veinte días de terror en corcovado
7 de diciembre de 2009
Un fiscal pide que se declare delito de lesa humanidad un operativo policial en Chubut. En marzo, la policía chubutense buscaba a un prófugo. El operativo derivó en una violenta represión en el pueblo. Hubo allanamientos sin órdenes, torturas, violaciones y robos. El fiscal ahora reclama que el caso sea considerado de "lesa humanidad".
[Ailín Bullentini] Argentina. "No hay dudas de que es un atentado contra los derechos humanos de la población. Pero al ser el Estado el que atentó violentamente, de manera sistemática, con un objetivo claro y contra el conjunto de la población civil, los hechos se convierten en delitos de lesa humanidad." Así calificó el fiscal general de Esquel, Martín Zacchino, los hechos sucedidos en marzo en Corcovado, un pueblo fronterizo de Chubut, y por los que investiga el accionar que efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la provincia llevaron a cabo durante 20 días bajo la excusa de la búsqueda de un prófugo que habitaba ese pueblo, en un dictamen que presentó a la jueza a cargo de la causa, Carina Estefanía. En ese documento, Zacchino se definió "incompetente" para continuar con la investigación, la que "por implicar delitos de lesa humanidad debe ingresar a la órbita de la Justicia federal. Es el Estado nacional el garante a nivel internacional de los derechos humanos de todos los argentinos", recalcó. La última palabra será la de la jueza, en la audiencia que tendrá lugar el 14 de diciembre.
Fueron alrededor de 20 los testimonios que llamaron la atención de Zacchino acerca de la gravedad de lo ocurrido en Corcovado entre el 8 y el 27 de marzo, cuando efectivos del GEOP declararon un "estado de sitio virtual" en el pueblo y allanaron viviendas con la excusa de la detención de Cristian Bustos, un joven de 27 años condenado por la muerte de su hijo, un bebé de pocos meses, y que permanecía prófugo desde 2007. El 8 de marzo, la policía provincial y Bustos habían pautado su recaptura en la casa de sus padres, en ese pequeño pueblo chubutense. La enorme cantidad de efectivos que rodearon la casa asustó al joven, que huyó corriendo. Sus hermanos lo siguieron. La persecución culminó con uno de ellos muerto, otro herido y uno más detenido. También murió un efectivo de la policía, mientras que el prófugo sigue en esa condición. Su detención desencadenó el accionar de la GEOP en Corcovado.
Tras investigar los hechos, Zacchino sostuvo que "el abuso de autoridad y las vejaciones" por parte de miembros de ese cuerpo de seguridad estatal constituyen delitos de lesa humanidad porque "fueron cometidos por el Estado de manera sistemática con el objetivo de quebrar la voluntad de quien pudiera estar encubriendo al prófugo Bustos, afectando no sólo a las personas que se animaron a radicar las denuncias, sino a toda la comunidad. Son los tres pilares claves con los que el Código Penal establece a esa clase de delitos", explicó el fiscal a Página/12. Los mismos argumentos utilizó para elaborar el dictamen que presentó ante la jueza a cargo del caso. De ser declarados de lesa humanidad, la causa no prescribiría nunca.
Pero el documento hoy en manos de la jueza Estefanía no propone sólo un cambio en su calificación. Además, sostiene la necesidad del traslado de la causa a la órbita judicial federal, ya que "es el Estado nacional el garante a nivel internacional de los derechos humanos de los argentinos", remarcó el fiscal, aunque dejó en claro que ambos cambios –de calificación de delito y de órbita judicial– no implicarán una vuelta a fojas cero en la causa: "Lo investigado hasta acá es plenamente válido, incluso algunas cosas son irreproducibles. La decisión es relativa sólo a quien va a continuar el camino", concluyó. Según su opinión, "es claro que debe ser la Justicia federal; la presencia y el trabajo realizado por miembros del Programa nacional de la Lucha contra la Impunidad en el pueblo demuestra el interés del estado en hacerse cargo del asunto".
El informe elaborado por representantes de ese programa, que funciona en el área de la Secretaría nacional de Derechos Humanos, es uno de los pilares del dictamen de Zacchino, además de los testimonios y otras pruebas obtenidas en la investigación judicial. Ese documento fue el resultado de la visita al pueblo que los funcionarios nacionales realizaron en mayo. "Todos los pobladores de Corcovado entrevistados afirmaron lo mismo: allanamientos violentos, empujones, patadas, ruptura intencional de puertas y muebles, golpes con empuñadura de armas largas sobre las personas, imposición de terror", resumió a este diario Leandro Jarsún, coordinador del programa y encargado de dirigir las audiencias públicas en las que participaron, además de los vecinos, su defensor oficial, Omar López, Zacchino y el ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, Máximo Pérez Catán.
Los funcionarios nacionales llegaron al lugar luego de que algunos de los pobladores –familia de Bustos incluida– viajaran a Buenos Aires para reclamar la intervención de autoridades nacionales en el asunto. El entonces ministro de Justicia nacional, Aníbal Fernández, se comprometió con esa intervención luego de que la representante de pueblos originarios y acompañante de los vecinos de Corcovado en territorio porteño, Moira Millán, se encadenara al edificio ministerial para exigir una respuesta.
©página 12 
[Gustavo Veiga] Argentina. Un detallado informe de 48 páginas que reúne varias denuncias en temas como discriminación, salud, educación, vivienda, seguridad y medio ambiente, presentará hoy el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires. Este joven organismo no gubernamental, formado por abogados que se desempeñan en el ámbito público y privado, señala en sus conclusiones que las constataciones alcanzadas "no son auspiciosas para la dignidad del hombre y la mujer que habitan la ciudad". El documento se redactó tomando como parámetro la Constitución porteña aprobada en 1996 y refleja el modo en que la administración de Mauricio Macri causó "un grave deterioro a la vigencia de los derechos humanos".
