el caso mitchell
La renuncia del muy cuestionado miembro de la Casación. Con una causa en la Magistratura por legalizar apropiaciones de bebés durante la dictadura y otra penal por supuestas coimas, el camarista presentó su dimisión. Falta ver si la Presidenta se la acepta o deja que lo procesen.
[Irina Hauser] Argentina. Pasaron casi veinte años desde que Carlos Menem nombró a los primeros integrantes de la Cámara de Casación Penal. "Esperpentos", los llamó el entonces ministro de Justicia León Arslanian como preámbulo de su renuncia. El recambio de togas se hizo esperar, pero ahora todo indicaría que hay una transformación de fondo en marcha. No sólo por los jóvenes jueces que entran a este tribunal que revisa sentencias y detenciones, sino por los que siguen buscando la puerta de salida. Esta semana, mientras juraban dos nuevos camaristas, se conocía la renuncia de Wagner Gustavo Mitchell, flanqueado por el avance de dos investigaciones penales y en el Consejo de la Magistratura. En una de ellas está acusado de haber facilitado, como juez de menores durante la última dictadura, la apropiación de hijos de desaparecidos. En otra, se analiza su presunta participación en una trama de sobornos –junto con otros dos colegas– que estaba destinada a conseguir la libertad de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) detenida por el asesinato de Mariano Ferreyra.
Mitchell presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo la semana pasada, pero la presidenta Cristina Kirchner aún debe decidir si la acepta o si deja que avancen los pedidos de juicio político en su contra, a los que se suman causas penales. Así lo confirmaron a Página/12 funcionarios del Gobierno y del Consejo. El criterio, en los últimos tiempos, ha sido aceptar las dimisiones, como sucedió con otro ex miembro de Casación, Alfredo Bisordi, denunciado por dilatar y obstaculizar causas de derechos humanos, y más recientemente con el ex fiscal ante este mismo tribunal, Juan Martín Romero Victorica, acusado por la nieta recuperada Victoria Montenegro de pasarle información de las causas a su apropiador. El razonamiento suele ser que el objetivo de que dejen de impartir justicia se cumple si dan un paso al costado. En los organismos de derechos humanos hay distintas posturas.
Juez en la Dictadura
La renuncia de Mitchell llega cuando faltan pocos días para que una ex detenida, Sara Méndez, declare en el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. La vida de esta uruguaya, citada para el 18 de octubre, estuvo signada por una decisión de Mitchell, a quien se decidió a querellar el año pasado. Sara fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en su casa de Belgrano, en Capital Federal, por un operativo conjunto del Plan Cóndor. Tenía un bebé de veinte días. A ella la trasladaron al centro clandestino de detención Automotores Orletti. A su chiquito, Simón Riquelo, se lo llevaron unos hombres de civil, que después de golpearla le dijeron que no se preocupara. "Esto no es una guerra contra los niños", alegaron. Durante 26 años ella buscó a su hijo, quien recuperó la identidad en 2002. Entonces supo que Mitchell, como juez de menores, lo había dado en guarda con fines de adopción a poco de su detención ilegal. Sin tomar medidas para ubicar a su familia, lo entregó a un subcomisario sospechado de haber participado en el secuestro de la madre.
La denuncia de Sara es parte de una investigación que se inició con una presentación de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha. Ambas eran representadas por Alejo Ramos Padilla, quien juró el viernes como juez federal de Dolores. Ramos Padilla le pidió al juez Norberto Oyarbide que analice todos los expedientes de adopción de los juzgados de menores porteños, ya que se presume que muchas apropiaciones de hijos de desaparecidos fueron disfrazadas de legalidad con mecanismos de adopción. Los legajos fueron secuestrados y los estudia el juez. A esta causa se sumó este año otra denuncia comprometedora para Mitchell, que la hizo el Tribunal Oral 6 (TOF6) al escuchar el testimonio de la titular de Abuelas Estela Carlotto, quien recordó su peregrinaje por la Casa Cuna y los juzgados en busca de su nieto nacido en cautiverio, hijo de su asesinada hija Laura. Cuando fue al juzgado de Mitchell recibió un mensaje del juez –contó– a través de un emisario que le dijo "que se cuide" porque "por lo que usted hace podría aparecer en una zanja". Carlotto aún no halló a su nieto.
Estela, Sara y Chicha fueron citadas por el Consejo de la Magistratura días atrás. Habían sido convocadas para el martes pasado, pero se reprogramó la declaración para los primeros días de noviembre, aunque queda todo sujeto al destino de la renuncia del camarista, quien antes de ser juez de menores había sido fiscal en 1973 y luego camarista en 1979.
