argentina

perpetua para cuatro fascistas

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Dictan perpetua para cuatro represores.

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Argentina. En la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar contra 24 víctimas, entre ellas el escritor Francisco ‘Paco’ Urondo, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza dictó la máxima condena al ex comisario Eduardo Smaha, el ex policía Celustiano Lucero, el policía Alberto Rodríguez Vázquez; y el ex comisario general (re) Juan Agustín Oyarzábal. En tanto, Angel Bustelo fue penado con doce años de prisión por privación abusiva de libertad agravada y absolvió al al ex teniente Dardo Migno.
El proceso judicial que comenzó el 17 de noviembre de 2010 es el segundo juicio que se realiza en Mendoza por delitos de la dictadura, luego del realizado en San Rafael el año pasado.
6 de octubre de 2011
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duret será deportado

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El gobierno chileno expulsará al represor condenado Alejandro Duret.

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Argentina. El coronel Alejandro Duret, quien huyó a Chile la semana pasada luego de ser condenado por la Cámara de Casación Penal a 15 años de reclusión por el secuestro, la tortura y el asesinato de Carlos Alberto Labolita, va a ser depositado en la frontera por las fuerzas de seguridad chilenas para que pueda volver a la Argentina a cumplir su pena. El pasado martes, el Ministerio Público Fiscal pidió la captura internacional del represor.
El jueves pasado la Sala IV de Casación confirmó la condena de Duret, cuya responsabilidad en el crimen de Labolita había permanecido impune durante 35 años. El condenado, en lugar de ir a la cárcel, prefirió huir.
Hoy, el represor será expulsado de Chile y entregado a las autoridades argentinas para que cumpla su condena.
En abril de 1976, Duret se desempeñaba como jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. El 27 de abril, Labolita fue detenido en su casa en Las Flores, donde había ido a protegerse porque evaluó que podía ser peligroso seguir viviendo en La Plata, donde compartió la militancia en la Juventud Universitaria Peronista y la pensión con el ex presidente Néstor Kirchner, quien al poco tiempo de asumir la presidencia lo homenajeó en su pueblo.
Ese día, Labolita fue trasladado de su casa al regimiento en Azul. Los policías que lo habían levantado de su casa pidieron, sin éxito, una constancia de la entrega y vieron a Duret ponerle una capucha al detenido que ese día pasó a estar desaparecido.
El 1º de mayo, un grupo de tareas allanó la casa de su familia acompañado por Labolita, quien tenía heridas visibles provocadas por la tortura. El jefe de esa patota era un oficial alto y rubio a quien, casi diez años después –en 1985–, la madre de Labolita identificó en un careo como Duret.
Los jueces platenses del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que estuvieron al frente del caso, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, consideraron que Duret era en 1976, cuando secuestraron a Labolita, un oficial de bajo rango –aunque integraba el Estado Mayor del regimiento– y decidieron descartar los testimonios de la madre de Labolita y de los ex policías que lo trasladaron a Azul, por considerarlos potenciales imputados. En consecuencia, absolvieron a Duret.
En agosto, en una audiencia ante la Sala IV de Casación, el fiscal Horacio Azzolin y el abogado César Silvo explicaron los problemas que detectaron en el proceso, como la discrecional selección de pruebas. "Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas contra el acusado", afirmaron Azzolin y el fiscal Daniel Adler al apelar el fallo. "Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidos", ironizaron. En consecuencia con estos argumentos, pidieron la condena del ex coronel. Los jueces que revocaron su absolución fueron Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda. Antes de que se conociera la sentencia, Duret "se fue de viaje" y cruzó la cordillera. Atravesó la frontera en auto desde Mendoza junto con otro militar y su esposa. A diferencia de Romano, el secuestrador de Labolita no llegó a solicitar asilo político en Chile. Su partida provocó la reacción por parte del Ministerio Público Fiscal, que pidió la captura internacional del condenado. Al volver, Duret deberá cumplir su condena en la cárcel.
6 de octubre de 2011
5 de octubre de 2011
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chile expulsa a represor duret

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Chile expulsa a ex militar argentino requerido por la justicia argentina. Alejandro Duret, contra el que pesaba a una orden de captura internacional por secuestro, tortura y desaparición, fue detenido en la Región del Maule.

