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represor con status de refugiado


Bueno declaró en sede de la policía federal de Brasil donde recibió consejos. Bueno fue asistido durante la declaración testimonial por un policía federal de Brasil -más allá de sus defensores públicos-, en un hecho "realmente inédito". Ante esta situación, se suspendió la medida que hoy prosigue ante un juez criminal.
[José Maggi] Argentina. La declaración testimonial del represor argentino Gustavo Bueno- detenido por Interpol en Brasil- fue suspendida ayer por el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1, Otmar Paulucci, quien viajó como parte de una comitiva compuesta por una fiscal, dos abogadas querellantes y un defensor oficial. "Suspendimos la medida por la participación policial en la declaración del testigo, incluso por sobre su defensa, un hecho realmente inédito", explicó Paulucci a Rosario/12, quien luego de dos jornadas consecutivas de estar en contacto con el detenido no pudo profundizar en sus dichos de 1984 que permitieron conocer entonces el funcionamiento detallado del aparato represivo en Rosario. La comitiva denunció maltrato y atropellos de un efectivo de la policía local, quien aseguró que Bueno tiene calidad de "refugiado". La declaración continuará hoy ante un juez criminal federal. "Durante toda la audiencia, los policías se dirigieron en forma agresiva e intimidatoria hacia la comitiva. Llegaron a manifestarnos que aquí no éramos nadie, que éramos extranjeros", denunció la abogada de Hijos Ana Oberlin.
El primer juicio contra represores se trasladó esta semana a la ciudad brasilera Belem do Pará, para tomar la declaración de Bueno, quien había brindado un testimonio clave durante los ’80 en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para la realización de esta medida viajó una comisión formada por Paulucci, junto al secretario Osvaldo Facciano, la fiscal Mabel Colalongo, las abogadas querellantes Ana Oberlin y Virginia Blando, además de Germán Artola, como defensor de los imputados de la causa Guerrieri Amelong. En tanto se sumó en Belém la cónsul argentina, María Margarita Ahumada.
"Por decisión del Superior Tribunal Brasilero, orden emitida por la Ministra Ellen Gracie (integrante de ese Tribunal), se delegó la realización de la medida en la Policía Federal de Brasil, pese a que la rogatoria del presidente del Tribunal Oral 1, solicitaba que se tomara ante un juez con competencia criminal. La posibilidad de la realización de una medida de estas características ante la policía está prevista en el Tratado de Cooperación en Materia Penal Argentina/Brasil", explicó la abogada de Hijos.
El 30 de noviembre, la comitiva argentina se presentó en la Policía Federal de Belém do Pará, donde estaba prevista la realización de la testimonial y donde está actualmente detenido Bueno. En ese lugar se hallaban presentes la persona que dirigiría la medida (comisionada al efecto e integrante de la Policía Federal), el represor Bueno, junto con dos abogadas defensoras oficiales brasileras -debido a la existencia de un proceso de extradición en curso por pedido del juez federal rosarino Marcelo Bailaque, en relación con la causa "Gazzari Barroso"- y un delegado de la Policía Federal que comanda la custodia de Bueno, Mendes Filter. También se hallaba presente un efectivo de Interpol.
"Se nos hizo saber en ese momento que Bueno tiene calidad de refugiado en este país, cuestión que no fue acreditada, presuntamente debido a que tuvo que escapar de Argentina por correr riesgo su vida en los años 80", contó la abogada de Hijos.
Oberlin afirmó sorprendida que "desde el comienzo de la medida existieron diversas dificultades, dadas fundamentalmente por la participación e interrupción continua del delegado de la policía federal, quien le hacía manifestaciones al testigo y a nosotros. Por ello, en diversas oportunidades solicitamos que no se le autorizara el uso de la palabra. Ello determinó que el Jefe de la Delegación también se sumara al acto. Este último, lejos de intervenir ante la actitud incorrecta del primer oficial, se sumó a las interrupciones, aconsejando a Bueno que no declarara ante tal o cual pregunta".
En horas de la tarde, el mismo se interrumpió y se pasó a un cuarto intermedio hasta el día de ayer, martes. Según informaron miembros de la delegación argentina, ayer "volvieron a suscitarse distintos inconvenientes". Primero la defensora informó que Bueno no iba a declarar mas allí, que s’olo lo haría ante un juez criminal, lo que provocó una serie de planteos por parte de la querella y una advertencia del conflicto internacional que se podía generar.
"En ese momento la defensora de Bueno, se comunicó con alguien -no sabemos con quién y volvió al recinto para decirnos que continuemos con la medida. Nosotros, cansados de esta situación y considerando que no se estaban garantizando las condiciones necesarias para llevar adelante la medida, definimos retirarnos del lugar e ir al Juzgado Federal a solicitar que un juez criminal tomara la audiencia", expresó Oberlin.
"Al llegar al Juzgado Federal, el trato fue muy distinto. Fuimos recibidos por diferentes secretarios, quienes estaban al tanto de la situación, debido a la intervención de las autoridades argentinas aquí", señaló Oberlin, quien indicó que "finalmente, la testimonial será tomada en el día de mañana (por hoy) en el Juzgado Federal, ante un juez con competencia criminal".