Sobornos También
La otra historia que vino a marcar el ocaso de Mitchell –un hombre querido por la vieja tropa de Casación, donde designó a buena parte de su familia– brotó de las escuchas telefónicas de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra, ocurrido en una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. Esas conversaciones desnudaron una trama inesperada, que habría estado manejada por el propio líder ferroviario José Pedraza, y que habría tenido como objetivo que las excarcelaciones de los imputados tramitaran en la Sala III de la Cámara de Casación y luego comprar la voluntad de los jueces para que los liberaran. En las escuchas, Juan José Riquelme, un agente de la SIDE que prestaba servicios de lobbista para su provecho personal, menciona contactos y encuentros con jueces de Casación en el marco de la causa del homicidio, por la que están detenidas diez personas, entre ellos Pedraza. Riquelme le reportaba al líder de la Unión Ferroviaria la situación y coordinaba acciones con otro de los aparentes intermediarios, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien había sido secretario de otro de los hombres que con Mitchell integran la Sala III, Eduardo Riggi. Aráoz, a su vez, se contactaba según las evidencias con un secretario de la oficina de sorteos, Luis Ameghino Escobar (hijo), con quien había trabajado en la vocalía de Riggi, que manejaba el sistema informático de asignación de causas por el cual el expediente en cuestión "cayó" justamente en la Sala III. Como las conversaciones pudieron ser monitoreadas mientras transcurrían, la Justicia detectó el momento en que el número dos de la empresa Belgrano Cargas, Angel Stafforini, llevaba dinero al estudio de Aráoz de Lamadrid. Al rato la policía incautó un sobre con 50 mil dólares, supuestamente destinados a sobornos. En las escuchas, además, se habla de un pago anterior que no se sabe a quién llegó. En uno de los tramos más increíbles, donde se discuten los montos de las posibles coimas, Riquelme deja un mensaje a Pedraza en el que exclama: "Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes". Aclaraba que eran dólares, no pesos.
El fiscal que quedó a cargo de la pesquisa de los sobornos pidió las detenciones e indagatoria de Pedraza, Riquelme, Aráoz, Stafforini y Ameghino Escobar, pero también requirió analizar con quién se comunicaban desde noviembre hasta febrero tres camaristas de Casación: Mitchell, Riggi y Mariano González Palazzo. La realización de este chequeo fue aceptada por el juez Luis Rodríguez. En la transcripción de las escuchas, se lee un diálogo en que Riquelme le explica a Pedraza que "ya hablé con Mitchell, quedé en tomar un café con él el día martes y te manda un gran abrazo, un gran saludo y tremendo agradecimiento por tu atención (...) Mitchell me dio a entender, o sea, un poco así a buen entendedor pocas palabras (...) ‘y nosotros vamos a terminar el turno de feria y entonces esto pasa para adelante’ (...) la sala de feria lo pasa hasta que sea sorteada la sala (definitiva) a partir del 2 de febrero, lo cual favorece los planes de nuestro amigo Octavio".
Abraldes sostuvo que abundan las referencias a "atenciones de fin de año" y "discretos almuerzos". No se puede descartar, sostuvo el fiscal, "que los jueces de la Cámara Nacional de Casación (...) hayan tenido participación en los hechos sea a través de la recepción de dádivas o de la aceptación de promesas de esa naturaleza". Puertas adentro de Casación se abrió un sumario por otras denuncias sobre manipulación de sorteos.
La jura, el martes último, de Alejandro Slokar y Mariano Borinsky como nuevos integrantes de Casación, marca un cambio de época. Otras dos vacantes están por ser cubiertas, ya hay llamado a concurso para la que dejó hace poco Juan Rodríguez Basavilbaso y se abriría una más con la salida de Mitchell, mientras circulan rumores de otra posible renuncia. Es la mitad del tribunal, que tiene trece miembros. Toda una oxigenación.
3 de octubre de 2011
2 de octubre de 2011
©página 12
[Diego Martínez] Argentina. Atravesar la cordillera para esperar en Chile decisiones cruciales sobre sus futuros parece ser una nueva costumbre de los imputados por crímenes de lesa humanidad. La inauguró un mes atrás el ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, que al día siguiente fue suspendido por el Consejo de la Magistratura. El domingo siguió sus pasos el coronel retirado Alejandro Duret, condenado un día después a quince años de prisión por la Cámara Nacional de Casación Penal. Igual que el cuyano, el militar responsable de secuestrar, torturar y desaparecer a Carlos Labollita en 1976 era técnicamente inocente y no tenía prohibición para salir del país. Hasta anoche ni siquiera tenía orden de captura, pedido que formuló el jueves el fiscal federal Daniel Adler y sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La pregunta obligada es si el viaje de Duret es pura coincidencia, si el oficial de Inteligencia del Ejército Argentino seguirá el ejemplo de Romano para buscar refugio e impunidad en los pagos de Sebastián Piñera, o si ya cruzó también el Pacífico y pronto sumará su nombre al de otros cuarenta represores prófugos.