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Chile. El Gobierno chileno ordenó la expulsión inmediata del coronel retirado del Ejército argentino Alejandro Duret, condenado en su país por el secuestro, tortura y desaparición de un opositor en la dictadura militar (1976-1983), confirmaron hoy fuentes de la policía.
La orden de expulsión fue dictada en las últimas horas, tras confirmarse la detención de Duret en la ciudad de Talca, a 260 kilómetros al sur de Santiago.
Duret fue procesado en Argentina por el secuestro, torturas y desaparición, en 1976, de Carlos Labolita, un militante peronista amigo cercano del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y de la actual presidenta del país, Cristina Fernández.
La orden de expulsión fue decretada por el Intendente de la  Región del Maule, Rodrigo Galilea, por lo que, según las fuentes, sería llevado de inmediato a la frontera para ser entregado a la Justicia argentina.
El pasado 26 de septiembre, la Cámara de Casación Penal de Argentina revocó un fallo absolutorio dictado en julio de 2009 por el Tribunal oral federal de Mar del Plata y condenó a Duret a quince años de prisión por esos delitos.
No obstante, el día anterior el ex coronel había ingresado a Chile como turista por el paso Los Libertadores, principal ruta terrestre entre ambos países, por lo que la Fiscalía argentina dispuso solicitar su captura internacional.

Argentina Aún Espera Entrega del Juez Romano
También permanece en Chile el juez argentino Otilio Romano, quien pidió refugio tras se suspendido de su cargos e imputado en su país por más de cien casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Romano se encuentra en espera de que el Gobierno chileno resuelva sobre su solicitud de ser acogido como refugiado.
En Argentina tiene ese estatus el ex frentista chileno Galvarino Apablaza, requerido por la Justicia chilena por su implicación en el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido en 1991.
Una petición para extraditarlo a Chile fue aceptada por la Justicia argentina, pero anulada de forma administrativa por el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que otorgó a Aplablaza la condición de refugiado.
5 de octubre de 2011
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dudas sobre declaración de etchcolatz

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El comisario Etchecolatz aseguró que tiene datos sobre la nieta de Chicha Mariani. En el marco del juicio por el circuito Camps, Etchecolatz dijo que podría "aportar datos y elementos de prueba" sobre la desaparición de Clara Anahí Mariani, secuestrada a la edad de tres meses en 1976. Los querellantes descreen de la sinceridad del represor.

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[Alejandra Dandan] Argentina. El represor Miguel Etchecolatz abrió con su declaración indagatoria una nueva jornada del juicio oral por el circuito Camps. Pronunció varias veces el nombre del desaparecido Julio López, lo llamó caso "politizado" y testigo "aleccionado". Se presentó como "preso político" y se quejó de los escraches de los "jóvenes idealistas". Con una frase confusa prometió que iba a aportar "datos y elementos" de prueba sobre Clara Anahí Mariani, la nieta de Chicha Mariani, aquella beba de tres meses secuestrada en noviembre de 1976 cuando en el operativo de la casa de la calle 30 de La Plata asesinaron a su madre, Diana Teruggi, y a otros cuatro militantes. "Podría aducir muchos ejemplos, pero los reservaré para otra oportunidad", dijo en ese momento. "Como es el de aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani, pese a quien pueda sentirse perjudicado. Fui testigo presencial de aquellas circunstancias generadas por integrantes del despiadado y perverso terrorismo". Los querellantes desconfían. Ya otras veces prometió información y sólo pareció regodearse en la renovación del dolor que provoca.
Chicha Mariani, que es una de las personas que aún espera esos datos, no estaba en la sala porque como es testigo del juicio no puede escuchar a quienes hablan hasta no hablar ella. Sin embargo, estaban los familiares y querellas de los organismos de derechos humanos que le bajaron el tono convencidos de que muy probablemente el comisario no vaya a decir nunca nada, porque ya pronunció alguna otra vez esa promesa que luego no cumplió. "Es un tema delicado", dijo Inti Pérez Aznar, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. "Ojalá algún día diga lo que sabe, pero es tan cínico que al día de hoy sigue jugando con la esperanza de los sobrevivientes y en el caso de Chicha Mariani, sobre el paradero de su nieta."