3 de diciembre de 2009
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senado aprobó reforma política


Pichetto: "la gran mayoría está de acuerdo". Luego de casi 8 horas de debate, la reforma política, que contempla elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, fue convertida en ley por 42 votos a favor y 24 en contra. La iniciativa debía ser aprobada por mayoría especial, es decir, al menos 37 votos.
Argentina. La Cámara de Senadores convirtió esta tarde en Ley por mayoría absoluta la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo de Reforma Política que establece la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos que postulen precandidatos para nominar a cargos electivos nacionales.
El proyecto fue aprobado por 42 votos a favor y 24 en contra, gracias al apoyo que recibió la iniciativa del bloque del Frente para la Victoria y de sus aliados: el Movimiento Popular Neuquino y los senadores del bloque Por Tierra del Fuego, ex ARI. El oficialismo necesitaba de al menos 37 votos positivos para aprobar la norma que modificaba la Ley Electoral que, según la Constitución, para ser reformada necesita del apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
La norma enviada por el Ejecutivo y que recibió modificaciones en Diputados, establece que el voto en las elecciones primarias será obligatorio en tanto que se podrá emitir un voto para una sola agrupación política. La reforma también elimina a las listas "colectoras" y a las denominadas "espejo"; establece que se votará con el mismo padrón que se utiliza en la elección general; y remarca que de las elecciones generales sólo podrán participar las agrupaciones que hayan obtenido en las primarias el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos requeridos.
Por otra parte, el requisito para ser reconocido como un partido político es tener el 4 por mil de afiliados de acuerdo con el padrón electoral. Además, agrupaciones que no alcancen el 2 por ciento del padrón electoral del distrito que corresponda perderán su personería. La elección primaria se realizará el segundo domingo de agosto del año que se realice el comicio general, cuya fecha de realización seguirá siendo la del cuarto domingo de octubre puesto que la reforma introducida este año para adelantar las legislativas al 28 de junio sólo fue válida por única vez.
Por otra parte, los fondos correspondientes al aporte de campañas se distribuirán de la siguiente manera: el 50 por ciento del monto asignado por el Presupuesto en forma igual a las listas y el otro 50 entre los 24 distritos, en proporción al total de electores.
El proyecto también reduce a 8 días la prohibición para publicar los resultados de encuestas y a 15 la prohibición de realizar actos oficiales de obras públicas o promoción de planes y proyectos de alcance colectivo.
Al cerrar el debate, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, remarcó que la norma "es un avance importante porque elimina el sistema de las colectoras", y ponderó "el planteo del sistema de financiamiento electoral" al recordar que el diputado Francisco De Narváez "con los grandes recursos que posee hizo campaña un año antes del proceso electoral". "Este proyecto plantea la consolidación de los grandes partidos políticos nacionales. Y no nos ponemos colorados cuando lo decimos, porque son partidos organizados. Y no esos sellitos o estructuras u organizaciones que se juntan sólo para los procesos electorales", expresó Pichetto.
Antes, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández, pronosticó que la reforma política dará una "fuerte solidez a los partidos políticos" y cuestionó a sectores "oscuros" de la sociedad que "trabajaron mucho tiempo para tener una representación partidaria débil". "Hay sectores de los medios de comunicación y grupos oscuros de la sociedad que arrinconan a la opinión pública", reflexionó Fernández, al abrir el debate.
El flamante presidente del bloque radical, Gerardo Morales, consideró que "es de una gran irresponsabilidad que el gobierno avance con este proyecto" que, en su opinión, "no tiene consenso, ni del Acuerdo Cívico y Social ni de Unión Pro; pero tampoco del Proyecto Sur o de la izquierda".
El cordobés Carlos Rossi, del Partido Nuevo, afirmó que "a pesar de todo lo que vimos, este proyecto tampoco resuelve el problema del transfuguismo", y llamó la atención de que no incluye el voto electrónico por lo que dijo que iba a "continuar el robo de boletas en el cuarto oscuro".
El socialista Rubén Giustiniani opinó que "esta reforma electoral no beneficia a nadie más que al candidato del oficialismo en 2011", y agregó que "el gobierno adelantó las elecciones, puso a sus máximos candidatos, manejó desde Olivos a todo el aparato y perdió contra una propaganda de televisión, con todo respeto: aunque tengan el referí a favor, cuando viene la ola es imparable".

2 de diciembre de 2009
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sentencia antes de nochebuena