[Eduardo Videla] Argentina. Después de las críticas que generó la actuación de la UCEP –la fuerza de choque del gobierno de Mauricio Macri dedicada a desalojar a indigentes del espacio público–, la Justicia porteña investiga el accionar de una célula paralela a ese organismo, que habría actuado en al menos cuatro procedimientos de desalojos en la vía pública tras su anunciada disolución. El jueves pasado, el juez Roberto Gallardo allanó oficinas en dos pisos del Edificio del Plata, una de las sedes administrativas del gobierno de la ciudad, y secuestró dos computadoras e importante documentación. Allí habría hallado elementos que certificarían esos operativos, los que serían ilegales, ya que el propio juez los había prohibido en un fallo de fines de octubre: allí ordenaba que sólo podían realizarse desalojos en la vía pública con previa orden judicial. En el allanamiento se secuestraron además fotografías de movilizaciones de organizaciones sociales contra la UCEP, lo que podría indicar que la actividad de este grupo no se limitaba a la "limpieza" del espacio público sino también a tareas de inteligencia.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Una docente santafesina exiliada en Viena relató su paso por el circuito represivo de la dictadura, desde su secuestro en la comisaría 4ª hasta su martirio en un centro clandestino ubicado en las afueras de Santo Tomé. "En ese sentimiento sin espacio, ni tiempo, ni límites, solo tuve la sensación de fin. Sentí que allí no había más chance para un después. Que estaba en manos de la absoluta impunidad", dijo María Cristina Boidi, en un testimonio que envió desde Austria al Tribunal Oral de Santa Fe que juzga al ex juez Víctor Brusa y a cinco policías, entre ellos el ex jefe de la 4ª, Mario Facino. Boidi reveló que después de los tormentos en el chupadero el grupo de tareas la volvió a dejar en la 4ª. Facino la vio en un calabozo. "El se tapó teatralmente los ojos ante mis hematomas y las huellas de la violencia en mi cuerpo y me dijo: "No los quiero ver, es una brutalidad. Voy a informar, pero yo no puedo hacer demasiado. No tengo nada que ver con esto"". Ella le dijo que era el responsable de la comisaría, pero Facino le contestó que "estábamos en una situación especial". Entonces, le rogó que un médico curara sus heridas y una hemorragia vaginal, pero "el médico nunca llegó".
[Sonia Tessa] Argentina. El espacio Juicio y Castigo volverá mañana, a partir de las 12, a llenar de arte y memoria el cantero de Oroño al 900 para acompañar la reanudación de las audiencias del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. El proceso se reanudará mañana, a las 9.30, en el primer piso de Oroño 940, con las indagatorias del periodista mexicano Carlos Osorio, así como el ex empleado de la Fábrica Militar Orlando Ponce, Delia Palau de Negro, familiar de Raquel Negro y María Estela Benassi, familiar de Marta Benassi. Por la tarde, declarará la abogada Carmen Maidagan. Mientras el tribunal Federal Oral escuche los testimonios, afuera habrá radio abierta, música en vivo, intervenciones artísticas y una muestra colectiva de fotos que organiza la Red de Solidaridad con Chiapas. En tanto, el martes, en San Lorenzo, el Encuentro por la memoria, al verdad y la justicia de esa localidad realizará una marcha, a las 16, al parador turístico, para exigir que el Concejo Municipal deniegue el acceso a la banca de Pedro Pili Rodríguez, quien está procesado como partícipe necesario por delitos de lesa humanidad.
[Soledad Vallejos] Argentina. Los cruzados en contra del matrimonio para personas del mismo sexo no son unos desconocidos: además de haber procedido como por ensayo y error en distintos juzgados hasta dar con uno que los ayudara a frenar la boda entre Alex Freyre y José María Di Bello, tienen una historia que los vincula con todos los temas posibles de la agenda reaccionaria de los últimos treinta años. El cierre de exposiciones impías como la retrospectiva que León Ferrari armó en 2004, las quejas ante estrenos sacrílegos como el del film 'El Código Da Vinci', los disturbios en charlas sobre el aborto son algunas de las más conocidas. A ellas habría que sumar, al referirse a casi todos los involucrados, la defensa de los militares represores de la última dictadura.
Argentina. "Nosotros queremos que sea juzgado en Holanda", declaró a la AFP Gerard Spong, abogado de Julio Alberto Poch, de 57 años, arrestado el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia cuando se disponía a pilotear un vuelo de Transavia, una filial de bajo costo de KLM y Air France.
[Juan Carlos TizzianiJuan Carlos Tizziani] Argentina. El Tribunal Oral postergó hasta el lunes la clausura de la etapa de pruebas a la espera de un informe sicológico y psiquiátrico de la ex carcelera en la Guardia de Infantería Reforzada, María Eva Aebi y dejó en suspenso la declaración de un testigo fallecido en 2006, Eduardo Alfredo Almada, que acusó al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino. Las dos decisiones sobresalieron en la audiencia de ayer en la que el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, enumeró las pruebas producidas en la etapa de instrucción y en los tres meses del juicio que arrancó el 1ª de setiembre. El lunes comenzarán los alegatos de la acusación, pero antes los jueces resolverán si incorporan el informe sobre la salud mental de Aebi y si aceptan o rechazan el testimonio de Almada. Facino está acusado por cuatro hechos: la privación ilegal de la libertad de Almada, Patricia Isasa, José Schulman y los tormentos a Isasa, por lo tanto, su situación puede mejorar y mucho si se cae la denuncia de un testigo que murió hace tres años en un accidente que dejó interrogantes.