La Declaración
Etchecolatz no permitió preguntas ni de querellas ni de los jueces. Se presentó como "policía", no como "policía retirado" como sus camaradas. Cuando Rozanski le preguntó con qué se mantiene dijo que con el sueldo de policía, un dato que anotaron con sorpresa las abogadas de las querellas de Justicia Ya!, Lucía Vera y Guadalupe Godoy. Antes de la proclama lloró por las mudanzas, los "escraches de los jóvenes idealistas" a "la dueña del departamento que era mi suegra (que) se vio obligada a vender el departamento de Capital", porque "no les permitían a mi esposa y a la madre circular por la calle porque eran interceptadas".
Luego avanzó con la causa: "Hoy al encontrarme ante ustedes me vienen a la memoria procesos judiciales anteriores que en una sola audiencia sería imposible desarrollar con calidad y hechos concretos sobre las arbitrariedades que deliberadamente se cometieron en esos juicios", dijo. "Hoy en mi condición de ciudadano convertido en prisionero político por haber tenido que actuar para impedir que el terrorismo y la sedición perversa y apátrida convirtieran a la patria en su rehén, me encuentro enfrentado nuevamente ante un juicio."
Y habló de López: las causas "se llevan a cabo pretendiendo aquí demostrar participaciones en hechos en los cuales yo no he participado como el del politizado caso López". Y agregó que "el gobierno de turno" y "organizaciones de seudo derechos humanos se permiten que la opinión pública considere esa versión deformada con relación a la desaparición de un testigo aleccionado, relacionado con un juicio contra mi persona".

El Resquebrajamiento
Detrás suyo el Tribunal indagó a otros. Hugo Alberto Guallama y Luis Vicente Patrault no declararon pero sí lo hicieron Norberto Cozzami y Carlos "El Oso" García. Sus declaraciones marcaron para las querellas otro eje del día, y un punto que tensará el correr del debate: parecen empezar a mostrar cierto indicio de ruptura en la vieja cadena de mandos. "Parece que empezaron a abrir el grifo", dijo Guadalupe Godoy. "Cozzami le reclamó a Roberto Antonio Cabrera y Sergio Verduri que hablasen de Puesto Vasco. Y García acusó a Eros Amílcar Tarela de obligar a Guallama a escribir la carta en la que lo imputa de los hechos de la calle 30."
Cozzami, que entonces tenía poco más de 20 años, venía de la Triple A a integrar la custodia de Etchecolatz, donde fue uno de sus hombres de confianza. Está acusado de formar parte de las patotas de Puesto Vasco, de privación ilegal de la libertad y tormentos. En la indagatoria contó en primera persona, hasta donde contó, cómo funcionó el aparato por adentro. Reconoció que instruyó el caso Graiver; que encabezó los operativos de secuestros. Que grabó al lado de Ramón Camps los careos entre Lidia Papaleo y Jacobo Timerman después de los interrogatorios en Puesto Vasco.
"En esos 26 meses que estuve de policía –dijo Cozzami–, quizá rompí la media normal, no porque fui a desaparecer personas ni tiré a alguien de un avión sino porque pensé y trabajé." Y dijo: "Con alguien que nos expresara la cantidad de delitos que nosotros íbamos a cometer, la cantidad de figuras jurídicas, realmente creo que se hubieran roto filas y el noventa por ciento de los que estábamos formados hubiera roto filas".
Cozzami contó en el caso Graiver 62 detenidos en una lista que él mismo actualizaba: "Yo hacía acopio de información no en origen sino en la Dirección General de Investigaciones, en un escritorio reunía la información procedente de los interrogadores del caso Graiver". Y luego: "Armé dos carpetas que se entregaban los viernes, una al general Suárez Mason y otra a la Secretaría General de Presidencia de la Nación para Villareal, para el general Videla. Ese fue mi acopio de información". Y dijo: "No había delincuentes peligrosos de ninguna naturaleza, eran delincuentes económicos, eran subversivos económicos".
Buena parte de su testimonio está contado por él mismo en un libro, y figura en la causa Camps. En la audiencia, los jueces le preguntaron por Timerman. "De la detención no puedo explicar nada, sí de la predetención", dijo. "48 horas antes de la detención, se produce un atentado explosivo muy importante en el que muere el comisario Benítez". La explosión fue en la comisaría de Ciudadela Norte. Murieron policías y civiles, dijo. "Siendo las ocho de la noche o nueve, nos desplazamos como custodias del director de Investigaciones, nos fuimos a la comisaría de Ciudadela Norte y nos quedamos en la vereda de enfrente porque la maquinaria de Vialidad iba rescatando cuerpos. Estando trabajando se producen movimientos y aparece una caravana de autos y se hace presente Harguindeguy, lo saluda a Etchecolatz, yo estaba a tres metros, y le dice: ‘No tuve tiempo de hablar con Camps pero quiero que se defina rápido el Operativo Amigo’. Cozzami dijo después: "El que dio la orden fue Harguindeguy, porque después cuando tuve que preparar las carpetas el título era ‘Operativo Amigo’".
Los abogados describieron a Cozzami como un cuadro de la dictadura, pese a la edad, por el lugar que ocupó en la estructura. Los jueces le preguntaron varias veces por Puesto Vasco. El dijo que alguna vez había entrado, pero sólo diez minutos. Que llevaba vales de nafta. Que su lugar estuvo en Investigaciones. "He llevado personas detenidas a Puesto Vasco, del caso Graiver imagínese hubo un montón de detenidos y yo entiendo perfectamente cuando se cuestiona que no era el lugar apropiado", indicó y cuando le repreguntaron por eso dijo que no era apropiado porque era muy pequeño para "la cantidad" de detenidos en cuestión. "Lo que tenemos que entender, desde mi punto de vista, es el contexto y con qué apuro se les dijo hay que apagar el incendio, eso que yo digo: que hubo bomberos voluntarios de uno y otro lado."
Otro dato del día apareció en el testimonio de García. El Oso García dijo que no participó en las patotas pero que sí hubo una patota desde 1976 en la Jefatura, comandada por Julio César Garachico y Manuel Aguiar, dos de las personas que denunció Julio López en su declaración sobre la comisaría V sobre las que aún no se avanzó, dijeron las abogadas de Justicia Ya! Las indagatorias aún siguen pendientes en la causa residual.
4 de octubre de 2011
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juicio por la represión de 2001