Juicio a represores en Santa Fe entra en la etapa final. La sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad al ex juez Brusa y cinco represores podría conocerse en la semana que arranca el 21 de diciembre próximo.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. Juicio a represores en Santa Fe entra en la etapa final. La sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad al ex juez Brusa y cinco represores podría conocerse en la semana que arranca el 21 de diciembre próximo.
La sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad al ex juez Víctor Brusa y cinco represores: Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti y Eduardo Ramos podría conocerse antes de Nochebuena. Ayer arrancó el tramo final. El Tribunal Oral escuchó los últimos dos testimonios: una docente, María del Carmen Ovalle, que estuvo detenida durante toda la dictadura y pasó por el circuito represivo de Santa Fe y la abogada de Hijos, Lucila Puyol, que declaró sobre "el plan sistemático de aniquilamiento y exterminio de personas" durante la dictadura. Después, el único imputado que aceptó ampliar su indagatoria fue Ramos. Hoy será clausurada la etapa de pruebas con informativas y documentales que pidieron y aportaron las partes. Y el lunes 7 comenzarán los alegatos de la acusación: primero, los querellantes y el miércoles 9 (porque el martes es feriado) los fiscales del Ministerio Público. La semana del 16 seguirán las defensas, luego podría haber réplicas y contrarréplicas y el veredicto se conocería la semana del 21 de diciembre.
Ovalle y Puyol fueron las últimas dos testigos que declararon en el juicio. Estaba citada también otra docente, María del Carmen Boidi, que vive en Suiza y no pudo viajar a la Argentina, pero mandó una carta al Tribunal que el fiscal Martín Suárez Faisal pidió la semana pasada que se incorpore como prueba. El defensor oficial Fabio Procajlo se opuso, pero ayer cambió de idea y aceptó que el testimonio de Boidi se sume al expediente. Boidi fue testigo y víctima de hechos que ya fueron probados en el juicio: el secuestro y las torturas al abogado Jorge Pedraza, que fue detenido el 6 de noviembre de 1975, alrededor de las 20, en la esquina de San Martín y Junín. Le sacaron una pistola que llevaba entre sus ropas y no sabía usar y le apuntaron en la cabeza. "No lo maten, no lo maten", lo defendió Boidi y ese gesto le costó caro: ella también fue detenida. Cinco días después, cuando Pedraza ya estaba en un calabozo de la comisaría 4ª lo vuelven a encapuchar, le atan las manos atrás con alambre y lo suben a un automóvil, un Renault 6 blanco, que recién llegaba a la cochera. Arriba del vehículo ya había una mujer encapuchada: Boidi. Y juntos, los llevan a un centro clandestino en las afueras de Santo Tomé, en la ruta 19 frente al peaje de la autopista, que fue reconocido en el juicio. Boidi ratificó todos estos hechos en la carta al Tribunal que será incorporada hoy a la causa.
La abogada de Hijos fue la última testigo del juicio. "Ya no hay ninguna duda que en la Argentina hubo un plan de aniquilamiento y exterminio de personas. El genocidio más grande que tuvo nuestro país en el siglo XX", dijo Puyol. "El blanco fue un grupo nacional que resistía la dictadura. El sujeto a exterminar no eran sólo las organizaciones político militares, sino todos que pudieran oponerse o fueran una amenaza para el proyecto hegemónico". Y por lo tanto, todos los que participaron de ese aparato represivo "formaron parte de ese plan sistemático".
El abogado Claudio Torres del Sel interrumpió a Puyol. "Está haciendo un alegato", se quejó el defensor de Perizzotti. Pero el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, rechazó el planteo. "La testigo fue propuesta por el Ministerio Público para que hable sobre el plan sistemático, así que puede continuar", dijo el juez.
Puyol relató entonces casos que prueban la participación criminal de los imputados. Las víctimas del terrorismo de estado fueron inhumadas como NN en el cementerio municipal, pero estaban identificadas, se sabían quiénes eran: había fotos y huellas dactilares, dijo. Y mencionó que una de las acusadas, María Eva Aebi, "llevaba y traía esas órdenes de inhumación de NN (que firmaba Perizzotti), pero también llevaba y traía detenidos. Está la firma".
Hoy será clausurada la etapa de prueba en el juicio con la incorporación de toda la documentación propuesta por las partes. Y el lunes 7 comenzarán los alegatos: primero lo harán los querellantes y el miércoles (porque el martes es feriado) los fiscales. Los alegatos de las defensas se realizarían en la semana del 14 de diciembre, luego podría haber réplicas y contrarréplicas de las partes. Los imputados tendrán la posibilidad de hacer su última manifestación ante el Tribunal, si es que quieren ejercer ese derecho. Y por último, los jueces se retirarán a deliberar: su veredicto se conocería antes de Navidad.

2 de diciembre de 2009
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mercedez benz y la dictadura


