen un antecedente parecido. "Cuando escrachamos a Patti en 1999 en Escobar donde era intendente todos nos decían que era una locura. Cuando lanzamos la campaña para que no asuma en diputados dijeron lo mismo. Pero después de tantos años de lucha y a pesar de la impunidad que lo amparó por más de treinta años, hoy Patti está preso", indicaron desde la agrupación que activó la causa judicial contra el ex comisario represor, a través de dos de las abogadas del equipo jurídico, Nadia Schujmann y Ana Claudia Oberlin.

7 de diciembre de 2009
©rosario 12