[Alejandra Dandan] Argentina. Otra vez una sorpresa en el juicio por la ESMA. Cuando la jornada estaba por terminar, después de avanzar un casillero en el proceso, porque acababan de concluir las réplicas de la fiscalía y las querellas, de pronto todo cambió. El juicio oral debía entrar en la etapa de dúplicas de los defensores, prevista originalmente para la semana próxima. Pero, al final del día, las defensas pidieron más tiempo para preparar las respuestas. La próxima audiencia saltó así del jueves 6 de octubre al miércoles 12. En el medio se desató una discusión por "planteos novedosos": lo que para las querellas y fiscalía no son "planteos novedosos"; porque no introdujeron nuevos hechos ni nuevas pruebas, las defensas lo entienden "como ropajes" de esa situación. El Tribunal Oral Federal Nº 5 finalmente dio la razón a la defensa. El veredicto previsto tentativamente para el 14 de octubre ya había sido pospuesto y ahora se manejan fechas alternativas como el 21 o 28 de octubre. En el medio están las elecciones, un elemento de la agenda política que se coló en las especulaciones de final de juicio: la demora entre una y otra fecha puede quedar así en manos de las defensas y de los represores con un tiempo todavía no cerrado para pronunciar sus "últimas palabras".
[Alejandra Dandan] Argentina. El juicio oral por los crímenes cometidos en la ESMA entró en la lógica de una partida de ajedrez. La renuncia del abogado Alfredo Solari, a cargo de la defensa de seis marinos, desató un efecto en cadena que suspendió una semana el proceso. Faltan pocos días para el veredicto previsto para mediados de octubre, pero a la luz de los dos años de juicio aún esas dimensiones parecen eternas. Hoy comienzan las réplicas de la fiscalía y las querellas. Revisarán el caso Walsh y el de María Cristina Lennie, entre otros. La semana próxima responderá la defensa de los marinos que, de acá en adelante, seguramente intentará buscar todas las formas posibles para seguir retrasando el veredicto.
[Alejandra Dandan] Argentina. Pocos declararon. Los que lo hicieron no permitieron preguntas ni de las querellas ni de la fiscalía. Uno fue el médico de policía Jorge Antonio Bergés, arrastrado en una silla de ruedas. "Nunca presencié ninguna tortura", dijo pese a haber sido quien obligó a Adriana Calvo a limpiar la placenta del parto cuando dio a luz en el auto que la trasladaba de uno a otro centro clandestino. También declaró Jaime Lamont Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense. Durante casi dos horas, repitió en su coartada que "un ministro de Gobierno no sabía más que la gente común", pero a la vez recomendó la lectura del fallo del Juicio a las Juntas en lógica de los dos demonios. Habló de límites que le marcó Camps, de un juicio sesgado, pero nunca logró explicar su contradicción principal: cómo en tres años de mandato no supo nada o por qué en 1976 decía que la policía iba a trabajar en la "lucha contra la subversión", tarea para la cual anunció públicamente, en ese momento, que destinaba una partida de presupuesto extraordinario y el nombramiento de 30.000 efectivos.
[Irina Hauser] Argentina. Ricardo Lorenzetti acuñó una frase que, dicha por él, el presidente de la Corte Suprema, tiene un valor agregado. "Con los juicios de lesa humanidad no hay marcha atrás", repite desde hace casi dos años ante jueces, estudiantes, abogados y la sociedad en general. Lo hace en todos los ámbitos, donde siempre subsisten resistencias al juzgamiento de los crímenes de la última dictadura. Pero ayer la consigna se potenció al máximo cuando en medio de su discurso en la presentación del libro Derechos humanos: justicia y reparación, que escribió junto a Alfredo Kraut, un grupo de hijos, nietos y familiares de represores comenzó a increparlo desde las butacas en el momento en que decía que la "experiencia argentina" en los juicios por crímenes de lesa humanidad es "incomparable a nivel mundial". "Acá no hay debido proceso", le gritaban algunos jóvenes, desde el ala derecha del Aula Magna de la Facultad de Derecho. "Basta con los setenta", tronó otra voz en medio de la sala. Lorenzetti no se detuvo, les pidió "tolerancia", dijo que los escucharía, y repitió cada vez con más vigor una, dos, tres, cuatro veces: "No vamos a retroceder en los juicios de lesa humanidad". Más tarde advirtió que "el totalitarismo es una maquinaria que no descansa".
Argentina. Durante una nueva jornada de audiencias en la causa denominada Circuito Camps, el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, Jaime Smart, primer civil con ese rango en ser juzgado en procesos por delitos de lesa humanidad, negó que haya existido un plan sistemático contra civiles, aunque aseguró no haber tenido "participación en lo que se llamó lucha contra la subversión". Además, apuntó que "la utilización de los elementos policiales" no estaban a su cargo sino que "fueron asumidos totalmente por las Fuerzas Armadas". "Un ministro de Gobierno no podía saber mucho más de lo que sabía la gente común", se despegó.
[Ailín Bullentini] Argentina. El destacamento policial de Arana, centro clandestino de detención platense durante la última dictadura, será un "espacio dedicado a la memoria". La definición fue revelada por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en el marco del homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo que realizaron ayer el gobierno provincial y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), y fue festejada por las decenas de personas que participaron del acto. La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, agradeció el reconocimiento y resaltó que "vivir estos tiempos en que todas las puertas se abren, todo se comunica y socializa, es un milagro". De todos modos, Nilda Eloy, sobreviviente de ese centro clandestino e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), remarcó que el Pozo de Arana "no puede tocarse hasta que el proceso judicial en el que está involucrado termine": se refería al juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el llamado Circuito Camps.