Aportan documentación sobre la actuación de Mercedes Benz durante la última dictadura. El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, con sede en Alemania, entregó antecedentes a la Justicia sobre cómo la empresa automotriz colaboró con totalitarismos en procura de "beneficios". Los antecedentes de Carlos Ruckauf.
[Gustavo Veiga] Argentina. Las denuncias contra la empresa Mercedes Benz por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se robustecieron la semana pasada con la presentación de un informe del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (Ecchr), con sede en Alemania. A modo de amicus curiae –un trámite judicial en el que terceros ajenos a un juicio ofrecen de manera voluntaria su opinión respecto del litigio para colaborar con el tribunal–, el organismo aportó antecedentes internacionales sobre hechos semejantes a los que se investigan en la Argentina y en los que estuvo involucrada la automotriz. Por caso, una denuncia que pesa sobre ella en la Justicia de Estados Unidos por haber colaborado con el apartheid sudafricano, además de antecedentes similares durante el régimen nazi que gobernó desde Berlín entre 1933 y 1945.
El largo y tortuoso camino recorrido por los familiares y compañeros de los catorce delegados y activistas desaparecidos de la compañía ahora parece más diáfano, según la abogada de la querella, Florencia Arieto: "Con la presentación del amicus curiae quedan muy claras algunas cosas. ¿Podía haber evitado la Mercedes Benz el secuestro de sus propios trabajadores? La respuesta es sí, aunque hubiera sido a costa de su propia producción. Por eso se aprovechó de una coyuntura política de totalitarismo para hacer desaparecer gente que pensaba distinto, por eso es cómplice de delitos de lesa humanidad", dice Arieto, quien patrocina a Héctor Aníbal Ratto, uno de los sobrevivientes que declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº 1. Junto a él, también se presentó la periodista alemana Gaby Weber, quien investigó las desapariciones de trabajadores en la compañía y aportó documentación desclasificada.
La causa de la Mercedes Benz ya tiene once cuerpos y el objetivo de la querella es que los jueces citen a declaración indagatoria al responsable de producción de la fábrica durante la dictadura, Juan Rolando Tasselkraut. "Está vivo y muy lúcido. Lo ubicamos en San Fernando", señala Arieto. Según los denunciantes, los otros dos responsables de lo que ocurrió entre abril de 1976 y agosto del ’77 –período en el que desaparecieron los catorce obreros– son el ex ministro de Trabajo de Isabel Perón Carlos Ruckauf y el histórico gremialista del Smata José Rodríguez, quien falleció el pasado 6 de noviembre.
Los trabajadores desaparecidos son Rubén Oscar Caddeo, José Antonio Vizzini, Miguel Grieco, Esteban Alfredo Reimer, Víctor Hugo Ventura, Carlos Adolfo Cienciala, Oscar Alberto Alvarez Bauman, Fernando Omar Del Conte, Héctor Alberto Belmonte, Alberto Gigena, Diego Eustaquio Núñez, Jorge Alberto Leichner, Juan José Mosquera y Alberto Francisco Arenas. El primero desapareció el 5 de abril de 1976 y el último el 19 de agosto de 1977. A Juan José Martín, Alfredo Martín y a Ratto se los llevaron desde la planta de González Catán, pero fueron liberados tiempo después.
El informe presentado por el Ecchr alemán que firma su secretario general, el abogado Wolfgang Kaleck, fue realizado con el objetivo de señalar que la Argentina tiene la obligación "de perseguir y condenar a los responsables –sea cual fuere su forma de participación– de las violaciones de derechos humanos, incluyendo cuando se trata de actores no estatales". El Centro es una organización registrada en el juzgado municipal de Berlín-Charlottenburg, trabaja con un equipo internacional de abogados y cuenta con expertos mundialmente reconocidos como Theo Van Boven, de la Universidad de Maastricht y comisionado especial de las Naciones Unidas contra la tortura.
El Ecchr, en su escrito de 36 páginas, describe que la querella presentada ante el tribunal "se dirige, entre otros, contra Juan Ronaldo Tasselkraut, quien habría cometido –si es que los hechos acusados llegan a ser probados como ciertos– actos criminales no como persona privada, sino en su función como ejecutivo de la empresa Mercedes Benz Argentina SA". A continuación señala que "la empresa tiene antecedentes de colaboración con regímenes represivos y violadores de los derechos humanos, sobre todo en la época del nacionalsocialismo en Alemania". Y describe que "utilizó el trabajo forzado de cerca de 50.000 prisioneros de guerra y presos de los campos de concentración ofrecidos por el régimen nazi". Trazando un paralelo con las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina, el Ecchr dice que la automotriz alemana "aparentemente tampoco habría dudado, en Sudáfrica, en entregar a las fuerzas de seguridad en bandeja a sus propios trabajadores con tendencias críticas o sindicalistas".
El amicus curiae señala en sus conclusiones que "si no se judicializa directamente a las empresas y a sus representantes, la impunidad por las violaciones de derechos humanos sigue y se produce una situación de permisividad tácita que puede ser interpretada por las empresas en el sentido de que pueden seguir actuando en perjuicio a personas sin límites ni morales ni legales, lo cual generaría graves contradicciones y pondría en riesgo lo que aquí se ha podido determinar como principios fundamentales del derecho internacional penal: la responsabilidad penal de empresas y sus representantes por participación y colaboración en violaciones de derechos humanos".
Arieto destacó que la audiencia en la que declararon Ratto y Weber "fue una bisagra muy interesante porque les permitió a los tres jueces del tribunal acotar el objeto de su pesquisa con el caso Ratto, como también preguntarle y solicitarle a Weber que entregara documentación como los archivos desclasificados de la Cancillería con el pedido de Ruckauf de que se echara a los trabajadores de Mercedes Benz en octubre de 1975. Smata y la empresa trabajaban como una sola unidad, legitimados por el entonces ministro, que preparó el terreno para el general Santiago Omar Riveros", el primer condenado a prisión perpetua en la megacausa Campo de Mayo, por la desaparición del estudiante Floreal Avellaneda.