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Una década después, el primer juicio por la represión del 2001.

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Argentina. Cuatro oficiales de asuntos internos de la Policía Federal irán a juicio acusados de matar a Alberto Márquez durante el estallido social de diciembre de 2001. Los agentes de seguridad serán los primeros juzgados por la represión que causó 36 asesinatos en todo el país durante la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, quien fue sobreseído por los crímenes. El Tribunal Oral Federal 6 fijó para el 11 de junio del 2012 el inicio del juicio.
Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, y Orlando Oliveiro, son los policías acusados de balear en proximidades del Obelisco a Alberto Marquez, el 20 de diciembre de 2001, cuando estaba vigente el Estado de sitio decretado por el expresidente. Los cuatro policías que dispararon contra los manifestantes mientras se desplazaban en un auto particular, llegarán al juicio en libertad.
De la Rúa fue sobreseído en las causas por esos crímenes, pero aún esperan juicio varios de sus funcionarios del área de seguridad. En esa situación están el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal Raúl Andreotti y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, acusados por la represión.
Además de Márquez, de 57 años, también murieron durante la represión en el centro porteño Gastón Riva, de 31 años; Carlos Almirón, de 24; Gustavo Benedetto, de 30; Jorge Cárdenas, de 51 y Diego Lamagna, de 27.
El Tribunal Oral en lo Federal 6 fijó para el 11 de junio del 2012 el inicio del juicio contra los cuatro policías de la división asuntos internos acusados de balear en proximidades del Obelisco porteño a Alberto Márquez, durante el estallido social de diciembre de 2001. Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, y Orlando Oliveiro, quienes llegarán al juicio en libertad, serán los primeros acusados en ser juzgados a partir de junio del año próximo 2012, por los 36 asesinatos cometidos durante la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.
Luego de diez años, varios funcionarios del área de seguridad esperan el juicio por los hechos sucedidos el 19 y 20 de diciembre, después de que el ex presidente decretara el estado de sitio y previo a su precipitada renuncia. El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal Raúl Andreotti y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, acusados de la represión, serán sometidos a un sobreseimiento (igual proceso por el que tuvo que pasar De la Rúa).
Durante aquella fatídica jornada en el centro porteño, además de Márquez (57), murieron Gastón Riva, de 31 años; Carlos Almirón, de 24; Gustavo Benedetto, de 30; Jorge Cárdenas (51) y Diego Lamagna (27).
4 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
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el silencio de etchecolatz

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El ex Director de Investigaciones destacó que él fue "testigo presencial" del asesinato de Diana Teruggi de Mariani y del posterior robo de su beba.

