robo de bebés fue método
El ex jefe del ejército Martín Balza declaró como testigo en el juicio por robo de bebés. Por teleconferencia, el actual embajador en Colombia dijo que "si se han encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad, no es casual, no es un caso aislado". Las querellas calificaron como "muy importante" su testimonio.
[Alejandra Dandan] Argentina. Martín Balza dijo casi obsesivamente, todas las veces que pudo, que no estuvo en el país en los años más duros de la dictadura militar. Que luego, a comienzos del ’78, llegó para dedicarse a la enseñanza. La jueza María del Carmen Roqueta le dijo que eso ya lo había dicho y lo alentó a seguir adelante. La declaración del ex jefe del Ejército en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés fue "muy importante", política y simbólicamente, para las querellas de los organismos de derechos humanos. Alguien de su estatura política acababa de reconocer en medio del juicio la existencia de un plan "sistemático" de apropiación de menores.
"Hoy lo respondo con más convicción", dijo el ahora embajador en Colombia. "No tengo ninguna duda de que hubo una sistematización en este caso: si se han encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad, no es casual, no es un caso aislado. No fueron dos, ni cinco ni catorce: se está hablando de más de cien niños recuperados, de personas nacidas en cautiverio, creo que se debió no a una única decisión, la decisión existió en el proceder."
Balza declaró por videoconferencia conectado a la sala de los Tribunales de Retiro. A pedido de la fiscalía volvió a hablar de un documento reservado del Ejército que él encontró en 1995 y disponía la incineración de archivos de la represión. Hizo especial hincapié en el proceso por el que se dio cuenta de las condiciones sistemáticas de la sustracción de niños, en una lógica que lo enfrentó con las defensas. Atentos a ese punto, corazón probatorio de la causa, los abogados apelaron a viejas declaraciones en busca de contradicciones. La abogada Alcira Ríos se quejó ante el Tribunal por esa suerte de exigencia de escaner de la memoria a más de veinte años de algunas de sus primeras palabras. Balza precisó el peso de las "órdenes verbales". Y al final, amparado en un gesto del fiscal Martín Niklison, abandonó los cuidados personales para sumarse al escenario de las víctimas: "He recibido muchísimas, muchísimas amenazas de las que puedo dar cuenta", dijo. Llamados anónimos. La expulsión del Círculo Militar. Y en 2003 una amenaza directa nada menos que de Pascual Oscar Guerrieri, ex jefe del Batallón 601, jefe del centro clandestino Quinta de Funes, antiguo compañero de promoción de Balza e imputado en otro juicio: "Hasta en el balcón de mi casa me tiraron un artefacto similar a una bomba, pero no me sorprende: en el caso mío fueron amenazas, en otro momento no eran solo amenazas".
La Quema de Documentos
Balza declaró largo para la lógica del Tribunal Oral Federal 6. Habló más de tres horas, con momentos de tensión provocados por cruces entre defensores y querellas. En el comienzo, Niklison lo llevó a una clave: el hallazgo del documento reservado con una orden de Cristino Nicolaides, a pocos días de la asunción de Raúl Alfonsín, con la consigna de quemar documentos. Balza nunca encontró esos documentos. Pero la maquinaria burocrática del Ejército dejó rastros suficientes de la orden porque al menos ese papel no se destruyó.
"Recuerdo bien señor fiscal –dijo el embajador– que en un mensaje institucional del día 25 de abril de 1995 yo insistía en que aquel que tuviera algún conocimiento relacionado con listas o documentos las hiciera llegar, que yo tomaba la responsabilidad de entregar todo a la Justicia." Y dijo: "Estábamos en plena vigencia de los indultos, pero tomé conocimiento de un solo documento: una orden militar impartida por el entonces comandante en jefe del Ejército, firmada por la segunda autoridad, el general Calvi".
Una pantalla mostró el documento ampliado a la sala. La orden se daba mientras Reynaldo Bignone repetía lo mismo desde el Ejecutivo para todas las Fuerzas Armadas. "Eran muy amigos", explicó Balza. "En mi opinión quien lo pone de presidente a Bignone es Nicolaides y me parece que este tema de las listas, como dijo Bignone en un libro, es un acuerdo entre los dos: no se desconocía la intención clara de borrar el acervo histórico de la institución y también del país." O, como lo dijo antes: "Para tratar de borrar la memoria histórica".
Quién dijo qué y cómo fue esa orden al parecer quedó escrito en un libro del propio Balza del que dio cuenta en la audiencia. Ahí refiere, a su vez, a un libro de Bignone y el acuerdo con las otras Fuerzas para no presentar listas: "Lo afirmó Bignone en su libro", dijo Balza. "Y dijeron que no iban a dar esas listas porque si no venían preguntas de quién los mató, dónde están."