1 de diciembre de 2009
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dictador niega robo de bebés


Ex dictador niega robo de hijos de desaparecidos. Jorge Videla está encausado por centenares de delitos de lesa humanidad.
Buenos Aires, Argentina. El ex dictador argentino Jorge Videla negó haber robado y entregado a terceros a niños hijos de desaparecidos, en el marco de una causa que investiga el origen de los dos hijos adoptivos de la dueña del multimedios Clarín, Ernestina de Noble.
El ex dictador (1976/1981), detenido en una cárcel en el cuartel militar de Campo de Mayo, está encausado por centenares de delitos de lesa humanidad.
Videla fue condenado a cadena perpetua en 1985, luego indultado en 1990, y volvió a ser detenido en 1998 acusado de robo sistemático de bebés en la dictadura (1976/83).
Unos 500 hijos de desaparecidos, la mayoría nacidos durante el cautiverio de sus madres, fueron robados y apropiados durante la dictadura y desde 1984 se logró restituir la identidad de 98 de ellos.
Videla fue citado el viernes a indagatoria, luego de que el ex empresario periodístico José Pirillo declaró meses atrás que el director de Clarín, Héctor Magnetto, le contó años atrás que había hecho "gestiones personales para que Videla le consiguiera los chicos" a Ernestina de Noble.
La causa fue abierta hace más de siete años por dos familias querellantes que sospechan que los hijos adoptivos de Noble, hoy adultos, serían hijos de sus familiares desaparecidos.

30 de noviembre de 2009
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tenían protección política


Las denuncias del policía Avelino Canteli contra dos funcionarios de Obeid. José Berhnardt y Nicolás Correa ocuparon puestos claves en el área de seguridad del ex gobernador justicialista. El policía los denunció, como también lo hizo en 1997 la periodista Ana Fiol, pero durante años la Justicia no lo investigó.
Santa Fe, Argentina. Avelino Canteli denunció al teniente coronel José Berhnardt y al suboficial del Ejército Nicolás Correa hace once años, en 1998, cuando eran funcionarios del gobernador Jorge Obeid: Bernhardt, subsecretario de Seguridad Pública de la provincia y Correa, su número dos. Ambos fueron designados en el arranque del gobierno: Bernhardt el mismo día que asumió Obeid, 11 de diciembre de 1995 y Correa un mes y medio después, el 31 de enero de 1996. "Siempre tuvieron protección política", recordó Canteli.
Correa ya había sido señalado por primera vez en público por la periodista Ana Fiol, en una investigación sobre los grupos de tareas de la dictadura en Santa Fe, que se vio por Cablevideo, el 6 de marzo de 1997, en su programa "Mujeres de Fin de Siglo". "En el segundo piso de la Casa de Gobierno está el señor Correa que era la voz de la patota y hoy es funcionario de Seguridad Pública. Esto fue dicho por un montón de gente mientras armábamos el programa, pero siempre hay que hablar de este asunto en voz baja ¿no?", se preguntó Fiol, quien declaró como testigo en la segunda audiencia del juicio al ex juez Víctor Brusa y compañía -el 15 de setiembre último y su programa presentado como prueba de la querella. Fiol comenzó a recibir amenazas aún antes de publicar su investigación. "Me llamaban todo el tiempo, donde estuviera: en mi casa, en la radio, en los lugares donde íbamos a filmar", dijo. Por seguridad, su hija fue a vivir con los abuelos y ella estuvo meses con custodia policial, hasta que se radicó unos años en Gran Bretaña.

Cantelli habló sobre Bernhardt y Correa en una entrevista con El Litoral, el 21 de diciembre de 1998. "¿Qué opina de Obeid?", le preguntó el periodista Rogelio Alaniz.
No lo entiendo.

¿Por qué?
Lo tiene a Bernhardt de ladero y a Correa. Los dos fueron represores. Y Correa fue jefe de Inteligencia en el tiempo de los militares -contestó Canteli. Tuvieron que pasar cinco años para que la justicia lo llame por esa denuncia. "Ratifico todo lo que dije", expresó ante el juez federal Reinaldo Rodríguez, el 24 de abril de 2003. Y seis años más -once en total para que pueda ampliar su testimonio en un juicio oral y público a los represores, como ocurrió el martes pasado. Correa murió en 2007.

¿Pero cuál fue la reacción del gobierno de Obeid ante la denuncia de Canteli, en diciembre del ’98? Dos pusieron la cara: el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa y la directora de Asuntos Internos, Leyla Perazzo. "A mí no me consta que (Bernhardt y Correa) hayan sido represores", dijo Rosúa. "No sé de dónde Canteli saca esos datos, no son las referencias que yo tengo", sentenció Perazzo.

Según Perazzo, "hay que dejarle a Bernhardt y a Correa que den las respuestas porque son acusaciones que en su momento le preguntaremos a Canteli en que las sustenta".

Canteli dijo que son represores -le planteó Rosario/12.
No sé de dónde saca esos datos, no son las referencias que yo tengo. Y por otra parte hay que dejarlos a ellos que hagan su propia defensa -insistió la funcionaria.

Rosúa también hizo su descargo. Estaba molesto por otras denuncias de Canteli y amenazó con querellarlo. "A mí no me consta que Bernhardt y Correa hayan sido represores. Y no creo que esa imputación afecte al Ministerio de Gobierno, en todo caso en el plano personal el propio subsecretario ya me ha pedido que haga una investigación".

¿Cómo sería esa investigación? -insistió Rosario/12.
Todas las imputaciones que ha hecho Canteli deberán ser materia de investigación y después se verá.

¿Puede investigar si Correa fue jefe de Inteligencia?
Si fue jefe de Inteligencia no quiere decir que haya cometidos delitos. Si Correa fue jefe de Inteligencia ha ocupado un cargo en una determinada etapa política del país que merece a lo mejor determinados calificativos políticos o no. No sé. Todo se investigará -contestó Rosúa.

