vera candioti directo al banquillo
La Cámara Federal de Rosario -por unanimidad- ratificó el fallo de Rodríguez que procesó al ex juez de menores por supresión de identidad de María Carolina Guallane.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. La Cámara Federal de Rosario -en un fallo unánime- confirmó el procesamiento del ex juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, por la "supresión de identidad" de una nieta recuperada, María Carolina Guallane, la única sobreviviente de la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando el Ejército secuestró a su padre, Enrique Cortassa, aún desaparecido y a su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, que murió dos semanas después por un balazo en la frente. Vera Candioti había sido procesado por el juez federal Reinaldo Rodríguez, junto con otro imputado en la causa: el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, quien fraguó la nota de entrega de la niña cuando era teniente primero y se desempeñaba como oficial de guardia en el Comando de Operaciones Tácticas (COT), a las órdenes del jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, ya fallecido. El documento está fechado el 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro de los Cortassa y su hija Paula, como se llama Carolina, que entonces tenía trece meses. La Cámara ratificó que Vera Candioti y Pavón -que no apeló el procesamiento- seguirán en libertad a la espera del juicio oral y público.
La resolución de la Cámara salió en un pleno de cinco vocales: Fernando Barbará, Edgardo Bello, Carlos Carrillo, José Toledo y Elida Vidal. El primer voto fue de Barbará, quien rechazó los planteos de la defensa y repasó la legislación vigente cuando Vera Candioti era juez de Menores. En Santa Fe, existía la ley 3.460, que asignaba a los jueces de menores la responsabilidad en la materia "con exclusión de toda otra autoridad" (artículo 10) y preveía que "todo menor de que hayan dispuesto los jueces, conforme a los preceptos de esta ley, quedará bajo su vigilancia exclusiva y necesaria" (artículo 95).
Tras repasar el caso, Barbará coincidió con el juez Rodríguez, que la niña fue entregada por Vera Candioti -a un matrimonio que la adoptó de buena fe- sin cumplir su obligaciones. "Vera Candioti ocupaba el cargo de juez de menores y debió haber controlado la situación que tuvo por víctima a la niña Cortassa, velando, cuanto menos, por la ’legalidad’ formal, como su posición de magistrado lo exigía", explicó Barbará en el fallo de la Cámara.
El segundo voto es del doctor Bello, quien apoyó los fundamentos de Barbará, pero agregó una cronología de los hechos que resulta "de interés para el caso", dijo. Entre ellos, mencionó la nota del COT firmada por Pavón, el 4 de febrero de 1977, en la que puso a disposición de Vera Candioti "una niña no identificada de treces meses, cuyos presuntos padres fueron abatidos en un operativo antisubversivo que se llevo a cabo en la finca de Castelli 4.700". El documento ingresó al Juzgado de Menores, el 8 de febrero de 1977, según el cargo de mesa de entradas. Ya se dijo que los Cortassa y su hija fueron secuestrados el 13 de febrero, siete días antes de que Pavón tecleara la nota y tres días antes de que ingresara al Juzgado de Vera Candioti.
"De lo expuesto se derivaría una sucesión de acciones y/o omisiones por parte del juez de Menores que tornaron incierta la filiación de la menor, situación que luego llevaría a la misma a ser depositada en guarda y adopción en la ciudad de Venado Tuerto, bien distante de su lugar de origen, en la ciudad de Santa Fe", precisó Bello. Los demás camaristas Carrillo, Toledo y Vidal coincidieron con sus colegas.
En el auto de procesamiento -que ahora quedó firme- el juez Rodríguez dijo que Vera Candioti ocultó "deliberadamente" que Carolina era sobreviviente del "procedimiento de calle Castelli". Posiblemente, para "para ocultar la detención de Enrique Cortassa", "evitar que sus familiares reclamen legítimamente la tenencia de la menor", "ocultar las responsabilidades del Juzgado en relación a la custodia y supervisión del estado sicofísico de la nena y "encubrir el cautiverio de la niña en el Ejército".
22 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011
©rosario 12
[Emilio Ruchansky] Argentina. Encolumnados por el reclamo de justicia para Bruno Pappa, quien murió hace 12 días luego de recibir un disparo de Enzo Alvarez –policía de la Metropolitana fuera de servicio–, ayer marcharon por el barrio de Chacarita familiares, vecinos, organizaciones sociales y políticas. El hecho fue calificado como "homicidio" en el acta labrada en la comisaría 29 de la Policía Federal y Alvarez continúa detenido. Pappa, un joven que vivía a pocas cuadras, en la villa Fraga, intentó asaltarlo con un arma de juguete y, según dos testigos presenciales, fue ultimado de un balazo en la cara por el oficial, cuando ya se encontraba reducido. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pedirá una copia del expediente para evaluar si se trató de un caso de gatillo fácil e intervenir como querellante.