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Argentina. Durante una nueva audiencia del juicio por el Circuito Camps, el represor Miguel Etchecolatz, quien cumple una condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, anunció que tiene "datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani", la nieta de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani.
Durante su declaración ante el Tribunal Federal Oral N°1 de La Plata, Etchecolatz afirmó que "podría aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani a quien pueda estar necesitándolo, porque fui testigo presencial de aquellas circunstancias" y no profundizó más.
Al principio de su declaración, Etchecolatz negó estar vinculado con la desaparición de Jorge Julio López, el albañil que había sido testigo fundamental para la condena del ex comisario y desapareció en 2006, cuando se dirigía a una de las últimas jornadas del juicio contra Etchecolatz.
"Yo soy víctima de un deliberado propósito, donde se me adjudica una responsabilidad penal con hechos que no conozco. En las causas que se tramitan se busca demostrar mi participación en hechos en los cuales yo no he participado, como el politizado caso López", se despachó el represor.
El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Novelli, dijo no estar sorprendido por el "alegato político" dado por el ex comisario, pero cuestionó que no haya dado precisiones sobre la información que asegura poseer sobre la nieta de la dirigente de Abuelas.
Novelli destacó que todos que "los acusados del ’Circuito Camps’ esconden información sobre chicos secuestrados" y reiteró que "el mejor ámbito para darla a conocer es el tribunal federal". Ahora, se esperan eventuales medidas de la Justicia para que Etchecolatz revele toda la información de la cual dice disponer sobre este emblemático caso de supuesta apropiación de bebés.
Acerca de este episodio, un testigo dio años atrás una información vital, ya que contó que tras el operativo en la casa del matrimonio Teruggi-Mariani vio cómo se llevaban a una beba envuelta en una manta.
Diana Teruggi y Daniel Mariani eran militantes montoneros que vivían en una casa de calle 30 entre 55 y 56 de La Plata, donde tenían una imprenta en la que editaban la revista "Evita Montonera". El 24 de noviembre de 1976 decenas de efectivos de las fuerzas de represión rodearon la casa y la acribillaron. Allí murieron la mujer y otros ocupantes de la vivienda. De ese lugar, según testimonios, se llevaron a la nena y le dijeron a la familia que había muerto en el tiroteo. En tanto, Daniel Mariani, que no estaba en la casa, fue asesinado por la los militares el 1 de agosto de 1977.
4 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
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demoras injustificadas

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Críticas al tribunal de la causa Díaz Bessone. El señalamiento consta en un informe que hizo la Comisión Interpoderes que evalúa la marcha de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se sustancian en el país.

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Argentina. La Comisión Interpoderes -que integran representantes del máximo nivel de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo- evaluó que los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura sufren "injustificadas demoras" y citó en concreto al Tribunal Oral Federal Nº 2 que lleva adelante la Causa Díaz Bessone. La comisión exhortó a los jueces a cargo de este proceso a "imprimirle la mayor celeridad posible" de modo de no desvirtuar "lo que los tres Poderes del Estado Nacional han considerado como política de Estado". Por su parte el Movimiento Evita adhirió al dictamen "en especial con la megacausa del TOF Nº2 que investiga los crímenes del Servicio de Informaciones de Rosario, sobre el que desde sus inicios en 2010 advertimos sobre la metodología de su implementación, principalmente por los cientos de testigos. Lamentablemente teníamos razón, y hoy los imputados no sólo esperan su sentencia en libertad, sino que la mora es ostensible, y estos son sólo los primeros tramos", señaló el diputado Gerardo Rico.
La "exhortación" a los jueces que llevan esta causa fue emitida al fin de la última reunión plenaria de la Comisión para la Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad (Comisión Interpoderes).
Del encuentro participaron los responsables de la unidad fiscal para seguimiento de estas causas en la Procuración General de la Nación, Jorge Auat y Pablo Parenti; el secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut; la presidente de la Cámara de Casación Penal, Angela Ledesma, y su secretario general, Javier Carbajo; el titular del Consejo de la Magistratura, Mario Fera y su secretario de Derechos Humanos, Pablo Vassel, y el juez federal Daniel Rafecas.
También integran el cuerpo el secretario de Justicia, Julián Alvarez; Juan Martín Mena, del ministerio de Justicia; la senadora Blanca Osuna y el diputado Luis Cigogna.
"Con sustento en la Acordada N° 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Comisión Interpoderes considera necesario exhortar a los jueces intervinientes en causas por delitos de lesa humanidad a impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios", sostuvo el documento.
La comisión consideró "imprescindible" que los magistrados agilicen las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, "procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes", en especial los testigos.
Además de denunciar la "excesiva prolongación y retraso" de las horas de debate en algunas causas, la Comisión exhortó a los jueces de los tribunales orales que comparten salas de audiencias a optimizar su uso.
El juicio por los crímenes en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, conocida como la ex causa Feced, comenzó a ventilarse en julio del 2010 ante el TOF Nº 2 que integran los camaristas Beatriz Caballero de Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe.
En tanto para el diputado Rico, "es vital cuando la Comisión Interpoderes señala como "imprescindible incluír la mayor cantidad de casos posibles, evitar su atomización y el desgaste de las partes. Es un llamado de atención para el cambio en el método de los procedimientos, cosa que instamos desde el año pasado. Debemos tomar esta exhortación como una bandera de lucha, y tratar de imponer estos criterios para que al fin la memoria y la verdad, sean definitiva justicia".
3 de octubre de 2011
2 de octubre de 2011
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reparaciones, justicia y memoria