Cuatro meses después, el 1º de abril de 1999, otro colega le preguntó a Perazzo que había pasado con la denuncia de Canteli sobre Bernhardt y Correa. "No sé porque eso no lo manejo yo".

Pero usted había abierto una investigación...
Sí, pero sobre el personal policial. Yo no soy quien para investigarlo a Bernhardt.

Me refiero a Correa.
A Correa tampoco porque ellos están fuera de mi área.

En el segundo gobierno de Obeid (2003 07), Rosúa repitió el cargo y Perazzo ascendió a jefa de Policía de la provincia. Correa ya no era asesor de la Casa Gris. Pero Bernhardt siguió como subsecretario de Emergencias. El 27 de octubre de 2006, cuatro querellantes y denunciantes de delitos de lesa humanidad: Daniel García, Alba Sánchez, Amalia Ricotti y Jorge Pedraza, presentaron a Rosúa más pruebas sobre el paso de Bernhardt por el Batallón de Inteligencia 601 y la Escuela de Inteligencia, donde se graduó "con calificaciones cercanas a los 100 puntos en Actividades sicológicas (84 puntos), Información político social (87) e Información sobre ideologías totalitarias (91 puntos)". Uno de sus maestros era el teniente coronel Benjamín Ernesto Cristoforetti. Un nombre que saltó en el juicio a los represores cuando Luis Eduardo Baffico entregó al Tribunal Oral la prueba de su secuestro: la copia de una declaración que le arrancaron bajo torturas, el 13 de abril de 1977. Dijo que se la entregó Correa en el centro clandestino: "Tocá este papel y fírmalo porque es tu pasaporte a la vida". Y él firmó. Dos años después, el 16 de noviembre de 1979, el Ejército envió esa declaración de Baffico al Juzgado Federal para incriminar a otro detenido. La remitió el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe y a la nota la firmó su segundo jefe, Benjamín Ernesto Cristoforetti.

30 de noviembre de 2009
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las habitaciones del pánico


Detalle de la recorrida del ex represor Costanzo, por varios centros clandestinos. Acompañado por jueces y policías el ex represor dió detalles de fusilamientos y matanzas en la Escuela Magnasco, la Quinta de Funes, La Intermedia y La Calamita. Un recorrido siniestro pero necesario en el mapa de la represión.
[José Maggi] Argentina. En el marco de los juicios por terrorismo de Estado que se siguen en Rosario, el recorrido del ex represor Eduardo Costanzo comenzó en la Escuela Magnasco donde le pidieron que identificara dónde estaban alojados los detenidos. "Era en un entrepiso entrando por calle Ovidio Lagos, por el portón del taller (aunque el martes lo hicieron por una puerta que da por Zeballos). El entrepiso era el primero, al que se accedía por una escalera que estaba igual". Costanzo aseguro que sólo estuvo en dos oportunidades en el lugar: Cuando los llevaron y cuando los trasladaron. Según relató, "no se les permitía usar el baño a los detenidos que utilizaban un tarro".
Luego fue el turno de la Quinta de Funes, que lucía en esta oportunidad el cartel que la identificaba como Casco La Argentina, retirado en los últimos tiempos por la familia del oftalmólogo Ferroni que adquirió la propiedad. Parado en el césped, contestó afirmativamente cuando se lo consultó sobre "si la piscina estaba en el año 78", y aclaró que "la construcción nueva era una especie de asador con una habitación, al costado de la pileta".
Desde ahí caminó por el costado del chalet, hacia la parte posterior que todavía "esta tal como estaba cuando estaba allí alojados todos los detenidos". En el interior de ese chalet, Costanzo ingresó por la cocina, y desde allí al living donde explicó que había una mesa donde Guerrieri estaba desayunando la mañana que hablaron desde México. Parado al lado del ingreso a los dormitorios, donde estaba la mesa del teléfono Costanzo recordó una anécdota conocida. "Atendí porque pensé que era Fariña y quería saludarlo, pero era un periodista del diario Uno más uno de México, y creyendo que era una joda, le contesté que uno más uno era dos. El periodista dijo entonces que nosotros teníamos secuestrada a María la esposa de Tulio Valenzuela y su hijo. Entonces le pasé el teléfono a Guerrieri, que le contestó que estaba equivocado y que estaba hablando con una casa de familia, y le colgó".
El tercer centro de detención inspeccionado fue sin dudas el más importante: La Intermedia, la casa quinta de la familia Amelong. Costanzo aseguró que nunca había regresado a la propiedad desde aquella sangrienta noche cuando asesinaron a los 14 detenidos que llevaron desde la escuela Magnasco y antes desde Funes.
El testigo ingresó al chalet que compartían detenidos y la Patota, distribuídos en dos guardias distintas, a los que se sumaban seis gendarmes siempre de civil por la cocina. Luego ingresaron al comedor donde "al lado de una ventana había una cama donde relató que dormía dos o tres horas cuando le tocaba su guardia, de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. Señaló tambié que había una mesa donde la guardia y los detenidos a veces jugaban a la batalla naval. Allí sentaban Armando Pelliza, Juan Carlos Bossi, los dos Isach , Rodolfo y Carlos".
Luego relató el asado que hiceran el último día. "Lo hcieron entre los dos custodios y los gendarmes que estaban ese día, festajeando porque le habían dicho que María, la cocinera (Reyna Lloveras) se iba en libertad. A la noche fuimos todos los restantes integrantes de la Patota relató Costanzo desarmados. Además nos hicieron dejar los autos a un kilómetro. Al Barba Cabrera, Fariña le encargó comprar una torta, y la llevó para festejar que se iba María".
Según relató, esa noche hubo una mesa extensa, en un extremo de la cual "estaban sentados los montoneros, y en la otra nosotros. Cuando se terminó el festejo se arrimó por la ventana del comedor Guerrieri, con el FAL en la espalda, y les dijo que fueran hacia la otra casita, porque estaba el general Jáuregui que queria hablar uno por uno con los detenidos. Y les recomendó que no le hablaran de Perón porque lo había mandado en cana. Por supuesto que era mentira", aclaró Costanzo.
Luego contó cómo trajeron unas botellas de whisky "preparado en Campo de Mayo". La primera que tomó "fue María, que empezó a llorar, y se cayó al piso. Entonces la levantaron entre Amelong y dos más, y la llevaron al dormitorio". Los jueces le preguntaron entonces qué había pasado con María y Costanzo dijo "no haber visto qué le hicieron, pero seguro que la estrangularon" contestó. "Yo no vi que la mataran, pero no caben dudas".
Según Costanzo en ese momento el resto de los detenidos se dio cuenta de la trampa. "Los vi a Toniolli y a Novillo correr el vaso con sus manos hacia el centro de la mesa en señal de que no lo iban a tomar. Y ninguno de los otros tomó el whisky, todos se avivaron", describió.
También contó cómo los llevaron uno a uno a La Casita que es donde hoy duermen los caseros, y cómo "Rodolfo Isach, alias Agustin mataba de dos tiros en el corazón a los detenidos con una ametralladora Ingram con silenciador", en la misma habitación donde hoy duermen dos hijos de los caseros.
Finalmente en La Calamita Costanzo describió las tres matanzas ocurridas en 1977: "En la primera fueron 17 los que mataron en un galpón precario al que rodearon un lona blanca, como bolsa. La segunda matanza, es pocas semanas después y entre los muertos se contaba un policía de apellido Ocampo, alias Ati". La tercer masacre sumó "27 muertos, que son los que se llevaron la casa de Monje, entre los que estaba la cieguita de calle Santiago", dijo en referencia a la mujer del matrimonio de Vega Ravelo.