[Juan Cruz Varela] Paraná, Argentina. Eduardo Rodolfo Costanzo, el ex agente civil de inteligencia que el año pasado fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención rosarinos, acusó en duros términos a sus compañeros de armas por el secuestro y sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Inclusive dio los nombres de algunos de quienes realizaron la custodia de la mujer mientras duró su estadía en la capital entrerriana. Pero el dato más relevante que aportó fue la certeza de que Paul Alberto Navone, un agente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, se apropió del mellizo varón y lo inscribió como propio. "Háganle un ADN al hijo de Navone, al que mandaron a España a los pocos días del suicidio del padre y al hijo del hermano de Navone", dijo. "En Casilda comentaban que los Navone tenían un hijo de desaparecidos", acotó Costanzo. Además se dirigió a los hijos de Negro, Sebastián y Sabrina: "Miren bien a este hombre (por el represor Marino González) porque es el último que toca a su madre".
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La Cámara Federal de Rosario –en un fallo unánime– confirmó el procesamiento del ex juez de Menores de la dictadura Luis María Vera Candioti, por la "supresión de identidad" de una nieta recuperada, María Carolina Guallane, la única sobreviviente de la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando el Ejército secuestró a su padre, Enrique Cortassa, aún desaparecido, y a su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, que murió dos semanas después por un balazo en la frente. Vera Candioti había sido procesado por el juez federal Reinaldo Rodríguez, junto con otro imputado en la causa: el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, quien fraguó la nota de entrega de la niña cuando era teniente primero y se desempeñaba como oficial de guardia en el Comando de Operaciones Tácticas (COT), a las órdenes del jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, ya fallecido. El documento está fechado el 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro de los Cortassa y su hija Paula (como se llama Carolina), que entonces tenía trece meses. La Cámara ratificó que Vera Candioti y Pavón –que no apeló el procesamiento– seguirán en libertad a la espera del juicio oral y público.
[Alejandra Dandan] Argentina. El prontuario de Eduardo Alfredo Ruffo recogió una nueva medalla. El ex agente civil de inteligencia de la patota de Automotores Orletti, integrante de la banda de Aníbal Gordon, dedicado a los secuestros extorsivos, apropiador de Carla Rutila Artés, a quien sometió a todo tipo de padecimientos desde pequeña, entró solo a la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro. Ruffo se sentó y escuchó una nueva acusación en su contra, esta vez en el escenario del juicio por el Plan sistemático de robo de bebés. Ruffo está acusado ahora de la sustracción de Simón Riquelo, el hijo de la uruguaya Sara Rita Méndez. Con su ingreso, el Tribunal Oral Federal 6 entró en el último tramo del juicio oral, con eje en el centro clandestino Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en Buenos Aires. Un lugar, como recordó la sala, donde el robo de niños formó parte del "botín de guerra" de los represores.
[Alejandra Dandan] Argentina. La trama de la Bonaerense empieza a aparecer en los debates del Circuito Camps. En la tercera jornada de audiencias del juicio que se realiza en La Plata se leyeron las acusaciones contra el comisario Miguel Etchecolatz y las patotas de la Comisaría V y del Pozo de Arana. La lectura se hizo frente a 18 represores presentes, sentados en la sala, de espaldas al público, pero también de espaldas a un pañuelo con la silueta de Jorge Julio López que alguien colgó detrás de sus asientos a un día de los cinco años de la desaparición del testigo. Las acusaciones hicieron eje en la articulación de los centros clandestinos con la Brigada de Investigaciones de La Pata, se metieron en el ataque a la casa de la calle 30 y mostraron los perfiles de los policías, muchos individualizados con la reapertura de las causas. Entre otros, Hugo Guallama –chofer de Etchecolatz– y el ‘Oso’ Carlos García, uno de los capos de la patota, ascendido a subjefe de la Unidad Regional, reciclado años después como parte de la policía del duhaldismo. Acusados los dos entre otros hechos del robo de Clara Anahí, la nieta aún desaparecida de María Isabel ‘Chicha’ Chorobick de Mariani.
Argentina. La Cámara Federal de Rosario ratificó el proceso contra el exjuez Luis María Vera Candiotti, acusado por la entrega ilegal a un represor de Paula Cortassa, hija de desaparecidos. Con la medida, el ex magistrado quedó a un paso del juicio oral por falsear el expediente en que se tramitó la entrega de la niña al matrimonio Guallane, de Venado Tuerto, en abril de 1977.
[Alejandra Dandan] Argentina. ¿Cómo operaron las relaciones de poder desde la perspectiva de género entre los genocidas? ¿Por qué no se habló de la violencia sexual en los casos tomados por el Nunca Más y durante el Juicio a las Juntas? ¿Por qué la Justicia no lo tomó como delito específico? Algunas de esas preguntas integraron el debate que abrió la proyección del documental ‘Lesa Humanidad’, presentado por un grupo de mujeres cordobesas, militantes de los ’70, que exige que la violencia sexual del terrorismo de Estado sea considerada una violación a los derechos humanos. La proyección realizada en la ex Escuela Mecánica de la Armada condensó en pocas horas una discusión que atraviesa a quienes estuvieron dentro y fuera de los centros clandestinos, un debate que intenta buscar diferencias ante una dictadura que homogeneizó a las víctimas.