Robo de Bebés
El juicio no intenta probar casos aislados de robos de niños, sino la trama de sistematicidad. En ese sentido, el testimonio de Balza fue importante para las querellas. Citó como punto de origen un llamado del juez Adolfo Bagnasco que en el año 2000 lo llamó como testigo en una causa. En el despacho le pidió que leyera documentación de Inteligencia. "Leí la declaración de médicos, enfermeras, de personas, después de todo lo que leí le dije al juez que eso respondía a una sistematización: un plan no necesita de una orden escrita, tiene la misma validez una orden escrita o una orden verbal." Y consultado en ese punto por el abogado Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el peso de órdenes que sin papeles parecen fantasmas imposibles de probar y argumentos de los que se vale la defensa para decir, por estos días, que si hay órdenes muestren los papeles, Balza homologó uno y otro tipo de mandato y dijo que, por ejemplo, en Malvinas, las órdenes verbales tuvieron el mismo peso que las escritas.
"De todo lo que leí había una sistematización –insistió– y si mal no recuerdo no había un número, pero eran varias parturientas que entraban al Hospital (de Campo de Mayo) con una guardia: la norma es que todo lo que entra y sale tiene que estar registrado en libros, en este caso no se anotaba ni el vehículo. Por lo menos nunca tomé conocimiento de los registros. Tendrían que estar quienes entraban ahí. Quién conducía: nada de eso constaba. Las parturientas eran atendidas en un lugar como Epidemiología: y yo no soy experto en la materia, pero no era el lugar para atender embarazadas."
Balza estuvo en Campo de Mayo entre enero y septiembre de 1978, a su regreso de Perú. Enseñó artillería para una guerra "convencional", insistió y dijo que era porque en ese momento había quedado planteada la hipótesis de guerra con Chile. Y la necesidad de una guerra "convencional" y "no de la otra", explicó. En Campo de Mayo, supo que había un "lugar de reunión de detenidos", el eufemismo con el que se hablaba de los centros clandestinos. Explicó que el lugar tenía acceso restringido, que estaba en medio del predio, pero también dijo que nunca lo vio. Los abogados de Abuelas buscaron hacerle explicar un nuevo dato: la relación entre el Hospital Militar y el Comando de Sanidad. Los abogados de Omar Riveros dicen que como el Hospital dependía del Comando de Sanidad, Riveros no tuvo incidencia en ese espacio. "Balza dijo que la relación entre el hospital y el comando existía en cuestiones médicas, pero no operativas –dijo Iud–: con lo que dio a entender que se estaba refiriendo a lo que planteó como irregularidades."
"Menudeces"de Rivero
Para 1999 estaban vigentes los indultos y ése fue el último año en el que Balza permaneció como jefe del Ejército. Dijo que no pudo convocar a Cristino Nicolaides porque, "no tenía atribuciones de hacer una pregunta como ésa". De todos modos, en medio de la revisión que buscaba, sí convocó "al general Omar Riveros" para preguntarle: "Que tuviera a bien decirme dónde estaba el cadáver de (Roberto) Santucho y de (Benito) Urteaga, que yo asumía la responsabilidad de decírselo a la Justicia para satisfacer los requerimientos comprensibles de las familias". Por supuesto que la contestación fue que no sabía nada, dijo Balza. "Que él no estaba en esas menudeces, repito lo que dijo, que no creí, pero no tenía facultades para obrar de otra forma."
Las Amenazas de Guerrieri
Después de preguntas y repreguntas, la declaración llegaba al final. El fiscal Martín Niklison le preguntó a Martín Balza si desde aquella autocrítica que había hecho en nombre del Ejército, recibió alguna amenaza o terminó afectado de alguna manera. Balza dijo que sí. Y en medio del derrotero detalló cómo en 2003 Pascual Oscar Guerrieri, a quien recordó como "viejo compañero de promoción", lo amenazó a través de un coronel amigo: "Habíamos sido compañeros de promoción y me mandó decir que vamos a matar a tu hermanita, a tu padre, todo eso". Guerrieri es ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 y ex jefe de la Quinta de Funes, centro clandestino de la ciudad de Rosario por el que está siendo juzgado en este momento. Pero no fue del único que habló. "Lamentablemente, ya no está mi esposa, pero las amenazas las sufrieron ella y mis hijos", explicó el embajador. Recordó al general Gerardo Díaz Bessone, "un general del Proceso que mediante una maniobra burda y mentirosa hasta hizo que me expulsaran del Círculo Militar, que no es una institución del Ejército. Recibí llamadas telefónicas con amenazas a toda mi familia en las que me acusaban de traidor".