29 de noviembre de 2009
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las perejilas


Son el eslabón marginal de las grandes organizaciones criminales. Pero casi las únicas que van detenidas. Los narcos las eligen porque son más vulnerables. Unas 700 están presas en las cárceles federales.
[Mariana Carbajal] Argentina. Lidia tenía 28 años y estaba embarazada de su quinto hijo cuando un muchacho dominicano, conocido de su novio, la tentó con una oferta suculenta: 5000 dólares en billetes por llevar hasta Madrid 28 cápsulas de cocaína en su estómago y otra cantidad en la suela de sus botas. Le dijeron que los riesgos eran mínimos, que la respaldarían si algo salía mal. Tenía que viajar en avión y entregar en suelo español la droga. Allí le pagarían y entonces dejaría atrás el taller textil de Castelar, donde cosía 11 horas diarias por 150 pesos a la semana. Podría quedarse en su casa a cuidar a sus hijos, lo que tanto ansiaba. Ya no tendría que salir a trabajar a las 5 de la madrugada y volver a las 9 de la noche, como hacía siempre. Pero sus sueños se empañaron en un instante: en el aeropuerto de Ezeiza la descubrieron y desde el 9 de setiembre de 2007 está presa con su hija más pequeña. Lidia es una de las centenares de mujeres, sin antecedentes penales, la mayoría pobres pero también de sectores medios venidos abajo, que abarrotan las cárceles federales detenidas por contrabando o transporte de pequeñas cantidades de estupefacientes, delitos que no son excarcelables de acuerdo con la legislación vigente y que tienen penas de hasta 16 años de prisión. Se estima que ocho de cada diez presas en el Servicio Penitenciario Federal están encarceladas por esta causa. Más del 60 por ciento –un porcentaje altísimo– está procesada, sin condena, según informó el SPF.
"La represión del contrabando se centra especialmente en el eslabón más débil: aquellos que transportan estupefacientes en el interior del cuerpo", advierte Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Nacional de Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico. Capsuleras, vagineras y valijeras detrás de las rejas, mientras "los grandes capos difícilmente caen por el poder del dinero que manejan y por las relaciones con el poder político que mantienen y que los mantienen a salvo", analiza la experta en geopolítica del narcotráfico y seguridad hemisférica Adriana Rossi.
Frente a este panorama, en la Comisión Nacional de PPyCN, encargada de redactar una reforma legal en línea con el "fallo Arriola" de la Corte Suprema, consideran que la política criminal del tráfico "debe ser reorientada" al desvío de precursores químicos para elaborar estupefacientes y al contrabando o figuras graves del tráfico. "Estamos pensando en readecuar las penas de los delitos que tienen que ver con el contrabando. Queremos darle al juez opciones ante los casos en los que no hay elementos de prueba que muestren que el imputado ocupa un lugar importante en la organización, es decir, fundamentalmente cumplir con el principio de proporcionalidad de la pena –reveló Cuñarro en diálogo con Página/12–. Hoy no hay opción para la excarcelación y la tasa de procesamientos y de condenas es elevadísima", agregó.