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Terminó ayer el IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Partiendo de una "sociedad sensibilizada con la memoria", el encuentro buscó comparar políticas y resultados, y entender los conceptos que rigen en el continente la búsqueda de reparar injusticias y crímenes.

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[Diego Martínez] Argentina. "Una política de memoria es inseparable de la ampliación de derechos humanos, pero el genocidio no empezó con Videla. Tenemos que hacernos cargo de reparar también la injusticia y la opresión a lo largo de nuestra historia, y una sociedad sensibilizada con la memoria, la verdad y la justicia nos parece la mejor garantía para llevar adelante ese proceso de ampliación del concepto de derechos humanos." La reflexión de Eduardo Jozami, director del Centro Cultural Haroldo Conti, fue el cierre del IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria, que concluyó anoche en el predio de la ex ESMA.
La conferencia intentó abarcar una mirada regional sobre el tema. La abrió Samantha Viz Quadrat, historiadora del Núcleo de Estudios Contemporáneos de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. La investigadora resumió las dificultades de Brasil para poner fin "a 21 años de silencio" y que "la sociedad pueda reflexionar sobre ese silencio". Destacó las iniciativas de la presidenta Dilma Rousseff de crear una Comisión por la Verdad y un Plan Nacional de Derechos Humanos, y en particular el programa "Memorias Liberadas", que apunta a permitir el acceso a documentación del gobierno militar, que sigue vedada incluso a los investigadores.
El uruguayo Alvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, remarcó "el sostén civil y político de la impunidad en Uruguay". Repasó la Ley de Caducidad, los dos plebiscitos que la legitimaron y la "teoría del maligno" que atribuyó a la guerrilla la responsabilidad por los crímenes de la dictadura. Rico marcó el giro con el ascenso de Tabaré Vázquez, quien "encontró una interpretación de la ley para que la Justicia pudiera actuar en algunos casos" (hay apenas 18 militares, policías y civiles procesados o condenados), y el intento frustrado "por las contradicciones al interior de la izquierda gobernante" para anular este año los efectos de caducidad. Celebró el fallo Gelman de la Corte Interamericana que obliga al Estado a investigar y juzgar en plazos razonables, pero advirtió que el próximo 1º de noviembre "prescribirán todas las causas en curso por violaciones de derechos humanos" durante la dictadura uruguaya.
Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, resaltó que "considerando la renuncia del Poder Judicial a investigar las violaciones a los derechos humanos, un eje obligado de las políticas de memoria ha sido establecer la verdad". Repasó el rol de las comisiones investigadoras (contabilizaron 41.470 víctimas de graves violaciones, incluidos 3216 desaparecidos y ejecutados) y las distintas formas de reparación material o simbólica, como los pedidos de perdón o los memoriales. A nivel judicial marcó el quiebre que significó la detención de Pinochet en 1998 y precisó que hay 1446 causas abiertas.
Jozami propuso "problematizar" los conceptos: "¿Estamos seguros de que queremos establecer una verdad única sobre los ’70?". "Lo importante es que el proceso político siga dejando lugar para un pluralismo político notable porque hemos vivido una operación criminal, pero también un operativo de ocultamiento de una magnitud inimaginable." "La discusión sobre la memoria es aún más complicada", planteó. Recordó que "en la historia hubo más propagandistas del olvido que de la memoria", diferenció dos etapas recientes en políticas de memoria (primero "el predominio de la víctima" al margen de los motivos, luego "el recuerdo no de víctimas sino de héroes") y se esperanzó con la idea de que "estamos pasando la segunda etapa para encontrarle un sentido a la historia, para entender el proceso de lucha popular que derivó en el golpe de Estado como respuesta de disciplinamiento a una sociedad activa, movilizada y cuestionadora".
3 de octubre de 2011
2 de octubre de 2011
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