28 de septiembre de 2011
27 de septiembre de 2011
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Argentina. El embajador argentino en Colombia y ex jefe del Ejército, Martín Balza, mediante una videoconferencia, aseguró ante el Tribunal Oral en lo Federal 6, que investiga el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar, que las órdenes para avanzar en la sustracción de los recién nacidos "no fueron impartidas por un subordinado ni un oficial de menor rango" y agregó que "si se tiene en cuenta que ya se han encontrado más de cien niños", en referencia a los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, se concluye que "obedecían a un plan sistemático". Además, confesó que, a días de que asuma el presidente Raúl Alfonsín, el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides ordenó destruir "archivos clasificados de la lucha contra la subversión".
Argentina. La Sala I del tribunal de apelaciones ratificó la imputación contra el represor por "el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en ciento un ocasiones, de las cuales 64 se encuentran agravadas por su duración, todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados" en la misma cantidad de casos.
[Irina Hauser] Argentina. Primero vino la destitución del camarista mendocino Luis Miret, el que a un ex detenido le dijo la frase memorable "hay que aguantar", tras una sesión de tortura. Le siguió una denuncia contra el juez de Casación Gustavo Mitchell hecha por el tribunal que juzga la apropiación de hijos de desaparecidos, el mismo que a los pocos días hizo abrir una causa contra el entonces fiscal Juan Martín Romero Victorica. En La Rioja fue detenido el ex juez Roberto Catalán; en Rosario, la Cámara confirmó el procesamiento del ex juez de menores Luis María Vera Candioti y ordenó reabrir causas contra otros dos. Fue anulado el sobreseimiento del ex camarista de Salta Ricardo Lona, y al final llegó otro mendocino, Otilio Romano, o mejor dicho se fue –a Chile– para eludir ser juzgado por 103 crímenes de lesa humanidad y evitar presenciar su juicio político. Hay más, y todo ocurrió en lo que va de este año. Como si se hubiera roto algo, algún pacto que los amparaba. La complicidad de jueces, secretarios y fiscales con la maquinaria del terrorismo de Estado durante la última dictadura y también con posterioridad devino uno de los grandes temas en tribunales. O un gran desafío, que tardó en pasar filtros y de todos modos aún debe capear ciertas resistencias corporativas residuales.
Argentina. Treinta y cuatro años después de apropiarse de la hija de una pareja de desaparecidos, el marino Policarpio Vázquez y su esposa, ex personal de inteligencia de la Armada, fueron condenados a 14 y 10 años de prisión. El juez Sergio Torres destacó en su fallo "el daño psicológico causado" a la víctima, Evelyn Bauer Pegoraro, quien "no sólo fue despojada de su historia sino también instalada en una realidad que no le pertenecía, bajo una crianza y formación amparadas en la mentira". Se trata de la joven que en 2001 se negó a someterse a un análisis de ADN que pudiera servir de prueba contra sus apropiadores y que conoció su identidad a partir de muestras obtenidas en un allanamiento a su casa. "La negativa al análisis y a reconocer su identidad es la continuación de la victimización por otros medios", destacó ayer Alcira Ríos, abogada de las abuelas de Evelyn. "Estos chicos privados ilegítimamente de su libertad al nacer fueron también determinados a ser víctimas de desaparición forzada toda su vida. Hasta que no se liberen de estos tipos no van a ser libres", remarcó.
[Juan Cruz Varela] Paraná, Argentina. "Somos la voz directa del drama porque algunas todavía no saben dónde están esos chicos y esta lucha es para siempre". El testimonio de Estela de Carlotto vino a cerrar la etapa de testimoniales del juicio contra seis represores por la sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela nacidos, durante el cautiverio de su madre, en el Hospital Militar de Paraná.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Es sospechoso –dijo Carlotto– que desaparezcan datos que nos pueden llevar a los depredadores."
[Horacio Cecchi] Argentina. La cabeza política de la seguridad en Catamarca quedó acéfala, si es que esto fuera posible, y si es que no venía ocurriendo desde antes. El radical Eduardo Brizuela del Moral, gobernador catamarqueño, aceptó las renuncias del subsecretario de Seguridad, Luis Baracat; del jefe de Policía, Francisco Mercedes Soria; y del subjefe, Dionisio Amando Ahumada. Fueron consecuencia inevitable de las muertes evitables de cuatro chicos, calcinados en una celda de una Alcaidía que no estaba en condiciones de albergar a nadie, mucho menos a menores de 18 años. La reacción del Ejecutivo fue lerda. Brizuela aceptó las renuncias 11 días después del incendio, y cuatro años después de que el edificio fuera abierto para alojar a adolescentes sin medidas tan básicas como instalaciones contra incendios. La Alcaidía fue abierta como lugar de alojamiento de adolescentes en 2007. Si durante el propio gobierno de Brizuela siguió siendo un centro de detención contrario a la ley, la Convención de los Derechos del Niño, es dable pensar que no modificará nada en sus últimos tres meses de gestión.