El Eslabón Menor
Hay alrededor de setecientas mujeres detenidas en cárceles federales por infracción a la Ley 23.737, de acuerdo con información suministrada a este diario por el Servicio Penitenciario Federal. Representan el 80 por ciento del total de detenidas del SPF. Una de ellas es Lidia, que está alojada en la Unidad 31, para presas con hijos menores de cinco años, del Complejo Carcelario de Ezeiza. Casi la totalidad, como ella, cayó por transportar poca cantidad de droga en el interior de su cuerpo o en equipajes, según se desprende de distintos estudios realizados por el Comité Científico Asesor que trabajó primero en la órbita del Ministerio de Justicia y luego en la Jefatura de Gabinete, también a cargo de Cuñarro. Se trata de casos de contrabando "hormiga", como los "pasadores de frontera", eslabones marginales de un conjunto de estrategias de transporte y distribución de las grandes organizaciones criminales. La inmensa mayoría de las causas judiciales iniciadas por tráfico de drogas en el territorio argentino apuntan a ellos. En el fuero federal del interior del país, en siete años, entre 2000 y 2006 hubo apenas 21 condenas por "organización y financiamiento del tráfico" es decir, condenas contra "peces gordos" en el negocio narco, según datos de la Oficina de Investigaciones y Estadísticas Político Criminales del Ministerio Público Fiscal a los que tuvo acceso este diario. Así como un elevado porcentaje de causas por "tenencia para consumo personal" colonizaron los últimos años las agendas de fiscalías y juzgados del fuero federal hasta el reciente "fallo Arriola" de la Corte Suprema, lo mismo ocurre con los casos de mulas, especialmente mujeres, y como consecuencia de ello, la Justicia y las fuerzas de seguridad "distraen su atención" de la pesquisa de grandes cargamentos.
Un relevamiento realizado en el tercer semestre de 2006 encontró que en todo ese año se habían iniciado un total 570 causas por transporte de estupefacientes simple y contrabando (325 y 245, respectivamente) en el fuero federal del interior del país y ninguna por "organización y financiamiento de tráfico". En el último tiempo, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires –donde no hay detenidas por tráfico de drogas– se empezó a ver otro fenómeno: "Hay un aumento muy significativo de mujeres presas por tenencia de estupefacientes en cantidades fraccionadas directamente para la venta al consumidor. Esto es, el último eslabón de la cadena de comercialización", reveló a Página/12 Laurana Malacalza, responsable del Area de Género del Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia. Según un informe que está elaborando el organismo, el 40 por ciento de las mujeres detenidas en penales bonaerenses está en prisión por ese delito, por tener kioscos o delivery de droga, generalmente paco, en su casa de una villa. Una amplia proporción de ellas son madres con hijos menores a cargo.

Rutas
La mayoría de las mulas son detenidas en Salta y Jujuy, cuando cruzan la frontera desde Bolivia, o en el aeropuerto de Ezeiza, cuando están por embarcar rumbo a Europa, como Lidia. En menor medida en Misiones, Formosa y Corrientes, cuando entran por Paraguay –en estos casos traen marihuana–-. "A veces las entregan los propios narcos para que la policía haga estadística o para entretener a los uniformados e ingresar los cargamentos importantes por otras vías", coincidieron varias fuentes consultadas.
Un alto porcentaje son extranjeras, latinoamericanas y de Europa del Este. El 87 por ciento de todas las mujeres detenidas de países limítrofes y Perú está en prisión por delitos contra la ley de estupefacientes, según un estudio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre Extranjeros en Cárceles Federales, al que tuvo acceso este diario. En esa situación está el 97 por ciento de las presas bolivianas, el 81,4 por ciento de las peruanas, el 76,3 por ciento de las paraguayas, el 80 por ciento de las brasileñas, el 70 por ciento de las uruguayas y el 50 por ciento de las chilenas.
"Nunca transportan grandes cantidades. Son el eslabón menor de la cadena", coincide Sergio Paduczak, defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. "En las provincias del norte las condiciones de detención son terribles, muy precarias. Están en dependencias de Gendarmería, pero las mujeres no quieren ser trasladadas a grandes unidades porque quedan lejos de sus familias. En esas dependencias no tienen talleres, no realizan ninguna actividad con peculio. Muchas son campesinas de Bolivia a las que les ofrecen 100 dólares por pasar las cápsulas, un dinero que no pueden conseguir ni con dos años de trabajo", contó Paduczak. En los últimos años, habló con decenas de "mulas": "Me dicen: ‘A mí las condiciones de detención no me preocupan. ¿Sabe en qué pienso? En que dejé mis dos hijos de dos y cinco años al cuidado del que tiene 9 y les dije ‘Mamá mañana vuelve’ y hace dos meses que no los veo’. Eso me dicen y las historias se repiten. Muchas cruzan con la droga en su cuerpo y su bebito en brazos. Estoy convencido de que por las capsuleras no pasa el narcotráfico", señaló. También opina que debería preverse una reducción de pena en los casos, como éstos, de chiquitaje.

29 de noviembre de 2009
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